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El pasado mes de junio de 2008 se llevó a cabo una polémica reforma constitucional a diversos artículos, destacando, no por su progreso jurídico, por todo lo contrario, aspectos que reducen el ejercicio de las libertades fundamentales. Debo precisar que no toda la reforma en comento es negativa, pero en este espacio dedicaré algunas reflexiones al ámbito de aquella que me preocupa y que someto a consideración del lector; el arraigo y los registros domiciliarios sin orden judicial merecen especial tratamiento[1], mismos que ya habían sido tratados por el Pleno y la Primera Sala, respectivamente, de la Suprema Corte mexicana, declarando la inconstitucionalidad, en su momento, del primero, y la constitucionalidad del segundo, aún en contravención de la carta fundamental; ello me obliga a exponer desde el ángulo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del derecho comparado algunos aspectos del debido proceso y de las garantías constitucionales (amparo y hábeas corpus), instituciones que han sufrido severas envestidas, ya sean legislativas o jurisprudenciales por parte de los órganos constitucionales nacionales, que progresivamente van incorporando como política criminal el Derecho penal del enemigo, cuya práctica judicial puso en marcha la Corte Suprema norteamericana, discriminando quién es titular de la garantía de hábeas corpus . Debemos estar atentos en la vigencias de nuestras libertades[2] aún en las situaciones más extremas de nuestros tiempos.[1] Aún cuando éste no logró introducirse en la reforma constitucional sí lo hizo en la constitución paralela de la Suprema Corte de México.[2] Cole, David y Dempsey, James X., Terrorism and the Constitution. Sacrificing civil liberties in name of national security, USA, The New Press New York, 2002, pp. 91 y ss.

El proceso contencioso-administrativo constituye una garantía jurisdiccional directa de los derechos humanos frente a los poderes de la administración pública, y en cierta medida frente a los poderes legislativos cuando se inaplican porciones normativas de aquellos ordenamientos aprobados por dichos órganos políticos. Dicho medio de control guarda una profunda cercanía respecto al proceso constitucional de amparo, ya que ambos recursos judiciales tienen una semejanza en los accesos ante los tribunales por parte de los ciudadanos.El Derecho procesal administrativo se ha nutrido de importantes consideraciones doctrinales y jurisprudenciales a lo largo de los años. Fruto de lo anterior es la construcción de un nuevo régimen jurídico de la citada garantía, que permita a nuestros países hermanos adoptar ideales comunes plasmados en el Código Modelo de procesos administrativos-judicial y extrajudicial -para Iberoamérica.