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Summary at the end of conservative hegemony (1926-1930) strikes and labour mobilisation intensified. The government, fearing the expansion of the Bolchevik Revolution, launched repressive actions and a legal offensive against these demonstrations and any civil-socialist political organisation. One of the tools for this purpose was Law 69 of 1928 on Social Defence or the Law on heroica, which established a strong press censorship, making it a crime for both public demonstrations of protest to provoke or encourage the abolition or ignorance, by subversive means, of property rights and the family. The article reconstructs the history of the heroic law until its partial amendment in 1931, under the new Liberal Government; it places it in its political context and examines one of its most important institutional designs: press and public order judges. ; Resumen Al final de la hegemonía conservadora (1926-1930) se agudizaron las huelgas y movilizaciones obreras. El gobierno, temeroso de la expansión de la Revolución Bolchevique, lanzó acciones represivas y una ofensiva jurídica contra esas manifestaciones y toda organización política "socialista". Una de las herramientas para tal propósito fue la ley 69 de 1928 de Defensa Social o "ley heroica", que establecía una férrea censura de prensa, convertía en delitos tanto a las manifestaciones públicas de protesta como "el provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad y la familia". El artículo reconstruye la trayectoria de la ley heroica hasta su modificación parcial en 1931, bajo el nuevo gobierno Liberal; la sitúa en su contexto político y además examina uno de sus más importantes diseños institucionales: los jueces de prensa y orden público.

<p>Este artículo de investigación examina dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como juez constitucional, bajo la Constitución Nacional de 1886, que defendieron el derecho a la propiedad privada frente a expropiaciones ordenadas por decretos de estado de sitio dictados por el presidente de la república, aun cuando en ambos fallos la corporación evitó pronunciarse sobre los límites del poder Ejecutivo bajo el estado de excepción. Así, a través de una historia política del control constitucional se pone en evidencia el comportamiento estratégico de la Corte Suprema en dos momentos determinados: el primero en su etapa inaugural como juez constitucional en 1912 y el segundo, bajo el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Estos dos fallos sirven para mostrar el rol político de la Corte Suprema de Justicia, y la interdependencia entre la política y el derecho en la construcción de la defensa judicial de la Constitución en Colombia.</p>

This research article analyzes two decisions of the Supreme Court of Colombia, as a constitutional tribunal under the Constitution of 1886, where it defended the right to private property against expropriations ordered by decrees of state of siege enacted by the President of the Republic; although, in these decisions it avoided ruling on the limits of the executive branch under the state of siege. Thus, by means of a political history of judicial review, this article explains the strategic behavior of the Court in two different stages: the first, in its inaugural moment as a constitutional tribunal in 1912, and the second, under the military rule of General Gustavo Rojas Pinilla in 1954. Those decisions show the political role of the Court, and the interdependence between politics and law in the construction of the judicial review in Colombia. ; Este artículo de investigación examina dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como juez constitucional, bajo la Constitución Nacional de 1886, que defendieron el derecho a la propiedad privada frente a expropiaciones ordenadas por decretos de estado de sitio dictados por el presidente de la república, aun cuando en ambos fallos la corporación evitó pronunciarse sobre los límites del poder Ejecutivo bajo el estado de excepción. Así, a través de una historia política del control constitucional se pone en evidencia el comportamiento estratégico de la Corte Suprema en dos momentos determinados: el primero en su etapa inaugural como juez constitucional en 1912 y el segundo, bajo el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Estos dos fallos sirven para mostrar el rol político de la Corte Suprema de Justicia, y la interdependencia entre la política y el derecho en la construcción de la defensa judicial de la Constitución en Colombia.

Este artículo rastrea la trayectoria de las reformas e intentos de reforma a la justicia constitucional colombiana y revela cómo actores políticos y académicos, con distintos propósitos y estrategias, y bajo determinados contextos políticos y doctrinas legales, la construyeron entre 1910 y 1991. La historia consta de cinco momentos: Inicia en 1910 cuando la Asamblea Constituyente le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de decidir sobre la exequibilidad de las leyes que ante ella demandara cualquier ciudadano. Continúa con el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, quien en 1953 intentó establecer un Tribunal de Garantías Constitucionales y luego en 1956 creó una Sala de Negocios Constitucionales dentro de la Corte Suprema. El tercer momento es el intento de crear una Corte Constitucional en 1968, que terminó en la modesta creación de una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. El cuarto trata de la frustrada reforma constitucional de 1979, la cual modificó las funciones de juez constitucional de la Sala Plena de la Corte Suprema, y luego fue declarada inconstitucional por ese mismo Tribunal en 1981. El último momento es la creación de la Corte Constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

The paper explores the political role of the Supreme Court of Colombia during the government of General Gustavo Rojas Pinilla, particularly from 1953 to 1956. It deals with the relationship between the government of General Rojas and the Supreme Court during the abovementioned period, and the ways in which the military regime tried to affect the independence of the court at different times. The constitutional judicial review of decrees and constitutional reforms during the Rojas administration reveals the strategic behavior of the court, and the interdependencies between law and politics. ; El artículo rastrea el rol político de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en particular entre 1953 y 1956. Para esto, aborda las relaciones entre el gobierno del general Rojas y la Corte Suprema durante el período mencionado, y los modos como en distintos momentos el régimen militar trató de afectar la independencia del tribunal. El control constitucional de los decretos y reformas constitucionales durante el gobierno de Rojas deja ver los comportamientos estratégicos del tribunal, y las interdependencias entre el derecho y la política.

