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Europa está preocupada por la situación en Rumania donde su primer ministro ha tomado recientemente una serie de medidas institucionales a fuerza de decreto, lo que para algunos se constituye en un virtual estado de suspensión constitucional. El problema, que de por sí preocupa, adquiere un cariz más inquietante dado que se suma —en esa misma región del continente— al caso húngaro, que la Unión Europea todavía está procesando (y digiriendo, se diría).Hungría está gobernada desde el 2010 por el partido Fidesz (Alianza de Jóvenes Demócratas). Fidesz se autoconsidera un partido de centro derecha aunque el ejercicio mismo del gobierno parece aproximarlo al extremismo de derecha, juicio solo posible de relativizar dado que en ese extremo del espectro político existe la peor de las pesadillas, un partido declaradamente xenófobo y antisemita como el Jobbik (Movimiento para una Hungría Mejor). En las elecciones del 25 de abril de 2010, Fidesz obtiene más de dos tercios de los escaños del Parlamento. A pesar de que obtuvo un 53% de votos, un peculiar régimen electoral, donde coexisten escaños electos por representación proporcional y otros por circunscripciones uninominales, le permitió alcanzar esa mayoría parlamentaria que no reconoce antecedentes desde la caída del comunismo. Tamaña mayoría le permite a Fidesz gobernar en solitario, incluyendo el hecho de poder legislar a nivel de Constitución. El Partido Socialista cayó al 19% desde una votación del 43% en el 2006. El mencionado partido de extrema derecha obtuvo un 17%, creciendo respecto a aquella elección en la que no había ni siquiera alcanzado la barrera el 5%, en un hecho que reconoce casos similares por toda Europa.El gobierno húngaro del primer ministro Viktor Orban fue adoptando merced a la abrumadora mayoría una serie de medidas de corte nacionalista, talante conservador y naturaleza autoritaria, todos instrumentos de lo que se concibe como un proceso de refundación del país, según propias palabras de Orban. La primera llamada de atención fue a pocos días de asumir el gobierno cuando se despacha con una legislación que otorga la nacionalidad húngara a todos los que puedan probar sus orígenes maggiares sin que pierdan por ello la nacionalidad que tuvieran en la actualidad. Se calcula en tres millones la cantidad de habitantes del centro y este europeo que podrían acceder a la nacionalidad húngara y que hoy viven en los territorios que pertenecieron a Hungría antes de la Primera Guerra Mundial. Esa especie de apelación a la "Gran Hungría" no cayó en gracia en los países vecinos que tuvieron la sensación de estar frente a los primeros pasos de una futura reivindicación territorial basada en fronteras étnicas, lo que parece retrotraerse a épocas desagradables. Aunque se estuviera ante una hipótesis improbable, también es cierto que la medida pintó de cuerpo entero al gobierno húngaro.Luego se acumularon un conjunto de leyes verdaderamente preocupantes. Entre las más alarmantes se encuentra aquella que limita fuertemente la libertad de prensa. A una autoridad nacional dependiente del gobierno se le faculta para sancionar a los medios de comunicación que publiquen información "no equilibrada", "parcial" u ofensiva para la "dignidad humana", términos suficientemente amplios como para que quepan, como se advirtió, todo lo que le pueda molestar al gobierno. A continuación se redacta una nueva constitución (catalogada de "antediluviana") que contiene normas, entre otras, como la restricción del derecho al voto de aquellos con "capacidades mentales limitadas", la intangibilidad de la vida desde la fecundación (está vigente la ley que despenaliza el aborto dentro de las 12 semanas) y la consideración de la unión entre el hombre y la mujer como la única posible. Asimismo, se legisló concediendo reconocimiento exclusivamente a sólo catorce iglesias (cristianas y la judía), haciendo perder el estatus de tales a credos como el musulmán, budista, hinduista, adventistas y baptistas, los que deberán volver a tramitar su reconocimiento luego de cumplir ciertos requisitos e, inconcebiblemente, someterse a la aprobación —o no, quizá— del Parlamento. También se estableció la pena de prisión para las personas que vivan en la calle y que no quieran pernoctar en los centros de atención. Paradójicamente, los centros existentes no tienen la capacidad de recibirlos a todos. En un uso de la historia con objetivos políticos, se declaró inocente al pueblo húngaro de los crímenes cometidos por el Estado entre la ocupación nazi en 1944 y el fin del comunismo en 1990 y, peor aún, se consideró por ley al Partido Socialista como el heredero del régimen comunista. El Partido Socialista efectivamente fue fundado por militantes del Partido Socialista Obrero Húngaro, el partido único durante el período comunista, aunque evolucionó hacia la social democracia y se desprendió de los sectores más duros. De cualquier manera, llevar a términos normativos lo que debería estar radicado únicamente en la dialéctica política, habla de una intención avasalladora hacia quienes justamente son la oposición al gobierno. Por otro lado, la nueva Constitución limitó la capacidad del Tribunal Constitucional al enajenarle de sus competencias la de controlar asuntos presupuestales, casualmente poco tiempo después que el Tribunal había invalidado una medida económica del Ejecutivo. Más tarde se afectó la independencia del Banco Central cambiando la composición del directorio al añadirle delegados directos del gobierno. El último intento de controlar al Banco fue la creación de una figura institucional por encima de la autoridad bancocentralista de una única persona designada por el Ejecutivo. Entre tanto, los agravios proferidos al presidente del Banco Central procurando su renuncia rayaron la grosería, seguramente provocada por la desesperación de quedarse con un cargo que al regirse por otros plazos de ejercicio estará en funciones hasta avanzado el 2013. En una afectación de la independencia del Poder Judicial, se rebajó la edad de retiro obligatorio de los magistrados de los 70 a los 62 años. Esto provocó que muchos magistrados tuvieran que dejar sus puestos, los que fueron cubiertos con fieles al gobierno. Como remate, se modificó la legislación electoral y se cambiaron las circunscripciones de tal manera que el que podría ser beneficiado sería el partido de gobierno. Más allá de que efectivamente esto es lo que termine sucediendo, utilizar las mayorías para cambiar las reglas electorales a medida no es ético. En síntesis, las medidas —mencionadas deliberadamente sin pausa— son una catarata de normas arbitrarias que apuntan a la concentración de poder.A partir del mismo comienzo del actual gobierno húngaro, la Unión Europea ha expresado por parte de diversos voceros su preocupación por la calidad de la democracia en Hungría, sin alcanzar el punto de cuestionar al régimen mismo como antidemocrático. Probablemente, como sostuvo el líder de los socialistas europeos, es duro para la Unión Europea tener que admitir que se cuenta con un estado no democrático como uno de sus miembros. Algunas voces del Parlamento europeo fueron muy críticas, como la del popular Daniel Cohn Bendit —"Dany el rojo" en el Mayo del 68— quien llegó a acusar a Orban de ir "en la misma dirección de Chávez, Castro y todos esos regímenes