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The recognition of multiculturalism by modern democracies is characterized by enjoying deliberative spaces where different social actors expose their arguments to make effective the normative and ethical budgets enshrined in the bills of rights. However, the traditional educational processes and lacking an adequate communication of the budgets enshrined in the Constitutions has led to a scant knowledge of fundamental rights and mechanisms for their protection, and the construction of arguments that hinder a tolerant and respectful interaction with others. For this reason, the use of ICT in educational processes of an intercultural nature could massify the communication of democratic knowledge and generate deliberative spaces where the recognition and respect of the other predominates, and arguments based on the cultural diversity of the Colombian State prevail. ; El reconocimiento del multiculturalismo por las democracias modernas se caracteriza por gozar de espacios deliberativos en donde los diferentes actores sociales exponen sus argumentos para hacer efectivos los presupuestos normativos y éticos consagrados en las cartas de derechos. Sin embargo, los procesos educativos tradicionales y carentes de una adecuada comunicación de los presupuestos consagrados en las Constituciones ha conllevado a un conocimiento escaso de los derechos fundamentales y mecanismos para su protección, y la construcción de argumentos que dificultan una interacción tolerante y respetuosa del prójimo. Por esta razón, el uso de TIC en los procesos educativos de naturaleza intercultural podría llegar a masificar la comunicación de saberes democráticos y generar espacios deliberativos donde prime el reconocimiento y respeto del otro, y primen argumentos basados la diversidad cultural que tiene el Estado colombiano.

The territorial decentralization process approach for the National Constituent Assembly of 1991 has been truncated by the centralist policies adopted by governments through constitutional reforms and regulatory developments of these. To do this, the adoption of the centralist policies have taken as argument, the corruption of local authorities and the scientific of the national government in the management of resources. However, the reality of local authorities has shown that the centralist policies do not contribute to the improvement of its political and economic conditions. This has created a serious reduction of administrative autonomy and political that local authorities should have according to the original parameters of the Constitution. This has been strengthening the backwardness economic and administrative that local authorities had before the Political Constitution of 1991. ; El proceso de descentralización territorial que pretendía la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se ha visto truncado por las políticas adoptadas por gobiernos centralistas a través de reformas constitucionales y de los desarrollos normativos de estas. La adopción de las políticas centralistas ha tenido como principal argumento la corrupción de los entes territoriales y la cientificidad del Gobierno nacional en el manejo de los recursos. No obstante, la realidad de los entes territoriales ha demostrado que las políticas centralistas no contribuyen al mejoramiento de sus condiciones políticas y económicas. Esto ha generado una seria reducción de la autonomía administrativa y política que deberían tener los entes territoriales según los parametros originales de la Constitución Política, lo que ha fortalecido el rezago económico y administrativo que tenían dichos entes con anterioridad a la Constitución Política de 1991.

En la responsabilidad imputable al Estado por daños antijurídicos que este ocasione en acción u omisión en la prestación de servicios médicos, uno de los elementos que más controversia genera es el nexo de causalidad, pues su demostración ha resultado tan compleja tanto para el operador judicial como para los sujetos procesales, que el juez Contencioso Administrativo ha tenido que recurrir a múltiples teorías para probar, presumir o desistir de su existencia. Por ello, el presente artículo busca exponer las diferentes teorías empleadas desde el año 1999 al 2011 por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado colombiano para imputar o absolver a la Administración Pública por los daños ocasionados en la prestación de servicios médicos. ; Within the responsibility imputable to the State government due to the antijuridical damages caused by action or omission regarding the provision of medical services, one of the most controversial elements is the nexus of causality for its demonstration has been of great complexity whether it´s addressed to the judicial operator as it is to the procedural parties. It is so, that the Contentious Administrative Judge has had to rely on multiple theories to prove, presume or decline its existence. Therefore, this article intends to present the different theories used by the jurisprudence of the third section of the Colombian Council of the State since 1999 to 2011 in order to impute or absolve Public Administration for the damages caused by the provision of medial services.

