La tesis Estado, Nación y Etnicidad en Colombia desarrolla los procesos historicopolíticos y culturales que dieron origen a la configuración del estado nación desde sus orígenes a principios del siglo XIX. Analiza los avatares de los distintos grupos étnico: criollos, mestizos, indígenas y negros y las relaciones interétnicas en los diversos momentos de la historia nacional. Pero su objetivo central es reconocer las luchas y los movimientos sociales de campesinos, obreros, estudiantes, indígenas y afrodescendientes que transformaron el país desde principios del siglo XX, en un proceso de exclusión-inclusión que representó una profunda crisis para el sistema político tradicionalmente dominado por los partidos tradicionales: conservador y liberal, hasta el punto de generar una nueva periodización de la historia de Colombia y desembocar en una nueva Constitución (1991), que remplazaría la centenaria de 1886. La tesis se detiene ampliamente en la historia de la etnia indigena Nasa o Páez para reconocer en ella el proceso organizativo reivindicatorio de sus particularidades culturales con el fin de lograr su supervivencia, en especial, gracias a la posesión y propiedad de su territorio a partir de figuras coloniales como lo ha sido la del resguardo. Repasa las vicisitudes de sus luchas hasta conseguir su representación en la Asamblea Constituyente de 1989 que definió un nuevo país, con su caracterización como pluriétnico y multicultural, en la que se establecen nuevos derechos para sus comunidades, los que se ampliaron a otros grupos como los afrodescendientes, los raizales y los rom. Se estudia detenidamente las características culturales de los grupos negros de la costa Pacífica para determinar su identidad y de este modo comprender el sentido de sus luchas y reivindicaciones como movimiento social. La tesis tiene cinco capítulos, en el primero se plantea el problema, los objetivos e hipótesis y se hace una amplia exposición de sus categorías conceptuales y metodológicas, el estado del arte con una amplia referencia a autores y temas que se ocupan de esta problemática. En el segundo se hace el recuento de la historia política del país hasta llegar a la nueva Constitución de 1991 y se presenta una síntesis de sus principales logros. En el tercero se toman los problemas regionales del Departamento de Caldas como ejemplo de las prácticas del clientelismo y caciquismo caracteristicos de la clase politica y que han reinado en el estado colombiano. El cuarto está dedicado a la etnia Nasa o Páez y a su proceso organizativo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Departamento del sur occidente del país, en el que se detallan todas sus movilizaciones, tareas organizativas y triunfos. Y el quinto capítulo describe a la cultura de los ¿pioneros¿ de la costa Pacífica y los efectos del artículo 55 transitorio de la nueva Constitución y su desarrollo en la Ley 70 de 1993 en particular en las comunidades del Alto San Juan en el Departamento del Choco. Finalmente se termina como a pesar de las propuestas derivadas de la nueva Constitución no ha sido posible lograr resultados totalmente favorables y en muchos casos, como ocurren diariamente, se tiene la impresión que la situación continúa en las condiciones tradicionales y sin grandes cambios, y continua sobre sus lideres principalmente, persecución y asesinatos para obstaculizar sus objetivos reivindicatorios Así por ejemplo, recientemente, llama la atención como el gobierno del presidente Álvaro Uribe en la votación en Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 para aprobar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a pesar del carácter pluriétnico y multicultural de la nueva Constitución, se abstuvo de votar su aprobación, lo que demuestra las resistencias que de parte de ese gobierno (2002-2010) hubo hacia el desarrollo de la supervivencia de los grupos indígenas y el desarrollo de sus derechos.
En esta tesis pretendo hacer una disección de la formación del estado nacional en la República de Colombia desde sus inicios, teniendo en cuenta sus diversos componentes sociales y culturales de su población. Parto desde su misma fundación siguiendo un método genético estructural para determinar como a lo largo de su historia han fungido los diversos intereses de los actores que han liderado la vida política nacional. El tema del carácter del estado nación desde la perspectiva del componente étnico de su población se ha constituido en un problema central en la actual configuración política del mundo contemporáneo (Gellner, Ernest. 