totalitarios y autoritarios".Cada medida adoptada por el gobierno maggiar reforzaba las críticas por su autoritarismo al tiempo de acrecentarlas hacia la misma Comisión Europea por lo que comenzaba a entenderse como un perfil demasiado bajo en el tema. Se especulaba que la Comisión pretendía manejarse con pies de plomo para no aumentar los problemas económicos de Hungría que, pese a no pertenecer a la Zona Euro, su quiebre podía terminar afectándola. La explicación no alcanzaba a satisfacer porque se sostenía que de este modo sólo se "alimentaba a las fieras". Los críticos a la Comisión Europea por su lentitud en encarar la cuestión húngara destacaban que la Unión Europea no es solo una unión comercial sino que antes que cualquier otra cosa es una unidad política basada en determinados valores, que los Tratados reconocen y que Hungría desconoce. Hungría había ingresado a la Unión el 1º de mayo de 2004 y algunos entendidos han afirmado que en las condiciones actuales el país maggiar no hubiera podido ingresar. Pero el problema es que ya está adentro.Finalmente la Comisión Europea inicia en enero de este año un procedimiento de infracción para que Budapest rectifique sus rumbos so pena de ser sancionada si no lo hace en consonancia con el Tratado de la Unión Europea. Al mismo tiempo, sin ligarlas explícitamente, inicia una serie de medidas de carácter financiero suspendiendo contactos que se iban a llevar a cabo para conceder nuevos créditos y aumentando las presiones para la reducción del déficit a los estándares que la Unión determina para sus miembros ante las dudas de que lo estuvieran "maquillando". La reacción del primer ministro Orban fue destemplada comparando a Bruselas con la Viena de los Habsburgo o la Moscú soviética al grito de "¡No seremos una colonia!". Fuera de los micrófonos, el gobierno promete realizar los cambios requeridos.Sin embargo, la clave del proceso radica en los asuntos por los que Bruselas abrió el proceso infraccional. Estos fueron: la afectación de la independencia del Banco Central, la ley que adelanta la jubilación de los jueces y por la afectación de la autonomía de la autoridad de protección de datos. Ninguno de los asuntos refiere a aspectos netamente deontológicos como los que emanan del Tratado de la Unión Europea, modificados hace bien poco en el 2007 por el Tratado de Lisboa y ratificados naturalmente por Hungría. En el mencionado Tratado se puede leer:"La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres" (Artículo 2)."A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2" (Artículo 7).Es cierto que las objeciones planteadas por la Comisión Europea fueron respecto a temas más concretos y por lo tanto más factibles de comprobar su violación así como sus enmiendas. Sin embargo, la ausencia a referirse concretamente a aspectos flagrantemente violatorios de los derechos humanos esenciales es cuestionable. En abril la Comisión Europea cierra el proceso de infracción respecto al asunto del Banco Central, luego de algunos cambios del gobierno húngaro en la legislación que a juicio de la Comisión fueron suficientes. Respecto a la edad jubilatoria de los jueces y la protección de datos, la Comisión entendió que Budapest no había adoptado las medidas del caso y pasó el asunto al Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo.Toda la Unión Europea, su esencia, su vocación, el espíritu bajo el cual se creó y se extendió en un continente que vivió dos guerras mundiales y la dominación comunista, es puesta en el banquillo ante las señales que ofrece o deja de ofrecer ante un país que notoriamente rompe con los fundamentos de la Unión. La Unión ya había actuado en el 2000 cuando en Holanda asume un gobierno cuya coalición estaba integrada por un partido de inspiración nazi, pero que ni siquiera alcanzó a tomar tantas medidas cuestionables ni duro tanto como para generarle un problema mayor a la propia Unión. Quizá se esté esperando que los resultados electorales de 2014 le saquen el problema. Las encuestas parecen indicar un descenso pronunciado de la popularidad del gobierno húngaro, cuya explicación se encuentra en los problemas económicos y en los nuevos impuestos. Aunque la solución puede no ser tal si los extremistas de derecha confirman en las urnas lo que las crecientes intenciones de voto parecen pronosticar.Mientras tanto por toda Hungría se desarrollan homenajes a Horthy, el gobernante húngaro que se alió a Hitler y es el responsable del asesinato de al menos 400.000 judíos. Sobre el autorLicenciado en Ciencia Política. Universidad de la República.

¿Qué cambió para las elecciones de octubre?El diagnóstico de la enfermedad de Hugo Chávez en el 2011 supuso para muchos el auspicioso presagio de que el régimen bolivariano podría estar, finalmente, encaminándose hacia su fin.La pregunta sobre si podía sustentarse un chavismo sin Chávez, de una u otra manera era contestada negativamente desde todas las partes. Sus propios seguidores respondían negativamente a esa posibilidad, probablemente por temor a que manejar tal hipótesis fuera interpretada por el Comandante como una muestra de deslealtad (a más de uno seguramente se le ocurrió que la enfermedad en realidad era una maniobra para observar qué movimientos se hacían ante la eventual ausencia). También es verdad que faltando poco para las elecciones, reconocer que Chávez no estaría para la contienda podría haber implicado una debilidad muy difícil de sortear en la competencia electoral. Lo cierto es que ninguno de los personajes del chavismo, sin ser el propio Chávez, alcanza la popularidad de algunas figuras de la oposición. La competencia virtual entre los distintos personeros del régimen se transformaría en enfrentamiento y haría eclosionar mil y un problemas. En algún caso muy pesado, como lo serían las luchas facciosas entre quienes detentan espacios de poder de neto corte mafioso. Todo lo cual no es otra cosa que las consecuencias que suelen esperarse de un liderazgo providencial —cuasi mesiánico— que colocándose por encima de las instituciones distribuye prebendas con sus decisiones, o con la ausencia de ellas, tomadas según su arbitrio.No obstante, las esperanzas que la enfermedad del presidente Chávez generó en la oposición venezolana (y en gran parte del mundo) revelaron la complejidad de la situación, ya que el cáncer pareció devenir en la solución "celestial" para terminar con lo que de otra forma no habría caso. Con la, por lo menos por el momento, extraordinaria recuperación de Chávez, las fortalezas y debilidades del régimen y las oportunidades y desafíos que éstas generan, retornaron al punto inmediato anterior al anuncio de la enfermedad. O ni siquiera eso si es que entran a influir a favor de Chávez los efectos de la "piedad" y de lo "milagroso" que estas situaciones suelen provocar en muchas personas.Los problemas del régimen chavista no son pocos. Las protestas callejeras por diversos asuntos son cotidianas (durante el 2011 un promedio de ocho por día). Como dificultades acuciantes figuran la escasez de alimentos, la inflación que ronda el 27% —la más alta de Latinoamérica— y para lo cual lanzaron a un masivo control de precios, aumentos salariales insuficientes (decretados sin negociación alguna), cortes de energía eléctrica, el colapso del sistema de salud reconocido por las propias autoridades y la inseguridad, considerado como el problema