Hay cosas que hacen los jueces que están impactando la esfera política, la esfera de quienes representan a los otros órganos estatales. Durante mucho tiempo se aceptó que los jueces tenían un ámbito de acción distinto al de las otras instituciones públicas; sin embargo en los últimos años esto se ha ido modificando. Se asiste a un progresivo desmantelamiento de aquella idea, hoy la visión del juez "boca de la ley", aplicador mecánico de normas, se aleja de las funciones que está desempeñando. Este alejamiento ha contribuido a que se hayan ido instalando conceptos como judicialización de la política o activismo judicial. Sobre sus alcances y la diferencia entre ellos trata el siguiente artículo ; There are things that the judges do that impact on the political sphere, the sphere of those who represent the other state bodies. It has long been accepted that the judges had a different field of proceeding from the other public institutions, but this situation has been changing in the recent years. Indeed, we are witness the persistent dismantling of the idea that the judge is "the mouth of the law", a mere applicator of rules, and this fact has contributed to an internalization of concepts like judicialization of politics or judicial activism. Its scope and the differences between them is the following paper about ; 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA RUPTURA DE UN MODELO DE MAGISTRATURA. 2.1. Dos paradigmas de juez. 2.2. El punto de inflexión y algunas variables explicativas. 3. JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA: NUEVAS FORMAS DE CONTROL. 4. ACTIVISMO JUDICIAL: UN CONCEPTO RADIAL. 5. LA RELACIÓN ENTRE JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y EL ACTIVISMO JUDICIAL. 6. CONCLUSIÓN
El texto explora las concepciones sobre democracia y Estado Constitucional de Derecho. Intenta explicar las posibles diferencias entre ambas expresiones y sus puntos de encuentro. Recurre tanto a doctrina de ciencia política como de derecho constitucional.Se sostiene la conveniencia científica, desde una perspectiva también histórica, de hablar de estado constitucional de derecho entendido como una categoría más exacta de lo que debe entenderse como forma de acceder al poder y proteger los derechos fundamentales.Finalmente, se hace un análisis de la situación actual de Centroamérica y se relaciona aquella con la existencia real de estados constitucionales de derecho en la región. The article analyzes on the concepts about democracy and rule of constitutional law. It aims to explain the possible differences and coincidences between these notions throughout the political sciences and constitutional law. From an historic view, it points out to the scientific convenience and correctness of the term 'constitutional rule of law', understood as a more precise category of what it must be defined as a means to access the power and the protection of fundamental rights.Finally, the article examines on the current situation of the Central American region emphasizing on whether these states embrace a true constitutional rule of law.
El texto explora las concepciones sobre democracia y Estado Constitucional de Derecho. Intenta explicar las posibles diferencias entre ambas expresiones y sus puntos de encuentro. Recurre tanto a doctrina de ciencia política como de derecho constitucional.Se sostiene la conveniencia científica, desde una perspectiva también histórica, de hablar de estado constitucional de derecho entendido como una categoría más exacta de lo que debe entenderse como forma de acceder al poder y proteger los derechos fundamentales.Finalmente, se hace un análisis de la situación actual de Centroamérica y se relaciona aquella con la existencia real de estados constitucionales de derecho en la región. The article analyzes on the concepts about democracy and rule of constitutional law. It aims to explain the possible differences and coincidences between these notions throughout the political sciences and constitutional law. From an historic view, it points out to the scientific convenience and correctness of the term 'constitutional rule of law', understood as a more precise category of what it must be defined as a means to access the power and the protection of fundamental rights.Finally, the article examines on the current situation of the Central American region emphasizing on whether these states embrace a true constitutional rule of law.
[ES]Durante los últimos años se ha experimentado en diferentes partes del mundo un cambio en el comportamiento de los jueces. Un mayor involucramiento de la judicatura de cara a los otros poderes del Estado ha hecho que se instalen nuevos conceptos en el derecho y la ciencia política como activismo judicial y judicialización de la política. A partir de la construcción teórica y su operacionalización en indicadores se aplicaron dichos conceptos al control de constitucionalidad durante un periodo de 20 años a los tribunales constitucionales de Colombia y Costa Rica. [EN] In recent years it has experienced in different parts of the world a change in the behavior of judges. Greater involvement of the judiciary in the face of the other branches of government has to be installed new concepts in law and political science as judicial activism and criminalization of politics. From the theoretical construct and its operationalization in indicators such concepts were applied to constitutional control over a period of 20 years to the constitutional courts of Colombia and Costa Rica.
