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Globalisation, as a strategy of rupture of the material relationship between the Constitution and the Social State form, has generated an erosion of the legitimising assumptions of state sovereignty of social constitutionalism in terms of depoliticisation. However, the multiple crises experienced by the globalising strategy, with particular reference to health, seem to have consolidated a revisionist discourse based on the revaluation of state sovereignty. Precisely, the aim of this paper is to analyse whether the health pandemic has led to a new context that makes possible the return of the state as a response to the problems of legitimisation posed by the global market order. To this end, the analysis will focus on the measures adopted by the European Union and its member states during the pandemic and post-pandemic phases. The special focus on the European order is due to the fact that it has given a normative nature to the structural principles of global market constitutionalism, being its most complete legal formulation. In parallel, the bulk of the reflection will be accompanied by the methodological premise of the material constitution for its explanatory force of the reality of the state form in the constitutional paradigm of the global market, diluting the mirages of constitutional politics and post-positivist-formalism.

En esta reflexión trataremos de dar respuesta a dos interrogantes presentes en el debate generado tras la crisis de 2010-2012 del proyecto europeo. Por una parte, ¿es posible revertir la centralidad incondicionada del mercado único sin romper los Tratados? Por otra parte, ¿pueden los Estados miembros neutralizar esta centralidad a través de la Constitución de la forma de Estado social? Para ello, recuperaremos, con matices, la dialéctica metodológica del periodo de entreguerras de Weimar sobre la política, el poder, y su relación con lo jurídico. ; In this reflection, we will try to respond to two questions present in the debate generated after the crisis of 2010-2012 of the European project. On the one hand, is it possible to reverse the unconditional centrality of the single market without breaking the Treaties? On the other hand, can the Member States neutralise this centrality through the constitution of the social state form? For this purpose, we will recover, with nuances, the methodological dialectic of the inter-war period in Weimar on politics, power and their relationship with the constitutional law.

La dimensión social europea ha adquirido, al menos en el plano teórico político de los últimos tres años, una cierta autosuficiencia que parece alejarla de aquel escenario inmediato a la implosión de la crisis de la eurozona donde las declaraciones y propuestas para la vialidad del proyecto se circunscribían, sin ambages, a la supervivencia de la gobernanza económica europea. Empero, esta renaissance de la integración social en el discurso oficial no ha sido fruto de una variable estocástica, sino de una doble conjunción de factores: inicialmente, un guiño a las reiteradas demandas del Reino Unido de limitar las ayudas sociales a ciudadanía europea económicamente inactiva, con la finalidad de neutralizar, entonces, un hipotético triunfo del Brexit. En un momento posterior, para paliar los déficits democráticos de la Unión durante la gestión de la crisis cuyos efectos sociales en los Estados miembros han sido correlativos al peligroso incremento exponencial en los parlamentos nacionales de fuerzas políticas eurófobas. Unos enfoques tácticos, pragmáticos y programáticos presentes en los programas de trabajo de la Comisión Europea de 2016, 2017 y 2018, en los que la integración positiva continúa anclada a propuestas donde lo social es viable en los fines, pero no en los medios.Recibido: 17.12.2018Aceptado: 24.01.2019Publicación en línea: 30 abril 2019

En 2017 parece haber emergido un febril paroxismo de lo social en el establishment europeo con la adopción de dos textos políticos: el primero, el Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa; el segundo, el Pilar europeo de derechos sociales. Sendos actos pretenden abrir un escenario de análisis y debate que trascurre entre la flexibilidad, la marginalidad o la europeización controlada de la integración positiva. Sin embargo, en estas tesis está ausente la cuestión central que ha perpetuado el estatus de subordinación de la integración positiva a escala europea. Nos referimos al anclaje de esta en el marco de un modelo constitucional de nuevo signo, el constitucionalismo de mercado, que alterando las bases materiales de los derechos nacionales ha terminado por materializar la convergencia de los sistemas de protección social nacionales con un modelo social que mercantiliza la solidaridad y funcionaliza el vínculo social al poder europeo de mercado. ; In 2017, a feverish paroxysm of the social in the European establishment seems to have emerged with the adoption of two political documents: the first, Reflection Paper on the social dimension of Europe, the second, the European Pillar of Social Rights. Both acts try to open a scenario of analysis and debate that runs between flexibility, marginality or controlled Europeanization of positive integration. However, in these theses is absent the central question that has perpetuated the status of subjection of positive integration at European level. We refer to the anchoring of this in the framework of a constitutional model of a new sign, market constitutionalism that altering the material bases of national rights has ended by materializing the convergence of national social protection systems with a social model that re-commercializes the solidarity and functionalizes the social link to European market power. ; El presente trabajo se inscribe en las actuaciones del proyecto de investigación DER2017-84562-P: Estado Económico, Capitalismo Financiarizado, Constitución, Gobernanza, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