más grave del país por amplísimas mayorías sin distinción de estrato social (en el 2011 los homicidios alcanzaron la escalofriante cifra de 53 por día, casi 20.000 en el año). Algunos de los problemas, además, poseen sus propias perplejidades porque no otra cosa puede provocar que un país petrolero como pocos tenga que importar electricidad de Colombia e igual viva con cortes diarios; que un país con altos niveles de consumo tenga que importar el 70% de lo que necesita para comer o vestirse y que a pesar de ello haya desabastecimiento; que un país que dedica importantísimos recursos a políticas sociales no sea capaz de construir ni una décima parte de las viviendas con las que se comprometió.La economía no creció y la deuda externa se duplicó. La dependencia de los ingresos petroleros se torno traumática: de cada 100 dólares que ingresan por exportaciones, 95 provienen del petróleo. El sector no petrolero aporta sólo el 5% de los ingresos cuando en 1998 aportaba el 31%. Al mismo tiempo, Venezuela se volvió más dependiente de un solo destino, los Estados Unidos (el archienemigo imperialista), a cuyo mercado le vende el 65% del total de las exportaciones de petróleo. Además, el clima de hostilidad sobre la empresa privada ("me declaro en guerra económica" afirmaba Chávez por el 2010) ha provocado que en estos momentos existan 40% menos de unidades empresariales de las que había en 1998. Venezuela es un ejemplo indudable de desperdicio de una riqueza genuina generadora de importantes recursos que no se reinvierten como corresponde en la estructura económica. "Sembrar el petróleo" pedía infructuosamente Arturo Uslar Pietri.La pobreza se ha reducido de un 45% a un 28%, por lo que sigue siendo alta pese a la importante reducción. Sin embargo, medida por el índice de desarrollo humano la situación no sólo ha permanecido estancada sino que ha desmejorado considerada en forma relativa (posición 48 entre 174 países en 1997; posición 73 entre 177 en 2011).Estos y otros problemas que tiene la República Bolivariana, algunos de los cuales no son de ahora, conducen a cuestionarse sobre qué es lo que le permite a Chávez mantener su popularidad y que una vez más tenga muy altas probabilidades de renovar el mandato como presidente de Venezuela.Cuando Hugo Chávez asume como presidente por primera vez (1999), lo hace sobre el profundo deterioro de un sistema de partidos que había gobernado al país caribeño durante cuarenta años, dejando como saldo a un país corrompido y una sociedad empobrecida, pese a haber gozado de importantes períodos de bonanza económica. Venezuela, en cierto sentido, vive desde hace un tiempo una situación similar a aquella en cuanto a que los problemas del país, en lo social y económico, son graves a pesar de los cuantiosos ingresos petroleros nunca antes recibidos (no por la capacidad de producción sino por los precios del barril, aproximadamente un 1300% por encima que en 1999) y sin embargo, en principio, el respaldo a Chávez (más que a su régimen) tiende a ser mayoritario. Y aunque finalmente no lo fuera, la cuestión es que a muchos otros gobernantes con esta misma situación sus propios pueblos ya los hubieran arrastrado por el fango.Por lo tanto seguramente la clave se encuentre en cómo se entienden e interpretan los hechos. En el pasado, los venezolanos no tuvieron duda en entender el declive socioeconómico como el resultado de gobernantes y dirigentes partidarios que se dormían sobre la riqueza petrolera para beneficiar a un pequeño círculo de privilegiados. En cambio, durante el chavismo, las lecturas no son lineales. Las llamadas Misiones han significado mejoras concretas en la situación de importantes segmentos de la sociedad a través de políticas públicas de amplia cobertura y coordinación entre diferentes áreas del Estado. Y las distintas iniciativas de economía social, comunal o mixta, apoyadas desde el Gobierno, aunque todavía con relativo peso, han implicado otra herramienta de inclusión social para sectores carenciados. En la actualidad, entonces, vastos sectores de la sociedad venezolana, especialmente los populares, entienden que pese a los problemas económicos y aún pese a los rasgos autoritarios, lo que existe es un régimen preocupado y ocupado por los más necesitados y que pueden esperar de él la solución a sus afligidas vidas. No tomar debida cuenta de este hecho es no entender a cabalidad lo que sucede en Venezuela. Como contracara, la expansión de las expectativas que generan las políticas sociales y el discurso que las promueve con sus promesas de equidad y justicia social, actúan como potenciales factores de insatisfacción ya que el incumplimiento de las metas es recurrente. Asimismo, la concepción de un "Estado mágico" y de un líder que todo lo pueden y todo lo ofrecen, es una garantía de expansión de las demandas que el propio modelo no está en condiciones de sustentar. Es muy difícil prever qué tendrá mayor incidencia en el corto plazo: si la insatisfacción por lo que no se alcanza o el temor por perder lo que si se alcanzó.Por otra parte, independientemente de las valoraciones sobre los alcances y los límites de las políticas sociales o de las medidas relacionadas con el modelo económico, es evidente que en ambos casos se teje una red de relaciones de dependencia entre los beneficiarios y el régimen. Las Misiones contemplan en una buena proporción planes netamente asistencialistas, incluyendo la entrega directa de artículos de primera necesidad a familias que terminan supeditando su sobrevivencia a la dádiva de los funcionarios chavistas. Cinco años atrás, un 50% de la toda la población de Venezuela ya se había beneficiado de por lo menos una de las Misiones. Las nuevas formulas de propiedad empresarial, como cooperativas, empresas de producción social y empresas cogestionadas —el llamado núcleo endógeno micro— son promovidas y financiadas desde el Estado y sobreviven gracias a los contratos con empresas públicas y otros entes de la Administración (además de no pagar impuestos porque para eso esta la renta petrolera, al decir de un diputado chavista). Por último, la expansión del Estado a áreas antes en manos del capital privado supone la existencia actual de 2.500.000 de funcionarios estatales. Este es un contexto de por sí fuertemente condicionante para la competencia electoral en cualquier situación, pero que para el caso, se le añade el manejo partidista para nada sutil de las políticas públicas por parte del gobierno.La otra pata del contexto, que en sus extremos es imposible de desligar de lo antedicho, es la del propio régimen. Como señalamos en la anterior entrega, sus características alcanzan un grado tal que se hace necesario encontrarle una nueva tipificación. Porque analizarlo desde el debate sobre la calidad de la democracia puede ser ridículo por lo obvio. Con el título del último informe de Human Rights Watch —"Concentración y abuso de Poder en la Venezuela de Chávez"— alcanzaría para dibujar la situación, pero igual transcribiremos un párrafo: "La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de garantías institucionales y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al presidente o interfieren en su agenda política. En los últimos cuatro años, el Presidente Chávez y sus partidarios han usado estas facultades en una variedad de casos, con consecuencias negativas para la independencia