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El iuspositivismo indica que debe existir sanción ante la omisión de conductas ordenadas y las tesis iusnaturalistas indican que lo justo ante una obligación es que se sancione su incumplimiento. De acuerdo con el mandato constitucional, el voto es una obligación, por tanto, debe existir una sanción para su no cumplimiento. Sin embargo, en México no existe tal sanción y se sufre de un alto índice de pasividad electoral (no solamente de abstencionismo electoral, que es una especie del género pasividad democrática), por ello, como una manera de solucionar el problema, se propone la tesis consistente en aplicar la sanción que con justicia debería corresponder para el caso de incumplimiento de la obligación de emitir el voto, lo anterior con base en los fundamentos del iusnaturalismo traducidos en juicio democrático, y con ello incluso satisfacer las categorías de prudencia, templanza y paz.

En México ha ido evolucionando el tema de la participación femenina en los procesos electorales desde la regulación de las cuotas hasta llegar al establecimiento constitucional y legal de la paridad de género como un deber para los actores electorales. La causa que lo ha motivado se apoya principalmente en razones de tipo político y social y dista mucho de tener una justificación que lo relacione con la esencia del principio democrático de igualdad. Por ello, en este trabajo sostengo que, independientemente de que cumpla con su objetivo político, social o electoral de distribuir de forma igual las candidaturas y los cargos públicos, la paridad contrasta e incluso contradice conceptualmente a la igualdad democrática.

La formación del jurista en México ha sido tradicionalmente realizada con base en estándares preponderantemente iuspositivistas que hacen de la formación del jurista un profesional del Derecho con determinadas características que frecuentemente discrepan con algunos de los principios o axiomas de la forma de gobierno, específicamente, con la democracia. Port ello, es necesario realizar una revisión acerca de la posibilidad metodológica democrática que complementaría a la referida formación.

Forma parte de una investigación más amplia (CONACYT CB/156846) que se está realizando por el cuerpo académico consolidado "Estudios constitucionales", de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. ; Se analiza la importancia que tiene la democracia y la participación ciudadana en un Estado constitucional, así como el contraste que puede surgir entre la representación, como una delegación del ejercicio de facultades públicas, y la participación directa y deliberativa del ciudadano, con la finalidad de plantear lo siguiente: ¿Para qué una democracia deliberativa? ¿Cuáles son los medios para una real deliberación de los miembros de una sociedad en régimen democrático? ¿La escasa intensidad de la participación ciudadana en los asuntos públicos en México es una de las condiciones provocadoras de su inseguridad pública? Se concluye estableciendo que una escasa participación produce inseguridad pública, lo que ha llevado a que de manera incipiente la sociedad civil se organice para sustituir al gobierno en turno en sus responsabilidades estatales de procurar y hacer efectiva la seguridad y que, por tanto, ese instrumento democrático de la participación deliberativa es un sustento que le urge al Estado constitucional para satisfacer las necesidades estatales de seguridad pública. ; CONACYT CB/156846.

Actualmente se impone a los juzgadores (no sólo mexicanos, sino de cualquier Estado constitucional y democrático) que realicen su labor jurisdiccional con apego a los parámetros de legalidad, legitimidad, constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, lo anterior resulta complejo considerando que dichos parámetros no siempre se complementan y, en ocasiones, se contradicen. Este artículo aborda esas complicaciones en la actividad jurisdiccional, tanto de aquella que está destinada a tutelar la democracia y sus principios al interior de un Estado, como de aquella que no tiene ese objetivo ex profeso pero que de forma indirecta le afecta. Lo anterior fue realizado con base en una metodología documental, considerando algunos hechos sobresalientes en los que ha tenido incidencia esa actividad jurisdiccional en México, y se contrasta teóricamente con viejos y nuevos parámetros para la actividad del juzgador. Todo lo anterior es utilizado para determinar cómo, en un intento por satisfacer esos cuatro parámetros en los juicios democráticos mencionados, se puede provocar una ruptura jurídica en lugar de conseguir la uniformidad del sistema jurídico. Estos hallazgos sugieren la necesidad de considerar una nueva forma (pro-democrática) de interpretar los preceptos legales, constitucionales y convencionales, no contradiciendo los fundamentales y generando, además, legitimidad.