La dimensión social europea ha adquirido, al menos en el plano teórico político de los últimos tres años, una cierta autosuficiencia que parece alejarla de aquel escenario inmediato a la implosión de la crisis de la eurozona donde las declaraciones y propuestas para la vialidad del proyecto se circunscribían, sin ambages, a la supervivencia de la gobernanza económica europea. Empero, esta renaissance de la integración social en el discurso oficial no ha sido fruto de una variable estocástica, sino de una doble conjunción de factores: inicialmente, un guiño a las reiteradas demandas del Reino Unido de limitar las ayudas sociales a ciudadanía europea económicamente inactiva, con la finalidad de neutralizar, entonces, un hipotético triunfo del Brexit. En un momento posterior, para paliar los déficits democráticos de la Unión durante la gestión de la crisis cuyos efectos sociales en los Estados miembros han sido correlativos al peligroso incremento exponencial en los parlamentos nacionales de fuerzas políticas eurófobas. Unos enfoques tácticos, pragmáticos y programáticos presentes en los programas de trabajo de la Comisión Europea de 2016, 2017 y 2018, en los que la integración positiva continúa anclada a propuestas donde lo social es viable en los fines, pero no en los medios. ; The European social dimension has acquired, at least on the theoretical political plane of the last four years, a certain self-sufficiency that seems to move it away from that immediate scenario to the implosion of the Eurozone crisis where the declarations and proposals for the project's viability circumscribed, without ambiguity, to the survival of European economic governance. However, this renaissance of social integration in the official discourse has not been the result of a stochastic variable, but of a double conjunction of factors: initially, a nod to the repeated demands of the United Kingdom to limit social aid to economically inactive European citizenship, with the aim of neutralizing, then, a hypothetical triumph of Brexit. At a later stage, to alleviate the Union's deficits during crisis management, the social effects of which in the Member States have been correlated with the dangerous exponential increase in national parliaments of Europhobic political forces. A tactical, pragmatic and programmatic approaches present in the European Commission's work programmes of 2016, 2017 and 2018, in which positive integration continues to be anchored in proposals where the social is viable in the ends, but not in the means. ; El presente estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación, Estado Económico, Capitalismo financiarizado, Constitución, Gobernanza (DER 2017-84562-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2013-2016.

