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En Colombia, el feminicidio es un tipo penal cerrado, en cuya estructura de delito autónomo, el legislador determinó, según el artículo 2° de la Ley Rosa Elvira Cely LREC, que el sujeto pasivo es la mujer cis, considerada así desde lo biológico, en razón de su sexo de nacimiento. En la jurisprudencia colombiana, cometer feminicidio es causar la muerte a una mujer, necesariamente motivada "por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, móvil que hace parte del tipo dolo calificado" (Sentencia C-297 de 2016). Según Ramos de Mello (2015), en el feminicidio "el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y de hacerse respetar, de buscar y administrar la justicia, de prevenir y erradicar la violencia que ocasiona"; mientras que, las teorías sociológicas consideran al feminicidio como un crimen de Estado (Legarde, 2008) o como violencia sexual sistemática, propia de las relaciones de poder: social, cultural (machismo, patriarcado), política y económica, dominantes (Monárrez, 2009). En la LREC, el legislador no definió con precisión que el sujeto pasivo en el delito de feminicidio allí consagrado, podría extenderse a personas transgénero, concepto general que para la CIDH de la OEA constituye una denominación básica para designar a "aquellas personas cuya identidad de género u orientación sexual es diferente de las expectativas basadas en características físicas sexuales o en el sexo que les fue asignado al momento del nacimiento" (CIDH-OEA, 2015); los modelos o estereotipos sociales establecen disimilitudes en la sociedad, aunque la perspectiva antropológica del rol de mujer trans (travesti, transexual y transgénero), no necesariamente está vinculada a procedimientos médico-quirúrgicos para la reasignación de sexo, sino a la construcción de la identidad de género (Cano-Caballero, 2010). En la sociedad contemporánea, existen grupos de personas LGBTI, considerados vulnerables por su diversidad sexual, quienes no tienen regulados sus derechos de identidad jurídica en la legislación nacional, a pesar que la comunidad jurídica internacional se los haya reconocido en razón o por su condición de género (CIDH, 2015); situación que los expone al prejuicio que a su vez los hace objeto de violencia y estigmatización (Ramos-Salcedo & González-Mauricio, 2015). De otra arista, el orden social en los Estados no está organizado estructuralmente para dar prioridad y adaptar procesos pertinentes con identidad de género o sexual, por lo cual deberían ser considerados como "construcción del cuerpo social como eje de transversalidad para la culturización y la difusión de información, para que la sociedad contemporánea, respete y asimile un proceso más inclusivo, que genere mayor atención hacia el cuerpo distinto, presente en la persona" (Cedeño & Cedeño, 2018). En Colombia, los derechos de las personas LGBTI no solo son irrespetados, sino que además no le son garantizados a plenitud, dado que, las autoridades de tipo judicial y administrativa, "anteponen el estereotipo o prejuicio al momento de aplicar la legislación o por una actitud omisiva desconocen las precarias e infravaloradas condiciones y estigmatización social" (Colombia Diversa, 2020); debido quizá a que el sistema está cimentado sobre la base del binarismo de género, invisibilizando a las mujeres trans y desconociendo la realidad de personas con género no binario. Aunque la Corte Constitucional colombiana ha sentado jurisprudencia a través de múltiples sentencias en materia de derechos de parejas del mismo sexo, en el país persiste la discriminación homofóbica por razones de orientación sexual e identidad de género, registrándose en forma continua, la vulneración a los derechos humanos y fundamentales como la integridad personal, la libertad, la intimidad, la libertad de expresión, a pesar de las normas y las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por su garantía. Transcurridos dos decenios del siglo XXI, estos derechos de las personas transgénero siguen siendo ignorados y como personas humanas, "marginados y discriminados por una sociedad que le niega la existencia de una identidad de género propia de las personas trans, el derecho de igualdad sin distinción de sexo o género, sin exclusión" (Cardona-Cuervo, 2016; Godoy, 2019). El no reconocer de forma incluyente a la persona trans, mediante política pública o legislación más precisa, desatiende la valoración social, la identidad de género no normativa y la identidad jurídica, siendo un condicionamiento que conlleva a la incorrecta imputación como homicidio agravado, al tipo penal de feminicidio cuyo sujeto pasivo es la mujer-adolescente trans. En esta tesis se desarrolla una investigación sociojurídica tipo analítica y comparada, dado su método de análisis interseccional de contenido, basado en fuentes de doctrina, jurisprudencia y política criminal, así como del derecho comparado con países de Latinoamérica en cuya legislación se incluya el tipo penal de feminicidio delimitando su unidad de análisis a adolescente transgénero y el sintagma gnoseológico se desarrolla mediante tratamiento multidimensional e interdisciplinar, con tres categorías analíticas abordadas desde la antropología social, psicología, derecho y ciencia forense; para determinar la construcción social e identidad jurídica como mujer-adolescente transgénero, necesaria para proponer su inclusión taxativa como sujeto pasivo en la LREC. Desde lo procesal-penal, se propone el protocolo de actuación médico forense y se incorporan los elementos socio-jurídicos incidentes que, como mecanismo judicial se requieren direccionar para una efectiva imputación en el proceso de investigación criminal del feminicidio transgénero. Desde lo académico, el problema jurídico y su solución, se abordan desde el conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario en las áreas de Antropología, Derechos Humanos, Ciencia Forense, Derecho Procesal-Penal y Criminología; con lo cual se logra un aporte transversal, contemporáneo y de impacto sociojurídico, que genera una prospectiva como nueva línea de investigación y futuras investigaciones de