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30 páginas. ; El decálogo de recomendaciones de política económica, contenido en el Consenso Washington, configuró un paradigma de desarrollo de corte neoliberal, el cual permitiría impulsar la eficiencia y el ajuste fiscal en las economías de la región latinoamericana. Estas medidas se convirtieron en acciones de implementación obligatoria y se centraban en la liberalización de los mercados, el impulso de la disciplina fiscal, la focalización del gasto, la privatización y la descentralización fiscal. Sin ser ajena a este contexto, Colombia, desde la década de los 90, impulsa la implementación de dichas políticas, las cuales encuentran base normativa en la promulgación de la Constitución Política de 1991 y especialmente, para el caso de la educación superior, el marco normativo tiene como base la expedición de la Ley 30 de 1992 que, a partir de la tergiversación del concepto de autonomía, tuvo como horizonte la autofinanciación de las universidades públicas, lo que desató la crisis del sistema financiero de educación superior en tanto los ingresos de las universidades crecieron a un menor ritmo que sus gastos y la Ley estableció un incremento de las transferencia basado en el IPC, el cual es menor al incremento de los gastos. En el marco de esta crisis, en el año 2015, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional – MEN – presentó el programa Ser Pilo Paga como expresión de una política basada en el subsidio a la demanda que, para su desarrollo, en los años de vigencia, ha transferido más del 90% de los recursos a manos de privados y se tiene proyectado su conversión en política pública. Lo anterior, pone de presente dos discusiones asociadas a: primero, la garantía de la educación como derecho; y segundo, la necesidad de impulsar políticas que permitan solventar la crisis financiera del sistema de educación superior con base en el desarrollo de políticas de subsidio a la oferta. ; The decalogue of economic policy recommendations, contained in the Washington Consensus, I set up a development paradigm of neo-liberal policies, which would boost efficiency and fiscal adjustment in the economies of the Latin American region. These measures became compulsory enforcement actions and focused on the liberalization of markets, the momentum of fiscal discipline, targeting spending, privatization and fiscal decentralization. Without being outside this context, Colombia, since the decade of the 90, promotes the implementation of these policies, which are normative base in the promulgation of the Constitution of 1991 and, especially, for the case of higher education, the regulatory framework is based on the issuance of Law 30 of 1992, which, on the basis of the distortion of the concept of autonomy, had as its horizon self-financing of public universities, which triggered the crisis in the financial system of higher education in both the income of universities grew at a slower pace than its costs, and the law established an increase in transfer based on the CPI, which is less than the increase Of the costs. In the framework of this crisis, in the year 2015, the National Government, through the Ministry of National Education - MEN - presented the program be Pilo Pay as an expression of a policy based on the demand subsidy that, for its development, in the years, has transferred more than 90% of resources to private hands and has projected its conversion into public policy. The above, shows two discussions associated with: first, the guarantee of education as a right; and secondly, the need for policies that solve the financial crisis of the higher education system based on the development of subsidy policies to the offer.