Colombia vivió una cruda violencia bipartidista durante la primera mitad del siglo veinte.2o Tal vez la época más crítica fue la comprendida entre 1948 y 1957, que se agudizó con el asesinato del líder liberal y precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, yen cuyo período hubo cuatro presidentes de la República y una Junta Militar de Gobierno.

Este trabajo intenta una aproximación a los usos locales de los Tratados de Legislación Civil y Penal en la Nueva Granada, entre 1820 y 1835. Sostiene que la recepción local de la obra tal vez no logró influir en el trabajo legislativo de los primeros años de vida republicana. La producción legal inspirada en la obra de Bentham se limitó a la expedición de la Ley 18 de 1826, que adoptó el nuevo Plan de Estudios y ordenó la enseñanza de los Tratados de Legislación Civil y Penal en los estudios de jurisprudencia, y a la Ley de 1835, que los reimplantó después de su prohibición por orden de Simón Bolívar. Se sugiere que el ideal de una reforma legal universal como la planteada por Bentham no se hizo realidad en estos primeros años de vida republicana y que su obra, tal vez, tuvo un uso local impredecible: la educación legal. Por lo tanto, se afirma que el uso de Tratados de Legislación Civil y Penal pudo tener como pro- pósito la reforma educativa para formar a las nuevas generaciones de juristas, que, se creía, realizarían las transformaciones legales necesarias para la racio- nalización del Estado, como lo pretendían algunos de los primeros gobernantes de la República. ; This article intends an approach to local uses of Tratados de Legislación Civil y Penal by Jeremy Bentham, between 1820 and 1835. It argues that his work may have failed to influence the law-making in the early years of Republican Age on a local context. Legislation inspired by Bentham's approaches were limited to the enactment of "Ley 18 de 1826" which adopted the "new curriculum" and ordered the teaching of the "Tratados de Legislación" in Jurisprudence curriculum, and "Ley de 1835" that reintroduced those studies after being banned by order of Simon Bolivar. It is suggested that the ideal of a universal legal reform as proposed by Bentham did not occur in the first years of republican life and his work, perhaps, was a local unpredictable application on legal education. Therefore, it may be stated that the use of Tratados de Legislación Civil y Penal may be aimed at "Educational Reform" to train new generations of lawyers who, it was believed, would frame the legal changes that were needed to rationalize the State: as it was intended by some of the Founding Fathers of the Republic.

En Colombia, la defensa judi cial de la Constitución podría calificarse como una de las más completas en el mundo. Esto se debe, en gran medida, a los jueces constitucionales que por cerca de ciento veinte años, a través de sus decisiones, han contribuido a dotar a la Constitución de mecanismos eficaces para su protección. La Constitución de 1886 asignó a la Corte Suprema de Justicia, junto a las fun­ciones de tribunal de casación, decidir sobre la constitucionalidad de las objecio­ nes del presidente de la República a los proyectos de ley aprobados por el Con­greso. Esta modalidad de control previo deconstitucionalidad abstracta, inaugura tambi én el control concentrado de la Constitución. Pero fue la reforma constitucional de 1910 (acto legislativo 3) la queestableció una defensa de la Carla Política en sentido amplio, al crear la acción pública de inconstitucionalidad y facultar a la Corte Suprema para decid ir definitivamente sobre la inexequibilidad (incons­titucionalidad) de las leyes.

This research article analyzes two decisions of the Supreme Court of Colombia, as a constitutional tribunal under the Constitution of 1886, where it defended the right to private property against expropriations ordered by decrees of state of siege enacted by the President of the Republic; although, in these decisions it avoided ruling on the limits of the executive branch under the state of siege. Thus, by means of a political history of judicial review, this article explains the strategic behavior of the Court in two different stages: the first, in its inaugural moment as a constitutional tribunal in 1912, and the second, under the military rule of General Gustavo Rojas Pinilla in 1954. Those decisions show the political role of the Court, and the interdependence between politics and law in the construction of the judicial review in Colombia. ; Este artículo de investigación examina dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como juez constitucional, bajo la Constitución Nacional de 1886, que defendieron el derecho a la propiedad privada frente a expropiaciones ordenadas por decretos de estado de sitio dictados por el presidente de la república, aun cuando en ambos fallos la corporación evitó pronunciarse sobre los límites del poder Ejecutivo bajo el estado de excepción. Así, a través de una historia política del control constitucional se pone en evidencia el comportamiento estratégico de la Corte Suprema en dos momentos determinados: el primero en su etapa inaugural como juez constitucional en 1912 y el segundo, bajo el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla en 1954. Estos dos fallos sirven para mostrar el rol político de la Corte Suprema de Justicia, y la interdependencia entre la política y el derecho en la construcción de la defensa judicial de la Constitución en Colombia.