El trabajo plantea una visión crítica del avance de discursos y políticas punitivistas en Costa Rica en las últimas décadas. Con datos respecto al impacto que aquello ha tenido en el sistema penitenciario, los autores reflexionan sobre algunas reformas legales que evidencian el uso que se ha hecho en el país de las propuestas de mano dura más como un recurso simbólico que como políticas integrales que aborden problemas sociales profundos como la violencia de género o el tráfico de estupefacientes. Por último, ofrecen una visión alternativa sobre la posibilidad de seguir incorporando en el país respuestas sancionatorias distintas al encierro dados los resultados que estos parecen demostrar en términos de reincidencia delictiva.
El trabajo plantea una visión crítica del avance de discursos y políticas punitivistas en Costa Rica en las últimas décadas. Con datos respecto al impacto que aquello ha tenido en el sistema penitenciario, los autores reflexionan sobre algunas reformas legales que evidencian el uso que se ha hecho en el país de las propuestas de mano dura más como un recurso simbólico que como políticas integrales que aborden problemas sociales profundos como la violencia de género o el tráfico de estupefacientes. Por último, ofrecen una visión alternativa sobre la posibilidad de seguir incorporando en el país respuestas sancionatorias distintas al encierro dados los resultados que estos parecen demostrar en términos de reincidencia delictiva. ; This paper presents a critical analysis of the punitive approach adopted by Costa Rica in the last decades. Using data of the impact that this has had on the prison system, the authors reflect on some legal reforms that show that, rather than have created comprehensive policies to address deep social problems such as gender violence or drug trafficking, they have been used as a symbolic resource of the tough on crime policies. Lastly, they offer a different view of the possibility to continue to incorporate punitive responses other than imprisonment in the country given the results that these seem to demonstrate in terms of recidivism.
Aprovechando las decisiones tomadas en Costa Rica por un grupo de jueces, en el marco de la pandemia global por el Covid-19, este paper analiza la situación de la ejecución penal para personas adultas en el país. Más allá de que las disposiciones jurisdiccionales levantaran cierta polémica entre algunos sectores políticos y mediáticos, desde el punto de vista constitucional, adquieren una enorme relevancia que merece ser tratada con detenimiento. Contrario a lo que ocurre en casi todos los ordenamientos jurídicos, en Costa Rica, se carece de una ley de ejecución de la pena para personas adultas. Esto es así pese a que, en 1994, una reforma legislativa ordenó que el tema debía ser regulado mediante una ley especial de conformidad con un voto de la Sala Constitucional de 1992, debido a que, desde la promulgación del Código Penal en 1970, se carecía de dicha regulación. En 2015, el tribunal constitucional reiteró que la normativa era necesaria y dispuso que la Asamblea Legislativa tenía la obligación de discutirla y votarla. En la actualidad, algunas competencias, administrativas y judiciales, se han regulado vía decreto ejecutivo o gracias a las propias decisiones jurisdiccionales. Algunas propuestas de ley de ejecución de la pena han sido tramitadas en el Congreso, pero hasta ahora ninguna de ellas ha prosperado. En este sentido, en el artículo se analizarán las implicaciones constitucionales que supone la ausencia de una ley de ejecución penal para personas adultas con arreglo al principio de reserva de ley. También los límites que podrían atribuirse a los jueces de ejecución de la pena y el rol que están desempeñando, de acuerdo a conceptos desarrollados por el derecho constitucional y la ciencia política –como neoconstitucionalismo o activismo judicial- a partir del caso concreto, por la emergencia epidemiológica de 2020, en la protección de principios constitucionales, como el de tutela judicial efectiva, el de humanidad y el de prohibición de tratos o penas crueles y degradantes, entre otros. ; Taking advantage of the decisions made by a group of Costa Rican judges during the Covid-19 global pandemic, this paper analyzes the situation of adults serving a criminal conviction in the country. Going beyond the jurisdictional dispositions that raised certain controversies in some political groups and the media, from a constitutional point of view, they acquire an enormous relevance that deserves to be treated carefully. Contrary to what happens in most legal systems, Costa Rica has not had a law on the enforcement of criminal convictions since the approval of the Penal Code in 1970. It is this way despite the fact that, in 1994, a legislative reform of the criminal code mandated that the execution of sentencing would be regulated by law. This was consistent with a constitutional chamber ruling in 1992. In 2015, the constitutional tribunal reiterated that the norm is necessary and ordered the Legislative Assembly to discuss and vote on it. At present, some administrative and judicial functions have been regulated through executive order or by jurisdictional decisions. Some bills focused on criminal convictions have gone through Congress but none have become law. This article addresses the constitutional implications of the absence of a specific law regarding the execution of criminal sentences. We will also analyze the roles and limits of judges in these matters, using concepts of constitutional law and political science such as neo-constitutionalism or judicial activism. Finally, we will examine the judges´ work during the epidemiological emergency in defending constitutional principles, such as effective judicial protection, human dignity, and the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, amongst others.
