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Wir stellen im Folgenden den Fall einer illegalen Ausfuhr von G36-Sturmgewehren der deutschen Firma Heckler & Koch von 2006 bis 2008 nach Mexiko dar, sowie die damit zusammenhängende vermutliche Korruption von deutschen und mexikanischen Beamten. Es handelt sich hierbei um den Versuch, einen in der mexikanischen Öffentlichkeit kaum beachteten Fall zu rekonstruieren, der im Gegensatz dazu in den deutschen Medien seit 3 Jahren immer wieder in die Schlagzeilen von Zeitungen, in Fernsehsendungen und auf die Titelseiten von Zeitschriften gelangte. Nicht zuletzt geht es auch um einen Aufruf an die mexikanische Zivilgesellschaft, jene Fälle von Korruption zu dokumentieren und die betreffenden Personen im Auge zu behalten, die von der heutigen Gewalt profitieren, deren Spuren auch nach außerhalb von Mexiko führen.

El trabajo examina la participación de Gerhard G. Mertins y de su empresa MEREX AG en la distribución y exportación de material de guerra entre 1963 y 1991. Lo hace enfatizando la complicidad que mantuvo Mertins, en lo que refiere al desarrollo de sus negocios, con varias instituciones y funcionarios de la entonces República Federal Alemana. Explora, en particular, un aspecto de Mertins hasta ahora poco estudiado por la bibliografía: los acuerdos comerciales de MEREX y redes nazis con las dictaduras latinoamericanas. Por último y en su conjunto, el texto analiza el caso de MEREX como ejemplo de la contradictoria política exterior alemana durante la segunda mitad del Siglo XX y de la delgada línea de lo (i)legal que atraviesa el mercado de exportación de armas en el mundo.

A continuación se narra el caso de la exportación ilegal de fusiles G36 por parte de la empresa alemana Heckler & Koch a México entre 2006 y 2008 y los presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades alemanas y mexicanas en aquella transacción. Es un intento por reconstruir un caso poco atendido en la opinión pública mexicana pero que ha ocupado en Alemania, repetidamente desde hace tres años, titulares de periódicos, programas de televisión y portadas de revistas. Por último, es un llamado a la sociedad civil mexicana a documentar y perseguir a los beneficiarios de la violencia cuyas pistas están también lejos del territorio nacional.

Los estudios sobre seguridad en México muestran la ampliación progresiva de la influencia y control de los militares en la agenda de seguridad pública. La ocupación de militares en mandos civiles, la adopción de tecnologías y equipo de guerra, así como la transformación general de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia hacia lógicas y prácticas militares han llevado a los académicos a definir el caso de México como uno propio de militarización. Por otro lado, para los índices internacionales que aproximan la supremacía de las fuerzas armadas en la seguridad doméstica por medio de marcos cuantitativos - gasto militar en proporción al PIB, y tamaño y presupuesto militar en comparación a otras prioridades gubernamentales - México está lejos de ser considerado un caso digno de estudio por su bajo gasto militar en comparación con el de otros países. En este trabajo investigamos la disonancia entre estos dos grupos de estudios a la luz de: a) una comparación del perfil de presupuesto, y gasto militares y de seguridad pública; y b) una revisión del concepto de militarización desde dos enfoques, el de las relaciones cívico-militares y el de militarización indirecta. Concluimos que los enfoques basados en el gasto militar entorpecen la comprensión de procesos de militarización que van más allá del puro crecimiento de las fuerzas armadas, subrayando así la necesidad por una sistematización conceptual de militarización que permita derivaciones metodológicas que logren trascender el paradigma del gasto militar.

Tras nuestra crítica al uso de índices basados únicamente en el análisis del presupuesto y gasto militar para aproximarse al fenómeno de militarización (Morales y Pérez Ricart 2014), en este artículo desarrollamos una primera propuesta conceptual para reformular el concepto de militarización a partir de dos dimensiones institucionales: a) el poder de las instancias militares en la arena política respecto al diseño y ejecución de políticas de seguridad pública, y b) la apropiación de lógicas y prácticas militares por parte de las instituciones de seguridad pública. Utilizamos el caso mexicano entre 1995 y 2012 como base para nuestra propuesta conceptual.