judicial, la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos". En febrero de este año fueron aprobadas algunas modificaciones a la legislación contra la delincuencia organizada y financiación del terrorismo, que entre sus propósitos declarados está la loable intención de combatir el tráfico de personas, órganos y armas. Pero que de paso se dejó deliberadamente ambiguo y a discrecionalidad del gobierno la posibilidad de tipificar como delictivas por desestabilizadoras cualquier opinión o crítica que cuestione a las autoridades públicas. Como se señalo, algo muy peligroso para un Chávez que no tiene ningún problema en acusar de "traidor a la patria" y "terrorista" tanto a un opositor que crítica como a un comerciante que subió un precio por encima de lo fijado. En síntesis, la coexistencia de leyes de formato democrático y métodos autocráticos es una fuente permanente de inestabilidad que a la oposición le es muy difícil de sobrellevar. Máxime si el debate se polariza y personaliza como Chávez hace deliberadamente, lo que esta campaña electoral está evidenciando nuevamente.En el panorama que describimos se mueve la oposición a Chávez, una coalición de 20 partidos de amplio espectro (Mesa de la Unidad Democrática). Tiene tres ventajas respecto al pasado. En primer lugar, se ha unificado y tiene un candidato común surgido de unas inéditas primarias en las que participaron tres millones de venezolanos. El candidato, además, representa un estilo de centro en contraste con algunos de sus competidores en las internas, más proclives a poder ser tildados de reaccionarios por el chavismo (altamente conveniente para el mismo). En segundo lugar, la oposición es claramente liderada por dirigentes partidarios a diferencia del protagonismo asumido antes por dirigentes empresariales, sindicales o por los propios medios de comunicación. Por último, la oposición se desprendió de los actores antidemocráticos de los episodios de 2002 y 2003.Las fuerzas antichavistas tuvieron resultados que podrían considerarse alentadores. En las presidenciales de 2006, Chávez alcanzó el 62% de los electores. En las cuatro instancias electorales subsiguientes, si bien en ninguna se elegía presidente —donde la opción de votar o no por Chávez se personaliza al máximo— el chavismo nunca repitió la votación: por escaso margen la reforma constitucional de 2007 fue derrotada (50,2% por el No), en las regionales de 2008 y en otra enmienda constitucional de 2009, obtuvo el 54% y en las parlamentarias de 2010 no alcanzó el 50%, colocándose apenas nueve décimas sobre la Mesa de Unidad, pero por debajo de la totalidad de la oposición (que incluye a "Patria Querida", opositor a Chávez, pero por fuera de la Mesa). En octubre se vuelve a estar frente a una elección presidencial con lo que las dificultades se multiplican. El primer desafío de la oposición es vencer el miedo de los electores a participar por la posibilidad de ser identificados como votantes antichávez y de esta manera ser perjudicados con los beneficios y prebendas que por algunos de los tantos sistemas distribuye el régimen.La campaña ya comenzó hace algunas semanas. Las novedades que cabría esperar no son tantas y, en rigor, en lo esencial el escenario es el construido a partir del cúmulo de medidas adoptadas por Chávez con el transcurso del tiempo. Todo lo que se traduce en un camino arduo y peligroso para todo aquel que no comulgue con las ideas del líder bolivariano. Sin embargo, "eppur si muove". Sobre el autorPolitólogo. Universidad de la República.

La era chavistaCuando Hugo Chávez asume por primera vez como presidente de Venezuela, la situación en aquel país podía considerarse especialmente grave. La crisis socio económica en general era tal que para la gran mayoría de los venezolanos no parecía afectarles demasiado que el propio futuro de la democracia estuviera en juego. Si se medía el deterioro democrático en relación a variables económicas, el caso de Venezuela adquiría valores superiores a cualquier otro país, por lo que la explicación convendría buscarse en la peculiar conformación de un sistema político —a lo que hicimos mención en la entrega anterior— que culminó por percibirse como corrupto.Es en este contexto que Chávez comienza a hacer rodar su proyecto con la propuesta de "refundar" la República reformando la Constitución, lo se consideraba central y prioritario. El mismo día que asume como presidente, Chávez decreta la convocatoria a un referéndum para que los venezolanos decidieran si aceptaban reformar la Constitución y dispara el proceso: en abril, el mencionado referéndum, en julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en diciembre la aprobación de la nueva Constitución en otro referéndum, todo durante aquel 1999. En todas las oportunidades el triunfo chavista fue aplastante, aunque en algún caso con niveles de abstención nunca antes vistos (en la instancia de abril alcanzó el 62%).Las reformas en sí y el propio proceso de elaboración de las mismas —realizadas con premura, desprolijidad y en el medio de un debate exacerbado— prefiguraron lo que podía esperarse del nuevo régimen. La nueva Constitución establecía algunas cuestiones que podían considerarse positivas, al menos en la letra: ampliación de los derechos humanos y ambientales, nuevas instancias de democracia directa, fortalecimiento financiero del Poder Judicial. Pero la clave de la misma radicaba en sus aspectos controversiales, especialmente las disposiciones que posibilitan atribuirle al presidente la potestad de gobernar por decreto en infinidad de asuntos, aumentando de cinco a seis los años de su período y permitiéndole la reelección. De esta forma cambiarle el nombre al país, incluso instaurar el unicameralismo, resultaban cuestiones nimias. Esta etapa, de algún modo inaugural, culmina con las elecciones de mayo de 2000 (la nueva Constitución determinaba que todos los cargos públicos electivos debían someterse nuevamente a elección) en la que se confirma a Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ampliándose las mayorías con las que gobernaría.Con un lenguaje polémico y confrontativo, a tal grado que la menor discrepancia es tachada de disidencia, Chávez comienza a gobernar navegando entre una crisis que persistía dado que los valores del petróleo continuaban bajos. Mantiene la ortodoxia económica en la gestión y no parece haber demasiadas novedades al respecto —incluso en la actualidad— a pesar del radicalismo retórico (incluso el primer ministro de economía de Chávez fue la misma persona que ocupo ese lugar en el último tramo del gobierno de Caldera). Con el tiempo, el proceso de transformaciones reveló que en realidad no parecía existir un modelo teórico de desarrollo acabado sino que más bien siempre se estuvo dentro de un plan en gran medida resultado acumulativo de decisiones, mitad oportunamente coyunturales, mitad impregnadas de una cierta concepción. La explosiva mezcla de improvisación y arbitrariedad en las políticas públicas y el personalismo caudillista muy tangible —el miedo, fundado o no, cumple su rol en los proceso sociales—, sumado al desplazamiento de las antiguas élites de sus anteriores posiciones de poder (esto también es verdad), construyó un escenario altamente polarizado que dividió a la sociedad en dos campos antagónicos con escaso espacio para la prudencia y la cooperación.Sobre el filo de la