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A caballo entre la potestad de autoorganización que ostentan las Administraciones Públicas y el principio de concurrencia en la adjudicación de los contratos, se sitúan los encargos a medios propios personificados, denominados también, fórmulas de cooperación vertical que, junto con la cooperación horizontal (convenios interadministrativos) aparecen excepcionados de la aplicación de las directivas de contratación pública de 2014. Estas técnicas de autoprovisión administrativa (en las que no se incluye la transferencia de competencias) son objeto de estudio en este trabajo a la vista de la regulación contenida en la LCSP de 2017 y en la LRJSP, partiendo de lo previsto en la normativa comunitaria de contratación pública y la reciente y clave jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ISE-Colonia, Remondis 2, Porin Linjat, IREN Spa), con el propósito de fijar sus contornos. Mereciendo especial atención la mecánica de estas fórmulas en el ámbito local, al entroncar, asimismo, con el debate en torno a la forma de gestión más idónea de los servicios públicos locales y a su nivel óptimo de prestación. Resultando también de especial atención el recurso a la «gestión directa asociativa mediante contratación in house» analizada en la relevante Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 36661/2020, de 21 de septiembre (caso Ayuntamiento de Collbató-CONGIAC-GIACSA).

La Ley de Contratos del Sector Público introduce una nueva modalidad de recurso en vía administrativa específica para el ámbito de la contratación, así como prevé también la adopción de medidas provisionales, a los efectos de dar respuesta a las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria de la contratación. Sin embargo, la regulación prevista es solo parcialmente positiva, el sistema sigue siendo ineficaz, no se arbitra un procedimiento de vigencia para adoptar medidas independientes de la interposición del recurso y se va a potenciar la dualidad jurisdiccional. ; The Public Sector Contracts Act introduces a new administrative procedure for appeal in the area of contracting, and also foresees the adoption of provisional measures, in order to respond to the obligations arising from the EU regulations on contracts. However, the legislation is only partially positive. The system continues to be inefficient; it fails to provide an emergency procedure for adopting independent cautionary measures, and it adds to the problem of the existence of two parallel jurisdictions.

En el inicio del intervencionismo administrativo sobre el comercio interior,
fueron los Entes locales los sujetos públicos con mayores responsabilidades en este sector.
Así en este trabajo abordamos cual es hoy, el papel de la Administración local catalana
en el ámbito de la apertura de establecimientos comerciales y de la venta ambulante a la
luz de los efectos que han producido la Directiva de Servicios y su transposición así como
la Ley de Garantía de la Unidad de mercado de 2013.
Barne-merkataritzari buruzko interbentzionismo administratiboaren hasieran,
toki-erakundeak izan ziren erantzukizunik handienak izan zituzten subjektu publikoak
sektore horretan. Kataluniako toki-administrazioak merkataritza-establezimenduen irekieran
eta kalez kaleko salmentan duen papera aztertzen da lan honetan, kontuan hartuz zer ondorio
izan dituzten Zerbitzuen Zuzentarauak eta haren transposizioak, eta Merkatu Batasunaren
Bermeari buruzko 2013ko Legeak.
At the beginnig of the administrative interventionism over internal trade,
local entities were the public subjects with greater responsabilities in this sector. Hence in
this work we address which role of the catalan local administration have nowadays in the
field of the opening of commercial establishments and ambulant sales in the light of the
effects produced by the Directive on Services and its transposition by the Act of Guarantee
of the Unity of the Market from 2013.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 15 de mayo de 2003 (C—214/2000), recaída en un "recurso por incumpliendo del Derecho Comunitario" dirigido por la Comisión contra España (art. 226, consolidado del Tratado CE), ha condenado a nuestro país por una no correcta transposición de la Directiva 89/665 al derecho interno español, pese a que la Exposición de Motivos de la entonces Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas entendiese que tal Directiva nacía ya transpuesta al ordenamiento español.