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La pelea en defensa de la universidad pública es un ataque contra todo el sistema, pero encuentra en este objeto predilecto de denostación la clave del desprecio que anima a sus promotores. La pelea en defensa de la universidad pública es, ante todo, una lucha por el sentido que en estos años nos permitió conquistar ─aun como un desiderátum ─ la afirmación de este derecho. Pero hay que estar alertas: la contracara de la democratización de la universidad no es solamente su elitización, sino también su mercantilización. La restricción de las oportunidades de acceso a la universidad, que se puede prever como resultado del desfinanciamiento del sistema y del empobrecimiento general de la población, y que sin dudas sería un efecto inmediato de la imposición de dispositivos excluyentes en el ingreso, no es la única manera de negar el derecho a la universidad. La introducción de la lógica mercantilizadora en el funcionamiento de las instituciones y el reforzamiento de dinámicas competitivas, individualistas, de subordinación de metas educativas y de investigación a las exigencias y prioridades de financiadores privados, destruyen la lógica colaborativa y el sentido de lo público que se requieren para respaldar, además de la igualación de condiciones, la vinculación de la actividad académica a la demanda democrática en la formación de profesionales, en la creación de conocimientos, y en la producción cultural.

La Declaración Final de Cartagena de Indias de la CRES 2008 precisamente da cuenta no solo del nuevo clima socio-político regional sino, más importante aún, de un giro paradigmático en la forma de conceptualizar la problemática educativa. Dicha declaración se inicia sosteniendo de manera contundente que "La educación es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región". De este modo, comenzaba a difundirse y diseminarse un giro conceptual de las políticas de educación superior desde la perspectiva de los derechos, lo cual conlleva, por un lado, una resignificación de las nociones de acceso, expansión y democratización y, por otro, rediseñar y repensar los dispositivos y capacidades estatales para garantizar esa ampliación de derechos. En buena medida, este consenso guió las políticas de educación superior de los países de la región durante los últimos 15 años, aunque ciertamente los resultados y alcances fueron muy disímiles. Lejos de aquel clima de optimismo, la convocatoria a la tercera CRES 2018 en la ciudad de Córdoba, en coincidencia con el Centenario de la Reforma Universitaria, se da en un contexto internacional bien diferente de la anterior, el cual aparece signado por la crisis, la incertidumbre y fuertes signos de descomposición social que atraviesan tanto los países centrales como los periféricos.