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Ante un supuesto de una nueva empresa adjudicataria de un servicio de transporte de autobuses en zonas rurales que no adquiere la flota de vehículos de su predecesora por no cumplir las exigencias medioambientales del pliego de condiciones, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2020 introduce un cambio de criterio en su doctrina Liikenne, aunque no reconocido. ; The case refers to a new company awarded a bus transport service in rural areas that doesn't acquire the vehicle fleet of its predecessor because doesn't meet the environmental requirements of the specifications. The judgment of the Court of Justice of the European Union of February 27, 2020, introduces a change of criterion in its Liikenne doctrine, isn't recogniced.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de enero de 2021 resuelve varias cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court irlandesa en relación con el derecho al empleo de solicitantes de protección internacional que han impugnado órdenes de traslado. ; The judgment of the Court of Justice of the European Union of 14 January 2021 resolves several preliminary questions raised by the Irish High Court in relation to the right to employment of applicants for international protection who have challenged transfer orders.

La guerra que asola Siria desde el año 2011 ha provocado la entrada en el país de ,as de 7.000.000 de personas, produciéndose en el momento más crítico en el año 2015. Si bien la gran mayoría ha permanecido en países de la región, otra parte ha llegado a Europa por las costas de Grecia e Italia, por lo que estos estados han vistos desbordados sus sistemas de acogida. Por ello, en el momento álgido de la crisis de refugiados, sendos países solicitaron que se aplicara el mecanismo de reubicación previsto en el art. 78.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

En este trabajo se expone y analiza el régimen de protección social de los refugiados −y titulares de protección subsidiaria en los niveles en los que se contempla esta figura−. Así, se examina el tratamiento de Seguridad Social, Asistencia Sanitaria y Asistencia Social que se les dispensa en la normativa de ámbito internacional, de la Unión Europea −tanto actual como prvopuesta− e interna española, poniendo de manifiesto las claves de su regulación así como sus aspectos más controvertidos. ; This paper examines the social protection regime of refugees and persons with the right to subsidiary protection. The treatment of Social Security, Health Care and Social Assistance that are exempted by the international norms, of the European Union −current and proposed− and Spanish internal ones are examined, highlighting the keys of its regulation and its most controversial aspects.

En el año 2013, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expuso los desafíos que enfrentaría la organización en un mundo del trabajo complejo y cambiante, anunciando, con el horizonte de 2019, las "siete iniciativas del centenario" -a saber, iniciativa sobre el futuro del trabajo, para poner fin a la pobreza, relativa a las mujeres en elo trabajo, verde, relativa a las normas sobre gobernanza y relativa a las empresas-. Hasta el momento, la única de ellas que realmente parece haberse promovido, favorecida por su impulso mediático, institucional y científico, es la iniciativa relativa al futuro del trabajo. No es propósito de este editorial tratar un tema que ha sido objeto de tan amplio y cualificado análisis, sino abordar otra de las inicativas reseñadas, de incuestionable importancia pero de menor atención, que es la de la evaluación de su política de normativización internacional del trabajo. ; In 2013, the Director-General of the International Labour Organisation (ILO) outlined the challenges that the organisation was to face in a complex and changing world of work. Seven "Centenary initiatives" to be achieved by 2019 were introduced, covering governance, standards, enterprises, green jobs, poverty, women, and the future of work. So far, the only one that really seems to have been promoted, due to the role played by the media, institutions and scientific bodies, is the initiative concerning the future of work. The aim of this paper is not to delve into a subject that has been thoroughly analysed, but to deal with another of the initiatives put forward by the ILO which is of unquestionable importance but has received lesser attention: the evaluation of ILOS's policy on the international standardisation of labour.

Las llamadas "crisis migratorias" identifican como cuestión de seguridad nacional lo que es un dato económico de relevancia socioecon´´omica determinante, a saber, el crecimiento de población tento en la UE como en España se debe únicamente a los flujos inmigratorios (Informe UGT "11 de julio día mundial de la población. Un país de migraciones"). La apuntada conexión del fenómeno de la inmigración con la política de seguridad de los estados y de la UE ensombrece, asímismo, otro dato político-jurídico y sociocultural de extrema importancia, que es la estrecha relación existente entre "inmigración" e "integración" de la población inmigrante residente activa, como ha recordado recientemente la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE -STJUE- de 10 de julio de 2019 (C-89/18). ; The so-called "migrant crises" understand population growth within the EU, which, as in Spain, responds to migration flows, as a matter of national security (UGT Report "11th July – World Population Day. A Migrant Country"). Linking migration, an economic figure of socioeconomic significance, to the national security policy of the States and the EU casts a shadow on another extremely important political, legal, and socio-cultural figure: the close relation between "immigration" and the "integration" of the active immigrant population of a country, as recalled recently by the judgment of Court of Justice of the European Union of 10 July 2019 (C-89/18).

