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En el presente documento se reflexiona sobre la conveniencia de introducir, en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Estados terceros, una cláusula que expresamente califique como elemento esencial del tratado aspectos de protección ambiental. En este ámbito, la práctica relativa a la cláusula democrática —que presenta ya un largo recorrido en la adopción de tratados comerciales— supone un antecedente que ayuda a valorar las posibles ventajas y límites de la utilización de este tipo de disposiciones. A lo largo del trabajo, se utiliza como caso de estudio el acuerdo sobre comercio e inversiones concluido en 2019 entre la Unión Europea y el Mercosur, el cual supone un caso particular, a la vez que paradigmático, en el que la pregunta sobre la oportunidad de una cláusula sobre elementos esenciales con contenido ambiental resulta de interés, e incide sobre las posibilidades de que el acuerdo pueda ser definitivamente adoptado. El análisis en torno a este acuerdo permite enunciar algunas conclusiones sobre la oportunidad de introducir este tipo de cláusula en el tratado, las cuales pueden extenderse, de forma general, a los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Estados terceros. ; This document reflects on the desirability of introducing a clause that expressly qualifying environmental protection aspects as an essential element of the European Union trade treaties. In this area, the democratic clause already has a broad implementation in the adoption of trade treaties, and provides a background which helps to assess the possible advantages and limits of the use of this type of provision. Throughout the research, the 2019 agreement on trade and investment concluded between the European Union and Mercosur is used as a case study. Of particular interest in this agreement is the question of the opportunity of an essential elements clause with an environmental content, as it affects the chances of the agreement being finally adopted. The analysis of this agreement makes it possible to draw some conclusions on the advisability of introducing this type of clause in the treaty, so that it could be of general application to the European Union's trade agreements with third countries.

La evolución del sistema de prevención y el control integrado de la contaminación muestra la búsqueda de soluciones normativas eficaces y eficientes que permitan la consecución de los objetivos ambientales al menor coste posible. El proceso del Semestre Europeo supone un nuevo contexto de gobernanza económica en el que tendrá que desarrollarse la política europea de prevención y el control integrado de la contaminación, de forma que la presente aportación pretende desarrollar algunas reflexiones sobre la relevancia de considerar este nuevo contexto de gobernanza para analizar las nuevas perspectivas normativas en este ámbito. ; The evolution of the EU integrated pollution prevention and control shows the search for effective and efficient regulatory solutions that allow the attainment of environmental objectives at the lowest possible cost. The European Semester process involves a new context of economic governance in which the EU integrated pollution prevention and control policy will have to be developed, this contribution includes some reflections on the relevance of considering this new context of governance to analyse the new regulatory prospects in this field.

En el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2018, resultan de interés para esta crónica veinte sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos relacionados con el derecho ambiental. En primer término, destaca en este periodo el número de sentencias que se produjeron como resultado de procedimientos incoados por la Comisión Europea en el marco del artículo 258 TFUE, en relación con el incumplimiento por parte de Estados miembros de actos legislativos de la Unión Europea que tienen por objeto la protección del medio ambiente. En un total de ocho sentencias, se abordó la responsabilidad de Alemania, Bulgaria, Italia, Malta y en dos casos de Polonia, por incumplimiento de diferentes normas sobre protección ambiental; así como la responsabilidad derivada del incumplimiento de sentencias anteriores en las que el Tribunal había fallado en contra de Eslovaquia, España e Italia. En todos los casos, el resultando de las sentencias fue la declaración de incumplimiento

En el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2017, cabe destacar veintiocho sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos relacionados con el derecho ambiental. Cinco de estas sentencias se produjeron como resultado de procedimientos incoados por la Comisión Europea, en el marco del artículo 258 TFUE, en relación con el incumplimiento por parte de algunos Estados miembros de actos legislativos de la Unión Europea que tienen por objeto la protección del medio ambiente. En particular, los Estados demandados en estos procedimientos fueron Francia y, en dos ocasiones, España y Grecia. El resultado en todos estos casos fue una sentencia condenatoria. Asimismo, en el período examinado el Tribunal General dictó tres sentencias en respuesta a recursos de anulación interpuestos, conforme al artículo 263 TFUE, contra actos de las instituciones y órganos de la Unión Europea adoptados en aplicación de normativa con incidencia ambiental. Aunque en los tres casos se desestimó el recurso, merece la pena incluir en esta crónica la relación de las sentencias emitidas y de los actos cuya anulación fue requerida, de forma que pueda obtenerse una visión de conjunto de la casuística de los asuntos presentados.

