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El ser humano ha demostrado por siglos tener una marcada vocación para contratar, teniendo acceso por esta vía a bienes, servicios o dinero. En materia de derechos de protección del consumidor, sin embargo, en ocasiones el legislador interviene con el principal objetivo de nivelar un desbalance contractual que alegadamente favorecería al proveedor en ausencia de intervención legislativa. A pesar de que necesariamente tenemos que reconocer que en ocasiones tal desbalance existe, no menos cierto es que una intervención legislativa excesiva, como es el caso de la Ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, más que beneficiar al consumidor lo desprotege pues coloca sobre el proveedor cargas que serán transferidas al consumidor. En este documento procuramos determinar, desde una óptica del análisis económico del derecho y a la luz de la mencionada Ley No. 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, en qué medida la intervención legislativa es inadecuada a través de un análisis de dicha normativa legal y presentando argumentos tendentes a una desmitificación de conceptos lamentablemente bien establecidos en esta materia.