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La delicada situación que está atravesando la legislación civil estatal, muy desatendida por quienes tienen la capacidad de ponerla al día y de cuidar su coherencia y su modernización, lleva a la autora a hacer una llamada de atención sobre la necesidad de cambiar el rumbo, dando al Derecho civil la importancia que merece.

En este trabajo la autora realiza una primera aproximación a la STC 132/2019, de 13 de noviembre, que resuelve el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno contra los artículos 3, 4 y 9 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se trata, probablemente, de la más importante entre las dictadas hasta ahora por el máximo intérprete de la Constitución en relación con uno de los preceptos que durante más de cuarenta años se han revelado más difíciles: el artículo 149.1.8.ª CE. Las complejas reglas contenidas en este precepto han derivado en una jurisprudencia constitucional vacilante y tortuosa, en la que pocas cosas parecen claras. La sentencia que nos ocupa, a pesar de que por vez primera aborda de manera directa uno de los temas más espinosos del precepto, cual es el de buscar el significado y alcance de las bases de las obligaciones contractuales a las que se refiere en su segunda parte, no parece que vaya a contribuir a esa clarificación. Muy al contrario, el mal disimulado apartamiento por parte de esta de los criterios seguidos por la mayoría de sus precedentes en otras cuestiones imprescindibles para la inteligencia de la norma, unido a las vacilaciones sobre las aludidas bases, así como el sorprendente resultado al que conduce la decisión, hacen prever que no estamos ante el puerto de amarre definitivo del barco que lleva la distribución de competencias legislativas en materia de legislación civil, para el que se sigue sin adivinar un rumbo seguro.

En este trabajo la autora realiza una primera aproximación a la STC 132/2019, de 13 de noviembre, que resuelve el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno contra los artículos 3, 4 y 9 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se trata, probablemente, de la más importante entre las dictadas hasta ahora por el máximo intérprete de la Constitución en relación con uno de los preceptos que durante más de cuarenta años se han revelado más difíciles: el artículo 149.1. 8.ª CE. Las complejas reglas contenidas en este precepto han derivado en una jurisprudencia constitucional vacilante y tortuosa, en la que pocas cosas parecen claras. La sentencia que nos ocupa, a pesar de que por vez primera aborda de manera directa uno de los temas más espinosos del precepto, cual es el de buscar el significado y alcance de las bases de las obligaciones contractuales a las que se refiere en su segunda parte, no parece que vaya a contribuir a esa clarificación. Muy al contrario, el mal disimulado apartamiento por parte de esta de los criterios seguidos por la mayoría de sus precedentes en otras cuestiones imprescindibles para la inteligencia de la norma, unido a las vacilaciones sobre las aludidas bases, así como el sorprendente resultado al que conduce la decisión, hacen prever que no estamos ante el puerto de amarre definitivo del barco que lleva la distribución de competencias legislativas en materia de legislación civil, para el que se sigue sin adivinar un rumbo seguro. ; In this paper the author makes a first approach to the STC 132/2019, of November 13th. The Constitutional Court judgement ruled on the appeal filed by the President of the Government against articles 3, 4 and 9 of the Law of the Parliament of Catalonia 3/2017, of 15 February, of the sixth book of the Civil Code of Catalonia, relating to obligations and contracts, and ...

El trabajo aborda una vez más el aparentemente irresoluble problema del futuro del Derecho civil español desde el punto de vista de su estructura territorial. La controvertida línea que señala el art. 149.1.8ª de la Constitución se presenta hoy más borrosa que nunca. Ni la actuación de los legisladores estatal y autonómicos, ni las últimas sentencias emanadas del Tribunal Constitucional contribuyen a su clarificación. La postura de la autora pasa por un cambio de rumbo, que, en último término, puede exigir una reforma constitucional ; This paper deals, once again, with the apparently insolvable problem of the future of the Spanish Private Law from the point of view of the territorial configuration. The controversial line pointed out by art. 149.1.8ª of the Spanish Constitution is becoming increasingly blurry. Neither the State nor Autonomous legislators, nor the latest Constitutional Court decisions, contribute to its clarification. The author's position contemplates a change of course that, ultimately, may require a constitutional reform ; Este trabajo se inscribe en la ejecución del Proyecto de Investigación [Ref. DER2016-77190-R]: «Balance de 38 años de plurilegislación civil postconstitucional: situación actual y propuestas de futuro», subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER. ; SI

Jornades de Dret Català a Tossa (15es: 2008: Tossa de Mar, Catalunya) ; La nueva regulación catalana contenida en el Título III del Libro IV del Código civil de Cataluña, rubricado "La sucesión contractual y las donaciones por causa de muerte" y, más en concreto, en las disposiciones generales sobre los pactos sucesorios (Capítulo I, Sección primera) presenta muchos puntos de interés que reclaman un estudio pausado destinado a producir, sin duda, ricos resultados doctrinales. En espera de ellos, esta contribución se va a limitar a resaltar algunas notas que han despertado nuestra curiosidad y nos han movido a hacer algunas reflexiones que exponemos siguiendo el orden del propio texto legal

Ponencias del Congreso Internacional. Santiago de Compostela, 2-4 de octubre de 2003