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Desde hace largo tiempo, pero con más ahínco desde los últimos dos años, la sociedad guatemalteca ha estado inmersa en un complejo debate sobre las dimensiones y la significación de su pasado reciente. En efecto, tras más de dieciocho años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, José Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de inteligencia militar, se han enfrentado a un proceso ante los tribunales internos guatemaltecos por delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad cometidos contra el grupo étnico maya ixil. La importancia de este proceso reside no sólo en el hecho de ser el primer intento de un tribunal interno por juzgar un genocidio, sino también por la carga simbólica que significa para las víctimas el hacer justicia en un país históricamente marcado por la impunidad. Sin embargo, un análisis de tal procedimiento penal permite evidenciar las contradicciones y dilemas que aún no han sido resueltos en la transición hacia la paz en Guatemala. De esta manera, problemas estructurales y cuentas pendientes con la justicia siguen latentes en los reclamos de una parte importante de la población. De otro lado, sectores comprometidos con la violencia de antaño siguen negando la magnitud y las consecuencias del pasado. Nuestro artículo presenta una serie de reflexiones sobre el panorama de la sociedad guatemalteca en torno a la construcción de la verdad en cuanto a la existencia de un genocidio contra la etnia maya (1). Seguidamente se hace un análisis de las obligaciones internas e internacionales a cargo del Estado con relación a crímenes de genocidio y de lesa humanidad, haciendo especial énfasis en el derecho de acceso a la justicia (2). Finalmente, se indaga sobre la manera en que el Estado ha asumido dichas obligaciones y sus repercusiones frente a los derechos de las víctimas (3).