Suchergebnisse

La recuperación de la centralidad del Estado en su capacidad regulatoria, distributiva y en la provisión de bienes y servicios públicos ha interpelado al sistema científico y a la Universidad Pública. La Universidad se ha visto obligada a repensar las históricas misiones de docencia, investigación y extensión en el marco de una agenda de reformas políticas y sociales orientadas a la generación de un proceso de desarrollo con equidad. Se trata de un escenario novedoso, en el cual se ha revitalizado el debate sobre la relación entre tres actores disociados durante el auge de las políticas neoliberales: el sistema científico, el Estado y el aparato productivo. En el campo de las ciencias sociales, este escenario obliga a revisar las culturas académicas e institucionales instaladas, y repensar la necesidad de construir conocimiento socialmente relevante y de ampliar su impacto. Visibilizar, multiplicar y promover prácticas de vinculación desde nuestros campos disciplinares ha significado uno de los grandes desafíos de los últimos años. En ese marco, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se ha propuesto trabajar fuertemente para generar aportes activos y concretos a las transformaciones estructurales que se están produciendo tanto en la sociedad como con el Estado. La vinculación con FEDUBA, sindicato de docentes universitarios de la UBA, para el diseño y organización del Programa en Investigación, Transferencia y Desarrollo en la Universidad Pública constituye una de estas iniciativas.

La pelea en defensa de la universidad pública es un ataque contra todo el sistema, pero encuentra en este objeto predilecto de denostación la clave del desprecio que anima a sus promotores. La pelea en defensa de la universidad pública es, ante todo, una lucha por el sentido que en estos años nos permitió conquistar ─aun como un desiderátum ─ la afirmación de este derecho. Pero hay que estar alertas: la contracara de la democratización de la universidad no es solamente su elitización, sino también su mercantilización. La restricción de las oportunidades de acceso a la universidad, que se puede prever como resultado del desfinanciamiento del sistema y del empobrecimiento general de la población, y que sin dudas sería un efecto inmediato de la imposición de dispositivos excluyentes en el ingreso, no es la única manera de negar el derecho a la universidad. La introducción de la lógica mercantilizadora en el funcionamiento de las instituciones y el reforzamiento de dinámicas competitivas, individualistas, de subordinación de metas educativas y de investigación a las exigencias y prioridades de financiadores privados, destruyen la lógica colaborativa y el sentido de lo público que se requieren para respaldar, además de la igualación de condiciones, la vinculación de la actividad académica a la demanda democrática en la formación de profesionales, en la creación de conocimientos, y en la producción cultural.