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Resumen: El 24 de junio de 2022, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió el caso ""Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. vs. Jackson Women's Health Organization et al." y, al tiempo que sostuvo la constitucionalidad de una ley de Mississippi, derogó judicialmente los precedentes "Roe vs. Wade" (1973) y "Planned Parenthood of Southeastern P. vs. Casey" (1992) que habían sostenido, de forma manifiestamente equivocada, que existía un derecho al aborto. Para la Corte no existe un derecho así en la Constitución, ni siquiera implícitamente y, de esta forma, la discusión se traslada ahora a las legislaturas de cada estado, que son las que tienen la autoridad para regular o incluso prohibir el aborto. El fallo fue resuelto por una mayoría de 6 votos divididos en un voto mayoritario (Alito, Thomas, Gorsuch, Kavanaugh y Barret) y un voto concurrente en la decisión (Roberts). La disidencia fue firmada por tres jueces en conjunto (Breyer, Sotomayor y Kagan). El juez Roberts solo coincide con la mayoría en la decisión sobre la ley de Mississippi y difiere en lo que respecta a la decisión de derogar "Roe" y "Casey" (aspecto de la decisión que resulta aprobado por un resultado de 5-4). Por su parte, Thomas y Kavanaugh, además de adherir al voto de la mayoría redactado por el juez Alito, emitieron opiniones concurrentes ampliando los fundamentos de su decisión. La sentencia posee una enorme importancia por sostener que no existe un derecho al aborto. Pero también tiene una gran complejidad, por las peculiares características del sistema jurídico de los Estados Unidos. En todo caso, procuraré un resumen de las principales cuestiones en juego del fallo "Dobbs", concentrando la atención, sobre todo, en el voto de la mayoría. ; Sumario: 1. Introducción. – 2. ¿Qué problema enfrentaba la corte? – 3. ¿Existe un derecho al aborto en la constitución de los estados unidos? – 4. ¿existen argumentos válidos para derogar los precedentes "Roe" y "Casey"? – 5. Otras proyecciones de la sentencia. ...

Introducción: El 17/06/1993 se iniciaba la causa "R., R. D. c. s/dato s/medidas precautorias" en que el actor denunciaba la práctica de la técnica del "congelamiento de personas por nacer" y solicitaba medidas para el amparo de esas personas. En esa causa, el 03/11/1999 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictaba la famosa sentencia que ordenó la realización de un censo de embriones humanos crioconservados. Desde entonces, en distintas ocasiones la dilemática situación de esos embriones ha sido puesta a consideración del Poder Judicial. El 09/04/2021 se ha verificado un nuevo hito en esta historia cuando la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó sentencia en la causa "R. G. A. y otro s/ autorización", revocó el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil nro. 85 y rechazó el pedido de quienes habían solicitado el cese de la crioconservación de los embriones originados con técnicas de reproducción asistida. Se trata de una valiosa sentencia que aborda casi todas las cuestiones jurídicas que plantea la situación de crioconservación de embriones humanos: desde el comienzo de la existencia de la persona, pasando por la no aplicación de las leyes de muerte digna o aborto, hasta la aplicación del derecho de familia y los límites de la voluntad procreacional (1). En este trabajo (2), tomando como eje del análisis a esta última sentencia de la Sala G, quisiera ofrecer una aproximación general a la situación jurídica de los embriones humanos crioconservados, procurando hacer un balance de los cambios que se han operado en estos 28 años, como así también de las situaciones que se mantienen constantes y sin solución. La hipótesis central que intentaré demostrar es que coexisten en el derecho argentino dos grandes tendencias al momento de considerar a los embriones crioconservados. Por un lado, de la mano del cada vez mayor poder biotecnológico para conocer e intervenir sobre el ser humano en etapa embrionaria y sobre la procreación, el ordenamiento jurídico y los jueces han adoptado en muchas ocasiones la postura más favorable a la realización casi sin límites de las técnicas, con pocos controles y legitimando toda nueva adquisición biotecnológica. Por el otro, con arraigo en una fuerte tradición jurídica argentina, subsiste un principio de respeto a la inviolabilidad de la vida humana desde el momento mismo de la concepción y a su dignidad que resiste a esa expansión biotecnológica. Para este estudio, el primer apartado estará dirigido a presentar sintéticamente un panorama de las transformaciones que se han operado en el campo de las biotecnologías aplicadas al embrión humano. Ello permitirá advertir las nuevas posibilidades de diagnóstico e intervención que existen y que, no obstante el conocimiento cada vez mayor de la realidad embrionaria, las técnicas extracorpóreas no han logrado resolver los dilemas que supone la concepción de embriones para que luego sean crioconservados. En el segundo apartado, el análisis se centrará en el campo normativo, para ver cuáles fueron los cambios que hubo en las normas aplicadas a la situación de los embriones, ya sea en el plano legislativo, como en el de otras regulaciones. Aquí veremos también las disposiciones emanadas de la Administración Pública, con particular referencia a las respuestas de supervisión sobre los que realizan estas técnicas. Finalmente, consideraremos la perspectiva judicial del problema, explicando cómo la sentencia de la Sala G de abril de 2021 que estamos comentando se inscribe en las dos tendencias antes mencionadas: una que es favorable a los intereses biotecnológicos y otra que es protectoria de la vida humana embrionaria.