1994). Se cuestionaba muy poco en los poderes centrales la problemática de la inclusión-exclusión de los diversos sectores de su población. En América Latina a pesar de una historia nacional que supera ya los dos siglos no se debatió seriamente las relaciones interétnicas y la necesidad de reconocer la composición multiétnica de los estados. Considero -y comparto como lo hace Benedict Anderson (1993)- que fue el grupo étnico del criollo –como se le suele llamar- el que generó y se benefició de las condiciones del movimiento independentista para establecer el nuevo estado con unas instituciones políticas excluyentes y liderar así su estructura con el carácter de etnia lateral que arrastró a su órbita las etnias verticales (Smith, A.: 1997) logrando someterlas a su influencia bipartidista liberal-conservadora durante todo el siglo XIX. De esta manera se constituyó lo que se llama entonación política que bien define Isidoro Moreno aparece cuando en una entonación cultural un sector significativo de la población, sea una clase social, un bloque de clases, capas intelectuales, etc. plantean un proyecto político de carácter autocentrado con el fin de controlar las decisiones sobre los asuntos económicos, políticos y culturales que atañen a la entonación y su territorio, incluida la forma de relación política con otras entonaciones y estados (Moreno 1994:143). Elementos que se desarrollan ampliamente en el capítulo primero de marco teórico y metodológico. En este segundo capítulo se analiza como el germen de este proceso de formación nacional se encuentra en la sociedad colonial, a pesar de la conciencia que los mismos creadores del estado nacional tenían del carácter multiétnico, como se advierte en las ideologías independentistas. El debate posterior sobre el racialismo que autores como Sergio Arboleda (1869,1972), José María Samper (1853 citado por Urueña 1994) o el ex presidente Laureano Gómez (1928) dieron sobre su influencia en la solución de los problemas nacionales demuestra la vigencia que durante más de un siglo de vida republicana despertó el tema. Estos autores decimonónicos influirían en el Presidente Rafael Núñez quien redactó la Constitución de 1886, la cual tuvo más de un siglo de vigencia. Estas condiciones ampliamente descritas generaron a comienzos del siglo XX una crisis política liderada por los movimientos sociales de diverso tipo que conllevaron a la cúspide de los conflictos sociales y que se urbano, el indígena y el guerrillero. Estos movimientos promovieron los cambios que impulsaron una transformación del país pues, aunque haya tenido un régimen de política civil y consecuentemente haya celebrado múltiples elecciones para todos los altos cargos, el hecho de haber estado tanto tiempo bajo una restricción política pactada por el bipartidismo liberal – conservador, en el caso de la situación vivida por el Frente Nacional (1958-1974), y en un constante estado de sitio, le impiden consolidarse como un régimen político democrático. Pero el control político sobre la sociedad por parte de este bipartidismo demuestra el carácter excluyente del sistema que ha llevado a calificarlo de diversas maneras como recoge Roll (1999:364). En consecuencia se puede hacer uso de la terminología de Dahl y dejar la palabra democracia para fijar el ideal de gobierno democrático y utilizar para el caso el término poliarquías. Incluso se puede definir como una "hegemonía cerrada", o en la terminología de Dahl el término adecuado es el de "oligarquía competitiva", toda vez que si bien está abierto al debate, pero no lo está a la participación (Roll 1999:365). A partir del desmonte del Frente Nacional, de las medidas de apertura y descentralización, se puede decir que el régimen intenta acercarse a una poliarquía. Otro factor que se considera limitante en la democracia colombiana es la restringida modernización económica y la inclusión sociopolítica, que ha impedido la modernización política. La democracia colombiana ha tenido constituyeron en una coyuntura crítica y en el leitmotiv principal en la búsqueda de unas instituciones políticas inclusivas, y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. En este capítulo se desarrollan los principales movimientos sociales y sus características: el campesino, el obrero, el grandes carencias en los tres niveles de ascenso hacia la democracia económica y social. La inestabilidad crónica, la creciente pérdida del monopolio de la fuerza, el continuismo político, el clientelismo y el desfase en la modernización. Por último, la pobreza y la desigualdad en el ingreso señalan el fracaso de ese elemento distintivo de la democracia que es la justicia social. Esta situación de total control vino a romperse con el surgimiento de los primeros movimientos sociales a principios del siglo XX, por lo que se inicia con ellos un nuevo periodo en el proceso identitario del estado nación. En el segundo punto de este capítulo hago un recorrido del carácter sociocultural que identifico de estos movimientos cuya trayectoria permitió romper el monopolio establecido en la Constitución de 1886, no sin antes haber generado una nueva crisis –a otro nivel del ocasionado por las guerras civiles decimonónicas entre centralistas o federalistas- en el establishment político y social del país, que culminó con el nacimiento de una nueva Constitución en 1991 cuyo