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Peruvian law has explicitly recognized regulatory powers to administrative agencies, which allows them to have a preponderant role in the production of rules in public procurement. Although these delegations of legislative authority are positively defined, distortions in the system of legal sources arise when agencies exceed delegated powers or when measures issued by administrative entities are mistaken for regulations. This paper aims to identify regulatory powers of Peruvian administrative agencies, as well as the regulatory measures they issue, and their relation with other sources of law. ; La ley peruana ha reconocido expresamente competencias normativas a las entidades del Poder Ejecutivo, por lo que, en ejercicio de facultad reglamentaria, diversos actores públicos presentan un papel preponderante en la creación de las fuentes del ordenamiento jurídico en materia de contratación estatal. Sin embargo, el hecho de que las competencias se encuentren delimitadas positivamente no evita la aparición de distorsiones en el sistema de fuentes, ya sea porque las entidades públicas exceden sus facultades o porque equivocadamente se reconocen como normas a instrumentos emitidos por estas que no califican como tales. Bajo este contexto, el presente artículo tiene como propósito identificar a aquellas entidades que hacen ejercicio de potestad reglamentaria, así como los instrumentos normativos que crean y su relación con el resto de fuentes jurídicas que regulan la contratación estatal, para finalmente analizar, en los hechos, las distorsiones antes referidas.

The author performs an analysis of the power that public entities have, under certain assumptions, to attend their own needs for goods, services and proyects without the need of contracting with private individuals, but using self-provision. The study covers the conditions under which entities can opt for this alternative, the limits that exist for it and the consequences they bring to the effectiveness of the entity's management. In addition, the author proposes considerations that should be adopted by legislation in the field for greater control and verification of the conditions of effectiveness. ; El autor realiza un análisis de la facultad que tienen, bajo ciertos supuestos, las entidades públicas para atender sus propias necesidades de bienes, servicios y obras sin necesidad de contratar con privados, sino recurriendo a la autoprovisión. El estudio realizado abarca las condiciones en las cuales las entidades pueden optar por esta alternativa, los límites que existen para ello y las consecuencias que traen para la eficacia de la gestión de la entidad. Además, el autor propone consideraciones que debería adoptar la legislación en la materia para un mayor control y verificación de las condiciones de eficacia.

This paper discusses the problem related to conflicts of interestand its various manifestations, particularly in public administration. in this regard, the author makes an ethical analysis of the concept, and he examines the regulation of conflicts of interest in the administrative field and its configuration as a constitutional limitation of fundamental rights. In this way, the paper concludes that the regulation of conflicts of interest in governance should aim to seek efficiency and balance since the position of a public servant implicates acting according to what is of general interest. ; El presente artículo aborda la problemática relativa a los conflictos de intereses y sus distintas manifestaciones, particularmente, en la gestión pública. en este sentido, el artículo parte del análisis ético del concepto, para luego arribar al examen de la regulación de los conflictos de intereses en el ámbito administrativo y su configuración como limitación constitucional a una serie de derechos fundamentales. De esta forma, concluye que la regulación de los conflictos de intereses en la gestión pública debe tender a buscar la eficacia y equilibrio, toda vez que la posición de funcionario pública importa el actuar con arreglo a un interés general.