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Debido a su baja tasa de mortalidad infantil (TMI), Cuba ha sido caracterizada como un país pobre que ha alcanzado niveles de desarrollo social muy similar al de naciones ricas. Sin embargo, este estudio muestra que la TMI reportada por Cuba no parece muy confiable. Luego de explorar una pronunciada discrepancia entre la mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz, este estudio propone un método para ajustar la TMI reportada por Cuba. Los resultados indican que la TMI ajustada puede ser el doble de la reportada. Además, la TMI ajustada, a pesar de ser menor que la de países latinoamericanos y de ingreso mediano, no es comparable a la de países desarrollados como se pensaba.

La Corte Constitucional creada por la Constitución Política de 1991, entró en actividad el 17 de febrero de 1992, desde entonces se han dado numerosos cambios en el estado y la sociedad, se materializó, una revolución jurídica muy importante en la tradición política colombiana. Ante lo anterior, es menester un balance del rol del Tribunal Constitucional colombiano como intérprete y guardián de la supremacía constitucional. Esta magna tarea, es por momentos, difícil o al menos controversial, en razón a que sus pronunciamientos definen nuevos conceptos dejando sin piso jurídico las existentes o se reafirman los actuales conceptos bajo nuevos postulados, ello ha provocado la renovación del orden jurídico, lo cual trae controversias con otros sectores del Estado e incluso con sectores de la opinión pública. ; Since February 17, 1992, when the Constitutional Court created in the Political Constitution of 1991 started activities, numerous changes have been occurring in the State and the society; a major legal revolution became visible in the midst of Colombian political tradition. Hence, a balance of the Constitutional court's role as interpreter and guardian of constitutional supremacy is considered necessary; this is the task the present article wishes to accomplish. This great duty is, at moments, difficult or at least controversial, given that its pronouncements define new concepts that may lead to legal loopholes in existent ones or bolster current concepts under new tenets, provoking a renovation in the legal order and leading to debates with other State institutions, even with public opinion

The objective of this paper is to present the main characteristics of the public employment system in Brazil, focusing on its history, scope and current coverage. It seeks to contribute to the debate on social and employment policies, especially as regards creating job opportunities that help people escape from poverty. A conceptual caveat: throughout the paper, the expression employment policies is used in a narrow sense to encompass policies whose specific objectives promote direct and explicit actions within the labour market (Barbosa and Moretto, 1998: 20). The paper therefore omits other policies that act on macroeconomic factors, labour relations, access to social security and healthcare. While these greatly influence the level and quality of employment in the economy, their actions are beyond the scope of the paper. On the other hand, regulation of certain aspects of working conditions and wages has been regarded as falling within the scope of employment policy whenever the goal of such regulation was to affect labour market outcomes directly. This includes setting a minimum wage, for example, but it excludes workplace health and safety standards. The term public employment system is reserved for the set of employment policies that are seen as acting together to ensure individuals' entry or reintegration into the labour market. The paper is divided into three parts. The first outlines the history of employment-related government policies, from the compensation scheme for newly terminated employees and supplemental pay to the design of what it known as the employment system. The second section maps out the scope of existing employment policies and points to the limitations of the public employment system as currently understood by the Brazilian government; it also presents selected indicators concerning the public system's coverage relative to the Brazilian labour market. The final section highlights a number of issues faced by the public employment system today as regards its ability to reintegrate ...

La presente investigación tiene como finalidad hacer un análisis del funcionamiento de las comisiones parlamentarias en el sistema congresional mexicano; para tal efecto se llevó a cabo el estudio del ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual basa su trabajo en órganos colegiados denominados comisiones permanentes ordinarias en donde se elaboran en primera instancia los proyectos de dictámenes o resolutivos que habrán de someterse a consideración del pleno. El funcionamiento de dichas comisiones está determinado por factores de naturaleza normativa pero también política. Lo normativo se encuentra vinculado a la necesaria racionalidad de la función legislativa y la especialización del conocimiento de los asuntos de su competencia regulados por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su respectivo reglamento, en cuanto a su integración, atribuciones y procedimientos para el desahogo de los asuntos de su competencia. De igual manera influyen factores de carácter político en el que hacer de las comisiones parlamentarias como lo es la férrea disciplina de partido que condiciona la actuación del legislador, no solamente en su participación en la asamblea plenaria sino también al interior de las comisiones de las cuales forma parte, pues padecen de una continua invasión de competencias entre ellas, lo cual incide directamente en la lentitud del trabajo parlamentario y en el descontrol de sus tareas sustantivas de fiscalización. Por lo cual en el presente trabajo se propone que para que las referidas comisiones cumplan con eficiencia y eficacia su labor parlamentaria estas actúen no sólo apegadas a la normatividad sino también en normas, principios y valores rectores institucionales para orientar la función representativa, pues como señala Dworkin la naturaleza de los principios encarnan mandatos de optimización y, por consiguiente, 13 el apego a los mismos implica la existencia de deberes éticos de adhesión para los parlamentarios sólo y si éstos buscan la proximidad de esa institución con el parlamento y los miembros de la sociedad a la que representan; en el contexto de la promoción y garantía de los derechos humanos.