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El objetivo del estudio es Determinar la vulneración de las garantías convencionales, constitucionales y procesales de las víctimas, a través de la aplicación del inciso tercero del artículo 600 COIP; por lo que debe presentarse un dictamen abstentivo cuando el delito tenga una pena inferior a quince años de prisión y no exista acusación particular. Las metodologías utilizadas fueron analítica, sintética, inductiva, deductiva, así como método de expertos, análisis documental, la entrevista y la encuesta. La investigación concluye que con el dictamen abstentivo de la fiscalía por infracciones con penas inferiores a quince años, se transgrede el derecho a la impugnación y a la tutela efectiva. Esto imposibilita y condiciona al juez de garantías penales para poder asumir un criterio que no le pertenece.

Los derechos y obligaciones del matrimonio y la unión de hecho surgen por voluntad de los contrayentes o convivientes. Se comparó la normativa jurídica entre los derechos de ambos aspectos y su incidencia en los principios de igualdad, libertad y demás derechos de los miembros de la familia ecuatoriana. El diseño fue mixto cuali-cuantitativo, el alcance descriptivo y explicativo, y con la entrevista y la encuesta se esclarecieron los procedimientos jurídicos para ejecutar y proteger los derechos conyugales y patrimoniales de los convivientes o cónyuges al darse por terminada la relación. Se estableció que la unión de hecho es la forma más común de formar hogares y familia, evadiendo responsabilidades maritales y obligaciones jurídicas y económicas.

La pandemia de COVID-19 ha causado una perturbación significativa en la educación a nivel mundial debido al cierre de escuelas y otras instituciones educativas por razones de salud pública. Este artículo se enfocó en analizar la situación de los derechos humanos desde la perspectiva de los padres de familia en Ecuador durante la pandemia de COVID-19. Se llevó a cabo un estudio documental con un enfoque cualitativo, utilizando métodos de investigación teórica y empírica para analizar la información recopilada. Los resultados del estudio revelaron violaciones a los derechos humanos, especialmente en áreas como la salud, la educación y el acceso a tecnologías de la información y comunicación.

Se analizó el retroceso en la legalización y adjudicación de tierras rurales en el Cantón Quinindé los años 2017-2018. Se contó con un diseño cuali-cuantitativo con alcance explicativo; se usó el método de expertos, el análisis documental, entrevistas y encuestas aplicadas en territorio, lo que evidenció la existencia de latifundios y monocultivos, incumplimiento del convenio entre el GAD municipal del cantón Quinindé y la Subsecretaria de tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería; la existencia de intereses políticos que pretenden perpetuar la marginación del sector campesino, no existe redistribución de tierras y no se cumple con la adjudicación de manera directa y equitativa al pequeño agricultor según manda la constitución y la ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Para evidenciar la desigualdad material, formal y la discriminación de la que es objeto el hombre cuando es víctima de violencia intrafamiliar, la investigación contó con un diseño mixto, con alcance descriptivo, se usó el método de expertos y el análisis documental de la normativa vigente, la doctrina que contiene diferentes pensamientos, posturas y teorías, y las sentencias que sancionan a la mujer cuando ésta es la agresora, identificando así la inequidad por parte de los jueces/as al sancionar. Se evidenció desigualdad formal, material y discriminación al hombre en el tipo penal de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Finalmente se realizó estudios de derecho comparado entre las legislaciones de Perú, Colombia y México, donde se notan procedimientos diferentes.

En el Ecuador el género femenino ha sido históricamente discriminado en varios ámbitos como el laboral, salarial, social, e igualdad de oportunidades en la Constitución de la República del Ecuador existen cambios significativos en beneficio de la mujer embarazada y su periodo de lactancia, considerándola dentro del grupo de atención prioritaria. El objetivo del estudio fue determinar si las trabajadoras del sector privado reciben un trato diferenciado injustificado frente a las del sector público, al momento de contabilizar su periodo de lactancia, para lo cual se empleó la investigación documental y de campo, cuyos resultados permitieron evidenciar que carece de una justificación objetiva y razonable el trato diferenciado que da la norma jurídica a este mismo grupo de personas.

Se analizó el retroceso en la legalización y adjudicación de tierras rurales en el Cantón Quinindé los años 2017-2018. Se contó con un diseño cuali-cuantitativo con alcance explicativo; se usó el método de expertos, el análisis documental, entrevistas y encuestas aplicadas en territorio, lo que evidenció la existencia de latifundios y monocultivos, incumplimiento del convenio entre el GAD municipal del cantón Quinindé y la Subsecretaria de tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería; la existencia de intereses políticos que pretenden perpetuar la marginación del sector campesino, no existe redistribución de tierras y no se cumple con la adjudicación de manera directa y equitativa al pequeño agricultor según manda la constitución y la ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. ; The setback in the legalization and adjudication of rural land in the Canton Quininde, from the years 2017-2018 was analyzed with a qualitative-quantitative design, with explanatory scope. The method of experts, documentary analysis, interviews and surveys applied in the territory were used, which evidenced the existence of large estates and monocultures, noncompliance with the agreement between the municipal GAD of the Canton of Quininde and the Undersecretary of Lands of the Ministry of Agriculture and Livestock, the existence of political interests that seek to perpetuate the marginalization of the peasant sector. There is no redistribution of land and the award of direct and equitable compliance to the small farmer as required by the constitution and the Organic Law of Rural Lands and Ancestral Territories is not carried out.