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Durante los últimos 30 años, desde prácticamente el inicio de nuestra democracia actual, las políticas sociales, desarrolladas por los distintos gobiernos1 para fomentar, promover e impulsar la integración de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad han sido muy numerosas y variadas. La integración efectiva y real de la mujer en una sociedad conservadora como la nuestra, en igualdad de condiciones con el hombre, se está consiguiendo muy lentamente y con mucho esfuerzo, existiendo, aún, una contaminación social, que se manifiesta de forma clara en las profesiones que elegimos mujeres y hombres, fundamentalmente debido a los roles de género, que la sociedad nos marca desde pequeños, definiendo determinadas Profesiones como "masculinas", o "femeninas". Se mantiene una desigualdad importante en nuestro sistema educativo reglado postobligatorio no universitario y más concretamente en algunos Ciclos Formativos de los dos niveles de nuestra Formación Profesional. La mujer no estudia especialidades tradicionalmente masculinas, y esta desproporción se pone de manifiesto de acuerdo con los datos2 de alumnas/os matriculados en Formación Profesional, y por lo tanto la empleabilidad de la mujer en estos sectores es nula o no existe.