This paper examines the social protection regime of refugees and persons with the right to subsidiary protection. The treatment of Social Security, Health Care and Social Assistance that are exempted by the international norms, of the European Union -current and proposed- and Spanish internal ones are examined, highlighting the keys of its regulation and its most controversial aspects. ; En este trabajo se expone y analiza el régimen de protección social de los refugiados −y titulares de protección subsidiaria en los niveles en los que se contempla esta figura−. Así, se examina el tratamiento de Seguridad Social, Asistencia Sanitaria y Asistencia Social que se les dispensa en la normativa de ámbito internacional, de la Unión Europea −tanto actual como prvopuesta− e interna española, poniendo de manifiesto las claves de su regulación así como sus aspectos más controvertidos.

Como es archisabido, todo trabajador extracomunitario debe contar con la correspondiente autorización para trabajar, siendo el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, que rige esta materia, inequívoco al respecto. El apartado 4 de este precepto atribuye la responsabilidad para su gestión al empleador -y no al trabajador asalariado- indicacndo que para la contratación de un extranjero, "el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el el partado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización". Por lo tanto, la voluntad legislativa es que los extranjeros no presten servicios en nuestro país sin autorización para trabajar -y para residir-, siendo responsabilidad del empleador garantizar que el trabajador cuenta, antes de emplearlo, con su documentación en regla, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa o, en ciertos casos, incluso penal (arts. 32 y 313 Código Penal). ; Article 36.1 of the Organic Law 4/2000 is adamant about the need of non-EU workers to have their corresponding authorisation to work. Section 4 attributes direct responsibility to the employers, and not the workers, to manage the process: in order to hire a non-EU citizen "employers shall apply for the relevant authorisation as included in section 1 of the article. The application shall have the relevant work contract attached, ensuring on-going activity throughout the desired validity of the authorisation". Therefore, the legislative will is that non-EU citizens cannot work in the country unless they have the relevant work and residence permit. Thus, it is the duty of the employers to guarantee, before hiring, that prospective employees have all their documents in order at the risk of incurring administrative, or even criminal, responsibility (Articles 32 and 313 of the Spanish Criminal Code).

Como evidenciara la doctrina científica pionera en el análisis monográfico de la nueva relación de prestación de servicios profesionales bajo la modadlidad de autónomos económicamente dependientes (TRADE, para la mayoría de analistas de esta figura; "TRAUDE" para algún sector doctrinal), el reconocimiento legislativo de un nuevo tipo de acuerdos colectivos reguladores de condiciones de trabajo y empleo adaptado a aquella singular figura profesional (art. 13 Estatuto del Trabajador Autónomo -ETAU-) constituye una de las mayores innovaciones del ETAU. ; As the leading scientific doctrine renders evident regarding the monographic analysis of the most recent professional service provisions on economically dependent self-employed workers (TRADE, in Spanish, for most analysts; TRAUDE, for some doctrine sectors) the legislative recognition of a new kind of collective bargaining agreements regulating the work and employment conditions for this particular professional figure (section 13 of the Spanish Self-employed Workers Statute —ETAU—) stands as one of the major innovations of ETAU

Dada la relevancia del bien jurídico protegido, la protección de la salud tiende a reconocerse bajo fórmulas de universalidad, recurriendo a términos impersonales -"se reconoce"-, sin especificar titulares beneficiarios, o a cláusulas abiertas -"de todos"-. Es por ello que se trata de un derecho de la persona, más que de la ciudadanía, sin perjuicio de su especificación en ciertos ámbitos (art. 40.2 CE, en relación con los trabajadores). Por ese motivom se reconoce también a las personas extranjeras (art. 13.1 CE) si bien "en los términos que establezcan los tratados y la ley", por cuanto se trata de un "derecho de configuración legal". ; Given the importance of legally protected interests, health protection in the Spanish language tends to be understood in terms of universality, applying impersonal formulae: "se reconoce" ["it as acknowledged"], without specifying the particular recipient. Another technique commonly applied is the used of open, inclusive clauses: "de todos" ["everyone's"]. For that reason it is acknowledged that health protection is an individual right rather than a global right of citizens, without prejudice to particular specifications in certain fields (section 40.2 of the Spanish Constitution, on the rights of workers). For this reason the right is extended to immigrants (section 13.1 of the Spanish Constitution), even if it is applied "in accordance with the Treaties and the Law" since it stands as a fundamental right in need of the relevant legislation in order to be enforced.