finalización de una de las oportunidades en la que se le concedió a Chávez la posibilidad de legislar por decreto (noviembre 2001), fueron aprobadas una inmensa cantidad de leyes que involucraban aspectos de regulación económica en diversas áreas. Una parte de la opinión pública, especialmente actores empresariales y sindicales, entendieron que se lesionaban derechos constitucionales básicos de libertad y propiedad, además de afectar el pluralismo político. Más allá de las cuestiones en concreto, la forma de aprobación sin que hubiera habido un intento de dialogo con el resto de la sociedad provocó un recalentamiento del clima político y social. Si las medidas hubieran sido consideradas por la Asamblea Nacional al fin y al cabo también tenían asegurada su aprobación, pero en ese caso el propio trámite hubiera asegurado sobre las medidas un cierto debate público que no hubo ni se intentó. Fue así que comenzó, seguramente, el período más conflictivo de la historia chavista con el desarrollo de infinidad de manifestaciones callejeras que se sucedían a diario y en las que se enfrentaban violentamente antichavistas con los partidarios de Chávez y los llamados "círculos bolivarianos", verdaderos grupos de choque del chavismo, con el saldo decenas de víctimas fatales. El abril de 2002 el ambiente de ingobernabilidad se torno crítico y el 11 de aquel mes se produce un golpe de Estado llevado adelante por el Alto Mando Militar que le solicita la renuncia a Chávez e impone en el cargo de presidente al máximo líder de la gremial empresarial, Fedecámaras, Pedro Carmona. Con el apoyo de sectores militares, el sector privado, la Iglesia y los medios de comunicación privados, en su primer día Carmona disuelve la Asamblea Nacional, destituye a todas las autoridades regionales y locales, realiza muchas detenciones de funcionarios, designa en puestos claves a figuras relacionadas con el status quo del pasado, y deroga decenas de normativas aprobadas por Chávez, incluyendo las de contenido popular. Para un analista contemporáneo, y no precisamente pro Chávez, lo que sucedía era como si los Borbones hubieran regresado al trono. El 14 de abril, luego de negociaciones entre militares leales y críticos al gobierno chavista, Hugo Chávez retorna al Palacio presidencial de Miraflores, fortalecido pese a las complejidades evidentes. Por otro lado, la oposición al mismo, aunque heterogénea, mostraba su peor cara, la reaccionaria, defensora de privilegios perdidos, muy poco capaz de discernir la envergadura y profundidad de los procesos sociales que subyacían.Las movilizaciones opositoras continuaron durante el 2002 y el 2003, incluyendo los episodios que se conocieron como el sabotaje petrolero (acciones adoptadas por los funcionarios de Pdvsa resistiendo las medidas de cambio en la empresa petrolera) y el bloqueo empresarial. Los opositores y los propios partidarios del régimen consideraban que se estaba ante el momento de más baja popularidad de Chávez. Sobre esa base, la oposición decidió recorrer los caminos constitucionales de un referéndum revocatorio que luego de dilatorias varias se llevó adelante en agosto de 2004 y que finalizó con la confirmación de Chávez con el respaldo del 60% de los votantes. Se entiende que el resultado favorable al gobierno se encuentra directamente vinculado con la puesta en práctica de las Misiones (por estos Lares recibirían el nombre de planes o programas) orientadas a la atención de los principales problemas sociales, educación, salud, alimentación y vivienda, que funcionaron en forma extrainstitucional y que fueron provistas de ingentes cantidades de recursos financieros procedentes de la renta petrolera que comenzaba a recuperarse. Los episodios sucedidos entre fines de 2001, con el primer paro cívico contrario al gobierno, y agosto de 2004 y los resultados del intento revocatorio, supusieron un antes y un después con los corolarios de la consolidación del chavismo así como una acentuación de su radicalismo.La reelección de Chávez en diciembre de 2006 marco una nave fase del proceso chavista con la instauración de una serie de reformas cuyos alcances aún hoy no resultan del todo claros. En los planes de desarrollo para el período 2007-2013, por primera vez se menciona oficialmente al "Socialismo del siglo XXI" como norte ideológico, lo que se refleja en los cinco motores que habrían de impulsar a Venezuela hacia el socialismo: una nueva ley habilitante para legislar en materia social y económica, una reforma socialista de la Constitución, el impulso de una educación popular para afianzar los valores socialistas, una "nueva geometría del poder" que permita revisar la actual institucionalidad y la "explosión revolucionaria del poder comunal", los Consejos Comunales. El desarrollo de la economía social —formas de organización socioproductivas no capitalistas— que según los planes deberían convertirse en la mayoría de las unidades económicas en el mediando plazo, junto a las empresas estatales que han crecido en número producto de las estatizaciones de innumerables empresas privadas (lo que incluye cadenas de restaurante y hoteles), son la otra faceta de este socialismo chavista cuyo objetivo se hace evidente cuando el propio Chávez les espeta a los empresarios que no hacen en ese país sino que de hecho sobraban. Y aunque la reforma constitucional socialista fue rechazada por escaso margen en el referéndum de diciembre de 2007, Chávez ha ido decretando en los años siguientes todo lo que en su momento no resultara aprobado según sus deseos, en una muestra más del desmontaje de la institucionalidad democrática más elemental.Apoyado en la renta petrolera (durante los últimos doce años ingresaron por dicha renta 100% más de recursos de los que habían ingresado en los dieciocho años anteriores), Chávez sostiene su proyecto local, regional e internacional; y sobre esa base y la de una cierta idea socializante que, independientemente de otra valoraciones, es entendida por amplios sectores de la sociedad venezolana como de corte netamente popular (el petróleo antes se lo "chupaba" la oligarquía, hoy el petróleo es para el pueblo, afirma Chávez), el régimen barre sin duda con la mayor parte de las garantías democráticas convirtiéndoselo en un tema de debate a la hora de cómo calificarlo. Últimamente algunos autores han recurrido a la categoría de "autoritarismo competitivo" creada por dos cientistas políticos estadounidenses algunos años atrás. El "autoritarismo competitivo" debe diferenciarse del autoritarismo absoluto debido a que en éste no pueden existir arenas políticas significativas desde donde la oposición pueda desafiar al régimen. Pero el "autoritarismo competitivo" tampoco es democracia, porque por más que las instituciones democráticas formalmente aún existen, las reglas son violadas frecuentemente, los funcionarios usan y abusan de los recursos del Estado, la oposición y los medios de comunicación son perseguidos y se cometen un número impresionante de arbitrariedades. Más allá de los nombres que se quieran elegir para definirlo, nadie duda que la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta la actualidad vive bajo un régimen cuya naturaleza es fácilmente asimilable a estas características. Sobre el autorPolitólogo. Universidad de la República.PRÓXIMA ENTREGA LA VENEZUELA DE CHÁVEZ (III) : ¿Qué cambió para las elecciones de octubre?