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo XX. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica. ; Analisar o fenômeno da responsabilidade do Estado causada pelos fatos do legisladortem sido um trabalho desenvolvido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudênciainternacional a meados do século XX. Na França, por exemplo, se apresentou o primeiroantecedente jurisprudencial no ano 1934. Na Espanha, seu estudo começoua se administrar com a promulgação da Constituição de 1978, dando-se a primeirasentença judicial no ano 1993. Para o caso colombiano, a Constituição do ano 1991introduziu em seu artigo 90 o fundamento constitucional da responsabilidadepatrimonial do Estado, sem que isto significasse que a jurisprudência do Conselho de Estado encontrasse as bases desta responsabilidade em diferentes disposições daConstituição do ano 1886, tais como os artigos 2°, 16 e 30, que consagrou o principiode legalidade do Estado para proteger a vida, honra e bens dos cidadãos, e garantir apropriedade privada e os demais direitos adquiridos com o título de direito. No entanto,as primeiras sentenças relacionadas com este título de imputação na Colômbia foramemitidas pelo máximo Tribunal do Contencioso Administrativo colombiano no ano de1998 e pela Corte Constitucional através da Sentencia C-038 do ano 2006, providênciajudicial que estabeleceu algumas das características que possui esta figura jurídica. ; Analyzing the phenomenon of State responsibility for acts caused the legislator, has been a work done by both the doctrine and jurisprudence in the mid-twentieth century. In France, for example, introduced the first precedent in case law in 1934. In Spain, the study began to be managed with the promulgation of the Constitution of 1978 introduced the first court ruling in the year 1993. For Colombia, the Constitution of 1991 introduced in Article 90 the constitutional basis of the liability of the State, without any implication that the jurisprudence of the Council of State found the foundations of this responsibility in various provisions of the Constitution of 1886, such as Articles 2, 16 and 30, which enshrined the principle of legality, the state to protect life, honor and property of citizens and guaranteeing private property and other rights acquired under the title right. However, the early failures associated with this degree of imputation in Colombia, were issued by the highest court of Administrative Colombia in the year 1998 and the Constitutional Court through the Case C-038, 2006 court order that established some of the characteristics that this legal.

La pandemia generada por la diseminación global del coronavirus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermad denominada COVID-19, llevó a que las autoridades colombianas y mexicanas adoptaran medidas de aislamiento social preventivo para contener la propagación de la infección en sus territorios, afectando con tales medidas a diferentes sectores de la población, incluyendo a los actores que pertenecen al sistema educativo, puesto que la mayoría de estos se vieron forzados a buscar estrategias no planeadas para garantizar el derecho fundamental a la educación. Por ello, el objetivo de este documento es exponer argumentos que demuestren que el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos permite brindar un servicio público de educación equitativo y de mejor calidad en comparación con aquellos modelos educativos que se fundamentan en la enseñanza presencial no mediada, modalidad mayoritariamente empleada por las instituciones de educación antes de la pandemia.

Analyzing the phenomenon of State responsibility for acts caused the legislator, has been a work done by both the doctrine and jurisprudence in the mid-twentieth century. In France, for example, introduced the first precedent in case law in 1934. In Spain, the study began to be managed with the promulgation of the Constitution of 1978 introduced the first court ruling in the year 1993. For Colombia, the Constitution of 1991 introduced in Article 90 the constitutional basis of the liability of the State, without any implication that the jurisprudence of the Council of State found the foundations of this responsibility in various provisions of the Constitution of 1886, such as Articles 2, 16 and 30, which enshrined the principle of legality, the state to protect life, honor and property of citizens and guaranteeing private property and other rights acquired under the title right. However, the early failures associated with this degree of imputation in Colombia, were issued by the highest court of Administrative Colombia in the year 1998 and the Constitutional Court through the Case C-038, 2006 court order that established some of the characteristics that this legal. ; Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo XX. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica. ; Analisar o fenômeno da responsabilidade do Estado causada pelos fatos do legisladortem sido um trabalho desenvolvido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudênciainternacional a meados do século XX. Na França, por exemplo, se apresentou o primeiroantecedente jurisprudencial no ano 1934. Na Espanha, seu estudo começoua se administrar com a promulgação da Constituição de 1978, dando-se a primeirasentença judicial no ano 1993. Para o caso colombiano, a Constituição do ano 1991introduziu em seu artigo 90 o fundamento constitucional da responsabilidadepatrimonial do Estado, sem que isto significasse que a jurisprudência do Conselho de Estado encontrasse as bases desta responsabilidade em diferentes disposições daConstituição do ano 1886, tais como os artigos 2°, 16 e 30, que consagrou o principiode legalidade do Estado para proteger a vida, honra e bens dos cidadãos, e garantir apropriedade privada e os demais direitos adquiridos com o título de direito. No entanto,as primeiras sentenças relacionadas com este título de imputação na Colômbia foramemitidas pelo máximo Tribunal do Contencioso Administrativo colombiano no ano de1998 e pela Corte Constitucional através da Sentencia C-038 do ano 2006, providênciajudicial que estabeleceu algumas das características que possui esta figura jurídica.

