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Objetivos: este artículo tiene como objetivo verificar cómo se está cumpliendo el derecho comunitario sobre transición energética por las comunidades autónomas (CC. AA.). Metodología: exposición de las obligaciones que impone la UE para cambiar el modelo energético; revisión de la jurisprudencia del TC sobre el cumplimiento del derecho comunitario y los títulos competenciales que habilitan a las CC. AA para esa transformación energética, para concluir con el análisis del marco normativo aprobado por el Estado y las regiones. Resultados: clarificación y sistematización del marco legal para la transición energética; las aportaciones del TC respecto a la distribución de competencias en dicha materia, y la concreción de los sectores implicados y los instrumentos de intervención más relevantes de que disponen las CC. AA. Conclusiones: corresponsabilidad estatal y autonómica en la aplicación del derecho comunitario para la transición energética; la necesidad de realizar una actuación coordinada, leal y eficiente, y la exigencia de un impulso más decidido en el uso de las energías renovables y la eficiencia energética por todas las regiones.

Este artículo analiza los novedosos conceptos de ¿comunidades de energías renovables¿ y de ¿comunidades ciudadanas de energía¿ que se recogen en las Directivas 2018/2001 sobre fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables, y 2019/944 sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad, respectivamente. Nuestro objetivo es determinar la naturaleza jurídica de estas entidades jurídicas, partiendo de la premisa de que en las mismas participe un ente local; y a la vez, clarificar el régimen jurídico de las actividades que pueden desarrollar. Por último, proponemos su intervención en el ámbito de la rehabilitación y renovación urbanas.
En definitiva, se trata de un estudio propositivo de lege ferenda sobre unas entidades que carecen de marco normativo a nivel interno, pero que España debe aprobar en un futuro inmediato.
Artikulu honek ¿energia berriztagarrien erkidegoak¿ eta ¿energiaren herritarren erkidegoak¿ kontzeptu berritzaileak aztertzen ditu, iturri berriztagarrietatik sortutako energiaren erabilera sustatzeari buruzko 2018/2001 Zuzentarauan eta elektrizitatearen barne-merkatuko arau komunei buruzko 2019/944 Zuzentarauan jasotzen direnak, hurrenez hurren. Gure helburua erakunde juridiko horien izaera juridikoa zehaztea da, horietan tokiko erakunde batek parte hartzen duelako premisa aintzat hartuta; aldi berean, gara ditzaketen jardueren araubide juridikoa argitu nahi dugu. Azkenik, hiri-birgaitzearen eta -berrikuntzaren arloan esku har dezaten proposatzen dugu.
Azken batean, lege ferenda proposamen-azterlan bat da, barne-mailako arau-esparrurik ez duten baina Espainiak etorkizun hurbilean onartu behar dituen erakundeei buruzkoa.

This article analyzes the new concepts of "renewable energy communities" and "citizen energy communities" that are included in the Directives 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, and 2019/944 on common rules for the internal market for electricity, respectively. Our objective is to determine the legal nature of these legal entities, based on the premise that a local entity participates in them; and at the same time, to clarify the legal regime of the activities that they may undertake. Finally, we put forward their intervention in the field of urban rehabilitation and renovation.
In short, it is a propositional study of lege ferenda on entities that lack a regulatory framework at the domestic level, but which Spain has to adopt in the immediate future.

El objeto de este trabajo es delimitar y concretar el significado del término transparencia aplicado a la contratación pública y despejar las dudas que plantea el sistema de fuentes con incidencia en la materia (la ley de contratos del sector público, la legislación de transparencia de 2013 y la ley de procedimiento administrativo común), proponiendo una interpretación integrada del mismo.
El concepto de transparencia en materia de contratación pública deriva de su configuración en el derecho de la Unión Europea como principio abstracto que favorece la buena gobernanza y la participación ciudadana, y que se orienta a lograr el mercado único. Pero su plasmación a nivel interno en varias normas con rango de ley exige clarificar las obligaciones que conlleva y su régimen de control, eliminando confusiones de articulación normativa.

Este trabajo analiza el régimen jurídico aplicable a los edificios de consumo casi nulo de energía y su conexión con la rehabilitación y la regeneración urbanas. Más concretamente aborda su definición conceptual y el plazo para su implementación, poniendo en conexión la regulación que al respecto realiza la Unión Europea (UE) con la normativa de transposición interna, mostrando el desajuste que se produce entre ambas.
La exigencia impuesta por la UE de que los edificios nuevos pertenezcan a esa categoría en el plazo de una década (desde 2010 a 2020), se ha visto recientemente - en el año 2018 - ampliada al disponer que el parque inmobiliario existente se transforme en edificios de consumo casi nulo de energía en el periodo que va desde 2020 a 2050. Los retos que de ello derivan para la normativa interna nos ha llevado a realizar un estudio integrado de la regulación de los edificios de escaso consumo energético, de la normativa sobre edificación y eficiencia energética y de las disposiciones sobre rehabilitación y regeneración urbanas, urbanismo y vivienda; exponiendo los principales instrumentos y medidas que deben aplicarse para lograr un parque edificado descarbonizado, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos comunitarios sobre clima y energía. Al hilo de dicha investigación se realizan propuestas de mejora del marco normativo interno.