Del "excepcionalismo" venezolano al surgimiento del chavismoCon esta columna damos inicio a una serie de tres artículos en los que repasaremos el proceso político venezolano de las últimas décadas. En éste en particular recorreremos la Venezuela previa a Hugo Chávez o, lo que es lo mismo decir, las condiciones que anticiparon y de algún modo explicarían la aparición del fenómeno chavista.La historia de la democracia venezolana comienza en 1958 con la caída del último gobernante militar del país. Aquel año marco el inició de la construcción de lo que se conoció como el "excepcionalismo" venezolano, consistente en la presencia de un sólido sistema de partidos, abundantes recursos fiscales, la sujeción del poder militar al civil, la capacidad de generar acuerdos inter élites y los altos niveles de participación electoral.Los breves interregnos democráticos anteriores a 1958 habían resultado una experiencia negativa debido a un conflicto exacerbado. Con esos antecedentes, los principales actores socio políticos optaron por acordar un conjunto de reglas formales e informales consideradas imprescindibles para el funcionamiento del orden democrático. Además de los celebrados entre trabajadores y empresarios y del Estado con la Iglesia, los acuerdos más relevantes fueron el Pacto de Punto Fijo y el Programa Mínimo de Gobierno entre representantes de los partidos políticos, firmados durante aquel año 1958. Especialmente, el Pacto de Punto Fijo determinó las bases de la convivencia democrática con la realización de elecciones libres y transparentes, el respeto a sus resultados, la conformación de gobiernos equilibrados y con representación de todas las fuerzas políticas firmantes y la toma de decisiones necesarias para el desarrollo con el debido consenso. Los acuerdos, una apuesta a la cautela, la conciliación, el compromiso, terminaron por convertirse en parte constitutiva de la cultura política venezolana, la que recibió el ampuloso nombre de "sistema populista de conciliación de élites".Este sistema se sostuvo sobre la interrelación de tres pilares. Primero y fundamental, la abundancia de recursos económicos provenientes de la renta petrolera, los que posibilitaron la sobrevaluación del tipo de cambio y la atención de demandas heterogéneas por parte del Estado, con una presión tributaria baja. Segundo, un nivel relativamente bajo y simple de las demandas. Por último, las propias características de los partidos políticos —altamente disciplinados, multiclasistas y muy presentes en todos los niveles de la vida nacional y local— en régimen bipartidista de los socialdemócratas de Acción Democrática (AD) y los socialcristianos del Comité de Organización Política y Electoral Independiente (COPEI).En la segunda mitad de la década de los ochenta comienza a producirse la modificación negativa de las bases de sustentación del sistema. Entre 1981 y 1983 los ingresos petroleros se redujeron a un tercio con la concomitante reducción de la capacidad del Estado para atender las demandas sociales. Como consecuencia se produjo la quiebra de los servicios públicos fundamentales, así como quedaron en evidencia las deficiencias intrínsecas de las diversas políticas sociales. En 1994 el 50% de la población de Venezuela estaba por debajo de la línea de pobreza y un cuarto se encontraba en extrema pobreza. La enorme visibilidad del Estado venezolano hizo que fuera directamente responsabilizado por las penurias de los sectores afectados, lo que acentuó el descrédito de los gestores públicos tradicionales. De esta manera, las virtudes de una cultura política basada en consensos sustantivos y de largo alcance entre partidos políticos insertados en todas las organizaciones relevantes de la sociedad, vino a demostrar su contracara. La ciudadanía terminó percibiendo a los partidos como una misma cosa y con acercamientos no siempre santos, que parecen representarse a sí mismos más que aquella. El clientelismo, la partidización institucional, la corrupción administrativa y la ineficiencia en el uso de los recursos abundantes, se tornaron aún más evidentes en un contexto de crisis económica.Se considera al año 1989 como el inicio de la crisis (si bien su comienzo puede rastrearse en la abrupta maxi devaluación de 1983) con la llegada al gobierno por segunda vez de Carlos Andrés Pérez (AD) (1989-1994). Su propuesta, consistente en el regreso al pasado dorado de su primer gobierno (1974-1979) —la "Venezuela Saudita"—, comenzó a acumular la frustración colectiva ya que, en su lugar, el gobierno emprendió una profunda revisión y desmontaje del modelo socioeconómico y político institucional con que se había venido funcionando (el "Gran Viraje). Se devaluó la moneda, se ingresó en la espiral inflacionaria, se incrementaron las tarifas públicas y se congelaron los salarios. La respuesta fue el "Caracazo" (febrero de 1989). Lo que comenzó como una protesta por el aumento del costo del transporte de pasajeros se convirtió en el estallido social de mayor envergadura en América Latina, con un saldo de centenares de muertos y desaparecidos. Por otro lado, las rebeliones militares de 1992 (febrero y noviembre) rompieron el consenso entre militares y políticos y significaron la intervención militar directa en la política. Venezuela se había convertido en una sociedad de protesta y rebeldía. Como cierre de este complejo período, Carlos Andrés Pérez fue separado del cargo por el Congreso Nacional acusado del delito de malversación de fondos públicos.Exactamente treinta años después de su primer gobierno, las elecciones de 1993 llevaron a la presidencia a Rafael Caldera (1994-1999) en alianza atípica con el Partido Comunista y el Movimiento al Socialismo. Caldera había abonado su carrera presidencial con la oposición a las políticas de ajuste del gobierno de Pérez, así como una muestra de comprensión y casi justificación al estallido social y a las insurrecciones militares. Cuando asume intenta llevar adelante políticas que, en rigor, eran el retorno a viejos moldes de desarrollo, lo que fue aplaudido por vastos sectores de la sociedad. Pero estas políticas fracasaron en medio de una crisis financiera y bancaria de proporciones, con el derrumbe de decenas de instituciones bancarias y la quiebra de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. En 1996 Caldera propone la "Agenda Venezuela", un paquete de medidas de austeridad, recortes y reformas, semejantes a las del Consenso de Washington. En un país petrolero el combustible aumento 800%, también aumento el IVA y se volvió a devaluar la moneda significativamente. Las medidas provocaron la ruptura de la coalición gobernante, la que excluía expresamente a AD, considerado el máximo representante del status quo. Sin embargo, ante la perdida de apoyos parlamentarios, Caldera formaliza una alianza justamente con AD, incluyendo la participación de alguno de sus miembros en el Gabinete. Esta alianza se prolongaría por todo lo que quedaba del período. Como resultado del viraje en la política económica y la consecuente ruptura de las promesas electorales, aumentaron los niveles de protesta.Asimismo, durante aquellos años se ingresó en una fase de cambios recurrentes en las reglas electorales. Independientemente de sus buenas intenciones, los cambios provocaron una impresión de oportunismo e improvisación con sus secuelas de desconfianza, lo que sumado al descontento generalizado se tradujo en un incremento sistemático de la abstención electoral que llegó a superar el 50%.La vieja dinámica partidaria que configuraban AD y COPEI se debilitó. Mientras estos dos partidos reunían el 90% de los votos en las elecciones de 1988, en las de 1993 habían disminuido al 46%. Asumía como presidente el candidato de un tercer partido, "Convergencia" (fundado por Caldera, que había hecho lo propio con el COPEI en su momento), la primera vez que un tercer partido superaba la "barrera" del 8%. El resquebrajamiento del bipartidismo se fue profundizando con la aparición de otros terceros partidos que accedieron a cargos de gobernadores y alcaldes, aunque en su mayor parte sus dirigencias eran de extracción "adeista" o "copeidista". Razón por la cual, al final, también la crisis partidaria los afectó. La inclusión de actores no partidistas en el juego político y electoral, como grupos vecinales, personalidades del mundo artístico y deportivo, o figuras políticas individuales sin partido, todas con un acento fuertemente antipartidista, complejizaron el escenario.Las elecciones de 1998 pueden considerarse como el fin del período de transición. En las parlamentarias de noviembre AD y COPEI sólo sumarían entre ambos el 36 % del electorado, mientras el "Movimiento Quinta República" liderado por Hugo Chávez, creado un año antes, obtiene el 20%. Para las presidenciales de diciembre, la cuestión se planteó entre Chávez, candidato a presidente por el denominado "Polo Patriótico" —una coalición variopinta, integrada por la izquierda ortodoxa, los partidarios de la reivindicación militar y los frustrados del bipartidismo— y Henrique Salas Römer, el candidato de "Proyecto Venezuela" —partido de reciente creación emergido de las competencias estaduales— que se encontraba entre los mejores posicionados en las encuestas. Salas Römer terminó siendo apoyado por AD y COPEI que renunciaron a sus propias candidaturas en un desesperado intento de hacer un frente común anti Chávez. En esas condiciones, la figura de Henrique Salas Römer representaba para muchos ciudadanos más la continuidad que el cambio, por lo que era probable que terminara recogiendo el voto castigo. Abiertas las urnas, Hugo Chávez es electo presidente de Venezuela con el 56% de los votos y con más de 15 puntos de margen sobre Salas Römer (36% de abstención).Cuarenta años después de que el modelo venezolano fuera considerado formidable por su fortaleza y estabilidad, el "Huracán Hugo", como los venezolanos habían comenzado a llamar al coronel golpista de 1992, barría lo que quedaba de aquel y llegaba al Palacio Presidencial de Miraflores. Una nueva Venezuela había comenzado. Sobre el autorPolitólogo. Universidad de la República.