The construction process of the Political Constitution of 1991 was a political response to complex social phenomena such as drug trafficking, political persecution social movements, and excessive use of the "state of siege". This led to various social movements seen in the structuring of a new political agreement a legitimate way to establish a democratic paradigm that will ensure respect for fundamental rights and the inclusion of democratic principles that would underpin the Rule of law on the recognition and respect of human dignity through a Bill of Rights that would fulfill the role of binding contractual clauses for political actors who participated in the 1991 constituent deliberative process. This document addresses the factual assumptions that led to the issuance of the Political Constitution of 1991 as a deliberative democratic process, and the political foundations used to justify its creation, especially the concept of primary constituent; and the reasons that led to giving the normative character to the consecration of a bill of rights in the constitutional norm. To do this, the doctrine will be initially explained by the deliberative process; Subsequently, the facts that preceded the convocation to an Asamblea Nacional Constituyente for the modification and subsequent repeal of the National Constitution of 1886 will be briefly explained to finally expose the role sought by the primary constituent of 1991 with the consecration of a minimum of fundamental rights according to thejurisprudence elaborated by the Constitutional Court. ; El proceso de construcción de la Constitución Política de 1991 fue una respuesta a complejos fenómenos sociales como el narcotráfico, la persecución política de la izquierda nacional y el uso excesivo del "Estado de sitio". Esto condujo a que distintos movimientos sociales vieran en la estructuración de un nuevo acuerdo político una forma legítima de establecer un paradigma democrático que garantizara el respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de principios democráticos que fundamentaran el Estado constitucional de derecho sobre el reconocimiento y respeto de la dignidad humana a través de una carta de derechos que cumpliría el rol de cláusulas contractuales vinculantes para los actores políticos que participaron en el proceso deliberativo constituyente de 1991. Este documento aborda los presupuestos fácticos que llevaron a la expedición de la Constitución Política de 1991 como un proceso democrático deliberativo, y los fundamentos políticos empleados para justificar su creación, especialmente el concepto de constituyente primario; así como las razones que le brindaron una esencia normativa a la consagración de una carta de derechos en la norma constitucional. Para ello, se expone inicialmente qué entiende la doctrina por proceso deliberativo; subsiguientemente se presentan sucintamente los hechos que antecedieron a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para la modificación y posterior derogación de la Constitución Política de 1886; finalmente, se expone lo que el constituyente primario de 1991 pretendía con la consagración de un mínimo de derechos fundamentales según la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional.

El proceso de construcción de la Constitución Política de 1991 fue una res-puesta a complejos fenómenos sociales como el narcotráfico, la persecución política de la izquierda nacional y el uso excesivo del "Estado de sitio". Esto condujo a que distintos movimientos sociales vieran en la estructuración de un nuevo acuerdo político una forma legítima de establecer un paradigma democrático que garantizara el respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de principios democráticos que fundamentaran el Estado constitu-cional de derecho sobre el reconocimiento y respeto de la dignidad humana a través de una carta de derechos que cumpliría el rol de cláusulas contrac-tuales vinculantes para los actores políticos que participaron en el proceso deliberativo constituyente de 1991. Este documento aborda los presupuestos fácticos que llevaron a la expedición de la Constitución Política de 1991 como un proceso democrático deliberativo, y los fundamentos políticos emplea-dos para justificar su creación, especialmente el concepto de constituyente primario; así como las razones que le brindaron una esencia normativa a la consagración de una carta de derechos en la norma constitucional. Para ello, se expone inicialmente qué entiende la doctrina por proceso deliberativo; subsiguientemente se presentan sucintamente los hechos que antecedieron a la convocatoria a la Asamblea nacional Constituyente para la modificación y posterior derogación de la Constitución Política de 1886; finalmente, se expone lo que el constituyente primario de 1991 pretendía con la consagración de un mínimo de derechos fundamentales según la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional ; The construction process of the Political Constitution of 1991 was a politi-cal response to complex social phenomena such as drug trafficking, political persecution social movements, and excessive use of the "state of siege". This led to various social movements seen in the structuring of a new po-litical agreement a legitimate way to establish a democratic paradigm that will ensure respect for fundamental rights and the inclusion of democratic principles that would underpin the Rule of law on the recognition and re-spect of human dignity through a Bill of Rights that would fulfill the role of binding contractual clauses for political actors who participated in the 1991 constituent deliberative process. This document addresses the factual assumptions that led to the issuance of the Political Constitution of 1991 as a deliberative democratic process, and the political foundations used to justify its creation, especially the concept of primary constituent; and the reasons that led to giving the normative character to the consecration of a bill of rights in the constitutional norm. To do this, the doctrine will be initially explained by the deliberative process; Subsequently, the facts that preceded the convocation to an Asamblea nacional Constituyente for the modification and subsequent repeal of the national Constitution of 1886 will be briefly explained to finally expose the role sought by the primary constituent of 1991 with the consecration of a minimum of fundamental rights according to the jurisprudence elaborated by the Constitutional Court