The purpose of this work is to define and specify the meaning of the term transparency applied to public procurement and to clear the doubts posed by the system of sources with an impact on the subject (the law of public sector contracts, the transparency legislation of 2013 and common administrative procedure law), proposing an integrated interpretation of it. The concept of transparency in the field of public procurement came from its configuration in the law of the European Union as an abstract principle that benefits good governance and citizen participation, and which aims to achieve the single market. But its internal expression in several norms with the rank of law requires clarification of the obligations that it entails and its control regime, avoiding confusion of normative articulation. ; El objeto de este trabajo es delimitar y concretar el significado del término transparencia aplicado a la contratación pública y despejar las dudas que plantea el sistema de fuentes con incidencia en la materia (la ley de contratos del sector público, la legislación de transparencia de 2013 y la ley de procedimiento administrativo común), proponiendo una interpretación integrada del mismo. El concepto de transparencia en materia de contratación pública deriva de su configuración en el derecho de la Unión Europea como principio abstracto que favorece la buena gobernanza y la participación ciudadana, y que se orienta a lograr el mercado único. Pero su plasmación a nivel interno en varias normas con rango de ley exige clarificar las obligaciones que conlleva y su régimen de control, eliminando confusiones de articulación normativa.

Este estudio analiza la novedosa regulación del autoconsumo eléctrico que realiza el art. 9 de la Ley del Sector Eléctrico, poniéndola en relación con la actual regulación reglamentaria que permite su desarrollo, a la espera de la aprobación del anunciado reglamento de desarrollo de la materia. Se muestra la especial vinculación entre este modelo de generación/consumo eléctrico y la utilización de fuentes de energías renovables, en el marco de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea. Especial atención se presta al controvertido régimen económico a que se sujeta el autoconsumo, con el pago del llamado «peaje de respaldo»; y la doctrina contraria al mismo sentada por el regulador nacional de la energía y de la competencia, hoy Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Para concluir exponemos las implicaciones energéticas, ambientales y urbanísticas que inciden en el autoconsumo eléctrico, con referencia a algunas propuestas de regulación integrada de la materia que permitan fomentar su implantación y desarrollo.Sektore Elektrikoaren Legearen 9. artikuluak autokontsumo elektrikoa arautzeko duen modu berritzailea aztertzen du lan honek, eta hori garatzeko aukera ematen duten egungo erregelamendu-arauekin lotzen du hori, gaia garatzeko iragarritako erregelamendua onartu bitartean. Agerian uzten du lotura berezia dagoela elektrizitatea sortzeko/ kontsumitzeko eredu honen eta energia berriztagarrien erabileraren artean, Europar Batasuneko araudiak xedatutakoaren esparruan. Bereziki aztertzen da autokontsumoari ezartzen zaion araubide ekonomiko polemikoa, «laguntza-bidesaria» delakoa ordaintzeko beharrarekin. Bestalde, energiaren eta lehiaren arautzaile nazionalak, egun Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala denak, horren kontra ezarritako doktrina ere azaltzen da. Bukatzeko, autokontsumo elektrikoan eragiten duten inplikazio energetikoak, ingurumenekoak eta hirigintzakoak ere azaltzen ditugu, eta hori ezartzen eta garatzen lagunduko duten araudi integratuko proposamen batzuk aipatzen.This study analyzes the new regulation about the electric self-supply set forth by article 9 of the Electric sector Act linking it to the current regulatory regulation which allows its implementation, waiting to the passing of the announced implementing regulation of the subject. It shows the special correlation between this model of electric supply and the use of sources of renewable energies in the framework of the normative set by the European Union. Special attention is given to the controversial economic regime to which self supply is bound, with the payment of the back up toll; and the doctrine opposed to it established by the national regulator of energy and competition. To conclude we show the energy, enviromental and urban implications that have an impact over the electric self supply with reference to some proposals for an integrated regulation in this area that allow the promotion of its introduction and development.

En este estudio analizamos el proceso de racionalización del sector instrumental de las Administraciones públicas, pero abordándolo desde la perspectiva de los límites a los que debe someterse. Para ello partimos de la normativa reguladora de la creación, modificación y supresión de entes instrumentales, tanto de naturaleza pública como privada, en la que se recogen límites formales y sustanciales. A continuación nos referimos a los principios y fines que tiene que respetar la Administración pública cuando ejerce la potestad organizatoria respecto de sus entes instrumentales; a los hechos determinantes, la finalidad pública y los principios generales del derecho que ha de tener en cuenta la Administración cuando ejerce aquella potestad, como potestad discrecional; así como, a los principios de buena regulación que deben presidir la elaboración de las normas que dan soporte a la creación, modificación o supresión de entes institucionales.
Este encuadre regulatorio se completa con el análisis del proceso de racionalización administrativa llevado a cabo en el seno de la Administración estatal, autonómica y local, para destacar el relevante papel que en el mismo ha jugado el principio de sostenibilidad financiera y el de estabilidad presupuestaria. Como colofón tratamos la reordenación del sector público andaluz y su incidencia en el principio constitucional de igualdad, merito y capacidad en el acceso a la función pública, analizando la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo sobre el tema.

El libro Direito da Energia constituye un completo curso sobre el régimen jurídico aplicable al sector energético en Portugal. Para ello, la Prof. Da Silva no se limita a la exposición del marco normativo sino que aporta importantes datos de la realidad de este sector económico, así como, destacadas referencias al Derecho comparado (España, Francia o Alemania) que permiten obtener una completa visión de dicha regulación

Este trabajo de investigación analiza las competencias que corresponden a la Administración estatal, autonómica y local en materia de protección y fomento del patrimonio histórico y cultural, prestando especial atención a las competencias municipales; para posteriormente centrarnos en el estudio de los instrumentos de protección del patrimonio histórico andaluz, el Catálogo General y el Inventario de Bienes Reconocidos, en los que aquellas competencias se proyectan. Así, nuestro objeto de estudio son los bienes que los integran, el procedimiento de inscripción y el régimen jurídico aplicable a los titulares o poseedores de los bienes inscritos. Y todo ello, analizando no solo la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007, sino también, la normativa estatal relacionada y la jurisprudencia referente al tema.