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El acceso a la justicia es parte esencial del derecho al medio ambiente y, en general, de la protección ambiental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea juega un papel relevante en la protección ambiental y lo mismo sucede en la jurisprudencia sobre el acceso a la justicia. En particular su labor se desarrolla para ampliar la legitimación, interpretando de forma favorable a la misma normativa europea y el Convenio de Aarhus también ratificado por Europa. Igualmente existen decisiones relevantes para impedir un coste excesivo de los procedimientos administrativos y judiciales.Justizia eskuratzeko aukera ingurumenerako eskubidearen funtsezko alderdia da, eta, oro har, ingurumen-babesarena. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak paper oso garrantzitsua du ingurumenaren zaintzan, eta berdin gertatzen da justizia eskuratzeko aukeraren gaineko jurisprudentziarekin ere. Bereziki, legitimazioa zabaltzeko lan egiten du, hori Europako araudiarentzat eta Europak ere berretsi duen Aarhus Hitzarmenarentzat mesedegarri den moduan interpretatuz. Era berean, prozedura administratiboek eta judizialek gehiegizko gasturik ez eragiteko erabaki garrantzitsuak ere badaude.Access to justice is a key element of the right to environment and in general of the enviromental protection. The European Court of Justice of the European Union plays a relevant role in the enviromental protection and the same applies to its case law regarding access to justice. Particularly, its work is carried out in order to broaden the locus standi by interpreting the same European normative and the Aahrus convention also ratified by Europe more favaourably. Likewise, there exist relevant rulings to prevent an excesive cost of administrative and judicial procedures.

<p align="justify">La crisis económica ha realzado el interés del estudio jurídico de la actividad económica frente al predominio tradicional del papel de los economistas. Las palabras utilizadas por el derecho de la crisis no siempre son neutras sino que aparecen, usualmente, con una connotación valorativa nada clara. Eso sucede singularmente con la "racionalización" o la "sostenibilidad", no susceptibles de valoración unívoca, como la misma evolución de este derecho prueba. Por otra parte y a partir del lenguaje usado, el control judicial de la actividad económica se hace especialmente difícil, como se muestra en alguna sentencia del Tribunal Constitucional.
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<p align="justify"><b>he economic crisis has emphasized the interest of a juridical study of economic activity, opposed to the traditionally predominant role of the economists on the matter. Words used by the law of the crisis are not allways neutral, implying usually unclear values. This happens with words as "rationalization" or "sustainability", which as their juridical evolution proofs, remain undeterminate concepts. Besides, as is shown on some decissions of the Constitutional Court, this unclear use of lenguage makes judicial control on economic activities quite difficult.
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En España la polémica sobre el reparto competencial sobre aguas y obras hidráulicas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, comienza con la misma promulgación de la Constitución en 1978 dados los términos imprecisos que ésta utiliza en el art. 149.1.22. A través del tiempo y con intervención del Tribunal Constitucional se ha alcanzado una solución consistente en atribuir al Estado la gestión de las cuencas que abarcan el territorio de más de una Comunidad Autónoma (cuencas intercomunitarias) y a éstas la gestión de las cuencas que se encuentran íntegramente en su territorio (cuencas intracomunitarias). No obstante, se trata de una solución sometida a tensiones y en la que las últimas reformas de algunos Estatutos de Autonomía plantean nuevos retos de gobernación. Cuestión problemática es usualmente la de la transferencia de recursos hídricos entre distintos ámbitos territoriales de planificación hidrológica de cuenca, lo que suele conllevar conflictos territoriales (con aspectos políticos y sociales) en algunos casos de importante magnitud. Igualmente en la actualidad se debaten otras cuestiones con incidencia territorial como los informes de las Comunidades Autónomas en procedimientos administrativos de decisión estatal, la existencia, contenido y funcionalidad del llamado "derecho al agua" etc…

SUMARIO: I) Introducción. Las bases constitucionales del acceso a la información. El dinamismo en la regulación jurídica del acceso a la información del parlamento y de los parlamentarios. II) La funcionalidad del acceso a la información en el ámbito del Parlamento. Sus funciones legislativas y de control del gobierno y la necesidad de poseer información para desarrollarlas efectivamente. III) El acceso a la información del parlamentario individual, parte de un derecho fundamental. La dificultad de establecer una doctrina general sobre las consecuencias de una respuesta defectuosa a la información solicitada.- 1. El contenido del Derecho fundamental del artículo 23.2 CE y el acceso a la información.-2. Las consecuencias de una práctica defectuosa del acceso a la información. IV) Las comisiones parlamentarias de investigación y los límites del acceso a la información: Intimidad y secretos oficiales. Problemática-1. La intimidad como posible límite al funcionamiento de las comisiones parlamentarias de investigación. Discusión-2. El conocimiento por el Parlamento de los secretos oficiales. La problemática específica de los fondos reservados.-3. Las consecuencias del quebrantamiento de la obligación de secreto o de la violación de la intimidad de las personas.