origen y significado se ven en el parágrafo tercero del segundo capítulo. Esta crisis significó el rompimiento del bipartidismo con todas sus consecuencias pues acarreó el desenmascaramiento del carácter exclusivista y oligárquico del estado nación. Por este motivo se requiere realizar un examen del sistema político como condición para entender la necesidad de una nueva Constitución política de carácter incluyente. Sin embargo la ruptura del sistema político significó la mayor crisis de la historia de Colombia y generó la alternancia de periodos de violencia, ya bipartidista (como fue la llamada Violencia [1948-1953]) o, su continuidad con los movimientos guerrilleros que le siguieron y que aún perduran, alimentados -después de la guerra fría- no con recursos de la hermandad socialista, sino del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Con la Constitución de 1991 como con la ley de partidos de 1994 se cayó en el extremo opuesto: toda la normatividad tendió a favorecer el fraccionamiento y a la atomización de los partidos políticos existentes, así como la fragmentación de los movimientos emergentes. Hoy, según el concepto de Pizarro, no tenemos ni el viejo modelo bipartidista burócrata ni un modelo multipartidista moderado y eficiente (1997: 89). Sólo a partir de la fractura frentenacionalista (1962-1978), empezaron a darse condiciones definitivas para que diversas organizaciones populares de carácter de clase o de etnia, lograran definir en alguna medida sus propias reivindicaciones, que adquieren una expresión definitiva, especialmente en la Constitución de 1991, la cual considera la nación como multiétnica y pluricultural. Así se configuraron las unidades étnicas de indígenas y negros como receptores de transferencias de recursos del presupuesto nacional y, para el caso de los indígenas, de jurisprudencia especial. En el capítulo segundo también se estudia como la crisis política generada por los factores anteriormente explicados, en el cual los movimientos sociales de diverso tipo constituyen el leitmotiv principal para llegar a la búsqueda de una solución, conducen a la cúspide de los conflictos sociales y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. Este está caracterizado por una nueva definición de la democracia como participativa, pero principalmente para nuestro interés su definición como pluriétnica y multicultural. Pero al reconocer los derechos particulares de las etnonaciones culturales o de sus minorías étnicas se podría entonces definir como plurinacional aunque así no lo contemple dada la tradición política de que todo estado se considere como una sola nación. Esta nueva Constitución es representativa de la época actual, en que por una parte, se ha limitado el concepto de soberanía nacional con la importancia de las entidades supranacionales y la doctrina de los derechos humanos y, de otra se vive el resurgir de los etnonacionalismos y la necesidad de reconocer sus derechos especiales. La elección popular de alcaldes y gobernadores, la ampliación de las posibilidades de participación a nivel municipal y el cambio de Constitución en 1991, son los cambios más importantes y su estudio completará el presente análisis para determinar en qué medida se está superando el continuismo político. Acogiéndose a este cambio mundial la Constitución del 91 definió al estado colombiano como un estado multiétnico y multicultural (art.7) en el cual además de los derechos universales se reconocen unos derechos colectivos para comunidades negras e indígenas (Pizarro 1997:86). Se pasó de una concepción de nación homogénea y católica a la consagración de la diversidad étnica sociocultural y religiosa. En cuanto hace a las comunidades indígenas, aun cuando la organización de éstas antecedió en dos décadas al menos a la Asamblea Nacional Constituyente, es indudable que las normas aprobadas en la nueva Constitución fueron un motor que contribuyó a acelerar esa construcción o, mejor, reconstrucción de identidad. Si bien el Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC que nace en 1971 y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC que surge en los ochenta, habían logrado organizar a muchas de las 81 comunidades indígenas existentes en el país, sólo será con los derechos y garantías alcanzados en la nueva Constitución que este movimiento adquirirá la madurez actual. Hoy por hoy se trata del movimiento social más activo del país, gozando además de una significativa representación en el Senado (3 senadores en 1994 o en 1998) (Pizarro 1997: 98). El reconocimiento de la multiplicidad étnica representa un incremento del sujeto de derecho, el cual inicialmente era únicamente el propietario-ciudadano, y se fue extendiendo por la lucha de los sectores obreros, o las mujeres quienes lograron que el circulo de sus derechos se fuera ampliando dejando atrás exclusiones en el derecho civil (de sucesiones, etc.), en el penal y en el laboral. Ahora el reconocimiento como