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Las funciones que implican ejercicio de autoridad están expresamente reservadas a los funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración local. La posibilidad de que puedan ser ejercidas por funcionarios interinos no está adecuadamente perfilada ni técnicamente definida en nuestro ordenamiento jurídico, lo que crea importantes problemas prácticos y una gran inseguridad jurídica. El debate sobre esta cuestión ha vuelto a resurgir en este último año a raíz de varias sentencias que se han pronunciado sobre la naturaleza de las funciones que realizan los policías locales como "agentes de autoridad". En este trabajo se analizan las sentencias que permiten a los Ayuntamientos nombrar a policías en régimen de interinidad.

El objeto de este trabajo no es otro que reflexionar sobre una institución enormemente polémica que fue introducida en Andalucía buscando el ahorro en el gasto farmacéutico. Se trata de un sistema de selección de medicamentos y productos sanitarios prescritos por principio activo que permite introducir la competencia entre los laboratorios farmacéuticos. El modelo permite a la Administración usar un instrumento típico del mercado para conseguir el interés público.
En diciembre de 2011 el Gobierno andaluz estableció este nuevo procedimiento para la adquisición de medicamentos a través de un peculiar proceso de subastas como medida para el control del gasto farmacéutico. En estos últimos años se ha abierto el debate sobre la extensión del modelo a otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, tras ocho años de experiencia, el nuevo Gobierno andaluz ha decidido abandonar el sistema. Nos ha parecido un buen momento para hacer un análisis de la experiencia durante estos últimos años, de sus luces y sus sombras.

Este trabajo analiza la incidencia que está teniendo en la Administración general del Estado la denominada externalización de funciones públicas. Este fenómeno responde a un intento de trasladar al ámbito administrativo una técnica muy utilizada en las empresas privadas. Con ella se traslada a un tercero el ejercicio de determinadas funciones propias de esa empresa. Se recurre a los principios de eficiencia y eficacia para justificar el empleo de esta técnica. Sin embargo, su aplicación a la Administración plantea numerosos interrogantes. En este trabajo se pretende, no sólo reconducir esta técnica a las clásicas categorías administrativas, sino también fijar sus límites. En este sentido, el ejercicio de potestades públicas, de funciones que implican el ejercicio de autoridad o la salvaguardia de intereses generales del Estado deben ser límites ineludibles. Además, existen determinados preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que nos permiten concretar todavía más los difusos contornos de esta figura.

En este trabajo se pretende analizar la significativa evolución legal y jurisprudencial que en los últimos años se ha producido del derecho a la protección de la Salud consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Se examina especialmente la interpretación que han venido realizando nuestros jueces y tribunales respecto de este derecho cuando ha entrado en colisión con algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la integridad física o el derecho a la igualdad, toda vez que estos pronunciamientos nos permiten ir delimitando el contorno, la extensión y los límites del derecho a la protección de la salud. Acontece, no obstante, que en ocasiones la interpretación realizada demuestra la existencia en nuestro ordenamiento sanitario de algunos resquicios de una concepción paternalista de la medicina, lo que no deja de ser un significativo elemento discordante en la importantísima evolución hacia la plena autonomía del paciente experimentada en los últimos años en este ámbito.
Konstituzioak 43. artikuluan aitortzen duen osasunaren babeserako eskubideak bilakaera garrantzitsua izan du azken urteetan, hala legeetan nola jurisprudentzian, eta horixe aztertzea du xede lan honek. Osasunaren babeserako eskubidea funtsezko beste eskubide batzuekin sartzen da talkan, hala nola erlijio-askatasunerako eskubidearekin, osotasun fisikorako eskubidearekin edo berdintasun-eskubidearekin, eta gure epaile eta epaitegiek horri buruz egindako interpretazioa aztertzen da bereziki. Izan ere, interpretazio hori jakinarazteko haiek egindako adierazpenetan aurkituko ditugu osasunaren babeserako eskubidearen mugak, hedadura eta soslaia zedarritzeko aukera. Hala ere, interpretazio horrek, batzuetan, erakusten du gure osasun-antolamenduan badirela medikuntzaren ikuspegi paternalista baten kutsua darien zirrikituak, eta hori ez dator bat azken urteetan eriaren autonomia osorako bidean gertatu den bilakaerarekin.
In this work we try to analyse the noteworthy legal and caselaw evolution that right to health protection established by article 43 of the Constitution has suffered during last years. It is specially studied the interpretation given by our judges and courts in relationship with this right when it collides with the right to religious freedom, with the right to physical integrity or with the right to be equally treated because all those rulings and judgments let
us mark the contours, the extension and limits of the right to health protection. It happens, however, that sometimes the given interpretation shows that in our health legal order there are some chances to a paternalist conception of medicine which is after all a clear discordant element in this very important evolution towards the full autonomy of patients as experienced in this field during last years.

Nos proponemos en este trabajo realizar una reflexión sobre el concepto de ciudadanía sanitaria y su proceso de gestación, tanto en el ordenamiento español como en el ordenamiento comunitario. Hasta ahora la universalidad ha sido una de las notas básicas y más características de nuestro sistema público sanitario. La crisis económica, sin embargo, ha llevado a nuestros poderes públicos a adoptar importantes medidas con la intención de hacer sostenible nuestro sistema. Entre ellas, las más graves son las que afectan a la construcción del concepto de ciudadanía sanitaria por la exclusión de determinados colectivos de personas. Por el contrario, en el derecho comunitario se ha producido una notable expansión del concepto de ciudadanía sanitaria con la intención de garantizar la libre prestación de servicios sanitarios y los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza ; The object of our study consists of making a legal reflection on the concept of healthcare citizenship and its development, both in Spanish Law and in European Union Law. Until now, universal healthcare has been the most important element of our public health care system. The economic crisis has led our Government to take important political and administrative decisions in order to make our public healthcare system sustainable. Among them, the most serious are those which affect the construction of the concept of healthcare citizenship with the effect of excluding certain groups of people. In contrast, in European Union Law there has been a notable expansion of the concept of healthcare citizenship with the intention of guaranteeing the free provision of healthcare services and patients' rights in cross-border healthcare