La Unión Europea ha desplegado una estrategia de liderazgo en el régimen internacional en materia de cambio climático, basada en la credibilidad que le otorgaba el desarrollo de su política climática interna. La posición negociadora internacional se mostraba paralela al desarrollo de políticas europeas transversales que perseguían ambiciosos objetivos climáticos, al tiempo que se estructuraba una economía hipocarbónica que pretendía no perder competitividad. En este contexto, el paquete europeo sobre cambio climático y energía ha supuesto la principal contribución de la Unión Europea al desarrollo del régimen internacional sobre cambio climático, de forma que dotaba de contenido a los compromisos europeos diseñados en el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto, y en el Acuerdo de París; y servía de modelo para el diseño de políticas nacionales con significativos objetivos de mitigación del cambio climático.

En el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2016, destacan doce sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictadas en asuntos relacionados con el derecho ambiental. Tres de estas sentencias se dictaron en procedimientos incoados por la Comisión Europea en el marco del artículo 258 TFUE, en relación con el incumplimiento por parte de distintos Estados miembros de actos legislativos de la Unión Europea que tienen por objeto la protección del medio ambiente. En particular, los Estados demandados fueron Polonia, Reino Unido y Rumanía, y en todos los casos se dictó sentencia condenatoria. Merece la pena también destacar la aportación a la interpretación de derecho ambiental de la Unión Europea realizada por una sentencia dictada en respuesta a un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque en este caso el recurso fue desestimado. En el período señalado se dictaron además ocho sentencias en respuesta a peticiones de decisión prejudicial remitidas al Tribunal de Justicia por órganos jurisdiccionales nacionales en relación con la validez o la interpretación de distintas disposiciones de contenido ambiental del derecho de la Unión Europea. Destacan por su número las sentencias relativas a la interpretación de diferentes disposiciones del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, aunque también cabe señalar otras relativas a residuos, a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y a los efectos de la razón imperiosa relacionada con la protección del medio ambiente en la eficacia de una disposición contraria al derecho de la Unión Europea.

El proceso de integración europea se ha convertido en un interesante referente a la hora de evaluar los obstáculos y límites de la aplicación jurí- dica de una perspectiva de género, ya que incorpora un sistema de Derecho Comunitario que reconoce la necesidad de una actuación trasversal para alcanzar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. El Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997 incluyó en los tratados constitutivos la obligación expresa de tener en cuenta el objetivo de la eliminación de la discriminación entre sexos en todas las actuaciones de las Instituciones comunitarias y, aunque esto fuese aclamado como un importante avance en la lucha por la igualdad, no cabe duda de que este reconocimiento también enfrentaba al sistema a nuevos desafíos.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha inaugurado una nueva fase en la delimitación y protección de los Derechos Humanos en el proceso de integración europea, y esto pese a lo accidentado de su tránsito hacia la naturaleza de instrumento vinculante. en particular, este texto ha dedicado algunos de sus preceptos a la configuración y a la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Partiendo de la proclamación de un principio general de igualdad Gorman en el artículo 20, incluido en el Título III dedicado a Igualdad, ha desarrollado distintos preceptos relacionados con la consecución de una igualdad efectiva en relación a diversos ámbitos entre los que se incluye el sexo.

La población civil inmersa en un conflicto armado en e! que se violan masivamente los derechos humanos se enfrenta con e! peligro inminente de sufrir daños y perder la vida. Las víctimas de esta situación pretenderán e! alejamiento de! origen de! sufrimiento, situándose en una zona fuera de peligro. La vía para lograr esto va a ser, frecuentemente, e! cruce de fronteras hacia los Estados limítrofes que no estén implicados en e! conflicto. En e! flujo de seres humanos que huyen, se incluirán algunos que poseen las características necesarias para obtener e! estatuto de refugiado según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951 y su Protocolo de 31 de enero de 1967, mientras que otros difícilmente podrán colarse en las estrechas definiciones de estos instrumentos y quedarán incluidos en e! concepto más genérico de desplazado"