sujetos de derecho fundamentales es para los indígenas, anteriormente señalados de salvajes o semisalvajes, un criterio que obedece a su carácter de grupo colectivo con formas diferentes de vida social a la occidental, las cuales debe asumir con vigor (Sánchez 1998: 78-82). El principio de igualdad ante la ley tiene una particularidad tratándose de los indígenas, requieren un tratamiento distinto por ser portadores de derechos específicos en tanto conservan la diferencia frente a los demás, lo que reconoce la nueva Constitución al definir el país como multiétnico y pluricultural. Si realmente el estado colombiano está constituido por un conjunto de etnonaciones, ¿Qué tratamiento le otorga a la diversidad de grupos étnicos existentes con distinto grado de desarrollo cultural? ¿Qué posibilidades tienen éstas de desarrollo de una etnopolítica que les permita acceder a algún grado de autodeterminación? Muchos planteamientos de antropólogos y otros científicos sociales han tratado el tema y propuesto un abanico de disímiles consideraciones. Se contempla la permanente agresión del estado por impulsar procesos de integración ante los cuales éstos sufren desde una actitud pasiva, hasta la existencia de múltiples posiciones como la necesidad de ser considerados minorías nacionales o nacionalidades. Si bien la Constitución de 1886 –según el magistrado Carlos Gaviria (Corte Constitucional. Sentencia C-139/96)- era unificadora y pretendía que todos pensáramos de la misma manera y que todos fuéramos iguales, la de 1991 ha diseñado una sociedad muy distinta, utópica, con la que muchos han soñado, y para ser construida sobre bases muy diferentes a la anterior. Uno de los retos que esta Constitución plantea es la construcción de una sociedad pluralista pero que exige tareas como la del Artículo 246 según el cual las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo con sus usos y costumbres, siempre que no contraríen la Constitución y la ley, en sus derechos fundamentales. Para el magistrado Gaviria si vamos a aplicar todas las reglas ortodoxas tendríamos que exigir, en primer lugar, que las comunidades indígenas tuvieran no simplemente un derecho positivo, sino un derecho escrito para satisfacer una exigencia del derecho penal occidental de acuerdo con el cual no puede haber delito sin ley escrita previa que lo determine, ni pena sin una ley que así la determine. Esta proposición implicaría que la normatividad cultural estuviera elaborada con las mismas pautas de lógica y racionalidad, cosa que no ocurre. El magistrado Gaviria propone la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y la minimización de los límites de que trata la Constitución. Lo cual demuestra como la proclamación del carácter pluralista y pluricultural hecha en la del 91 es un ideal por construir en el futuro. ¿Qué tipo de nación y qué tipo de estado es posible? Para entender más detalladamente este carácter nacional triétnico como resultado de la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos que se reproduce como un fractal de manera local o regional de lo que ocurre en todo el país, se analiza en el capítulo tercero el proceso de formación económico-social y político del Departamento de Caldas para ahondar en las anomalías políticas exclusivas que frenaron el proceso participativo por los vicios del clientelismo y la politiquería y reforzaron el carácter excluyente de la población en sus diversas manifestaciones socioculturales. En él se analiza el proceso de formación de la sociedad caldense dominante como resultado de la colonización antioqueña a partir de sus características económicas, sociales y culturales, con especial énfasis en la periodización política que ha tenido dos hitos principales como han sido la aparición de los llamados azucenos y de los grecocaldenses en su primera fase y su posterior suplantación por los que denomino barrococaldenses. De esta manera, se advierte los cambios que han sufrido las costumbres políticas en Caldas y que después de veinticinco años, aún no se han modificado. Considero que esta radiografía caldense puede, en gran medida, generalizarse para el país en su historia reciente de caciquismos, clientelismo y corrupción. Para entender los cambios ocurridos se toma como base la coyuntura creada por el hecho político, ocasionado por el retiro de esta actividad de empresarios que lideraban el desarrollo económico y su reemplazo por los políticos de oficio. Con este fin, es necesario establecer las características del desarrollo económico caldense a partir de la colonización proveniente del Departamento de Antioquia y el carácter del liderazgo que ejercieron tanto los azucenos como los grecocaldenses, y el cambio que significó el control político, por parte de los barrococaldenses, desde el llamado "robo a Caldas" situación que aún subsiste. En el capítulo cuarto tomo uno de los grupos étnicos indígenas más representativos de los más de setenta que han existido en el