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In the 1930s, fascism and Nazism began their imperialist expansion. The anti-fascist resistance was also internalized and a decisive step in this process was the VII World Congress of the Communist International, which proclaimed the idea of constituting Popular Fronts, joining other currents, to fight against the German and Italian regimes. In each country this alliance acquired particular features. In Argentina, its party formation was mainly between forces of Communism, the Progressive Democrat, the Radical Civic Union and Socialism. In 1938, the latter two, who were represented in the Chamber of Deputies, installed the anti-fascist issue in this national sphere. After two successive attempts that were unsuccessful and other related projects that put the issue on the agenda, in June 1941, the Investigating Commission of Anti-Argentine Activities (CIAA) was created, which functioned until the coup d'état of 1943. It was mainly focused on investigate complaints of actions by the German and Italian regimes in Argentina. This article aims to analyze the speeches linked to anti-fascism by legislators who belonged to Socialism and Radicalism, from 1938 to 1943, -during the period of greatest extension of the Axis forces in the world and when the issue gained notoriety in the Argentina, before the formation of the Democratic Union, to determine if there were coincidences or disagreements in their opinions on the matter. ; En la década de 1930, el fascismo y el nazismo iniciaron su expansión imperialista. La resistencia antifascista también se internalizó y un paso decisivo en este proceso fue el VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista que proclamó la idea de constituir Frentes Populares, uniéndose a otras corrientes, para luchar contra los regímenes alemán e italiano. En cada país esta alianza adquirió rasgos particulares. En la Argentina, su conformación partidaria se dio principalmente entre fuerzas del Comunismo, del Demócrata Progresista, de la Unión Cívica Radical y del Socialismo. En 1938, estas dos ...

En Argentina, la toma de decisiones en asuntos de política externa es esencialmente presidencialistas, por tanto, el Ejecutivo imprime el curso general de acción en la misma. No obstante, el Poder Legislativo, también puede ser parte de este proceso superando aquellas visiones de las relaciones internacionales, que entienden al Estado como un actor racional unificado.En este artículo, se analizan las iniciativas partidarias presentadas en la Cámara de Diputados relacionadas con las actividades de individuos u organizaciones foráneas en el país (1938-1943), para ver si resultaron un obstáculo o fueron un incentivo a las políticas elaboradas por el Ejecutivo en relación al tema. Esta indagación nos permitirá no sólo apreciar el abanico de ideas imperante sobre el asunto, provenientes de las principales fuerzas políticas que actuaban en ese entonces en esa institución nacional, sino también si las mismas respondieron o no a lo que deseaba el Ejecutivo o por el contrario, este órgano Legislativo pudo tomar decisiones diferentes a las del Primer Mandatario. Así, pensamos que se efectuará un aporte al estado de la cuestión, pues permitirá estudiar por un lado, el modo en que se arribaba a una decisión en temas de política internacional y conocer que opinaban todos los partidos políticos representados en la Cámara Baja.

At the beginning of the expansionist policy of the Third Reich, the vespertine Argentinean Crítica, property of Natalio Botana, took party of the anti-fascism. In the newspaper was working components of Das Andere Deutschland, exiled politicians of German and Austrian origin, opposition to the Nazi regime. Collaborated in addition, some members of the Communism. The journalist Raul Damonte Taborda, came to work in the tabloid from 1937 and joined the journal when marrying with the daughter of the owner, Georgina Botana. He was settled by his father-in-law as a candidate for a position by the Unión Cívica Radical in the Lower House in 1938, reaching great repercussion in its task of denouncing the activities of the National Socialism in the country. The objective of this work is to analyze the entailments between the speech of Raul Damonte Taborda and the one of Crítica about the activities of Nazism in Argentina, during the period in which served as Deputy (1938-1943) and gained notoriety theme. ; En los comienzos de la política expansionista del Tercer Reich, el vespertino argentino Crítica, propiedad de Natalio Botana, tomó partido a favor del antifascismo. En el diario trabajaban componentes de Das Andere Deutschland, exiliados políticos de origen alemán y austríaco, opositores al régimen nacionalsocialista. Colaboraban, además, algunos integrantes del comunismo. El periodista Raúl Damonte Taborda se venía desempeñando en el tabloide desde 1937 y se vinculó al medio al casarse con la hija del dueño, Georgina Botana. Fue colocado por su suegro como candidato a un cargo por la Unión Cívica Radical en la Cámara Baja en 1938, alcanzando gran repercusión en su tarea de denuncia de las actividades del nazismo en el país. El objetivo de este trabajo es analizar las vinculaciones entre el discurso de Raúl Damonte Taborda y el de Crítica con respecto al accionar del nacionalsocialismo en la Argentina, durante el período en que se desempeñó como diputado (1938-1943) y cobró notoriedad el tema.