El impacto de las bases materiales del modelo jurídico-político del constitucionalismo de mercado en la organización territorial del Estado social, y su traducción, la transformación de la comprensión de los contenidos del poder territorial del constitucionalismo social, propicia una reasignación de títulos competenciales en base a la centralidad incondicionada del mercado. Desde estas coordenadas, la relación bases-desarrollo se articula desde la óptica de la transferencia de lo que el principio constitucional de la autonomía reclama como propio del desarrollo, a lo que la base de forma exclusiva y excluyente considera como intervención mínima indispensable. Paralelamente, los postulados de la constitución económica europea como parte integrante de la unidad de la constitución material del vínculo económico, reconduciendo los términos del debate a la tensión entre la supervivencia formal del Estado social, que tratan de garantizar los legisladores autonómicos a través de las normativas de la emergencia social, y la tutela del constitucionalismo de mercado por el legislador estatal. ; L'impacte de les bases materials del model jurídic-polític del constitucionalisme de mercat en l'organització territorial de l'Estat social, i la seua traducció, la transformació de la comprensió dels continguts del poder territorial del constitucionalisme social, propicia una reassignació de títols competencials sobre la base de la centralitat incondicionada del mercat. Des d'aquestes coordenades, la relació bases-desenvolupament s'articula des de l'òptica de la transferència del que el principi constitucional de l'autonomia reclama com a propi del desenvolupament, al que la base de forma exclusiva i excloent considera com a intervenció mínima indispensable. Paral·lelament, els postulats de la constitució econòmica europea es configuren com parteix integrant de la unitat de la constitució material del vincle econòmic, reconduint els termes del debat a la tensió entre la supervivència formal de l'Estat social, que tracten de garantir els legisladors autonòmics a través de les normatives de l'emergència social, i la tutela del constitucionalisme de mercat pel legislador estatal. ; The impact of the material bases of market constitutionalism's legal-political model on the Social state's territorial organization, and its translation, the transformation of the understanding of the territorial power contents of social constitutionalism, propitiates a reassignment of competential titles on the basis to the unconditional centrality of the market. From these coordinates, the relationship bases-development is articulated from the perspective of the transference of what the constitutional principle of autonomy claims as characteristic of development, to which the basis of exclusive form considers as necessary minimum intervention. At the same time, the postulates of the European economic constitution are an integral part of the unity of the material constitution of the economic link. They redirect the terms of the debate to the conflict between the formal survival of the Social state that the regional governments try to guarantee through the measures to address social emergency, and the protection of market constitutionalism by the state legislative.

En los últimos tres años el desafío migratorio ha emergido como una cuestión de máxima prioridad en la agenda política del establishment europeo, pero no desde una óptica proactiva de análisis riguroso de la naturaleza poliédrica del fenómeno, sino desde una necesidad unidireccional de mayor control y refuerzo de la seguridad de los países miembros de la Unión frente al aumento imparable de la presión migratoria. Paralelamente, los mecanismos temporales adoptados durante la gestión de la crisis, destacando la Decisión (UE) 2015/1601, generaron demandas de renacionalización de la política de migración europea, encabezadas por el Grupo Visegrado, que han obtenido respuesta en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2017, donde se apela a la centralidad de los principios que rigen el diseño estructural de la política común de asilo, inmigración, y control de las fronteras exteriores: la solidaridad interestatal y la equidad en el reparto de las cuotas de refugiados. Con todo, el actual impasse sistémico del proceso de integración, fruto de las debilidades del modelo jurídico-político en torno al que se articula, no hace sino reproducir sus carencias más allá del vínculo económico, hasta alcanzar la sistemática de la protección internacional en la Unión. ; In the last three years, the migratory challenge has emerged as a top priority on the political agenda of the European establishment, but not from a proactive perspective of rigorous analysis of the polyhedral nature of the phenomenon, but from a unidirectional need for greater control and reinforcement of the security of the Member States of the Union in the face of the unstoppable increase in migratory pressure. At the same time, the temporary instruments adopted during the management of the migration crisis, highlighting Decision (EU) 2015/1601, generated demands for re-nationalization of migration policy, led by the Visegrad Group, which have recently received a response in the Judgment of the Court of Justice of 6 September 2017, which calls for the centrality of the principles governing the structural design of the common policy on asylum, immigration and control of external borders: inter-State solidarity and the equity in the distribution of refugee quotas. However, the current systemic impasse in the integration process resulting from the weaknesses of the legal-political model around which it is articulated reproduces its shortcomings beyond the economic link to the point of reaching the European system of international protection.

<p>La gestión de la crisis en la Unión Europea desde la perspectiva de la racionalidad del cálculo económico se ha materializado en una serie de mecanismos que buscan consolidar la centralidad del vínculo económico, corrigiendo las deficiencias del diseño institucional de la eurozona. Por lo tanto, lejos de tratarse de una transformación que reformula la integración negativa en términos de equilibrio con la dimensión social, ahonda en el estatus de subalternidad de la integración positiva. Desde estos parámetros, el objetivo de combatir la exclusión social a escala europea deviene una quimera. La escasa virtualidad práctica de los documentos sociales, la utilización de técnicas de soft law, y la devaluación del derecho a la protección contra la pobreza al limbo de la programaticidad, acentúa el carácter marginal de la respuesta social europea a la crisis.</p><p><strong>Recibido</strong>: 08.05.2015<strong><br />Aceptado</strong>: 08.06.2015</p>