estado nacional para mostrar cual ha sido su itinerario desde el contacto con los españoles y de esta manera seguir su trayectoria en la historia de Colombia, en la cual ha sido el grupo étnico más activo y participativo. Este recuento nos permite conocer cuáles han sido sus luchas, vicisitudes y principios organizativos en los diversos periodos de su historia cultural y política en búsqueda de la sobrevivencia de su identidad. Esta etnonación lideró uno de los movimientos sociales más exitosos y a pesar de su limitación territorial y poblacional es ejemplo de conquistas y cambios en las condiciones políticas de la República para lograr la conservación de sus rasgos culturales básicos en un proceso de "emergencia política" (Moreno 1994:144), modelo especialmente idóneo para los demás grupos étnicos y sociales. Estos cambios se vieron reflejados en especial en el texto de la Constitución de 1991, que amplió de manera notoria los derechos de estas comunidades y les abrió un futuro más seguro, a pesar de las condiciones de violencia que debieron sortear por parte de los muchos actores que optaron por acciones armadas, ya sea porque afectaban sus intereses o por efecto de la actividad de los diversos grupos armados, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes en sus territorios tradicionales. Las condiciones de violencia generadas aún hoy día por fuerzas en especial de extrema derecha han definido como uno de sus blancos predilectos a los líderes de los movimientos sociales, ya sean sindicales, campesinos o indígenas. Sobre estos se han presentado las cosas así: En una publicación del diario de El Espectador del 9 de julio de 2001 la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- hace el siguiente llamado: Recurrimos al pueblo colombiano para que nos brinde, como muchas veces lo ha hecho en el pasado, su apoyo y en los últimos 17 años 33 líderes indígenas colombianos han perdido su vida en manos de la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, la policía y el ejército, ya sea por defender sus territorios o por resistirse a integrar uno u otro bando interesado en la guerra. La presencia de los actores armados en sus territorios y su carácter amenazante son motivo de preocupación por parte de los indígenas pues representa muerte o desplazamiento. La amenaza contra nuestras vidas, culturas y territorios, barbarie comparable al genocidio y la esclavitud padecidos durante la Conquista, no parece importarle a nadie: ni a nuestros compatriotas ni al gobierno, dicen los líderes de 84 pueblos nativos de 209 municipios y que ocupan 30 millones de hectáreas. Ante estos casos es usual que el gobierno tarda mucho en reaccionar cuando las comunidades nativas están en peligro y no ofrece seguridad a las organizaciones ni protección para su sobrevivencia. Además del asesinato y la desaparición los indígenas sufren el desplazamiento a causa de la violencia, las obras de desarrollo, las fumigaciones de cultivos ilícitos o porque son desterrados por los terratenientes, los cultivadores de coca o los narcotraficantes. Sus resguardos son apetecidos por su estratégica ubicación. Se calcula que unos 15.000 indígenas han tenido que abandonar sus tierras y se encuentran en ciudades o en lugares de selva donde puedan defender su cultura, la unidad familiar, su religiosidad y su gobierno. Según la Defensoría del Pueblo existen desplazamientos en 16 departamentos que además tienen como consecuencia el sometimiento, y el cambio en las formas de pensar y de actuar. Otras causas del desplazamiento son la disputa por el control territorial por parte de la guerrilla, las autodefensas y el ejército. También la explotación de recursos naturales: madera, petróleo, oro, carbón, cobre entre otros, o la realización de grandes obras de infraestructura como carreteras, puentes o hidroeléctricas, o por la presencia de cultivos ilícitos, y la violencia que llevan implícita, así como sus fumigaciones. En ocasiones se presentan choques armados entre los actores de la violencia y la población civil se ve en la obligación de huir o se ven obligados a cumplir tareas de "raspachines" Para los nativos los desplazamientos representan desterritorialización y deculturación, pérdida de identidad y de autoridad. La organización social se resquebraja o se acaba, se pierden los valores, la autoestima, la religiosidad, el autoabastecimiento y se abandonan las tradiciones. Así pueden terminan mendigando en las ciudades como Barranquilla, Bogotá, Pereira, Medellín o Arauca, en donde pueden terminar delinquiendo o vinculándose a algún actor armado pues al abandonar sus tierras ya no pueden cultivar, pescar, cazar, intercambiar o vender productos. En Bogotá la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha demostrado preocupación por la dramática situación que afrontan las comunidades indígenas del país luego de los asesinatos de sus líderes. Sus muertes, amenazas, hostigamientos y el desplazamiento de estas