Resumen: La dignidad humana ocupa un lugar central en el derecho de los derechos humanos y opera como un principio fundamental que debe ser guía tanto para la tarea legislativa como para la tarea judicial. Ahora bien, esa centralidad de la dignidad plantea no pocas controversias por el carácter abierto que tiene el término. En cuanto a su aplicación, se debe comenzar recordando que, en principio, corresponde a los distintos Estados determinar en su ordenamiento jurídico las formas adecuadas de respetar y asegurar la dignidad humana, sobre todo por medio de disposiciones legislativas. Así, en el campo de las normas escritas, encontramos tres modos en que aparece la dignidad: i) como derecho a la dignidad: en el título del art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; ii) como calificación especial de un derecho: el legislador se refiere al trato digno debido al trabajador en la Ley de contrato de Trabajo o al paciente en la Ley 26529 o al consumidor en la reforma de 2008 de la ley 24240; iii) como principio fundamental: por ejemplo, en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en los arts. 279 y 1004 del Código Civil y Comercial donde la dignidad es principio que limita la autonomía de la voluntad en materia de actos jurídicos o de contratos, o en el art. 51 del Código Civil y Comercial sobre reconocimiento y respeto de la dignidad, en el capítulo sobre los derechos personalísimos.

La sanción de la ley 26.862 de cobertura integral de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida (en adelante LRA) estuvo signada por la ausencia de un debate serio y de fondo sobre las implicaciones jurídicas de la intermediación técnica en la procreación humana. Al colocarse el eje de la ley en la cuestión de la "cobertura" por el sistema de salud, se soslayaron las controvertidas y polémicas cuestiones subyacentes y en torno a las cuales se sucedieron numerosos proyectos legislativos desde hace más de 25 años. Tal deliberada omisión legislativa necesariamente conduciría al surgimiento de litigios en torno a la admisibilidad misma de las técnicas, sus finalidades, sus alcances, y, en definitiva, sobre los límites de unas tecnologías que conducen nada menos que a la generación de nuevos seres humanos. En este marco, la Cámara Federal de Salta aporta un oportuno fallo en torno a la cuestión de los límites de la cobertura de la fecundación artificial. En este breve comentario presentaremos los hechos y los alcances de la sentencia comentada y nos focalizaremos en el análisis de la no inclusión del diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) en la ley 26.862 y, también, en las consecuencias que significa habilitar la posibilidad de seleccionar embriones a través del DGP.

La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo de 2012 sobre aborto en la causa "F.A.L. s/amparo" ha vuelto a colocar en el centro del debate la relación entre aborto y objeción de conciencia. En esta presentación me concentraré en la actuación de los profesionales de la salud en general, aunque con particular referencia a los médicos. La actuación del médico se muestra paradójica en relación con la libertad de realizar o no un acto médico. Ciertamente, el consentimiento informado se ha consolidado como el mecanismo a través del cual el paciente coopera en su proceso de salud, como expresión del deber que supone el cuidado de la vida humana, que comienza por el cuidado de la propia vida. Por su parte, el profesional tiene un deber de prestar asistencia médica, particularmente en las situaciones de gravedad y, por otra parte, un derecho a negarse a prestar asistencia médica cuando la situación contraríe las convicciones o por simple decisión, siempre que no importe abandono del paciente. En Argentina, la ley 17.132 de ejercicio de la medicina en el artículo 19 inciso 2 prescribe, entre los deberes de los profesionales que ejerzan la medicina, el de "asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga y hasta tanto, en caso de decidir la no prosecución de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio público correspondiente". Además de estas situaciones, el médico tiene, en razón de su ciencia, potestad para decidir o no la realización de un estudio según su propio juicio. Pues bien, en esta exposición profundizaremos sobre las situaciones en que el médico solicita se lo exima de intervenir en una situación determinada en razón de un conflicto grave e insalvable entre el mandato legal y sus convicciones más íntimas. Estructuraré la intervención de la siguiente forma. Primero, presentaré la objeción de conciencia como instituto jurídico, procurando una definición y sistematización de su clasificación. Luego, consideraremos los fundamentos ético-jurídicos de la objeción de conciencia, con particular referencia a la ley positiva, la ley natural y las convicciones religiosas. Con este marco general, analizamos la problemática específica de la objeción de conciencia ante el aborto. Aquí formulamos una distinción: por un lado, tratamos el tema en la actualidad y a partir de la legislación vigente que considera como delito al aborto. Por el otro, hacemos una breve referencia a los proyectos de ley en trámite ante el Congreso de la Nación. También consideraremos el tema en el fallo de la Corte Suprema sobre aborto.