En cualquier caso, resulta ciertamente llamativa la conflictiva visión de de una manera jurídico-laboral que cuenta con gran tradición legislativa -art. 44 ET (Estatuto de los Trabajadores)-, con creciente atención convencional -a fin de reforzar las garantías de estabilidad en el empleo- y con una copiosa jurisprudencia forjada desde hace décadas, corregida y afinada a lo largo del tiempo por los imperativos de un intenso activismo en la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en defensa del imperio de la norma clave en este ámbito, que es la Directiva 2001/237CE. Lo cierto es que ni el "grito de alarma" de un grupo, minoriatario pero relevante, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es desmedido, ni las razones que lo justifican son únicas y lineales, sino que son el resultado de la concurrencia de varias causas. ; The EU Directive 2001/237CE stands as the key norm in the legal labour framework. For decades, the Court of Justice of the European Union has actively defended and promoted this norm, adjusting, refining and shaping accordingly the —abundant— relevant judicial decisions, binding precedent, and case law. This enters into conflict with our long-established legal tradition on the matter —Section 44 of the Spanish Statute of Workers— and the increasing attention aimed at strengthening the guarantees of stability regarding labour. The truth is that the "alarms" of a minority group —but still, a relevant one—in the Labour Chamber of the Spanish Supreme Court, or even the different reasons argued, are not unique or linear, but are rather the result of the conjunction of a number of causes.

The employment contract of indefinite is not fixed a figure of judicial creation with which is reconciled administrative merit guaranteed access to a permanent job in public Administration with job uncertainty sanction any contract made in fraud of law, under article 15.3 of the Statute of Workers. The initial absence of normative reference and, when he had the inertia of juris- prudence in his extralegal position anchored in a forced analogy with the provisions of the interim contract vacancy determined that the governing rules of this contract reached a high degree of confusion and incoherence. The judgment of the Supreme Court of June 24, 2014 (rec. num. 217/2013) involves rectifying this incomprehensible law and submission to the rule of law. However, Law 15/2014 comes to introducing new elements of confusion in access to public employment, in what seems a reaction of the legislature before the new protective case and con- firms that, directly or indirectly, in the contract not fixed undefined, legislator and jurisprudence maintain an antagonistic relationship. ; El contrato de trabajo de indefinidos no fijos es una figura de creación jurisprudencial con la que trata de conciliarse la garantía administrativa de acceso por méritos a un empleo fijo en la Administración pública con la sanción laboral de indefinición de todo contrato realizado en fraude de ley, prevista en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores. La ausencia inicial de referente normativo y, cuando lo hubo, la inercia de la jurisprudencia en su posición extralegal anclada en una forzada aplicación analógica de las previsiones del contrato de interinidad por vacante, determinó que las reglas rectoras de este contrato alcanzaran grados elevados de confusión e incoherencia. La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 (rec. núm. 217/2013) supone la rectificación de esta incomprensible jurisprudencia y el sometimiento al imperio de la ley. No obstante, la Ley 15/2014 viene a introducir nuevos elementos de confusión en el acceso al empleo público, en lo que parece una reacción del legislador ante la nueva jurisprudencia protectora y que confirma que, ya sea directa o indirectamente, en el contrato de indefinido no fijo, legislador y jurisprudencia mantienen una relación antagonista.

La reforma laboral acometida por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo –BOE 17 de junio tiene como objetivos declarados reducir el desempleo e incrementar la productividad de la economía española. Con dicha pretensión, lleva a cabo una serie de importantes modificaciones en materia laboral, entre las que destacan de manera particular las que afectan a la entrada y a la salida de la empresa, es decir, las relativas a la contratación y al despido. ; The labour reform undertaken by the Royal Decree-Law 10/2010, dated 16th June, concerning urgent measures for the reform of the job market – BOE [Spanish Official State Gazette] 17th June – states its main aims as being to reduce unemployment and increase the productivity of the Spanish economy. With these goals in mind, it introduces a series of important modifications involving labour issues, some of the most striking being those that affect the processes of entering and leaving an enterprise, that is, those referring to engagement and dismissal.