comunidades y sus líderes por parte de estos grupos armados ponen de manifiesto la "vulnerabilidad" de su autonomía. Esta preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la comparte el Secretario General para los defensores de Derechos Humanos en Ginebra y la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, que exigieron la adopción de medidas que garanticen la vida, integridad, dignidad y cultura de los pueblos indígenas. Armando Valbuena, presidente de ONIC dijo en entrevista con El Tiempo (25 julio 2001 p.1-3) que el gobierno debe aclarar cuál es su política frente al etnocidio de que son víctimas los indígenas. Ochenta y cinco pueblos aborígenes agrupados en la ONIC, tomaron la determinación de retirarse de las mesas de concertación en las que participan con el gobierno y le dieron al Presidente un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre las políticas estatales, pues no respetó los acuerdos sobre erradicación manual de cultivos ilícitos con las comunidades de Cauca y Nariño y se recurrió a su fumigación. Reveló como 365 indígenas han sido asesinados en los últimos diez años, (posteriores a la nueva Constitución), uno por semana. Tampoco se ha aclarado las denuncias de masacres de indígenas en el Alto Naya, la Sierra Nevada de Sta. Marta, en Chocó, Cauca y Córdoba. Esta situación aún subsiste. En su informe del 2012 la ONIC relata como en ese año murieron 104 indígenas y más de 12.000 fueron desplazados en especial en los departamentos del sur Cauca, Nariño o del occidente Risaralda y Choco afectados por asesinatos, minas antipersonales, combates y desnutrición (El Tiempo, 17 de abril de 2013 p.6). Estas notas periodísticas son solo una breve síntesis de la política de etnocidio sobre los diversos grupos étnicos en distintas regiones del país que se han practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. La historia de los grupos étnicos especialmente de los indígenas de Colombia ha estado enmarcada por el etnocidio que se ha practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. No tendremos que irnos hasta la discusión lascasiana para abordar el problema como resultado de la discriminación porque no solo los nativos son objeto de esta permanente agresión, muchos sectores sociales la sufren, pero quizá son aquéllos el eslabón más débil por tenerse como seres inferiores desde cualquier punto de vista, como lo manifestaran los autores de la matanza de La Rubiera (Arauca, 1967) (Castro 1979) , quienes ante el juicio que se les siguió conceptuaron que no sabían que los indios eran racionales. No podemos afirmar que sea política del estado la extinción de estas poblaciones, pero hasta qué punto "es válida la ecuación etnicidad=violencia" –como plantea el profesor Isidoro Moreno (1994:140)-.¿Será que como representan el grupo dominante ("criollo") pueden contribuir al despojo de las etnias nativas? O que "si un estado es multiétnico la etnia a la que pertenece la clase dominante estará globalmente en posición dominante, aunque también se ejerza la violencia dentro de ella, por la oposición de clases" y más adelante Moreno añade que esta clase "obstaculizará o reprimirá los intentos de las etnias dominadas de reafirmar su propia especificidad" (Moreno 1994:141). De este principio el profesor Isidoro concluye los diversos aspectos en que se manifiesta esta dominación como suelen ser la lengua, la religión, las leyes y constituciones, burocracia, medios de comunicación, fiestas nacionales y el uso de los cuerpos armados y así eliminar esta diversidad y lograr un estado nación homogéneo sin la pluralidad étnico-nacional, empobreciendo las demás "identidades etnico-nacionales" (Moreno 1994:146). Un país que contiene más de una nación no es una nación-estado, sino un estado multinacional, donde las otras culturas se encuentran en situación de dominación por un "etnocracia". (Kymlicka, W.1996:26; Guibernau, M. 1996: 70; Connor, W. 1998: 73) Tomamos el movimiento del grupo Páez, a lo largo de su historia como ejemplo de esta situación, es constante la presencia de fuerzas represoras por parte del estado y sus agentes, o de terratenientes quienes muchas veces con apoyo en la ley impiden a toda costa el restablecimiento -entre otros- de los derechos tradicionales sobre la tierra y su cultura, de importancia fundamental para la supervivencia étnica y sobre quienes se ha mantenido su despojo de manera sistemática. Muchas veces a esta violencia el grupo que resiste responde a su vez con violencia, entonces esta se tilda de terrorista o ilegitima. Así se verá como el grupo guerrillero del Quintín Lame constituido en el Cauca para hacer respetar la vida de los líderes de los cabildos se considera por fuera de la ley, a pesar que básicamente responda a las necesidades de autodefensa. El capítulo quinto está dedicado a estudiar la afrocolombianidad o afro descendencia o identidad cultural de las poblaciones con origen y tradiciones africanas que poblaron