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<span>La posibilidad de administración de la justicia indígena en el Ecuador, es reconocida por la Constitución Política del Estado vigente. No obstante, como forma de administración de justicia, su presencia es anterior al mandato constitucional. El artículo hace un paralelismo de ciertos elementos comparables entre la justicia convencional ecuatoriana y lo que se podría conocer y denominar como administración de justicia indígena. Además se hace un análisis comparativo con ciertos elementos característicos de la investigación sobre justicia convencional, para compararla con elementos equiparables de la administración de la justicia indígena...</span>

En un contexto de un invocado aumento del desempleo en el Ecuador, argumentado por una fraccionada oposición política, y por analistas y medios de comunicación, que afirman, los primeros, que ha crecido el desempleo, y que ello se ha producido por varias causas, -tema rebatido por el Gobierno-, se presenta este trabajo que pretende analizar la Constitución de la República vigente desde el 2008, en relación a políticas públicas, empleo, planificación y desarrollo.

La posibilidad de administración de la justicia indígena en el Ecuador, es reconocida por la Constitución Política del Estado vigente. No obstante, como forma de administración de justicia, su presencia es anterior al mandato constitucional. El artículo hace un paralelismo de ciertos elementos comparables entre la justicia convencional ecuatoriana y lo que se podría conocer y denominar como administración de justicia indígena. Además se hace un análisis comparativo con ciertos elementos característicos de la investigación sobre justicia convencional, para compararla con elementos equiparables de la administración de la justicia indígena. ; An Indigenous justice administration is a feasible possibility that is recognized by the current Political Constitution of Ecuador. It has, however, existed as a form of administrating justice previous to its inclusion in the Constitution. This article produces parallelisms on certain comparable elements between Ecuadorian conventional justice and, what could be known as, the Indigenous justice administration. There is also a comparative analysis with certain characteristic elements of research on conventional justice and similar elements of Indigenous justice administration.

En el Estado constitucional contemporáneo es consustancial el carácter democrático y social, y de allí la importancia iusfundamental que adquieren, en especial, los derechos sociales. En esta dirección, uno de los grandes desafíos a enfrentar es cómo garantizar que las diversas formulaciones de derechos vinculen a todos los poderes públicos y adquieran eficacia real. En relación con el legislador, la discusión se centra en dilucidar sobre cuáles son los alcances y límites del principio democrático, sin que se vulnere el principio de supremacía constitucional, para la realización de los derechos. La superación de esta tensión reside en el reconocimiento de un núcleo esencial de los derechos que a su vez puede generar posiciones subjetivas, definitivas y vinculantes frente al poder público, y una esfera externa que responde a una necesidad técnica de desarrollo legislativo. El problema se presenta cuando la falta de desarrollo legislativo aplaza indefinidamente la concreción y eficacia plena de los derechos. Si bien el control político democrático ha sido la respuesta natural, ante su inoperancia, es preciso construir y fortalecer garantías complementarias de naturaleza jurídica, toda vez que se trata del incumplimiento de claros mandatos de legislar cuya fuente puede provenir tanto del orden constitucional como del derecho internacional. La respuesta a esta problemática se funda en el reconocimiento de dos grandes dimensiones de control judicial: un control abstracto y preventivo de las omisiones absolutas y relativas en cabeza de la justicia constitucional y, otro, de carácter reparador frente a posibles daños antijurídicos particulares y concretos, ejercido por la justicia contencioso administrativa ; Programa Oficial de Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos ; Presidente: Luis Aguiar de Luque; Secretario: Guillermo Escobar Roca; Vocal: Giuseppe Campanelli

Defining optimal capital requirements for health insurers is a matter of interest for policy-makers. They determine the insolvency probability of health insurers and the minimum number of enrolees in order to keep insolvency under control. In this paper we develop a methodology for estimating the expected loss per health insurer after considering their specific risk profile and the capitation formula with which they are paid. We assume the expected loss follows a normal distribution within risk pools consisting of a unique combination of long-term disease, age, gender, and location, and then define the minimum capital requirement as the 1st quantile of the loss distribution. An application is made for insurers in the statutory health care system of Colombia. Our results show that under normal expenditures with ex-ante morbidity risk adjustment using long-term disease groups, if capitation payments were conditional on long-term diseases too, riskier insurers should have significantly higher capital requirements compared to those generated by the current government capitation formula, which reimburses only on demographic variables, while less risky insurers should have lower capital requirements. ; La definición de los requerimientos patrimoniales de las aseguradoras en salud es un tema de interés para los hacedores de política. Estos requerimientos definen la probabilidad de insolvencia y la cantidad mínima de afiliados que deben tener las aseguradoras para controlar el riesgo de insolvencia del sistema. En este artículo desarrollamos una metodología para estimar la pérdida esperada de las aseguradoras considerando su perfil específico de riesgo y la fórmula con la que se calculan los pagos de capitación. Asumimos que la pérdida esperada sigue una distribución normal dentro de unos grupos de riesgo definidos por la combinación única de sexo, ubicación, grupo de edad, y enfermedad de larga duración, y luego definimos el patrimonio óptimo como el primer percentil de la distribución de pérdida. Hacemos una aplicación a las aseguradoras del régimen contributivo del sistema de salud colombiano. Nuestros resultados muestran que si se aproxima el gasto en salud con una distribución normal que condiciona ex-ante por morbilidad usando los grupos de enfermedades de larga duración y los pagos de capitación también se condicionan a la morbilidad, las aseguradoras más riesgosas tendrían patrimonios óptimos significativamente más altos que los que genera el ajuste de riesgo actual del gobierno, el cual condiciona los pagos de capitación solo a variables demográficas; mientras que las aseguradoras menos riesgosas deberían tener patrimonios óptimos mucho más bajos que los que genera el ajuste actual.