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In recent years, the foreign investment regime has been subject to an increasing volume of criticism from the public. The significant sums of money at stake and the potential impact of the awards on State's regulatory powers have placed the Investor-State Dispute Settlement (isds) under the spotlight. In response to this, the European Union has proposed a far-reaching reform which introduces an Investment Court System (ics). This model constitutes an innovative dispute settlement mechanism intended to address most of the core issues of the isds by combining elements of the traditional isds with judicial features. Overall, this paper aims at analysing whether the EU's new approach constitutes an effective improvement to the traditional isds and the future of the international investment regime. To achieve this, the study begins with an overview of the current isds; followed by a synopsis of the main criticisms to the traditional isds; proceeded by a review of the core features of the EU's proposed ics and its inclusion in the new generation of iias in negotiation by the EU; and finally, provides a commentary of the main criticisms and obstacles that the introduction of the ics is likely to encounter. ; En los últimos años, el régimen de inversión extranjera ha sido objeto de un creciente número de críticas del público. Las sumas significativas de dinero en juego y el posible impacto de los laudos en los poderes regulatorios del Estado han puesto al actual Sistema de Resolución de Controversias entre Inversores y el Estado bajo la lupa. En respuesta a ello, la Unión Europea ha propuesto una reforma de gran alcance mediante la introducción de un Sistema de Corte de Inversiones (sci). El nuevo sistema constituye un mecanismo innovador de resolución de controversias internacionales destinado a remediar los problemas centrales que acarrea el sistema actual, mediante la combinación de elementos tradicionales del arbitraje con rasgos judiciales. En este contexto, el presente escrito pretende analizar si el nuevo enfoque de la Unión Europea constituye una mejora efectiva del actual mecanismo de resolución de controversias de inversiones y del futuro del régimen de inversión internacional. Para dicho propósito, el artículo comienza con una descripción general del actual Sistema de Resolución de Controversias entre Inversores y el Estado; seguido de una sinopsis de sus principales críticas; continúa con un resumen de las principales características del Sistema de Corte de Inversiones, así como de su inclusión en la nueva generación de acuerdos internacionales de inversión en negociación por la Unión Europea; y, finalmente, hace una referencia a las principales críticas y posibles obstáculos que afrontará la introducción del nuevo Sistema de Corte de Inversiones.

The prior consultation is a fundamental right recognized to ethnic gropus to decide on any type of state measure capable to impact them directly. Finds its constitutional basis in the recognition of the multicultural identity of the colombian State, under an inclusive democratic perspective; the right of peoples to decide their own priorities in accordance with their own beliefs, institutions and/or territories they occupy or use; and the right to participate in the design, implementation and evaluation of programs for national and regional development which may affect them. In this sense, the Colombian State has been the recipient of major international instruments for the protection of the rights of ethnic minorities, however, the legislative and governmental bodies have failed to provide the legal and regulatory instruments necessary to effect such protection, aspect that has been supplemented by an active role of the Constitutional Court. In this sense, through the constitutional jurisprudence, the colombian state has shifted from a narrow conception of the application of the right to prior consultation, to a widely extended concept toward thefree, prior and informed consent, which blanket any state measure (legal or administrative) likely to affect ethnic communities, and implies that the state must seek the consent of the ethnic groups in an intercultural dialogue in good faith, and oportuned information that enables them to effectively meet the content, scope and consequences of the measures they intend to adopt. In this context, the prior, free and informed consent determines the actions of government, constituting a binding reference and ensure transparency in the administration. ; La consulta previa es un derecho fundamental del que son titulares los grupos étnicos para decidir sobre todo tipo de medida estatal que pueda afectarlos directamente. Encuentra su fundamento constitucional en el reconocimiento de la identidad multicultural del Estado colombiano, bajo una óptica democrática incluyente; en el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias prioridades de acuerdo con sus propias creencias, instituciones y/o territorios que ocupan o utilizan; y en el derecho de participar en el diseño, implementación y evaluación de programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos. En este sentido, el Estado colombiano ha sido receptor de importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las minorías étnicas, no obstante, los órganos legislativo y gubernamental no han brindado los instrumentos legales y reglamentarios suficientes para hacer efectiva tal protección, vacío que ha sido suplido por una labor activa de la Corte Constitucional. En consecuencia, a través de la jurisprudencia constitucional el Estado colombiano ha pasado de una concepción restringida de la aplicación del derecho a la consulta previa a una ampliamente extensiva que evoluciona hacia el consentimiento libre, previo e informado, el cual implica que el Estado debe buscar el consentimiento de los grupos étnicos en un diálogo intercultural de buena fe, con información oportuna y veraz que les permita ser conscientes del contenido, alcance y consecuencias de las medidas que se pretende adoptar. En este contexto, el consentimiento libre, previo e informado condiciona el accionar de la administración pública, constituyendo un referente de obligatorio cumplimiento y garantía de transparencia en la gestión administrativa.