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La temática principal busca determinar si las autoridades de la justicia indígena deberían o no tener la facultad de consultarle a la Corte Constitucional la constitucionalidad o convencionalidad de una norma de derecho propio que pretenden aplicar en un caso concreto y sobre la cual la autoridad indígena advierte una posible inconstitucionalidad o convencionalidad. La metodología utilizada es la aplicación de entrevistas a diferentes personalidades. Se concluyó que el informe de leyes por parte de las autoridades indígenas podría darles la oportunidad de que la Constitución le otorgue a la justicia ordinaria para consultar la tramitación de un caso concreto.

La investigación se emprendió con el objeto de evidenciar la omisión del efecto de cosa juzgada del acta de mediación de partición de bienes producto de la negativa de los notarios en la protocolización. En procura de avanzar hacia una cultura de paz en el Ecuador, se ha incorporado en varias controversias los acuerdos de mediación, bajo la garantía de que estos instrumentos se revisten de valor jurídico por el efecto de sentencia que poseen. La estrategia metodológica se estableció partiendo de una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, y se utilizaron los métodos científicos de investigación: histórico-lógico, revisión documental, analítico-sintético, con el propósito de demostrar la anulación de validez jurídica del acta de mediación al no protocolizarlas al tenor del contenido.

La justicia como virtud superior del derecho garantiza la paz social y bienestar. Este trabajo se ha desarrollado con el propósito de examinar el proceso de selección de jueces, desde la perspectiva del órgano nominador y de los valores de los elegidos, a través de una investigación de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, y de corte transversal, se obtuvo que quienes eligen a los jueces son nombrados por un determinado gobierno; por lo tanto, muy difícilmente puede garantizarse una elección libre de injerencia, inclusive este mismo ente controlará sus funciones con lo cual la independencia judicial sobrelleva de un gran riesgo.

La justicia como virtud superior del derecho garantiza la paz social y bienestar. Este trabajo se ha desarrollado con el propósito de examinar el proceso de selección de jueces, desde la perspectiva del órgano nominador y de los valores de los elegidos, a través de una investigación de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, y de corte transversal, se obtuvo que quienes eligen a los jueces son nombrados por un determinado gobierno; por lo tanto, muy difícilmente puede garantizarse una elección libre de injerencia, inclusive este mismo ente controlará sus funciones con lo cual la independencia judicial sobrelleva de un gran riesgo. ; Justice as the superior virtue of law guarantees social peace and well-being. This work has been developed with the purpose of examining the process of selecting judges, from the perspective of the nominating body and the values of those chosen, through a descriptive research with a qualitative approach, and a cross-sectional approach, it was obtained that those who elect the judges are appointed by a certain government; therefore, it is very difficult to guarantee an election free of interference, even this same entity will control its functions, with which judicial independence carries a great risk.

En la legislación ecuatoriana al amparo de la Constitución Política, se contempla la revocatoria de mandato, uno de los mecanismos de la democracia directa participativa, el mismo que tiene por objetivo establecer un control a las autoridades de elección popular encaminado a que cumplan con su plan de trabajo apegado a lo que determina la ley, la problemática se presenta por el bajo índice que se registra del ejercicio de este mecanismo por parte de la ciudadanía; razón por la cual, se estableció como objetivo el analizar las causas de esta bajo índice y exponer sus consecuencias. Se empleó métodos teóricos y empíricos para obtener la situación actual en la que se encuentra el problema en estudio, de los resultados se evidenció a partir de las entrevistas realizadas que existe un bajo índice de uso de este mecanismo en los últimos años y un estudio comparativo de legislaciones permitió extraer las causas y consecuencias de este bajo índice.

La motivación de las sentencias constituye una garantía del debido proceso, la cual debe cumplir con estándares y parámetros mínimos con fundamentos suficientes para que no exista vulneración de derechos. El presente estudio tiene como objetivo demostrar la vulneración de la garantía de motivación en las sentencias de procedimiento abreviado en los delitos de robo en la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el cantón Santo Domingo. La investigación se realizó a partir del enfoque cuali-cuantitativo permitiendo obtener resultados en torno a la vulneración de la motivación en más del 50% de sentencias de procedimiento abreviado. Concluyendo que es menester establecer talleres de capacitación continua a los jueces referente a la motivación de sentencias en los procedimientos abreviados.

El Control de Convencionalidad se ha ido construyendo por vía jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo significativas variantes y evolución en la última década. Esta investigación se desarrolló con el objetivo de establecer el avance jurisprudencial, los órganos y autoridades llamados a ejercer dicho control y la forma en que deben realizarlo en Ecuador, para asegurar el efecto útil de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La estrategia metodológica se estableció partiendo de una investigación descriptiva con enfoque cualitativo, se utilizaron los métodos científicos de investigación: histórico-lógico, revisión documental, analítico-sintético, los cuales fueron útiles para obtener los resultados de cómo ejercer un control difuso de convencionalidad en Ecuador.

En el Ecuador el género femenino ha sido históricamente discriminado en varios ámbitos como el laboral, salarial, social, e igualdad de oportunidades en la Constitución de la República del Ecuador existen cambios significativos en beneficio de la mujer embarazada y su periodo de lactancia, considerándola dentro del grupo de atención prioritaria. El objetivo del estudio fue determinar si las trabajadoras del sector privado reciben un trato diferenciado injustificado frente a las del sector público, al momento de contabilizar su periodo de lactancia, para lo cual se empleó la investigación documental y de campo, cuyos resultados permitieron evidenciar que carece de una justificación objetiva y razonable el trato diferenciado que da la norma jurídica a este mismo grupo de personas.