Personeros del gobierno actual y aliados al mismo, impulsan una campaña en contra de Roberto Rubio, nuestro director ejecutivo y representante de Transparencia Internacional en El Salvador. Esta campaña se ha arreciado en las últimas semanas, con la conformación de la Comisión Legislativa creada para investigar sobresueldos a funcionarios públicos, y en las últimas horas a raíz de las declaraciones del expresidente Saca y de su secretario privado, Elmer Charlaix frente a dicha comisión. Ante tal campaña difamatoria, la FUNDE se manifiesta en este comunicado.
El comunicado anota que la Asamblea Legislativa de El Salvador este día ha decidido destituir a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, dejando así sin efecto el sistema democrático de pesos y contrapesos, suprimiendo el último reducto de control legal y político vigente en el país; FUNDE, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional hace un llamado a la comunidad internacional a fin de que se proteja la independencia judicial y se salvaguarden las garantías constitucionales de los salvadoreños.
La actual Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó, sin fundamentos y sin el debido proceso, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, lo cual ha sido calificado, a nivel nacional e internacional, como un golpe a la institucionalidad democrática. Al respecto, a partir de un comentario vertido por el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE, una diputada del partido Nuevas ideas interpuso una demanda ante la Fiscalía General, acusándolo de amenazas; esta acción es una muestra clara de intolerancia y de querer silenciar cualquier voz que resulte incómoda. La fundación advierte que con esta acción se pretende criminalizar la crítica ciudadana, con lo que se limitaría el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
El día de ayer, 5 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la "Ley para el uso de productos para tratamiento médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19". Esta Ley, propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, por medio del Ministro de Salud, Francisco Alabí, tiene como objetivo evadir investigaciones sobre compras irregulares, realizadas para la atención de la emergencia fuera del marco legal de adquisiciones. La aprobación de esta ley se suma a otras acciones reprochables que se han visto desde el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos días, que erosionan el acceso a la justicia y promueven la impunidad, lo cual afecta los derechos y la calidad de vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ninguna emergencia debe utilizarse como excusa para la creación de normas que faciliten la corrupción y que perpetúen la impunidad.
Anota este comunicado que la decisión tomada por la Fiscalía General de la República (FGR), para finalizar la cooperación técnica e investigativa con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), y su intención de solicitar a Cancillería la terminación del convenio con la OEA, representa un nuevo retroceso en la lucha contra la corrupción por parte del estado salvadoreño.
Tres señalamientos presenta la Fundación Nocional para el Desarrollo, como capítulo nacional de Transparencia Internacional en El Salvador, ante la publicación de la denominada "Lista Engel" por el gobierno de los Estados Unidos en la que se señalan funcionarios y ex funcionarios del actual Órgano Ejecutivo, miembros o militantes de los principales partidos políticos, así como empresarios.
FUNDE, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, presentó ante la Comisión Interamericana na de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de que el Estado salvadoreño adopte las medidas de protección urgentes y necesarias a favor de las personas que se encuentran varadas en el exterior y puedan regresar a El Salvador, con el fin de garantizar su vida, su salud, su libertad e integridad personal. La CIDH ha requerido información urgente al Estado salvadoreño sobre la situación de dichas personas varadas en el exterior.
Como Capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que, durante el presente año, el Órgano Ejecutivo ha dejado entrever de forma sistemática su rechazo a la rendición de cuentas y la falta de compromiso con la transparencia. Este comportamiento, en el contexto de la pandemia por COVID -19, incluye graves irregularidades como compras a familiares de Ministros y políticos afines, compras de insumos con sobreprecios, compras a empresas de dudosa procedencia, así como otras acciones ilegales y ataques a instituciones de control –como la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República- o la negativa a la entrega de información pública a la ciudadanía y otras entidades fiscalizadoras.
El Estado salvadoreño ha mostrado señales de retroceso con el compromiso que debe tener para garantizar el ejercicio del Derecho al Acceso a la Información Pública (DAIP) a los salvadoreños. Los tres Órganos de poder han impulsado o permitido acciones que constituyen amenazas a la transparencia, la rendición de cuentas y contraloría social. En este comunicado la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, señala algunas evidencias de este retroceso, por lo que hace un llamado a todos los entes obligados, al Órgano Legislativo y al Órgano Ejecutivo y en especial a la Presidencia de la República.