A partir de la anexión de Austria a la Alemania nazi el 12 de marzo de 1938, comenzó con éxito la expansión territorial del Tercer Reich. Al igual que otras naciones, la Argentina fue sensible a este proceso. Aquí se discutieron y elaboraron diferentes interpretaciones acerca de él, en una nación sumida en su propia crisis política interna. Este asunto se trató en la Cámara Baja. El 18 de mayo de 1938, el diputado socialista Enrique Dickmann presentó un proyecto de resolución solicitando el nombramiento de una comisión especial para que indagara "las actividades ilícitas de las organizaciones económicas, políticas y culturales extranjeras radicadas en el país". En esa misma sesión, un grupo de legisladores radicales, Raúl Damonte Taborda, Eduardo Araujo, Manuel Pinto y Leónidas Anastasi, también gestionaron la creación de un ente similar "para que investigue las actividades en el país desarrolladas por organismos o asociaciones de ideología nacionalsocialista…". Estas dos presentaciones, así como también las que volvieron a plantearse en 1939 y en 1940, si bien fracasaron en su intento de conformación, problematizaron el tema e instalaron la cuestión en la Cámara Baja, espacio en donde confluyen no solamente la representación directa y la soberanía nacional, sino también la expresión, discusión, enfrentamiento y concertación de las distintas fuerzas políticas que lo integran. Recién en junio de 1941, se creó una Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas de carácter multipartidario, con el objetivo de examinar "las actividades de organizaciones e individuos de ideología y métodos adversos a nuestras instituciones republicanas y dirigidas contra nuestra soberanía", que funcionó hasta el Golpe de Estado de 1943. En este trabajo, nos proponemos entonces estudiar el rol de la Cámara de Diputados en un tema de política exterior como fue el de las actividades nazis en la Argentina (1938-1943) durante el período de mayor expansión de las fuerzas alemanas en el mundo y en un momento en que cobró notoriedad pública la problemática. La toma de decisiones en cuestiones exteriores en la Argentina es esencialmente presidencialista y, por lo tanto, el Ejecutivo imprime el curso general de acción. No obstante, el Poder Legislativo, también puede ser parte de este proceso. En este sentido, a través del estudio de caso, se pretende ampliar el espectro de actores intervinientes en la toma de decisiones y contribuir a la historia de las relaciones exteriores argentinas. ; Fil: Irisarri, María Jimena. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Humanidades; Argentina.

El 18 de mayo de 1938, el diputado socialista Enrique Dickmann, presentó un proyecto de resolución solicitando el nombramiento en la Cámara Baja, de una comisión especial para "que investigue las actividades ilícitas de las organizaciones económicas, políticas y culturales extranjeras radicadas en el país" . En esa misma sesión, un grupo de legisladores radicales, Raúl Damonte Taborda, Eduardo Araujo, Manuel Pinto y Leónidas Anastasi, también gestionaron la creación de un organismo similar "para que investigue las actividades en el país desarrolladas por organismos o asociaciones de ideología nacionalsocialista…" , de alcance investigativo (en el caso de ambos proyectos) y legislativo (únicamente en el del partido de izquierda). Estas dos presentaciones, si bien fracasaron en su intento de conformación, problematizaron el tema e instalaron la cuestión en un órgano de gobierno como es la Cámara Baja, espacio en donde confluyen no solamente la representación directa y la soberanía nacional, sino también la expresión, discusión, enfrentamiento y concertación de las distintas fuerzas políticas que lo integran. En nuestro trabajo, creemos que es importante enfocarnos en estos dos proyectos de resolución y sus respectivas fundamentaciones por parte de los autores de los mismos, porque, como señaló Estela Spinelli, fueron el primer antecedente de la corriente de opinión antifascista en el país, conformada por la unión de socialistas, radicales, demócratas progresistas y comunistas, que constituyeron una alianza política- defensiva frente a la consolidación y expansión de los regímenes totalitarios en Europa y en el sur de América. ; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

