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Los tribunales tutelares de menores surgieron a principios del siglo XX con el principal propósito de crear un sistema especializado que apartara a los menores de la justicia penal ordinaria. El objetivo fue crear un espacio diferente que permitiera darle un sentido educativo al castigo juvenil y de acuerdo con unos procedimientos adaptados para sus jóvenes destinatarios. El interés del menor se ha erigido siempre en el principio rector de todas las intervenciones y durante décadas se han ido desarrollando marcos legislativos, fundamentalmente desde instancias supranacionales, que han hecho posible el desarrollo y la consolidación de este sistema especializado. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la adaptación al menor que se ha ido realizando en los sistemas de justicia juvenil ha ido modificándose; y el sentido de lo que significa un sistema adaptado al menor no es lo mismo hoy día que cuando se constituyeron los primeros tribunales tutelares. En este trabajo se presenta esa transformación histórica que permitirá comprobar no sólo cómo ha cambiado el modelo de justicia de menores y la finalidad que se le otorga al castigo juvenil, sino también la evolución del concepto infancia que se ha producido en la sociedad. Juvenile courts emerged at the beginning of the 20th century to separate juvenile offenders from adult criminal courts. The objective was to create a different space to provide an educative punishment and to develop procedures adapted for young people. The best interest of the child, promoted by international institutions, has been the main principle which guides all interventions involving children and young people. However, over the time we have seen that these adaptations have changed, and the meaning of the system which are adapted to the young people is different today than in the first juvenile courts. In this paper this historic transformation is featured, and it is shown how the model of the juvenile justice, the purpose of the juvenile punishment and the concept of childhood have changed through the time.

Cuando en el año 2000 se publicó la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se presentó como el texto definitivo que habría de devolver la estabilidad al ámbito de la política criminal española de jóvenes y menores. Sin embargo, cuando está a punto de acabar el año en el que se celebran los cinco años de vigencia de la Ley, se ultima la que es ya la cuarta reforma que el sistema de justicia de menores español ha sufrido desde entonces. Tal y como se pone de manifiesto en este artículo, aunque los datos oficiales sobre delincuencia juvenil no evidencian un aumento significativo de las cifras, el legislador, tal y como ha declarado en el Proyecto de Ley, sí lo cree y con la intención de frenar ese aumento ha previsto modificaciones legislativas. Esos cambios han supuesto la adopción de nuevos criterios para la aplicación de las medidas y la incorporación definitiva de la víctima a un sistema que debería estar presidido exclusivamente por el interés del menor. Por otra parte, los resultados de la aplicación práctica de la Ley presentados en este artículo permiten concluir que las tendencias están cambiando y que la práctica judicial durante estos cinco años ha acabado contaminándose del clima más punitivo que parece prevalecer en toda la política criminal del país.

A lo largo de los últimos años, en numerosos puntos de la geografía mundial la insatisfacción ciudadana con el sistema de justicia parece haberse convertido en una constante, más acentuada aún si cabe en el caso de instituciones alejadas de la cotidianidad de la ciudadanía como son los tribunales penales. Dado el importante papel que ha mostrado la confianza en la configuración de expectativas ciudadanas que permiten estimular la cooperación y el cumplimiento voluntario de la Ley, su restitución se ha instalado como un tema prioritario en la agenda política de los gobiernos de la mayoría de los países. A pesar de ello, en el ámbito europeo aún es muy escaso el conocimiento que se tiene acerca de las bases y el comportamiento de la confianza en los tribunales penales. El presente estudio, empleando la base de datos la Quinta Edición de la Encuesta Social Europea (2010-2011) propone y valida, mediante la técnica del Análisis Factorial Confirmatorio, una escala de medición de la confianza en los tribunales partiendo de los componentes que la evidencia empírica ha otorgado un mayor peso en la configuración de esta, permitiendo proporcionar un índice que muestra los diferentes niveles de confianza en la justicia de los distintos países europeos. Over recent years, in many parts of the world geography public dissatisfaction with the justice system seems to have become a constant, even if it is more pronounced in the case of remote institutions of everyday life of citizens as are the courts penalties. Given the important role that has shown confidence in shaping citizens' expectations that allow cooperation and encourage voluntary compliance with the law, restitution is installed as a priority issue on the political agenda of governments of most countries. However, in Europe there is still very little knowledge about the basis and behaviour of the confidence in the criminal courts. The present study, using the database from the Fifth Edition of the European Social Survey (2010-2011) proposed and validated through confirmatory factor analysis technique, a scale measuring confidence in the courts based on the components that empirical evidence has given greater weight in this configuration, allowing to provide an index showing the different levels of confidence in the justice of the European countries.