el territorio nacional desde la Colonia. Se compendian las discusiones en torno a la vigencia de sus orígenes, tradiciones y supervivencias para poder conceptuar en qué grado su identidad es total o parcialmente africana o corresponde a procesos identitarios sufridos después de su traslado a América que determinan diferencias regionales más que propiedades esencialistas. "La mayor parte de los negros no tienen ni desean una identidad nacional específica. Consideran que tienen derecho a la plena participación en cualquier nación americana. han luchado por la plena e igual participación en la sociedad global. cada vez es más común aceptar que se necesita un nuevo modelo de integración (Kymlicka 1996:44)" Finalmente en el segundo tema del capítulo quinto estudio, a partir del trabajo de campo realizado entre comunidades afrocolombianas, los efectos de artículo 55 transitorio de la nueva Constitución y de la ley 70 de 1993, trabajo de campo realizado en la región del alto Chocó biogeográfico. Es un común decir que si hablamos de territorio y de población negra nos tengamos que referir al Chocó. Es posible que así sea pues el Chocó constituyó durante muchos años, quizá varios siglos, una región del país llamada "marginada", es decir por fuera de la circulación de ciudadanos nacionales y sus mercancías. Por eso podemos considerar a esa región como un área cultural por excelencia de la cultura negra e indígena en Colombia, las cuales interactuaron formando un espacio de intercambios y préstamos. Hoy se discute si la cultura "negra" corresponde a una tradición africana y en tal caso a cuál o cuáles de tantas, hasta el punto de pretender señalar algunas de ellas como las antecesoras directas de los afrocolombianos con una tendencia a resolver el problema de una manera fundamentalista (Wade 1997). Hoy la población chocoana registra algunos rasgos como propios de su cultura entre los cuales se destaca su adaptación al medio ambiente que le ha permitido una óptima conservación de los recursos naturales, una forma de asociación para el trabajo agrícola y minero, y para la apropiación del territorio, ritos funerarios propios, expresiones lingüísticas, folklóricas y de alimentación. Los actuales movimientos sociales giran, ante todo, alrededor de la titulación del territorio como consecuencia de la ley 70 de 1993, aplicación del artículo transitorio 55 de la nueva Constitución. Podríamos establecer como punto de referencia dos momentos importantes de la vida social de las comunidades afrocolombianas del Chocó en general o del Alto San Juan en particular, o la forma tradicional de organización social, especialmente aquella que se da alrededor del trabajo en minga denominado también de la "mano cambiada" o del "tiempo cambiado", o la que se desarrolla hoy a partir de la titulación colectiva de la tierra. Obviamente entre las dos media una historia de cambios y sobresaltos en las condiciones tradicionales de vida. Quizá el más importante de todos por lo menos para el Alto San Juan sea la construcción de la carretera, pues tras ella ingresaron todo tipo de buscadores de fortuna como mineros, madereros y colonos ambiciosos de grandes haciendas y también cazadores de fauna silvestre. Junto con ellos vinieron los tenderos y negociantes del amor y la diversión para entretener la "nueva" sociedad. Esta abrupta transformación dejó muchas consecuencias en las comunidades, no sólo hijos de padres desconocidos, sino una desintegración social que condujo además a la ruina a sus pobladores ante los cambios radicales ocurridos, ya sea por las dificultades ocasionadas para lograr el oro, fruto del sencillo barequeo, sino también en la desaparición de la pesca por el alto grado de contaminación fluvial ocasionada por el mercurio y los efectos negativos sobre la salud por el manejo de aguas detenidas en pozos dejados por la remoción sin contemplación de suelos, propicios para criaderos de zancudos propagadores del paludismo. Podríamos sintetizar las nuevas condiciones de la vida social como resultado de la metalización del intercambio económico. La introducción del jornal minero conllevó la desintegración de la minga y con ella del tiempo cambiado y de la seguridad alimentaria. El pueblo afro chocoano ha sido arrastrado por el capitalismo salvaje a una condición de humillación y desintegración ante la mirada inerme de un agente externo que ha impuesto su "ley" con el respaldo de la única y válida ley de un estado "colonialista". El movimiento social que condujo a la redacción de una nueva constitución política para la nación, milagrosamente, le otorgó nuevas condiciones jurídicas a la realidad multicultural y pluriétnica del país, propiciando la redención del tratamiento de inferioridad dado a los grupos étnicos de indígenas y negros, reconociendo sus características culturales y "legalizando" su apropiación del territorio. Las nuevas normas (Artículo 55 transitorio, Ley 70 de 1993, Decreto 2284 de 1995, Decreto 