Introducción: La cuestión de las técnicas de fecundación artificial, que desde hace más de 20 años espera una respuesta legislativa, es, ciertamente, uno de los temas bioéticos más controversiales que enfrenta el Congreso Nacional. En este marco, el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial elevado al Senado de la Nación el 8 de junio de 2012 aborda algunas de las consecuencias jurídicas de esta problemática sin abordar el fondo del asunto.- En el presente artículo nos proponemos considerar el tema desde la problemática vinculada con la filiación. En este comentario priorizamos el enfoque sistemático del proyecto, acompañado de algunas consideraciones críticas a la luz de los derechos del niño.

Resumen: Este artículo se propone estudiar la vinculación entre matrimonio y bien común, a partir del debate en la Argentina de la ley 26.618 de legalización de las uniones homosexuales como matrimonio y de los lineamientos propuestos por Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Se advierte una claudicación en la búsqueda del bien común que obedece a diferentes factores, sobre todo el relativismo cultural. Se propone una noción de bien común que respeta la dignidad de la persona y su dimensión social y se consideran las contribuciones del matrimonio al bien común. Se advierte cómo la ley 26.618 concede a las uniones de personas del mismo sexo beneficios propios del matrimonio entre varón y mujer sin que se cumplan las funciones sociales de esa institución. También se proponen algunas condiciones de la vida social que favorecen al matrimonio para que así contribuya al bien común, con especial referencia al ámbito de la legislación, las políticas públicas, los medios de comunicación, la empresa y el mundo del trabajo y la ciencia y la tecnología. Finalmente, se consideran los obstáculos que surgieron en el reciente debate legislativo por la aparición de un laicismo militante y la contribución de las religiones al bien común desde una sana laicidad en esta materia. ; Abstract: This article proposes to study the link between marriage and common good from the debate in Argentina of the law 26.618 of legalization of same sex unions as matrimony and the lineaments proposed by Benedict XVI in Caritas in Veritate. Cultural relativism is the principal cause of this lost to research the common good. It proposes a notion of common good that respects human dignity and its social magnitude and considers contributions to the common good of marriage. It warms about the way the law 26.618 grants to unions of people of the same sex benefits that belong to marriage between man and woman without fulfilling social roles of this institution. It proposes some social life conditions that favor to marriage that it contributes to the common good, with special reference to the legislation field, the public policies, the mass media, the enterprise and the work and science and technology world. Finally, it considers the obstacles arose in the recent legislative debate because of the appearance of a militant laicism and the contributions from religions to common good approach to this matter.

Resumen: Las cuestiones vinculadas con la vida humana, su defensa y promoción, no son un asunto individual sino que tienen una clara dimensión cultural que hoy, a partir de los adelantos científicos, presentan nuevas características que en muchos casos, en lugar de estar al servicio de la vida, atentan contra ella. El contexto cultural condiciona el accionar de los cuerpos legislativos y provoca leyes que terminan traicionando los derechos fundamentales de la persona. Por tal motivo, es necesaria una legislación fundada en la dignidad de las personas y en la búsqueda del bien común, que defienda la vida, que tenga una función pedagógica y no se convierta en generadora de "estructuras de pecado". Se subraya, especialmente en relación con los temas de aborto y eutanasia, que la ley nunca puede justificar la muerte de un inocente, sino que debe actuar siempre en favor de la vida.

Introducción: El 12 de julio de 2016 el Poder Ejecutivo Nacional elevó al Senado de la Nación el Mensaje nro. 75 (Expte. PE-82/16) por el cual se propone la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. El proyecto de ley de creación de la AGNET se estructura en cuatro capítulos que abarcan 22 artículos: I: Creación, patrimonio, funciones; II: Directorio, integración, funciones; III: Consejos; IV: Disposiciones Generales. Nos proponemos en este artículo analizar el proyecto de ley presentado, que aborda uno de los temas más relevantes de la política sanitaria y que reconoce algunos antecedentes aislados en nuestro país, y un mayor desarrollo en los modelos comparados de otros países europeos y americanos.

Ante la finalización del Ministerio Petrino del Santo Padre Benedicto XVI el pasado 28 de febrero de 2013, la Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana dependiente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina quiere expresar su profunda gratitud por el rico Magisterio que ha legado en relación con la ley natural y la persona humana. En este sintético homenaje, queremos recordar sus intervenciones a partir de tres ejes, que ciertamente guardan mucha relación entre sí pero que pueden diferenciarse: a) El estudio de la ley natural en la Iglesia Católica. b) La ley natural propuesta al mundo de la política. c) Los juristas y la ley natural.