alto impacto a nivel teórico e institucional en la USTA. ; In Colombia, Femicide is a closed criminal type, in whose structure of autonomous crime, the legislator determined, according to article 2 of the Rosa Elvira Cely LREC Law, that the taxable person is the woman considered thus from the biological point of view, in reason for your birth sex In Colombian jurisprudence, committing Femicide is causing the death of a woman, necessarily motivated "by her condition of being a woman or by reasons of her gender identity, motive that is part of the type of qualified fraud" (Sentence C-297 of 2016). According to Ramos de Mello (2015), in Femicide "the State is incapable of guaranteeing the lives of women, of respecting their human rights, of acting legally and enforcing respect, of seeking and administering justice, of preventing and eradicating the violence it causes "; While, sociological theories consider Femicide as a crime of the State (Legarde, 2008) or as systematic sexual violence, typical of power relations: social, cultural (machismo, patriarchy), political and economic, dominant (Monárrez, 2009 ). In the Rosa Elvira Cely Law, the legislator did not precisely define that the taxpayer in the crime of Femicide enshrined therein, could be extended to transgender people, a general concept that for the IACHR of the OAS constitutes a basic denomination to designate "those persons whose identity of gender or sexual orientation is different from the expectations based on sexual physical characteristics or on the sex assigned to them at the time of birth "(IACHR-OEA, 2015); social models or stereotypes establish dissimilarities in society, although the anthropological perspective of the role of trans women (transvestites, transsexuals and transgender), is not necessarily linked to medical-surgical procedures for the reassignment of sex, but to the construction of identity gender (Cano-Caballero, 2010). In contemporary society, there are groups of LGBTI people, considered vulnerable due to their sexual diversity, who do not have their legal identity rights regulated in national legislation, despite the fact that the international legal community has recognized them by reason or by their status as gender (IACHR, 2015); a situation that exposes them to prejudice that in turn makes them the object of violence and stigmatization (Ramos-Salcedo & González-Mauricio, 2015). On the other hand, the social order in the States is not structurally organized to prioritize and adapt pertinent processes with gender or sexual identity, for which they should be considered as "construction of the social body as an axis of transversally for culturalization and dissemination of information, so that contemporary society respects and assimilates a more inclusive process that generates greater attention to the different body present in the person" (Cedeño & Cedeño, 2018). In Colombia, the rights of LGBTI people are not only disrespected, but they are also not fully guaranteed, given that judicial and administrative authorities "put the stereotype or prejudice before applying the legislation or by a omisive attitude ignore the precarious and undervalued conditions and social stigmatization "(Colombia Diversa, 2020); perhaps due to the fact that the system is founded on the basis of gender binaries, making trans women invisible and ignoring the reality of people with non-binary gender. Although the Colombian Constitutional Court has established jurisprudence through multiple judgments on the rights of same-sex couples, homophobic discrimination persists in the country for reasons of sexual orientation and gender identity, with the violation of rights being continuously recorded. human and fundamental such as personal integrity, freedom, privacy, freedom of expression, despite the rules and Non-Governmental Organizations that work for their guarantee. After two decades of the 21st century, these rights of transgender people continue to be ignored and as human persons, "marginalized and discriminated against by a society that denies the existence of a gender identity typical of trans people, the right to equality without distinction. of sex or gender, without exclusion" (Cardona-Cuervo, 2016; Godoy, 2019). Not recognizing the trans person in an inclusive way, through public policy or more precise legislation, neglects social valuation, non-normative gender identity and legal identity, being a condition that leads to the incorrect imputation as aggravated homicide, to a criminal type of Femicide whose taxpayer is the transgender woman-adolescent. In this thesis, an analytical and comparative socio-legal research is developed, given its method of intersectional content analysis, based on sources of doctrine, jurisprudence and criminal policy, as well as comparative law with Latin American countries in whose legislation the criminal type is included from feminicide, delimiting its unit of analysis to a transgender adolescent and the epistemological phrase is developed through multidimensional and interdisciplinary treatment, with three analytical categories approached from social anthropology, psychology, law and forensic science; to determine the social construction and legal identity as a transgender woman-adolescent, necessary to propose her exhaustive inclusion as a taxpayer in the LREC. From the procedural-criminal point of view, the forensic medical action protocol is proposed and the incident socio-legal elements are incorporated that, as a judicial mechanism, are required to address for an effective imputation in the criminal investigation process of transgender Femicide. From the academic point of view, the legal problem and its solution are approached from interdisciplinary and transdisciplinary knowledge in the areas of Anthropology, Human Rights, Forensic Science, Procedural-Criminal Law and Criminology; with which a transversal, contemporary contribution with a socio-legal impact is achieved, which generates a prospective as a new line of research and future research of high impact at the theoretical and institutional level in the USTA. ; Magister en Derecho Penal y Procesal Penal