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El tema de que me ocuparé es de aquéllos que, por acertada y juiciosamente que se consideren, comprometen seriamente la responsabilidad de quien los aborda. Muchos compatriotas, por esta razón, prefieren callar y ocultar su pensamiento sobre él. Yo prefiero asumir la responsabilidad que me incumbe, como hombre de estudio o de pensamiento. Pero, en cambio, no quiero que se atribuyan ideas u opiniones que realmente no tengo. Es más que probable que muchos de los lectores del Apéndice a la primera parte de mi libro "Las causas de la inestabilidad política en América Latina" (Maracaibo, Imp. de la U. del Zulia, 1966), en el que estudio el papel de las fuerzas armadas en el Estado moderno, la crisis del gobierno civil Y la participación de aquéllas en política en esta parte América, me clasifiquen sin titubear entre los antimilitaristas.Va me ha pasado en otra oportunidad en que, para definir mi adhesión a un nuevo partido político, hube de deslindar mi posición frente al militarismo y al clericalismo, a los que respectivamente definí a fin como la mezcla de los militares en política y de los sacerdotes la acción temporal.

¿Son realizables las recomendaciones y resoluciones de los congresos o conferencias internacionales, como las que organiza la Asociación Interamericana de Abogados? ¿Tienen alguna utilidad estas asambleas?El autor, que desde hace más de un cuarto de siglo viene participando activamente en reuniones de esta clase, en el terreno de la organización y del derecho municipales y especialmente en las últimas reuniones celebradas por la Asociación Interamericana de Abogados, conocida en los Estados Unidos por la sigla I.A.B.A., no perdería un solo instante en escribir el presente artículo si tuviera la más mínima duda acerca de la utilidad, de la conveniencia y de la necesidad de fomentar, de estimular, de apoyar por todos los medios a su alcance, las conferencias y congresos organizados para estudiar los defectos o las fallas de las instituciones. Sean estos los municipios o los poderes de gobierno, como el poder judicial, para analizar sus causas y buscar los remedios jurídicos o de otra clase, convenientes para subsanarlos, e impulsar de ese modo el perfecto funcionamiento de las instituciones jurídicas, el progreso social, en general, dentro de los moldes del llamado "Estado de Derecho".