Suchergebnisse

La intensa actividad mostrada en esta legislatura por los grupos parlamentarios de oposición en materia de iniciativa legislativa ha tenido una nueva y reseñable manifestación en el mes de octubre de 2015, con la presentación por parte de los diputados del grupo popular de una Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

La presentación, durante el mes de julio, de dos Proposiciones de ley generó un interesante debate acerca de los límites y posibilidades que tiene el Ejecutivo para impedir su tramitación al objeto de evitar la alteración del equilibrio presupuestario. En concreto, y por mencionarlas por el orden cronológico en el que se registraron, tales iniciativas legislativas fueron promovidas por el grupo parlamentario Podemos Andalucía (Proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la Administración Pública Andaluza) y por el grupo parlamentario Popular Andaluz (Proposición de Ley relativa a Medidas Tributarias en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía).

En contraste con la compacta composición del anterior Parlamento, el resultado de las elecciones celebradas el 22 de marzo vino a confirmar la fragmentación del arco parlamentario que ya habían vaticinado las encuestas. La irrupción en la Cámara andaluza de dos nuevas formaciones políticas -que sumaron 24 escaños (Podemos: 15; Ciudadanos: 9)- se hizo esencialmente a costa del Partido Popular e Izquierda Unida, pues justamente esa cantidad fue la que perdieron ambos partidos en relación con las elecciones de 2012 (el primero pasó de 50 a 33 escaños, mientras que Izquierda Unida vio reducido a cinco los doce que había obtenido en la anterior legislatura). El PSOE, que mantuvo los cuarenta y siete escaños, conseguía así una clara mayoría minoritaria, pero quedaba lejos de alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara.
Las consecuencias de este nuevo escenario parlamentario se hicieron sentir de inmediato en la misma sesión constitutiva del Parlamento –que se celebró el 16 de abril-, momento en el que el Pleno debe elegir a los miembros de la Mesa (art. 33.1 RP).

En sesión celebrada el 26 de noviembre, el Pleno aprobó una sustancial reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, que se haría pública mediante Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de 3 de diciembre de 2014. Destaca que la Reforma fue presentada conjuntamente por todos ellos, que acordaron por asentimiento su tramitación directa y en lectura única, y finalmente sería aprobada por unanimidad en la sesión plenaria antes referida.

En la misma sesión en la que el Pleno aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Ley de Transparencia de Andalucía, se sometió a convalidación el Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Un Decreto Ley cuya relevancia difícilmente puede ser exagerada, habida cuenta de su incidencia en el funcionamiento de los municipios andaluces en general y, particularmente, en la continuidad de determinados servicios sociales municipales considerados hasta la fecha como básicos.

El pasado día 11 de junio, el Pleno del Parlamento aprobó la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Con independencia de la indudable relevancia intrínseca que tiene la Ley –por las razones que veremos-, su aprobación también es destacable en el plano político en la medida en que recibió el apoyo de los tres grupos parlamentarios, lo que constituye un acontecimiento inédito en la presente legislatura. Y lo cierto es que no parecía previsible este acuerdo de todo el arco parlamentario, habida cuenta de que el Grupo parlamentario popular, siguiendo la estela trazada por la Ley estatal, defendió que la Ley no se ciñera a la regulación del suministro obligatorio de información y del derecho de la ciudadanía a acceder a la misma, sino que también se extendiera al "buen gobierno".

Justo el día después de que el Consejo de Gobierno autorizase la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó igualmente la propuesta de acuerdo de interposición del recurso contra la referida Ley.
Tratándose, como se trata, de uno de los principales puntos de tensión y controversia suscitados en los últimos meses entre el partido que apoya al gobierno nacional y las restantes fuerzas políticas, no ha de extrañar que la tramitación de esta iniciativa generase también un interesante y enconado debate en el seno de la Cámara andaluza.

Frente a cuarenta y ocho votos contrarios, cincuenta y ocho parlamentarios otorgaron la confianza de la Cámara a la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2013. Y como destacaría la generalidad de los medios de comunicación, en esta ocasión el acto de investidura presentaba novedades palpables en comparación con la de los anteriores Presidentes. Novedades que serían destacadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hasta el punto de no dudar en atribuir "carácter histórico" a la sesión.

