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<p>De acuerdo a las tesis de Costas Douzinas, los conceptos de ley y derechos humanos resultan ser categorías contradictorias. La ley, en la modernidad, trata de justificar un proyecto de violencia para evitar la ira divina. Los derechos humanos, por su parte, parecen asentarse en una interpretación del mensaje de compasión y caridad del evangelio. La primera es una interpretación ideológica de los textos bíblicos; la segunda, una interpretación más asentada en los cuestionamientos de la antropología filosófica por el ser, la razón del ser y la búsqueda de la verdad. Este artículo propone, a la luz de los interrogantes de Costas Douzinas y René Girard, entre otros, una lectura que sugiere una respuesta que puede resultar riesgosa a esta contradicción. El riesgo consiste en que la manera de ver la ley como expresión del moderno Estado de derecho<br />entra en crisis. Los procesos de expresión de la violencia moderna advertirán esto. El protagonista detrás del telón que se revela en el escenario del derecho no es la ley, sino la víctima del sacrificio. Esto amenazará la sostenibilidad del derecho como un sistema científico cerrado y coherente.</p>

La primera parte de esta investigación, publicada anteriormente, planteó la tensión histórica, como marco de la evolución de la política pública en educación en Colombia. Esta segunda parte contextualizará la crisis que afrontan los modelos educativos, como resultado de la contradicción que surge cuando se habla de modelos de desarrollo y modelos decrecimiento económico, como resultado de esa tensión histórica. Para desarrollar esta idea, el primer punto parte de la tesis de Amartya Sen sobre los bienes semipúblicos como respuesta a las crisis económicas en política educativa, que se materializan en las acciones afirmativas en educación de mujeres y niños. El segundo punto analizará los resultados en inversión en políticas educativas en el mundo, como el fomento para la ruptura de las brechas de segregación y las tasas de mortalidad. En la tercera parte, se hará una descripción de los principales retos que elproyecto educativo afronta desde la prevalencia de la postura del modelo de crecimiento, fortalecido por las reformas del siglo XXI. Al final, se arrojarán unas conclusiones generales de la investigación.

La presente investigación se divide en dos partes y gira en torno siguienteinterrogante: ¿cómo la educación puede modificar las perspectivas de vida en una sociedad? La primera parte, que integra el presente artículo, se divide en dos partes esenciales. La primera propone un recuento histórico sobre el estado de cosas de la educación en Colombia. La segunda abordará el problema sobre la naturaleza de la educación. A partir de aquí, se dejarán planteadas unas conclusiones sobre el contexto histórico de la educación como política pública.

With the entry in force of the Political Constitution of Colombia of 1991, the economic regime and the public property of the country took a new configuration, therefore, is necessary begin with new parameters for his studies. This paper, is in broad strokes, an attempt to define or at least to visualize the causes and the effects that these new competitions have brought for which it is our constitutional ordering and his relation with the forces of the economy, in special, whit the competitions to the prescribed and regulating (similar concepts, but non equal competitions) of Central Bank. This, from the specialized perspective of the activity exchange, but that to analogical way (beginning with the Law 31 of 1992 and the constitutional theory of the general laws) is interpretable and applicable for the rest of competitions of the Central Bank in the Colombian State. ; Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, el régimen económico y de la hacienda pública del país tomó una configuración diferente, por ende, se debe partir de nuevos parámetros para su estudio. Este artículo,intenta definir o por lo menos visualizar las causas y los efectos que la nueva normativa aportó y su relación con las fuerzas de la economía, en especial, con las competencias reglamentarias y reguladoras (conceptos similares, pero no iguales competencias) de la Junta Directiva del Banco de la República. Esto, desde la perspectiva especializada de la actividad cambiaria, pero que a modo analógico (partiendo de la Ley 31 de 1992 y de la teoría constitucional de las leyes generales) resulta interpretable y aplicable para el resto de competencias asignadas a la Banca Central en el Estado colombiano.