Resumen: El artículo analiza, a partir del fallo "Case of Schalk and Kopf v. Austria" del 24/6/2010 referido al matrimonio y las uniones de personas del mismo sexo, la evolución jurisprudencial de la Corte Europea de derechos humanos respecto de los conceptos de "vida familiar" y matrimonio. La Corte redefine vida familiar para incluir a las parejas de personas del mismo sexo. Decide, sin embargo, que la definición heterosexual de matrimonio no es discriminatoria. Sin embargo, la argumentación de los votos parece desmentir el fallo en este punto, despertando dudas sobre la posibilidad de que esta jurisprudencia se sostenga. Un análisis de los precedentes al caso "Schalk" exhibe una tendencia a deconstruir el matrimonio y a tornar a la familia un concepto diluido. Al analizar la jurisprudencia respecto de los principales tópicos del derecho de familia, puede advertirse la misma progresión. El artículo cierra con una comparación con el sistema americano de derechos humanos, en especial a partir de la ley de legalización de las uniones de personas del mismo sexo como matrimonio en Argentina. ; Abstract: This article deals with the evolution of the concepts of "family life" and marriage in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. Its genre is a case note of Re Schalk and Kopf (24/6/2010). The Court redefines family life to include that of same sex couples. It holds nonetheless, that the definition of marriage as a heterosexual institution is not discriminatory. However, the argumentation of the votes is a contradictory one, raising doubts about the possibility of upholding this ruling in the near future. An analysis on the precedents of the Court concerning family issues exposes a trend to deconstruct the definition of marriage and turn family into a diluted concept. We observe a parallel progression in the rulings of the Courts involving the main topics of family law. The article ends with a small reference to the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights and a short notice about the legalization of same sex marriage in Argentina.

Sumario: I. El caso y el fallo. — II. Plan del comentario. — III. El caso, hechos, legislación aplicable, el proceso. — IV. El tipo jurídico "vida familiar" en la Corte Europea de Derechos Humanos. — V. El matrimonio: la desconstrucción y reformulación jurisprudencial. — VI. Hermenéutica de la fórmula "el hombre y la mujer tienen derecho a casarse". — VII. La crisis de fuentes en el derecho comunitario. — VIII. La proyección de la virtualidad de la norma neutral del Art. 9 de la Carta Europea. — IX. La presunta responsabilidad internacional por omisión legislativa. — X. Aplicación del fallo Schalk and Kopf al debate en Argentina. — XI. Corolario.

Abstract: Argentina considers its first National HTA Agency (AGNET) amidst expectations that it would stop "the scourge of judicialization". We suspect this argument is counterintuitive: the creation of HTA Agencies, or Health Benefits Packages in the Region, whatever their breadth, have so far failed to contain judicialisation by themselves. We discuss that judicialization thrives not only because of the laws of the land, but also because the design and creation of these technical Agencies, informing benefits lists, has been largely divorced from the more difficult task of seeking system-wide priority-setting (PS) processes and institutions, capable of eliciting the social values on which difficult coverage decisions should rest. We propose that, in order for explicit PS to gain a foothold in Argentina, a social "agreement on scarcity" has to be built first, consciously and openly, by (a) seeking more transparency in the way healthcare is financed across sub-sectors, with public access to auditable data; and (b) debating optimal levels of satisfaction of individual right to health, as rights of access, within the inevitable distributive conflict of a collective right to health and access, and never in isolation.

Sumario: 1. Introducción. — 2. La particular visión del Tribunal boliviano sobre el multiculturalismo. — 3. Los alcances jurídicos del fallo en relación al aborto y el derecho a la vida del niño por nacer. — 4. La sentencia 0206/2014 en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. — 5. Balance conclusivo. ; El 5 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió sentencia en la causa de Acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por Patricia Mancilla Martínez, Diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se cuestionaba los artículos 56, 58, 245, 250, 254, 258, 263, 264, 265, 266, 269, 315 y 317 del Código Penal (CP), por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.I, 14.I, II y III, 15.I, II y III, 35.I, 58, 64.I y II, 66, 109.I y 157.1 de la Constitución Política del Estado (CPE). La acción se orientaba a declarar la inconstitucionalidad de artículos referidos a distintas situaciones en las que, a juicio de la diputada accionante, las mujeres resultaban perjudicadas o discriminadas en sus derechos. (.) En este marco, el presente comentario se concentra en los puntos relacionados con el aborto y el derecho a la vida de la persona por nacer. Así, consideraremos el tema: a) desde la perspectiva multicultural propuesta por la sentencia en el marco de la afirmación de Bolivia como un Estado plurinacional; b) desde los alcances jurídicos de la sentencia; c) en la perspectiva del debate sobre la vida humana concebida en el sistema interamericano de Derechos Humanos.