En junio de 1941 se creó al Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas en la Cámara de Diputados con el objetivo de indagar sobre "las actividades de organizaciones e individuos de ideología y métodos adversos a nuestras instituciones republicanas y dirigidas contra nuestra soberanía", que funcionó hasta el Golpe de Estado de 1943. Desde 1938 se venían presentando proyectos para conformar un ente similar que a pesar de haber fracasado en sus intentos, generaron debates parlamentarios sobre el asunto. Si bien existe una abundante producción historiográfica referida a la infiltración de ideas que amenazaban la argentinidad en ese entonces, que la vinculaban con el accionar, interés, preocupación y confrontación de diversos actores gubernamentales, políticos o sociales tanto en el ámbito argentino como extranjero, creemos que falta un estudio que se aboque a analizar el rol específico que tuvo el Poder Legislativo en la temática abordada, ámbito esencialmente deliberativo, de discusión, pero también de acuerdo, en donde se encontraban las fuerzas de la oposición y de apoyo al gobierno. Los diputados que participaron en las sesiones y en la Comisión, que pertenecían a distintos partidos o sectores, compusieron la imagen de un enemigo a quién dotaron de determinados rasgos. En este trabajo nos proponemos como objetivo explicar por qué es importante conocer los significados que la Cámara de Diputados elaboró sobre lo antiargentino afines de la década del 30 y principios de la del ´40. Independientemente de los aciertos o desaciertos que algunos investigadores le atribuyen al accionar de determinados diputados que denunciaron la penetración y la Comisión, que dieron origen a diversas interpretaciones y cuestionamientos; la difícil coyuntura interna y externa que cuestionaba el futuro del sistema parlamentario; la mayor preponderancia del Poder Ejecutivo y otros factores que conspiraron en contra del normal funcionamiento de este órgano, creemos que su abordaje es obligatorio por quienes intentan conocer la problemática de la infiltración de ideas extrañas por: a) el material inédito que recolectó y publicitó, b) por la gravitación que adquirieron los debates parlamentarios, tanto a nivel nacional como internacional, c) por la influencia que tuvo en la conformación de universos simbólicos referidos al enemigo del ser nacional, que llegaron a trascender su época. En la presente investigación, realizaremos primero un breve análisis general de la literatura abocada al tema y luego ampliaremos los tres puntos mencionados en el párrafo anterior, finalizando con una propuesta de acción. ; Fil: Irisarri, María Jimena. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Humanidades; Argentina.

En el marco del proceso de descentralización en la primera etapa de Reforma del Estado1, el 3 de junio de 1992 mediante la Ley N° 24.093, se transfieren puertos2 propiedad del Estado nacional Argentino a las provincias. Previo al traspaso, la normativa estipula que se deben constituir sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales3 para manejar cada uno esos espacios. Según lo determinado, el 1° de septiembre de 1993, la provincia de Buenos Aires, por medio de la Ley N° 11.414, crea el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (enadelante CGPBB)4, para administrar y explotar los ámbitos acuáticos y la extensión terrestre de ambas márgenes del estuario5 de Bahía Blanca, a excepción de los correspondientes al dominio de Puerto Rosales (provincial) y al puerto militar de Punta Alta (nacional) El CGPBB tiene plena capacidad legal para tomar todas las determinaciones en su ámbito de actuación(admisión,tarifas, concesiones, permisos, locaciones, fiscalización, control, etc.)6,de conformidad con las disposiciones del Código Civil. De acuerdo al artículo 12 de la Ley 24.093, los consorcios deben estar representados por todos los interesados en el quehacer portuario, "comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad" (lo destacado en negrita nos pertenece), como así también, las provincias y municipios en cuyo ejido se emplace el puerto. El órgano máximo del CGPBB es el Directorio, que toma todas las decisiones. Una vez en poder de la provincia, en el artículo 16 del anexo a la Ley N° 11.414, se estipula que esté conformado por nueve miembros, con criterios de selección que no se explicitaron. ; Mesa 17: Desigualdades, estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea ; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

En el marco del proceso de descentralización en la primera etapa de Reforma del Estado1, el 3 de junio de 1992 mediante la Ley N° 24.093, se transfieren puertos2 propiedad del Estado nacional Argentino a las provincias. Previo al traspaso, la normativa estipula que se deben constituir sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales3 para manejar cada uno esos espacios. Según lo determinado, el 1° de septiembre de 1993, la provincia de Buenos Aires, por medio de la Ley N° 11.414, crea el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (enadelante CGPBB)4, para administrar y explotar los ámbitos acuáticos y la extensión terrestre de ambas márgenes del estuario5 de Bahía Blanca, a excepción de los correspondientes al dominio de Puerto Rosales (provincial) y al puerto militar de Punta Alta (nacional) El CGPBB tiene plena capacidad legal para tomar todas las determinaciones en su ámbito de actuación(admisión,tarifas, concesiones, permisos, locaciones, fiscalización, control, etc.)6,de conformidad con las disposiciones del Código Civil. De acuerdo al artículo 12 de la Ley 24.093, los consorcios deben estar representados por todos los interesados en el quehacer portuario, "comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad" (lo destacado en negrita nos pertenece), como así también, las provincias y municipios en cuyo ejido se emplace el puerto. El órgano máximo del CGPBB es el Directorio, que toma todas las decisiones. Una vez en poder de la provincia, en el artículo 16 del anexo a la Ley N° 11.414, se estipula que esté conformado por nueve miembros, con criterios de selección que no se explicitaron. ; Mesa 17: Desigualdades, estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea ; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación