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Hoy en día el problema del salario justo se plantea de una manera totalmente nueva porque se ha realizado y sigue realizándose una modificación muy extensa de los datos al respecto. A esta novedad de datos pertenece la disminución del crecimiento económico, la escasez de materias primas, la inflación universal, las altas cifras de paro, el crecimiento de la población mundial, la penuria de alimentos en muchas naciones y la nueva ordenación económica pedida por los países en vía de desarrollo. El postulado de justicia se hace patente de una manera inmediata por el hecho de que los ingresos per cápita (estadística de la ONU) de los 40 países más pobres del mundo con un número total de mil millones de habitantes han subido en el período de diez año de 105 a 108 dólares, mientras que los ingresos de los países industrializados subieron de 3.100 a 4.000 dólares; por tanto 3 dólares por un lado y 900 por el otro. Nadie en los países industrializados puede desconocer el hecho de que la creación de unas condiciones de vida dignas para estos mil millones de personas es una exigencia urgente de la justicia con la subsiguiente limitación de las propias exigencias de aumento de ingresos y de prosperidad. De hecho actualmente en los países industrializados todavía sigue vigente la vieja actitud que espera que los ingresos reales de los trabajadores y empresarios se conserven e incluso aumenten. La época en que tales aspiraciones se realicen se acabó definitivamente tal como dejan entrever los mencionados datos. La mentalidad deseable debería ser a tener en cuenta primero la realidad de los datos económicos actuales, segundo cumplir con los postulados de la justicia y fraternidad humana y tercero colaborar para alcanz.ar la plena productiVidad económica basándose en los nuevos datos económicos. El salario justo es un problema de la justicia social y hay que contemplarlo actualmente en su dimensión universal y al mismo tiempo económica. Con su habitual egoísmo, los grupos de intereses intentan lograr en el contrato colectivo participaciones lo más altas posibles en los ingresos de la producción bajo la forma de dinero. Es lo trágico de la democracia libre en su configuración actual; en ella la idea de libertad del individuo es defendida por los grupos de intereses organizados, que sólo persiguen la satisfacción de sus intereses. El Estado, responsable de la conservación y del desarrollo del bien común, no debe inmiscuirse, los gobiernos incluso se empeñan en demostrar su actitud «social. tratando de ajustarse a las expectativas de ingresos de las masas, por la simple razón de ganar votantes para su partido. La crisis económica y el paro consiguientes deberían ser prueba suficiente del carácter «antisocial. de esta política. La justicia social obliga a los grupos de intereses a considerar en sus exigencias las obligaciones respecto al bien común del Estado (inversiones sociales: instalaciones de formación, hospitales, tráfico) pero particularmente respecto a las obliqaciones sociales frente a los países en vía de desarrollo. A partir de la crisis económica ya no ha sido alcanzado el uno por ciento del producto social que la ONU propone como contribución de cada Estado para la ayuda a los países en vía de desarrollo. ¿Es socialmente justo aspirar a aumentos de inqreso en los Estados industrializados e ignorar la miseria de mil millones de hombres con un ingreso anual per cápita de 108 dólares?