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En octubre de 2014 se realizó en Uruguay un plebiscito con el objeto de reformar la Constitución de la República. Dicha instancia pretendía reducir a los 16 años la edad para imputar como adultos algunos delitos establecidos en el Código Penal. En este trabajo se presentan algunos peculiares contenidos que tuvo el desarrollo de la campaña y los debates hacia ese acto electoral que, si bien refieren al contexto nacional, no resultan extraños como fundamento de las iniciativas legales en ese sentido que son promovidas en casi todos los países del continente.Se parte del supuesto que la iniciativa de reforma constitucional trascendía la mera "cuestión penal adolescente", suponiendo un campo de disputa socio cultural más amplio. El camino transitado por Uruguay desde 2011 muestra la vigencia de algunas tendencias ya observadas a nivel internacional: una creciente "politización de la cuestión penal" que funciona como campo de confrontación y reconstrucción de un programa político más amplio; asociadas con la centralidad de las víctimas como un factor político de peso para definir el contenido de las políticas criminales y la creciente desvinculación de los condicionamientos estructurales que marcan una profunda distancia de la "cuestión social" como factor a considerar para interpretar la "cuestión penal". No obstante el fracaso electoral de la iniciativa, se postula que subsisten los fundamentos ideológicos que tienen como horizonte el incremento de la punitividad como forma de resolver los problemas de seguridad existentes. ; In October 2014 a plebiscite was held in Uruguay in order to modify the country's Constitution. This was meant to lower the age of criminal responsibility to 16 for some crimes established in the Penal Code. In this work are presented some of the most peculiar contents from the campaign and debates that led to the plebiscite which, even though they refer to a national context, do not appear as an unexpected basis of the legal initiatives as they do in almost every other country of the continent. It begins with the assumption that the constitutional reform initiative transcended a mere "teen penal matter" and went beyond into a sociocultural debate area. The path followed by Uruguay since 2011 shows the validity of some tendencies already observed in an international context: an increasing politicization of the "penal matter" that works as a battlefield and as a reconstruction of a wider political program; associated with the centrality of the victims as a fundamental political factor when defining the content of criminal policies and the growing disconnection of the structural constraints that marks a profound distance from the "social matter" as a factor to interpret the "penal matter". Despite the electoral failure of the initiative, it is established that the ideological basis which contains in its horizon the increment of punitiveness as a way of solving security issues still remains. ; Instituto de Cultura Jurídica (ICJ)

En octubre de 2014 se realizó en Uruguay un plebiscito con el objeto de reformar la Constitución de la República. Dicha instancia pretendía reducir a los 16 años la edad para imputar como adultos algunos delitos establecidos en el Código Penal. En este trabajo se presentan algunos peculiares contenidos que tuvo el desarrollo de la campaña y los debates hacia ese acto electoral que, si bien refieren al contexto nacional, no resultan extraños como fundamento de las iniciativas legales en ese sentido que son promovidas en casi todos los países del continente.Se parte del supuesto que la iniciativa de reforma constitucional trascendía la mera "cuestión penal adolescente", suponiendo un campo de disputa socio cultural más amplio. El camino transitado por Uruguay desde 2011 muestra la vigencia de algunas tendencias ya observadas a nivel internacional: una creciente "politización de la cuestión penal" que funciona como campo de confrontación y reconstrucción de un programa político más amplio; asociadas con la centralidad de las víctimas como un factor político de peso para definir el contenido de las políticas criminales y la creciente desvinculación de los condicionamientos estructurales que marcan una profunda distancia de la "cuestión social" como factor a considerar para interpretar la "cuestión penal". No obstante el fracaso electoral de la iniciativa, se postula que subsisten los fundamentos ideológicos que tienen como horizonte el incremento de la punitividad como forma de resolver los problemas de seguridad existentes.