Habida cuenta de que el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma celebrado los días 25 y 26 de junio de 2003 fue el último de la presente legislatura, sirvió en buena medida para hacer balance del conjunto de la acción de gobierno desarrollada durante este período, teniendo ya en el horizonte una nueva convocatoria electoral. Circunstancia ésta que, unida a la muy reciente celebración de las elecciones locales, condicionó el contenido y el tono de las diferentes intervenciones que se sucedieron en el Pleno, así como de las numerosas propuestas de Resolución que se presentaron por los grupos parlamentarios.

Esta norma en lo esencial, viene a modificar la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, pero que, concebida en una coyuntura bien diferente, parte de una filosofía mucho más ambiciosa que la que inspiró a aquélla. De hecho, el impacto de este Decreto-ley no solo desbordó las fronteras regionales para alcanzar al conjunto del Estado, sino que su incidencia incluso se hizo notar a escala de la Unión Europea, dado el temor de que la misma pudiera tener efectos negativos en un sector bancario cuya supervivencia depende del apoyo financiero europeo.

Más allá de las restricciones materiales que impone la delicada situación económica por la que atravesamos, la libertad de configuración política real de que dispone el gobierno y el legislador autonómicos se halla severamente condicionada por el denso entramado normativo en materia de disciplina fiscal vigente en el Estado Autonómico.

La normativa de mayor calado adoptada por el Gobierno central durante el segundo cuatrimestre ha sido el Real Decreto–Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que afecta a un amplio espectro de sectores y ámbitos de incidencia económica.

El resultado de las elecciones celebradas el 25 de marzo supuso un cambio apreciable respecto de anteriores convocatorias electorales, por más que no llegaran a producirse las hondas transformaciones que, tozudamente, habían coincidido en vaticinar prácticamente todas las encuestas. De un lado, como reconocería al principio de su intervención en la sesión de investidura el candidato a la presidencia, "por primera vez, desde el comienzo de nuestra autonomía andaluza, la fuerza pública más votada no ha sido el partido socialista". En efecto, del total de ciento nueve escaños a cubrir, cincuenta fueron los obtenidos por el Partido Popular, por cuarenta y siete del PSOE y doce de izquierda Unida. Pero, de otra parte, la victoria electoral del partido popular no fue lo suficientemente holgada para alcanzar la mayoría absoluta de los escaños y, en consecuencia, salvo la improbable reproducción de la experiencia extremeña, el paso al ejecutivo presumiblemente le sería bloqueado por la mayoría de izquierdas. Así fue; el Partido Socialista e Izquierda Unida alcanzaron un acuerdo que, una vez ratificado por el Parlamento, permitió la constitución de un gobierno de coalición. La sesión de investidura del Presidente de la Junta giró, pues, esencialmente.

Tras el establecimiento de la "restricción europea" al déficit público, derivada del tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las Comunidades Autónomas han estado sujetas a reglas fiscales relativas al déficit y a la deuda, así como a la gestión de sus presupuestos. Esta normativa, sin embargo, no evitó que algunas Comunidades incumplieran los objetivos de estabilidad presupuestaria, probablemente porque carecía de un eficaz sistema de sanciones. Este trabajo examina el alcance de la reforma del art. 135 de la Constitución, y especialmente se centra en el margen de maniobra que el nuevo artículo atribuye al Estado para imponer a los gobiernos autonómicos el cumplimiento de los límites de déficit y deuda.After the introduction of the "European restriction" to public deficit, resulting from the Treaty of Maastricht and the Stability and Growth Pact, the Autonomous Communities have been subject to formal fiscal rules with regard to the deficit and debt, as well as management of their budgets. However, this regulation, did not prevent some Autonomous Communities failed to comply with the budgetary stability objectives, probably because it lacked an effective system of sanctions. This paper examines the scope of the constitutional amendment of article 135, and focuses particularly on the margin of maneuver that the new article 135 gives the State to impose regional governments meet the deficit and debt limits.

La ley de presupuestos ha venido a poner prácticamente fin a una legislatura que ha estado marcada por la profunda crisis económica, que, aunque de alcance europeo, ha tenido un espacial impacto entre nosotros. Y, lógicamente, la tramitación de la ley de presupuestos se vio obviamente condicionada por el debate que había arraigado con fuerza en el escenario político desde la vertiginosa reforma del art. 135 CE llevada a cabo los meses de julio y agosto. Reforma constitucional que, según se ha sostenido repetidamente, tuvo como detonante inmediato la cumbre franco–alemana de 16 de agosto, de la que habría resultado la conminación a determinados Estados a acelerar la incorporación al máximo nivel normativo interno de los compromisos fiscales asumidos en el seno de la Unión Europea.