El estudio de las actitudes públicas hacia el castigo de los menores infractores se ha instituido en uno de los ámbitos de investigación más destacados y prósperos de la Criminología. Sus principales hallazgos han constatado el desconocimiento que caracteriza a la población en lo referente al funcionamiento del sistema de justicia juvenil. Por ello, el presente trabajo tiene como objeto analizar el efecto de la información en las actitudes retributivas y las percepciones relativas a la jurisdicción de menores. Para ello, se ha implementado un diseño cuasi-experimental con grupo de tratamiento y grupo de control, en el municipio de Talavera de la Reina. Los resultados alcanzados, consistentes con la investigación comparada, evidencian que la opinión pública se encuentra supeditada a la cantidad y la calidad de la información de que dispone la comunidad, corroborando que cuanto mayor es el conocimiento ciudadano en esta materia, menores son las actitudes punitivas y los juicios desfavorables hacia el sistema judicial juvenil. Igualmente, los datos resultantes reafirman la naturaleza compleja y multifacética de las actitudes, mediadas por una multiplicidad de factores interdependientes, documentada, con profusión, en las aproximaciones empíricas internacionales.

Cuando en el año 2000 se publicó la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se presentó como el texto definitivo que habría de devolver la estabilidad al ámbito de la política criminal española de jóvenes y menores. Sin embargo, cuando está a punto de acabar el año en el que se celebran los cinco años de vigencia de la Ley, se ultima la que es ya la cuarta reforma que el sistema de justicia de menores español ha sufrido desde entonces. Tal y como se pone de manifiesto en este artículo, aunque los datos oficiales sobre delincuencia juvenil no evidencian un aumento significativo de las cifras, el legislador, tal y como ha declarado en el Proyecto de Ley, sí lo cree y con la intención de frenar ese aumento ha previsto modificaciones legislativas. Esos cambios han supuesto la adopción de nuevos criterios para la aplicación de las medidas y la incorporación definitiva de la víctima a un sistema que debería estar presidido exclusivamente por el interés del menor. Por otra parte, los resultados de la aplicación práctica de la Ley presentados en este artículo permiten concluir que las tendencias están cambiando y que la práctica judicial durante estos cinco años ha acabado contaminándose del clima más punitivo que parece prevalecer en toda la política criminal del país ; The 5/2000 Act that regulates the penal responsibility of juveniles was published the 12 of January 2000. This Act was presented as the definite text that could rend stability to the juvenile Spanish criminal policy. Nevertheless, after five years we are contemplating its fourth reform. Although there is no evidence of any significant increment in the official data of juvenile delinquency, the legislator tries to stop a fictitious rise of this kind of behaviour with the proposal of new legal modifications. These modifications mean to use new criteria to apply the measures and the definite incorporation of the victims to a system that should be prevailed exclusively by the minor's interest. Looking at the practical application of the law, showed in this paper, we could conclude that tendencies are changing, and that the judicial practice during the last five years has become contaminated by the more punitive climax that is pervading the criminal policy of the country

Although the juvenile justice system in Spain emerged at the beginning of the 20th century, in accordance with the general movement at that moment in the Western world, the distinctive circumstance of the Franco dictatorship (1939 to 1975) meant that Spain maintained a tutelary approach while things were changing in the rest of the Western world. Spain presently has a criminal responsibility law for juveniles, Organic Law 5/2000 of January 12, which came into effect January 13, 2001 at a moment when criminal justice policy in general and juvenile justice policy in particular were in crisis. Although the law initially was conceived as a progressive law, the end result, after some criminal justice policy decisions, was the minimizing of some of the fundamental principles of law. Spain, in this sense, has embraced a much more repressive approach, paralleling new trends elsewhere in the Western world.

Data related to young offenders are various and numerous but in Spain are not available many times. Consequently, the author cautions about the analysis of this class of criminal offenses given the metodological problems and sucesive legislative changes. In addition, the interpretation of these official statistics should be done taking into account these changes . The use of other alternative sources should allow understanding some of the informations included in official statistics about this type of delinquency.

El sistema de justicia penal juvenil ha sido objeto de una profunda transformación mediante la aprobación en la última legislatura de la L.O. 5/2000 de Responsabilidad penal de los menores. Cualquier legislación que pretenda ser efectiva debe tener muy en cuenta la realidad social sobre la que pretende incidir, lo que no es seguro que se haya atendido en este caso. El trabajo que en este número del Boletín Criminológico se presenta abarca esa realidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,dándonos a conocer la magnitud del problema de los jóvenes y menores infractores de la norma penal, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Es de lamentar el escaso número de investigaciones sobre esta problemática en las diferentes Comunidades autónomas, carencia que resulta especialmente clara en Andalucía. De ahí que resulte de interés dar a conocer las investigaciones disponibles.

El sistema de justicia penal juvenil ha sido objeto de una profunda transformación mediante la aprobación en la última legislatura de la L.O. 5/2000 de Responsabilidad penal de los menores. Cualquier legislación que pretenda ser efectiva debe tener muy en cuenta la realidad social sobre la que pretende incidir, lo que no es seguro que se haya atendido en este caso. El trabajo que en este número del Boletín Criminológico se presenta abarca esa realidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dándonos a conocer la magnitud del problema de los jóvenes y menores infractores de la norma penal, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Es de lamentar el escaso número de investigaciones sobre esta problemática en las diferentes Comunidades autónomas, carencia que resulta especialmente clara en Andalucía. De ahí que resulte de interés dar a conocer las investigaciones disponibles.