The political Constitution of the United States Mexico, in its article 3, section II, subsection a), establishes the education given by the Mexican State must be aimed, among others, by a democratic approach. However, there is no guarantee that the precepts and commands created by a legislator - in the form of deontic categories- impact on the facts and, therefore, arises the question whether indeed this constitutional mandate is respected and fulfilled in the social and educational reality. Revising the importance that democracy and its minimum standards in the delivery of education in general, as well as the mandates and regulations that permeate the activity and operation of the public University, specifically the autonomous of the State of Mexico. It is a theoretical review on democracy in Mexico and its minimum guidelines for its practice, ending with a contrast on the importance that has the fact that college students have the ability to practice, exercise and, eventually, teach democracy, especially by its character of professionals whose activity is heavily involved in social issues. Ends reflecting on some of the behaviors of teachers affecting to a greater or lesser extent in those democratic parameters.

El objetivo general es analizar la educación jurídica democrática en la univer- sidad pública para determinar su grado de aplicación; lo anterior se justifica considerando la importancia que tiene la universidad pública como elemento indispensable en la formación de ciudadanos que se deben insertar en una dinámica social que incluye involucrarse en la política estatal. La universi- dad ha sido, y debe seguir siendo, la formadora por excelencia y por tradición de hombres aptos política y socialmente, de individuos que sean capaces de involucrarse en su Estado. El beneficio que se espera obtener del análisis pre- tendido es hacia la universidad pública y su democracia cuya connotación no debe ser solamente en relación con la forma de gobierno y finalmente hacia la propia sociedad que recibe el producto terminal de la máxima casa de estudios. Por ello, se revisa si son aplicables los postulados de Dewey respecto a la educación jurídica democrática en la universidad pública y se considera que sí son aplicables, ya que proponen procesos de educación destinados a la formación de ciudadanos con habilidades y capacidades ex profeso, y la universidad pública tiene como objetivo la formación humanística de los in- dividuos y de los ciudadanos insertos en un ámbito estatal.

Se pone de relieve la importancia que tiene el Derecho a la libertad de expresión periodística como un Derecho fundamental en una sociedad que se jacte de ser democrática, para luego determinar que la violación a ese derecho afecta a la democracia y de qué manera lo hace. Se resaltan los dos tipos de afectación que pueden ocurrir: por un lado, la relación existente entre el respeto al derecho a la libertad de expresión y su afectación positiva traducida en democracia participativa que redunda en una fiabilidad de la democracia, mientras que, por otro lado, la violación a ese derecho (con la excepción pertinente relacionada con el Derecho de réplica) produce una afectación negativa traducida en abstención, silencio y apatía que, por el contrario, redundan en la des-fiabilidad de la democracia.

Se presenta una concepción del juicio democrático basada en algunas de las posturas iusnaturalistas vertidas en las obras: La república y Las leyes de Platón, Ética de Aristóteles, Tratado de la ley de Tomás de Aquino, La ciudad de Dios de San Agustín, El espíritu de las leyes de Montesquieu y El contrato social de Rousseau. Se argumenta que la existencia y funcionamiento del Juicio Democrático Lato Sensu (JDLS) en su vertiente no jurisdiccional tienen su fundamento en tales posturas de derecho natural, específicamente en las categorías de prudencia, templanza, justicia ⎯y su antagónico: la injusticia⎯, la paz y la felicidad, con lo que también se aportan los elementos para una futura investigación de la ley democrática y la ley de la democracia y sobre un instrumento social para mejorar su práctica.

