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La crisis del poder judicial ha sido un tema recurrente en el país. La constitución del 2008 convirtió a los jueces en garantes constitucionales de los derechos de los ciudadanos, pero si los jueces son subordinados políticamente, los derechos quedan limitados o eliminados. La intervención del ejecutivo y las demás funciones del Estado sobre el sistema judicial afectará negativamente a la protección de los derechos constitucionales. Además, los jueces deben estar capacitados adecuadamente puesto que sin esa capacitación cualquier diseño institucional estará destinado al fracaso.

La constitución de 2008 ha establecido un estado plurinacional e intercultural. Esto significa ir más allá del multiculturalismo. Los indudables avances de los derechos de las poblaciones indígenas ya contempladas en la constitución de 1998 han sido ampliadas. Pero el tránsito a una nueva forma de estado dependerá de la forma en que la sociedad ecuatoriana, sus instituciones y las propias organizaciones indígenas den vida a la nueva constitución. (Ecuad Debate/GIGA)