Suchergebnisse

La mayoría de autores marxistas aplican el concepto de "trabajo productivo" a los trabajadores empleados por los capitalistas, e ignoran aquellos otros trabajadores asalariados del sector de servicios, del comercio y las finanzas. Algunos equiparan el concepto de "trabajador productivo" con el de miembro de la clase trabajadora. Se argumenta en este artículo que dicho concepto de "trabajo productivo" es el origen de un montón de predicciones económicas catastróficas, de acuerdo con las cuales una cantidad aún mayor de capital , la mayor parte de él "improductivo", lucharía por compartir el valor añadido ya en retroceso. Se ha demostrado que el trabajo comercial y financiero es tan productivo como el industrial y el agrícola. Los textos de Marx sobre las ideas de Adam Smith y otros autores contemporáneos son puestos en solfa. El carácter productivo del trabajo no disminuye si no da como resultado la producción de un objeto tangible. También se analizan los problemas que los marxistas y el propio Marx encontraron con relación a este problema.

Se propone un marco general para la interpretación de las desigualdades sociales según el cual éstas, o las más relevantes de éstas, se configuran en torno a redes económicas de carácter inclusivo (hogares y estados) o voluntario (organizaciones y mercados). Organizaciones y mercados movilizan los medios de producción, la fuerza de trabajo y la ciencia y la técnica, y el control diferencial sobre estos factores toma respectivamente la forma de propiedad, autoridad y cualificación. Hogares y estados son el origen de las diferencias genéricas y generacionales, los primeros, y comunitarias y étnicas, los segundos. En la economía abierta, formada por organizaciones y mercados, la propiedad, la autoridad y la cualificación sirven de base a relaciones de explotación (transferencia de excedente) y dividen a la sociedad en clases, mientras que el género, la generación y la etnia sirven de base a relaciones de privilegio (oportunidades desiguales) y la dividen en categorías.

Abordar la problemática de la desigualdad, o más exactamente de la justicia económica,requiere partir de un criterio distributivo contra el cual contrastar la distribución realmenteexistente. Locke propuso una teoría o norma de la apropiación original referida a la distribuciónde los recursos naturales, pero fue incapaz de resolver el problema de la justicia intergeneracional.Marx formuló una teoría del valor-trabajo incapaz de explicar por qué el empleo de lapropia actividad como trabajo, en vez de su consumo como ocio, daría derecho a la apropiacióndel excedente, pero el uso de la riqueza como capital en vez de su consumo como renta, no.Rawls propone una teoría liberal de la justicia, el principio de diferencia, en la que cabe admitirlas desigualdades con tal de que con ellas mejore la posición del peor situado. En este artículose defiende la pertinencia de los tres problemas, que conciernen respectivamente a la apropiaciónde los recursos naturales (y, por extensión, de la riqueza heredada) y de los productos deltrabajo y a la incentivación de las aportaciones extraordinarias. Pero se propone, también, unacorrección de las tres: de la primera, sustituyendo la apropiación original por las dotaciones inicialespara dar cabida a la igualdad entre generaciones; de la segunda, recurriendo a una normadel valor trabajo ampliada que incluya la retribución de la abstinencia, es decir, del capital; dela tercera, en fin, sustituyendo su aceptación sin más por la idea de partir la diferencia, es decir,de reducir la recompensa por las aportaciones extraordinarias al incentivo necesario para lasmismas.

Se discute por qué no ha sido posible, hasta hoy, el frecuentemente invocado pacto sobre la educación. Se analizan pactos de Estado fallidos, los pactos autonómicos existentes, los modelos de pacto propuestos y los obstáculos a su consecución. El autor propone abandonar la idea de un pacto centrado en principios o políticas compartidas a favor de un compromiso sobre las diferencias persistentes en torno a las múltiples dimensiones y líneas de fractura que atraviesan la educación, así como desagregarlo en un conjunto de compromisos más precisos en torno a cada una de ellas.

Si se lo despega de su nexo con "la encuesta" —ese fetiche— y de la compulsión cotidiana por interpretarla, el fenómeno de la opinión pública resulta un problema central para entender las relaciones entre el sistema político y el sistema de medios de las democracias contemporáneas. Al menos por dos motivos: primero, porque existe un vínculo genético comprobado entre las tecnologías mediáticas y la emergencia de la figura del "público" como signo de la apertura de la política a fines del siglo XVIII; y segundo, porque en sociedades complejas (desiguales, diferenciadas funcionalmente, descentradas, etc.) la "opinión pública" resulta una tecnología necesaria para producir generalizaciones sociales y tematizar problemas comunitarios de manera colectiva. Los medios (como instituciones y como actores) cumplen un rol evidente en la producción de esa tecnología y por eso es necesario reflexionarlo más allá de la encuestología. Por eso, proponemos contrastar las perspectivas de dos autores que han incorporado el problema de la opinión pública en sus teorías sociales, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. Nos interesa reparar en sus fundamentos teóricos y en las soluciones analíticas que proponen para entender la interacción entre tres entidades: los medios, la política y el público.

En este trabajo nos preguntamos por las condiciones de producción mediáticas que marcan la intervención en el espacio público de dos tipos de discursividad social, el discurso político y el discurso periodístico. Postulamos que, bajos estas mismas condiciones, y a pesar de vincularse a emplazamientos institucionales funcionalmente diferenciados, estos dos discursos están sometidos a un principio regulador común: el contacto con los colectivos que suelen ser identificados como "público", "audiencia", ciudadanía". Esa interfaz periodismo/política es uno de los efectos problemáticos de la mediatización. Supone una disputa en el nivel de la gestión de las identidades colectivas, e implica la intervención sobre el principio formal de la representación en el sistema democrático: el periodismo es una institución que suele asumirse como representante, sin estar sujeto a las responsabilidades que emergen de un contrato de representación. Ese "hablar en nombre de" es un fenómeno complejo, no atribuible al capricho de un individuo, o a una deformación profesional. En esa línea, proponemos considerar la tesis de Latour, para quien ese "hablar en nombre de" es un principio de politicidad presente en todos los discursos sociales.