El objetivo primordial de este artículo es presentar la relación existente entre las categorías principales de la teoría democrática del Coto Vedado y las restricciones jurídicas establecidas constitucional y legalmente al derecho político de consulta popular en México, específicamente se analizan dos de las restricciones: los derechos humanos y la voluntad republicana. Esta última considerando dos elementos: la voluntad del pueblo y el carácter republicano, como dos de los principios incluidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se da por hecho que un Estado es "constitucional", porque tiene uncuerpo normativo que establece la estructura de gobierno, que reconocecomo objetivo primordial los derechos humanos y que expresamecanismos de control del poder a favor del pueblo. Sin embargo, sinun entramado democrático, las normas no garantizan que sus fines secumplan. México ha tenido diversas reformas constitucionales que nohan logrado cumplir su cometido. En este contexto, el trabajo alude quela crisis institucional, económica y de derechos humanos en México no sesolucionará con reformas, sino mediante una reorientación de los actoresimplicados en los sectores políticos, administrativos y de administraciónde justicia. Asimismo, como aporte, el artículo propone nuevas líneas deacción para mejorar la gobernanza con bases y objetivos participativos;que hagan realidad las disposiciones jurídicas, económicas y políticasde la Constitución. ; CONACYT (CB/156846)

En el presente artículo, se revisa la teoría del "coto vedado" y el concepto de "seguridad humana"; así mismo, se analizan sus categorías teóricas principales para identificar la relación existente entre ambos, así como sus aspectos diferenciales y coincidentes. Esta revisión se realizó con base en una metodología documental desde el punto de vista analítico y sintético, considerando aspectos teóricos para distinguir la estrecha relación entre ambas categorías que permita una mejor comprensión del fenómeno social de inseguridad humana. Los hallazgos permiten poner en evidencia que existe una relación cognitiva entre las propiedades del coto vedado y la seguridad humana como objetos del conocimiento, considerando también la regularidad en las relaciones que hay entre cada uno de esos objetos y sus propiedades, lo cual se traduce en las categorías de causalidad y sustancialidad. Lo anterior permite proponer a la teoría del coto vedado como fuente y sustento de la seguridad humana. ; Este trabajo es resultado del proyecto de investigación básica con la clave 4224/2016SF, autorizado por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Este artículo es producto de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual es desarrollado por el Cuerpo Académico "Estudios Constitucionales" de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. ; Este trabajo pretende sostener la importancia que tiene la participación de la ciudadanía en las actividades eminentemente públicas y de gobierno, específicamente como un órgano o elemento regulador de esa actividad, el cual se instrumenta a través de la observación de los ciudadanos como sector social y como ente jurídico y político que puede –y debe- llevar a cabo la vigilancia de las gestiones realizadas en el gobierno por los funcionarios públicos. Se pone de manifiesto que la democracia en México requiere no solamente de reforzar su sistema de elecciones, sino que también es importante respetarle a la ciudadanía su poder de observación traducido en vigilancia, supervisión y sanción de toda aquella actividad pública realizada por el gobierno. ; CONACYT (CB/156846)

Este trabajo explora teóricamente la relación existente en México entre seguridad pública, como variable dependiente, y los instrumentos por los cuales se obtiene: participación ciudadana y acción gubernamental, como variables independientes. Se consi- deran también los conceptos democráticos de coto vedado y ámbito de negociación. Se analizan dos escenarios hipotéticos: uno en que el Estado no cumple con el objetivo de proporcionar seguridad pública, y otro en que sí lo cumple. Se muestra que la relación de las variables es distinta en cada caso, ya que existe una curva de indiferencia en la que a veces el ciudadano obtiene la misma satisfacción y pierde interés por uno u otro instrumento, pues la utilidad que esto podría representarle es la misma en cualquiera de los casos.

El iuspositivismo indica que debe existir sanción ante la omisión de conductas ordenadas y las tesis iusnaturalistas indican que lo justo ante una obligación es que se sancione su incumplimiento. De acuerdo con el mandato constitucional, el voto es una obligación, por tanto, debe existir una sanción para su no cumplimiento. Sin embargo, en México no existe tal sanción y se sufre de un alto índice de pasividad electoral (no solamente de abstencionismo electoral, que es una especie del género pasividad democrática), por ello, como una manera de solucionar el problema, se propone la tesis consistente en aplicar la sanción que con justicia debería corresponder para el caso de incumplimiento de la obligación de emitir el voto, lo anterior con base en los fundamentos del iusnaturalismo traducidos en juicio democrático, y con ello incluso satisfacer las categorías de prudencia, templanza y paz.