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El objetivo de este artículo es analizar el derecho de la víctima del delito de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la fase de investigación inicial, de acuerdo con lo previsto por la fracción VII, del Apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho en su vertiente adjetiva no se encuentra previsto en ninguna norma del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tal motivo, los tribunales federales para garantizar su eficacia interpretaron que este derecho encuadra en el artículo 258 del mencionado ordenamiento, el cual se refiere al derecho de la víctima de impugnar ante el Juez de control las determinaciones del Ministerio Público que dan por concluida la fase de investigación inicial. La interpretación en este otro sentido dio origen a diversas contradicciones de Tesis, lo que hace plantear como problema si es necesario crear una nueva norma en el código adjetivo que garantice de forma expresa este derecho fundamental de la víctima.

En México, las niñas desde los 14 años y los niños desde los 16 pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus tutores. Al emanciparse, adquieren legalmente las obligaciones de una persona adulta y pierden los derechos humanos de los niños, lo cual, a esa edad, agudiza su estado de vulnerabilidad. Para evitar este problema, los tratados internacionales más progresistas en la materia han recomendado a los Estados parte legislar para prohibir el matrimonio infantil, estableciendo la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. El objetivo de este artículo es analizar, con base en los principios constitucionales del interés superior del menor, en relación con los principios de progresividad, interpretación conforme y pro persona, la obligación del Estado de cumplir con los tratados que garantizan una protección más eficaz a los derechos humanos de los niños.

In the present work, the Federal Constitution and international treaties that oblige the State criminally to guarantee the women's human rights to have a life free of violence at home, from a protectionist perspective are analyzed. It is concluded that to fulfill with such obligation, the legislative creation of a penal norm to punish the domestic violence associated with gender-based violence is unavoidable. This legislative action would be part of a new criminological policy specifically dedicated to the prevention, punishment and eradication of gender-based violence at home.