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El dinero que se dirige a la financiación de los partidos y las campañas electorales se regula en las democracias para prevenir la corrupción quid pro quo y para que las desigualdades económicas no se trasladen a la política. Este artículo aborda la lógica de la regulación de esa clase de dinero y propone medidas que reducen los costes de información y agencia que comporta la representación política. El artículo tiene tres propósitos. El primero es exponer los problemas de la financiación política en el lenguaje de la teoría de la regulación económica. El segundo, mostrar que los medios de que disponen los reguladores sólo permiten alcanzar parcialmente los objetivos buscados. El tercero, la defensa de que las medidas más prometedoras para limitar la influencia del dinero político son la publicidad de las contribuciones a los partidos y candidatos y los techos al gasto electoral.

Los partidos políticos se enfrentan a un dilema en la regulación del dinero político. Diversas pruebas indican que algunos partidos exigen contribuciones por los contratos y las ventajas especiales que conceden al sector privado. Sin embargo, en las reformas de la financiación política que aprueban tras los escándalos de financiación irregular, establecen límites estrictos a las donaciones políticas de las empresas para agradar a los votantes. Un modo de resolver esta aparente contradicción sin renunciar a su capacidad de monetizar el poder político es insertar en las leyes de reforma escapatorias y excepciones para eludir las restricciones formales impuestas a las donaciones a los partidos. Este artículo examina tres reformas sucesivas de la financiación política en España y encuentra en ellas disposiciones compatibles con esta lógica de preservación de ingresos.

En este artículo utilizamos el método de simulación contrafáctica para estimar los votantes estratégicos de Izquierda Unida en las tres últimas elecciones generales españolas. Los votantes estratégicos a los que nos referimos son aquellos que, pese a tener a Izquierda Unida como primera preferencia política, votaron al Partido Socialista Obrero Español. El método de simulación contrafáctica consiste en examinar cómo varía la probabilidad de voto a una candidatura al modificarse las condiciones de la circunscripción en la que se vota. Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que el desplome electoral y parlamentario de Izquierda Unida durante la última década puede atribuirse en buena medida al comportamiento estratégico de sus seguidores.

Aunque es admitida la importancia que tiene la financiación legal de los partidos políticos para el buen funcionamiento de la democracia representativa, es una práctica frecuente recurrir a la financiación irregular. En las dos últimas décadas se han detectado numerosos casos de financiación ilegal en todo el mundo. Aunque la magnitud de las tramas ilegales difiere de unos países a otros, su conocimiento por el público ha propiciado que la mayoría de los países emprendieran reformas en las leyes que regulan la financiación de los partidos. La primera sección de este artículo describe los rasgos más destacados que tiene la financiación legal de los partidos en un buen número de países con democracias consolidadas. En las secciones segunda y tercera se exponen por separado los argumentos en favor de la financiación pública y privada. En las conclusiones sugerimos que los partidos pueden utilizar la reforma de las leyes de financiación para reconquistar la confianza de los votantes

Desde la aprobación de la ley electoral en 1985 las disposiciones sobre la financiación de las campañaselectorales se modificaron dos veces en la primera mitad de los años noventa. Los partidos políticosque promovieron los cambios los justificaron por razones de equidad y de control del gasto públicoen un período de recesión económica. Pero los utilizaron principalmente para alcanzar otros finesno declarados, como resolver sus problemas financieros trasladando los costes de las campañas al presupuestopúblico y mejorar su credibilidad, dañada por los escándalos de financiación irregular de losque dieron cuenta los medios de comunicación de la época. Un importante logro de las reformas fueestablecer un techo efectivo al gasto electoral. En nuestra opinión, esto no habría sido posible antesporque desde la restauración de la democracia los partidos se encontraban atrapados en un dilema delprisionero, en el que el control del gasto era una estrategia dominada. Pero en los primeros añosnoventa los dos partidos mayoritarios en el parlamento, enfrentados a preocupantes deudas electoralesy votantes descontentos con sus operaciones financieras, utilizaron las reformas de la financiaciónelectoral como un mecanismo de coordinación para alcanzar un equilibrio eficiente de Pareto.

This article empirically investigates the impact of globalization on voting behavior. Specifically, combining individual-level data from the first nine waves of the European Social Survey, party-level information from the Comparative Manifesto Project, and country-level data from Eurostat, we study the individual determinants of the vote for trade protectionist parties. Our findings show, firstly, that protectionist parties mainly receive electoral support from less-educated voters, unemployed individuals, and members of labor unions. Secondly, we test the compensation principle using a macro measure of a country's compensation potential and find, contrary to expectations, no significant evidence that a greater potential to mitigate the labor market adjustment costs resulting from economic openness deters the propensity to vote for protectionist parties in national elections.

This paper analyses which districts are targeted by Spanish political parties in their electoral campaigns. We find that the major Spanish parties - PP and PSOE - mobilise districts where they are more likely to win a new seat or are in danger of losing one they already hold. The predicted closeness of the district race is more relevant in the smallest districts. We also find that Spanish parties mobilise their strongholds. We suggest that, apart from the pure office-seeking strategies, political finance motivations might also play a role in the mobilisation choices made by Spanish party elites.

The literature on strategic voting has provided evidence that some electors support large parties at the voting booth to avoid wasting their vote on a preferred but uncompetitive smaller party. In this paper we argue that district conditions also elicit reactions from abstainers and other party voters. We find that, when ballot gains and losses from different types of responses to the constituency conditions are taken into account, large parties still benefit moderately from strategic behaviour, while small parties obtain substantial net ballot losses. This result stems from a model that allows for abstention in the choice set of voters, and uses counterfactual simulation to estimate the incidence of district conditions in the Spanish general elections of 2000 and 2008.

This paper studies changes in voting preferences over election campaigns. Building on the literature on spatial models and valence issues, we study whether (1) ideological distance to political parties, (2) assessments of party competence to handle different policy issues, and (3) voter-updated candidate evaluations are factors that explain shifts in voter choices in the weeks preceding the election. To test our hypotheses, we use data from three survey panels conducted for the 2008, 2011 and 2015 Spanish general elections. Our findings show that valence factors are more influential than ideological indifference to account for campaign conversion. ; We thank the journal's editors and reviewers for helpful comments. We are grateful to the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness for financial support through grant CSO2013-40870-R.

This paper analyses which districts are targeted by Spanish political parties in their electoral campaigns. We find that the major Spanish parties - PP and PSOE - mobilise districts where they are more likely to win a new seat or are in danger of losing one they already hold. The predicted closeness of the district race is more relevant in the smallest districts. We also find that Spanish parties mobilise their strongholds. We suggest that, apart from the pure office-seeking strategies, political finance motivations might also play a role in the mobilisation choices made by Spanish party elites. ; We would like to acknowledge the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness for its financial support through the project 'Comportamiento electoral y políticas públicas' [Reference: CSO2013-40870-R].