.haremos lo que está en nuestras manos para sacar al país de la crisis cuanto antes", afirmaba Antonis Samaras luego de haber jurado como Primer Ministro de Grecia. El inconveniente es que todo indica que no le alcanzará con la ayuda divina. Necesitará ayuda de la misma coalición de gobierno que conformó, empezando por su propio partido. Con 179 escaños, 28 por encima del mínimo para conformar y sostener a un gobierno, en principio estaría a cubierto de las defecciones puntuales de un legislador o un grupo de ellos. Pero, sin duda, éstas serán inevitables dada una gestión que estará pautada por la concreción de la mayor parte de las medidas de austeridad aprobadas con anterioridad. Gestión que se contrastará, además, con una campaña electoral en la que se prometió suavizar esas medidas, bajar impuestos e incrementar las ayudas sociales. Necesitará ayuda del Pasok —también del otro socio, Izquierda Democrática, pero más del primero— que se integra a la coalición con la certeza de que le será muy difícil resistir un nueva debacle electoral. Por eso Pasok se esforzó hasta último momento para que Syriza se integrara a la coalición. Con Syriza afuera de ella, el electorado descontento podrá seguirse corriendo hacía allí si el Gobierno fracasa. Con algo de esto en la mente probablemente, es que los socios de la coalición decidieron no aceptar cargos en el Ejecutivo. Una pequeña "puerta de salida" para evitar, eventualmente, que el pueblo heleno no los castigue aún más electoralmente. Como consecuencia, se dice que en lugar de una efectiva coalición de gobierno se está ante una coalición legislativa, lo que configura un escenario que transmite inestabilidad. La sensación de alivió que corrió por la derrota de Syriza en las elecciones del 17 de junio fue más una apelación a que las cosas se vieran como normalizadas que el convencimiento de que lo estén realmente. La coalición de gobierno conformada al haberse incorporado la Izquierda Democrática tiene una mayor base de sustentación que la que habría surgido de una coalición exclusivamente basada en Nueva Democracia y el Pasok. Pero incluso así la coalición de gobierno no alcanza a representar el 50% de la ciudadanía griega. Aunque fragmentada, la mayoría ciudadana es contraria a los ajustes. Y si no fuera por el premio en escaños al ganador, no habría gobierno posible con una realidad polarizada como la que se vive hoy en Grecia, donde entre el primero (Nueva Democracia) y el segundo (Syriza) sólo hay menos de tres puntos de diferencia, ocho diputados. Siendo realista, la legitimidad sustantiva de una coalición así conformada corre serios riesgos de deteriorarse rápidamente. Necesitará ayuda de Syriza —especialmente en lo que deje de hacer— porque lo que está por verse es si este partido pasa efectivamente de la retórica opositora radical a concretar conductas desleales. Syriza, que de un 4.6% del electorado en el 2009 pasó en mayo al 16,8% y que en junio creció diez puntos más, 26,8%, ha sido el mayor beneficiado del desgaste de los partidos otrora mayoritarios, sancionados por la ciudadanía debido a su rol en la aprobación de los rescates internacionales y por el apoyo a las medidas de austeridad. El líder de Syriza, Alexis Tsipras, no tiene ningún incentivo para cambiar su postura, sabedor que sí tiene todo para ganar en el caso de que la gestión de la coalición resulte insatisfactoria. Ya lo dijo claramente cuando afirmó que "no existía ninguna posibilidad de que se aliara con los partidarios de la austeridad y del terrorismo económico impuesto por los acreedores". Visiblemente, en la vereda de enfrente. Aún así, tampoco sería conveniente heredar un país hecho pedazos, por lo que es probable que su mayor anhelo sea que Samaras saque a Grecia de la encrucijada al mismo tiempo que el precio que tenga que pagar por ello lo termine de dañar electoralmente. Sobre esta línea de razonamiento quizá la apelación a dar la lucha no sólo en el Parlamento sino principalmente en "la calle" (las dos centrales sindicales griegas están ahora alineadas con Syriza) sea parte de la necesidad de mantener unido a su partido más que a una verdadera estrategia de acorralar al Gobierno. No obstante, el límite entre una cosa y otra es muy borroso. Samaras también necesitará que sus socios europeos lo ayuden con algo de oxígeno. Durante la campaña electoral todas las voces que se escucharon fueron para advertirle a la ciudadanía griega que no votara a Alexis Tsipras porque las consecuencias negativas para Grecia serían dramáticas. Se sustituyó cualquier análisis por meras lecciones de moral, al decir de Paul Krugman. Para cualquier cambio de escenario, naturalmente, había que esperar a que las urnas helénicas hablaran. Inmediatamente conocidos los resultados, el Ministro de Exteriores alemán manifestó que sería posible volver a hablar sobre los plazos de los programas de austeridad pero muy rápidamente fue desmentido por el Ministro de Finanzas y por la propia Merkel. La inflexibilidad continuaba predominando. De cualquier manera, ya nada es igual. Europa no es lo que era se dijo con razón. La propuesta de Hollande sobre incorporar al Pacto Fiscal (la austeridad) un Pacto por el Empleo y el Crecimiento es respaldada por Italia, España, el G20 en general, la OCDE, el Banco Mundial y por Obama que tiene sus propios intereses como para intentar gestionar un plan de acción que flexibilice de algún modo la postura intransigente de Alemania. Las señales comenzaron a hacerse evidentes luego de que Alemania, Francia, Italia y España, las cuatro mayores economías de la Unión Europea, acordaran fomentar el crecimiento con 1% del PBI. Sin embargo, Samaras necesita cosas más concretas y por eso propuso dejar en suspensión la reducción del salario mínimo y de las pensiones y no despedir a los 150.000 empleados públicos, sino reducir los mismos por la vía de bajas voluntarias y jubilaciones. La Cumbre Europea que se realiza por estos días —sin Samaras que no asistirá por estar en reposo pos operatorio— podría arrojar novedades, aunque las expectativas son escasas. Porque, incluso, es sencillo imaginar que las posibles señales de atenuación de las medidas de austeridad o de sus plazos no tendrán una contundencia tal como para cambiar en la ciudadanía griega la certeza de los sufrimientos que sabe le esperan. En resumen, un escenario muy complejo para un gobierno de coalición griego que a todas luces se revela como débil y cuya duración nadie se atreve a pronosticar. *Licenciado en Ciencia Política Universidad de la República