<p>Las novedades registradas en las últimas décadas en el ordenamiento europeo han introducido un escenario de reflexión con respecto al constitucionalismo del Estado social. Concretamente, la contradicción entre un constitucionalismo gestado en el proceso de construcción del Estado social y la nueva realidad constitucional que plantea la integración europea. Este actual momento constitucional plantea la necesidad de buscar orientaciones metodológicas que ayuden a la comprensión de la confrontación descrita, y entre éstas destacan las que analizan la relación Unión Europea-Estados miembros desde la perspectiva de la crisis de la constitución material de las constituciones nacionales. De hecho, el progresivo desmantelamiento de las bases del Estado social ejemplificaría la confrontación Constitución del Estado social-realidad</p>

Abstract:In August 2011, the government and the main opposition party agreed the reform of Article 135 of the Spanish Constitution, arguing the need for a constitutional corset to the public deficit in order to face the challenges of the first systemic crisis of the globalization, which in turn juridification of an austerity principle of social State. In this sense, the constitutionalization of the principle of budgetary stability becomes a prerequisite for the recovery of market confidence in a context of global crisis that makes necessary to redefine the deficit policy in order to suit the requirements demanded by new processes in course. However, the constitutionalization of a limit to public debt and government spending, far from representing a minor reform that does not affect the substantive aspects of the Constitution, means a substantial alteration of our form of social State positivized by Article 1.1 of the Constitution. Basically, from the point of view of the economic constitution of social constitutionalism, true scope of realization of the transformations performed by this form of state. In fact, with the reform a new relationship between politics and economy is established. A relationship characterised by the centrality of the accumulation strategy and the subordination of the social spending. This centrality of the market stands the market at the centre of the form of State and materializes the material constitution of European market constitutionalism, already infiltrated into legislative sphere, in the formal constitutional space. For these reasons, we consider as inappropriate those proposals according to which the constitutionalization of budgetary stability is in line with the basic values adopted by our Constitution in 1978. Particularly, because the reform breaks with the dialectic logic superimposing an element, budgetary stability, that is not capable of being integrated into the constitutional dialectic. ; Resumen:En agosto de 2011, el gobierno y el principal partido de la oposición acordaban la reforma del artículo 135 de la Constitución española, argumentando la necesidad de establecer un corsé constitucional al déficit público ante los desafíos de la primera crisis sistémica de la globalización, con la consiguiente juridificación de un principio de austeridad del Estado social. En este sentido, la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria deviene condición sine qua non para la recuperación de la confianza de los mercados en un contexto de crisis global, que hace necesario redefinir la política de déficit para adaptarla a las exigencias demandadas por los nuevos procesos en curso. Sin embargo, la constitucionalización de un límite a la deuda y gasto público lejos de representar una reforma menor que no afecta a aspectos sustantivos de la Carta Magna, implica una alteración sustancial y sin precedentes de nuestra forma de Estado social positivizada por el artículo 1.1 de la Constitución. Fundamentalmente, desde el punto de vista de la constitución económica del constitucionalismo social, verdadero ámbito de materialización de las trasformaciones actuadas por esta forma de Estado. De hecho, con la reforma se establece una nueva relación entre política y economía caracterizada por la centralidad de la estrategia de acumulación y la subordinación del vínculo social. La centralidad del mercado sitúa en el centro de la forma de Estado al mercado, y materializa en el ámbito formal constitucional, la constitución material del constitucionalismo de mercado europeo que ya se había infiltrado en el ámbito infraconstitucional. Por eso, consideramos erróneas aquellas reflexiones que definen la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria como un ejercicio reformador coherente con el cuerpo básico de valores consensuado en 1978. En particular, porque la reforma rompe con la lógica dialéctica al superponer un elemento, la estabilidad presupuestaria, que no es susceptible de ser integrado en la dialéctica constitucional.Abstract:In August 2011, the government and the main opposition party agreed the reform of Article 135 of the Spanish Constitution, arguing the need for a constitutional corset to the public deficit in order to face the challenges of the first systemic crisis of the globalization, which in turn juridification of an austerity principle of social State. In this sense, the constitutionalization of the principle of budgetary stability becomes a prerequisite for the recovery of market confidence in a context of global crisis that makes necessary to redefine the deficit policy in order to suit the requirements demanded by new processes in course. However, the constitutionalization of a limit to public debt and government spending, far from representing a minor reform that does not affect the substantive aspects of the Constitution, means a substantial alteration of our form of social State positivized by Article 1.1 of the Constitution. Basically, from the point of view of the economic constitution of social constitutionalism, true scope of realization of the transformations performed by this form of state. In fact, with the reform a new relationship between politics and economy is established. A relationship characterised by the centrality of the accumulation strategy and the subordination of the social spending. This centrality of the market stands the market at the centre of the form of State and materializes the material constitution of European market constitutionalism, already infiltrated into legislative sphere, in the formal constitutional space. For these reasons, we consider as inappropriate those proposals according to which the constitutionalization of budgetary stability is in line with the basic values adopted by our Constitution in 1978. Particularly, because the reform breaks with the dialectic logic superimposing an element, budgetary stability, that is not capable of being integrated into the constitutional dialectic.