Posicionamiento de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, ante el desconocimiento de la autoridad de la Sala de lo Constitucional por parte del presidente de El Salvador; asimismo, invita a los tres órganos del Estado, en especial al Ejecutivo, a fomentar el diálogo y la concertación.
Este comunicado anota que la mayoría de los Decretos Ejecutivos emitidos en El Salvador durante los últimos meses carecen de fundamento legal. El día de ayer, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales una serie de Decretos Legislativos y Ejecutivos. Desde la Fundación Nacional para el Desarrollo, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, reconocen y respaldan el trabajo que está realizando dicha Sala de lo Constitucional para proteger la dignidad y derechos humanos de la población, aplicando las garantías que la Constitución establece, ya que superar esta emergencia por la pandemia por COVID-19 es un deseo de toda la población salvadoreña. También, en este comunicado la Fundación presenta varios señalamientos al respecto.
El documento destaca elementos fundamentales a los que debe prestarse atención para fortalecer efectivamente a la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual requiere contemplar medidas de corto, mediano y largo plazo. Se han definido cuatro grandes áreas que requieren diferentes acciones para fortalecer el trabajo de la FGR, siendo éstas: 1. Herramientas para la investigación fiscal y persecución del delito; 2. Estabilidad, protección y fortalecimiento del talento humano; 3. Fortalecimiento de la gestión estratégica institucional; y 4. Garantías a víctimas, testigos y denunciantes. Además es importante tener en consideración otros aspectos o medidas que, aunque dependen en buena parte de actores externos a la Fiscalía, son esenciales para coadyuvar al fortalecimiento de la institución, éstos son: (a) Mejorar el proceso de designación del titular de la institución y revisar el período de gestión del Fiscal General, (b) Fortalecer el sistema de justicia promoviendo la depuración policial y depuración de los operadores de justicia, (c) Contar con mecanismos de participación que permitan la observación de la ciudadanía y que promuevan la rendición de cuentas, y (d) Optimizar la coordinación interinstitucional para lograr una acción articulada y más efectiva en la aplicación de la ley. A manera de conclusión podemos afirmar que el fortalecimiento de la FGR requiere tomar en consideración múltiples elementos y factores, pero también el involucramiento de diversos actores. Los cuatro puntos expuestos en este documento de trabajo aspiran ser una guía para ampliar la discusión sobre este importante tema, recogiendo aspectos que se han planteado a lo largo de los años en incontables ocasiones y en diferentes espacios.
Sobre la aprobación del Presupuesto General del Estado salvadoreño para 2020, este comunicado, entre otros, indica que los diputados deben discutir con mayor detenimiento el marco macroeconómico que lo sustenta.
Conferencia de prensa de FUNDE, capítulo nacional de Transparencia Internacional, en donde se presentaron algunas reflexiones y recomendaciones para la nueva Asamblea Legislativa, con el fin de fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción desde el primer Órgano del Estado. Se plantean propuestas relacionadas con las principales funciones de la Asamblea Legislativa, la administración de recursos en esta entidad y la conducta de quienes han sido designados para fungir como diputados. Uno de los principales retos que tienen los legisladores es el de dignificar el rol y el trabajo legislativo, el cual día a día pierde credibilidad y confianza entre la ciudadanía. Superar esto reclama apertura y transparencia de cada diputado, demostrando con sus acciones que trabajan para el pueblo que los eligió, respondiendo a sus necesidades y no a las de un determinado grupo o sector de interés.
En este comunicado de prensa, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, ante las recientes denuncias de espionaje en diferentes instituciones, informa que el día 16 de enero de 2017 detectó un dispositivo de audio telefónico en sus instalaciones. Asimismo, indica que las autoridades tienen el deber de investigar y castigar como manda la ley a los responsables de las escuchas ilegales. De no hacerlo se estaría enviando un mensaje de impunidad, abriendo la puerta para nuevas y más agresiones en contra de la sociedad civil. Por lo que, solicita a la Fiscalía General de la República de El Salvador una profunda investigación de lo que apunta ser una práctica extendida de espionaje a la sociedad civil organizada.