Este artículo expone cómo el historicismo o tradicionalismo constitucional colombiano ha estado marcado por el hiperpresidencialismo. Pese a que la Constitución de 1991 impuso un presidencialismo moderado como alternativa a dicho historicismo, mediante reformas constitucionales y prácticas políticas tradicionales, retornó el hiperpresidencialismo, en especial en los gobiernos Uribe [2002-2010] y Santos [2010-2018]. Ahora bien, tanta acumulación de poder en el presidente Santos, organizada desde varios gobiernos anteriores, le permitió adelantar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, en contra de muchos sectores que han rechazado la salida negociada al conflicto armado. No obstante, este artículo se pregunta si vale la pena apostarle a acumular tanto poder en una persona, a pesar de que en este caso sirvió para fines loables desde una perspectiva pacifista, dado que los riesgos del hiperpresidencialismo son muy elevados para una democracia republicana.

This article exposes how Colombian constitutional historicism or traditionalism has been marked by hyper-presidentialism. Although the 1991 Constitution imposed a moderate presidentialism as an alternative to the historicism, hyper-presidentialism returned through constitutional reforms and traditional political practices, especially in the Uribe [2002-2010] and Santos [2010-2018] government mandates. Such accumulation of power in President Santos, organized by several previous governments, allowed him to advance a peace process with the FARC guerrilla against many sectors that have rejected a negotiated solution to the armed conflict. Nevertheless, this paper asks if it is worth betting on accumulating so much power in one person, even though in this case served laudable ends from a pacifist perspective, given that the risks of hyper-presidentialism are very elevated for a republican democracy. ; Este artículo expone cómo el historicismo o tradicionalismo constitucional colombiano ha estado marcado por el hiperpresidencialismo. Pese a que la Constitución de 1991 impuso un presidencialismo moderado como alternativa a dicho historicismo, mediante reformas constitucionales y prácticas políticas tradicionales, retornó el hiperpresidencialismo, en especial en los gobiernos Uribe [2002-2010] y Santos [2010-2018]. Ahora bien, tanta acumulación de poder en el presidente Santos, organizada desde varios gobiernos anteriores, le permitió adelantar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, en contra de muchos sectores que han rechazado la salida negociada al conflicto armado. No obstante, este artículo se pregunta si vale la pena apostarle a acumular tanto poder en una persona, a pesar de que en este caso sirvió para fines loables desde una perspectiva pacifista, dado que los riesgos del hiperpresidencialismo son muy elevados para una democracia republicana.

La pandemia de la covid-19 ha desafiado a la comunidad científica, la economía, los sistemas sanitarios y, por supuesto, al derecho. Un número importante de Estados ha impuesto medidas de restricción y confinamientos generales y localizados para el control de la enfermedad y su expansión. No obstante, la vacunación aparece como una de las herramientas más eficaces para combatir su propagación y letalidad, de ahí que se haya abierto un debate jurídico sobre su obligatoriedad. En este artículo se argumenta que, muy a pesar de la afectación de algunos derechos fundamentales, las medidas restrictivas para incentivar la vacunación podrían superar el juicio de ponderación. Para soportar este argumento, se proponen unos "escenarios" constitucionales y se examina la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas más comunes identificadas en la experiencia comparada.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido ampliamente estudiada por la academia local y los comparatistas le han dedicado importantes esfuerzos, lo cual contrasta fuertemente con la poca atención que se ha prestado a las posturas minoritarias de los magistrados en las decisiones. Este trabajo examina las sentencias de constitucionalidad aprobadas por cinco votos a favor y cuatro en contra, entre los nueve magistrados de la Corte Constitucional, durante el período comprendido entre 1992 y el 2000: a partir de esa reconstrucción, propone trayectorias alternativas de la Corte Constitucional. De este modo, pone en evidencia que las disputas entre los magistrados no siempre coincidieron con los fallos que fueron más controversiales para la opinión pública. De igual modo, argumenta que las posturas doctrinales de los magistrados fueron dinámicas, contrario a las "etiquetas" que tradicionalmente suelen alinearlos como "progresistas" y "conservadores". Por último, llama la atención sobre la necesidad de analizar el comportamiento jurisprudencial de la Corte caso a caso y tomándose en serio los desacuerdos.