el objetivo de este artículo es analizar el impacto que tiene la
nueva articulación del poder en la Unión Europea en el Estado español de las autonomías.
La relación política-economía a nivel europeo debe tener en cuenta dos
coordenadas fundamentales. Por una parte, la consideración del orden constitucional
europeo como un orden distinto al gestado bajo las coordenadas del constitucionalismo
social. Por otra, la caracterización de la constitución económica
europea como ámbito de materialización de las nuevas transformaciones que incorpora
el proyecto de integración europeo. Fundamentalmente, porque la constitución
económica europea representa la plataforma idónea desde la que dilucidar
la nueva articulación del poder desde el espacio supranacional europeo.
Artikulu honetan, Europar Batasuneko botere-artikulazio berriak
erkidegotan osatutako Espainian zer eragin daukan aztertuko dugu. Europa mailako
politika-ekonomia erlazioak funtsezko bi koordenatu izan behar ditu ezinbestean.
Alde batetik, Europako konstituzio-ordena ez dela gizartearen konstituzionalismoaren
koordenatuetan ernatutako ordenaren berdina. Bestetik, Europako
konstituzio ekonomikoa Europa bat egiteko proiektuak berarekin dakartzan aldaketa
berriak gorpuzteko eremua dela. Izan ere, funtsean, Europako konstituzio ekonomikoa
plataforma ezin hobea delako boterearen artikulazioa berria nola artikulatu
asmatzeko, Europa guztirako.
The aim of this paper is to analyse the impact of the new articula
tion of power in the European Union in the Spanish state of autonomies.
The relationship between politics and economy at European level must take into
consideration two fundamental coordinates. On the one hand, the Euro pean
constitucional system appears as a system opposite to that of social constitutionalism.
Moreover, the characterization of the European economic constitution
as a field of realization of the new transformations incorporated by the European
project. Specially, because this represents the ideal platform in order to analyse
the new articulation of power from European supranational space.

La primera gran crisis de la globalización ha sumido a las economías del mundo en un estado de incertidumbre que requiere la adopción de decisiones eficaces para hacer frente a la misma. Lógicamente, la Unión Europea como interlocutor político en la arena mundial no puede permanecer ajena a esta situación. En el actual debate entre gobernanza global-gobierno de la globalización, las instituciones europeas han hecho valer el paradigma jurídico-político y su correspondiente modelo económico, sobre el que se construye el proyecto de integración. El Estado-mercado y su correlato de actuación económica, el Estado regulador, han estado muy presentes en los ejes de actuación propuestos por la Comisión para el establecimiento de una gobernanza económica global sólida frente a la crisis, en las Cumbres del G-20 celebradas en el 2010. Principios de actuación que también han dejado sentir sus efectos en el propio espacio europeo a través de la propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.