1745 de 1995, entre otras) han impulsado por parte de líderes que venían actuando en juntas de acción comunal y asociaciones campesinas la creación de consejos comunitarios para gestar la titulación del territorio tradicional que permita el control de sus recursos y favorezca el desarrollo social y económico; sin embargo puede ser el origen de nuevos factores de tensión y conflicto en el ya oscuro escenario de las violencias que afectan al país. Un ejemplo son las tensiones en el Litoral Pacífico entre indígenas y negros por la delimitación territorial por el uso tradicional de los bosques como territorios de caza ancestral sin delimitaciones conocidas y que es motivo de debate en la actualidad. De manera que la tesis presenta el carácter estructural de la composición étnica del país desde su configuración nacional, mostrando los principales cambios ocurridos desde su concepción "racialista", blanqueadora, cristianizante, castellanizante o de integración aculturadora y mestizante, hasta lograr –gracias a las luchas populares expresadas en los movimientos sociales, especialmente de los indígenas Nasa o Páez y Guambianos- una nueva conformación político social e institucional determinada en la nueva Constitución de 1991. Con este fin se estructuran los capítulos. En el primero, marco teórico y metodológico, se definen las categorías y conceptos centrales desde la perspectiva de la antropología política y se resalta el carácter deductivo de su aplicación al análisis de las relaciones interétnicas de la sociedad colombiana; en el segundo la formación del estado nación como triétnico: blanco, indio y negro, y la participación de los distintos elementos que lo integran con el objetivo de lograr la unidad nacional y su identidad; en el tercero se toma el caso del Departamento de Caldas como muestra regional y local del desarrollo del acontecer nacional, especialmente como representación de las costumbres políticas que se demuestran son propias del país. En el capítulo cuarto se desarrolla la historia cultural y política de las étnicas indígenas del Departamento del Cauca –nasa o paez y guambianos– quienes con su tradición de luchas por lograr el respeto de sus territorios y cultura y por medio de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC vienen a ser abanderados en los cambios constitucionales de 1991 que modifican radicalmente la definición de la nación al aceptar como principio organizativo su carácter multiétnico y pluricultural. En el capítulo quinto se trabaja la identidad afrocolombiana desde los comienzos del nacimiento del estado nación, se establece su importancia y las diferentes tesis acerca de su carácter cultural, para mostrar los efectos que sobre su sobrevivencia como tal, tiene la nueva Constitución tomando como ejemplo las comunidades negras del Alto San Juan. Considero que Colombia ha tenido unas instituciones político-sociales excluyentes, dominadas por un grupo étnico inicialmente criollo –conformado por los descendientes directos de los europeos- que cumplieron del papel de la llamada por Smith (1997) "la etnia lateral" y que posteriormente en un proceso de blanqueamiento de su población, el mestizaje vino a ser el dominante como propósito para el logro de la unidad nacional. Sin embargo sus criterios ideológicos fueron los tradicionalmente excluyentes del periodo colonial representados en el dominio de la iglesia y de la religión católica y con el aval de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, con el fin de prevenir cualquier cambio revolucionario como se advierte en la definición del estado nación y en los propósitos de la Constitucion de 1886 que prevaleció hasta 1991, cuando por una nueva Asamblea Constituyente se acepta la condición plurietnica y multicultural de país, otorgándole derechos especiales a los grupos indígenas y afrodescendientes tradicionalmente excluidos, rompiendo la posición clásica de la teoría política liberal sobre la universalidad de los derechos. Ante la crisis del sistema político colombiano debido al control de las élites sobre el estado y los vicios producto de su práctica clientelista, de una parte, y por otra, la sobrevivencia cultural a partir de su historia reivindicatoria y del movimiento social en particular de los paeces habitantes del Departamento del Cauca, así como los movimientos sociales y luchas populares de campesinos, obreros, estudiantes y del movimiento armado, se acentuó de tal manera la crisis política que se llegó a la coyuntura necesaria para establecer un nuevo pacto social. Por último, vale la pena señalar que, como hizo Philip Abrams en su artículo "Notas sobre la dificultad de estudiar el estado" del que fui co-traductor para su publicación en Colombia (ver bibliografía), las palabras "iglesia" y "estado" aparecen en minúsculas, excepto en las citas, con el mismo ánimo desmitificador. No así cuando se trata de referencias personales a las autoridades como el Papa, el Presidente, etc.