A tenor de lo que parecían decir las encuestas, los griegos deseaban que se formara un gobierno de coalición sin que se tuviera que pasar por una nueva elección. Sin embargo, Grecia se encamina a una nueva contienda electoral el 17 de junio, luego de que las fuerzas políticas con representación parlamentaria, emanada de la elección del 6 de mayo, no pudieran ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno."Urnas bomba" calificó un medio de prensa local a aquel resultado electoral que no por previsible fue menos impactante. La destrucción del bipartidismo que existía en el país desde hacía 38 años (en la elección de 2009, Pasok y Nueva Democracia representaban casi el 80% de los votantes cuando ahora no alcanzaron el 32%), la fragmentación del espectro político (siete partidos políticos ingresaron al Parlamento sin que ninguno superara el 20%) y el fortalecimiento de los extremismos, especialmente el de la extrema derecha, fueron los resultados más evidentes de la elección. Antes debimos mencionar el registro de un 38% de abstención y que otros 32 partidos se distribuyeron un quinto del electorado (no ingresaron al Parlamento al no superar individualmente la barrera del 3%), todo lo que evidencia un gran problema de representación de la ciudadanía griega.Las elecciones del 6 de mayo se dieron en un contexto político y económico muy particular. "¿Ocupación? No, vengo sólo unos días" es el remate de una broma que circulaba antes de la elección entre los griegos. Supone una escena en la que el ministro alemán de finanzas se dispone a ingresar por la Aduana al territorio griego y resulta muy ilustrativo de cierto estado de ánimo. La crisis que lleva dos años, un desempleo del orden del 22%, la reducción de las pensiones hasta un 25% y el salario privado un 20%, añadido a severos recortes en educación y salud —producto de los acuerdos de Grecia con la Unión Europea— ya no resultaban tan graciosos. Mientras tanto, la directora general del Fondo Monetario Internacional dejaba traslucir su temor de que Grecia cayera en la bancarrota pese a las medidas de austeridad que ya se habían adoptado. También antes de la elección, el principal dirigente del partido que gobernó (en coalición) el país heleno en los últimos años, Evanguelos Venizelos (Pasok), les decía a sus conciudadanos que aún debían recortarse 11.000 millones de euros del presupuesto griego si es que se pretendía seguir recibiendo ayuda del FMI en los próximos años.Sobre ese escenario, la división política griega se formuló sobre el apoyo o la crítica a las reformas y medidas de austeridad y el correlativo rescate financiero internacional, que llevaron adelante el anterior gobierno griego y sobre el que están pendientes otras medidas ya anunciadas, como la eliminación de 150.000 empleos públicos. Todo lo cual exacerbó o reforzó las diferencias de carácter ideológico preexistentes. Además del desplome de Nueva Democracia (conservadores) y del Pasok (socialdemócratas), los hechos más trascendentes estuvieron en el crecimiento del partido de extrema izquierda Syriza, que se convirtió en la segunda fuerza política con casi el 17% de los votos y 52 escaños (4.6% y 9 escaños en el 2009) y en el aumento de la votación de los neonazis, que alcanzaron un 7% cuando en las elecciones anteriores ni siquiera representaban un punto del electorado.La influencia de la crisis y de las medidas draconianas en las motivaciones ciudadanas a la hora de votar es demasiado obvia como para necesitar remarcarla. Es probable incluso que el voto por los extremismos, aunque sin duda es un fuerte mensaje crítico, no este reflejando necesariamente una actitud antisistema del votante. Sin embargo, un apoyo significativo, por ejemplo, a quienes prometen minar las fronteras griegas —que en otros casos quizá se entendería como un exabrupto, pero que en el de los nazis de Aurora Dorada se vuelve verosímil—, complejiza el escenario independientemente de que establezcamos la diferencia entre un voto de protesta y un voto por enajenación.Los sondeos de opinión pre y pos electorales reflejaban que el rechazo a las medidas de austeridad no iba en detrimento del apoyo de la ciudadanía a la Unión Europea y al euro. Aún el sector del espectro político más crítico a los recortes hacía la salvedad de que la cuestión es el precio que debería pagarse para permanecer en la zona euro y no cómo salirse de ella. Incluso el principal dirigente de Nueva Democracia, Antonis Samaras, consideró pasados unos días de la elección que la necesidad de realizar cambios en las medidas de austeridad impuestas por Bruselas era cada día más obvia.La aparente y creciente coincidencia hubiera presumido una mayor facilidad para conformar una coalición gubernativa que evitara la reiteración de las elecciones y le asegurara una buena dosis de estabilidad al país heleno. Sin embargo, se sabe que una cosa son las coaliciones numéricamente posibles y muy otra las coaliciones efectivamente viables. Porque lo que está pasando en Grecia no es otra cosa que la emergencia —diría Sartori— de un pluralismo polarizado, que podrá entenderse como coyuntural pero que en el ahora impone ciertas lógicas que no apuntan precisamente a la moderación y a la responsabilidad. Los impulsos centrífugos de un sistema de partidos fuertemente ideologizado, con un centro del espectro político que tiene que enfrentarse con oposiciones a ambos lados del mismo y que, a su vez, son contrapuestas en términos irreductibles entre sí, alienta las promesas excesivas y las conductas desleales en un intento de alimentar la polarización que favorece a los extremos. Por añadidura, los acontecimientos domésticos y europeos no generan en ciertos actores partidarios los incentivos necesarios para jugar un rol constructivo, más bien lo contrario. El triunfo de Hollande en Francia, obtenido tras una campaña en la que prometió terminar con la etapa de austeridad y realizar políticas de estímulo al crecimiento, es natural que provoque ciertas ilusiones de que Alemania encuentre en el país galo una resistencia a sus políticas, el único posible que lo haga por otra parte. Las elecciones legislativas francesas de junio extenderán en el tiempo las ilusiones ya que Hollande mantendrá sin alteraciones sustantivas su discurso. En amplios sectores del electorado griego las expectativas de que no se cumplan todos los recortes presupuestales pactados aumentan y los partidos que más se las generan, como Syriza, piensan beneficiarse de ello. Las últimas encuestas de intención de voto ya lo demuestran.Así como en esta coyuntura se volvía altamente inviable la conformación de un nuevo gobierno con esta correlación de fuerzas y sin una nueva elección, que ni la espada de Damocles de liquidez para junio logró conjurar, ahora ante los nuevos comicios, las circunstancias y los incentivos se retroalimentan entre sí para estimular la polarización.Por un lado, diversas jerarquías de la Unión Europea amenazan a Grecia con que tendrá que abandonar la zona euro, con los costos que le traería aparejada. Aparentemente apelan a un voto racional del electorado griego para que apoye a los partidos que defienden las políticas de austeridad en detrimento de aquellos que quieren "suicidarse" pretendiendo cambiarlas. El problema es que para muchos griegos "suicidio" también sería continuar sin más con los recortes, lo que también es muy racional. Por otro, ciertas señales confusas sobre un probable aflojamiento de los acuerdos económicos para continuar recibiendo la asistencia financiera (aunque más no fuera en los plazos necesarios para superar el déficit), sólo alientan a aquellos que hacen de la crítica a las políticas de Bruselas el eje de su convocatoria ciudadana. En los últimos días, Alexis Tsipras, líder de Syriza, redobló la apuesta afirmando —nada menos que desde Francia— que es necesario refundar Europa y derrotar a los poderes financieros. Mientras tanto 500 millones de euros al día se fugan del sistema bancario griego.Una nueva elección no sólo era inevitable sino que, paradójicamente, hasta necesaria. Es probable que en la elección del 17 de junio se alcance la última frontera de las tendencias centrífugas, no obstante también se arribe al límite de las posibilidades del forcejeo político. Si eso es demasiado tarde para Grecia, es otra cosa. *Licenciado en Ciencia Política Universidad de la República