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This paper offers an examination of international justice from the perspective of rape survivors from the Rwandan genocide, and exposes the squandered opportunities that have characterized sexual violence prosecutions over the past decade at the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Throughout the Rwandan genocide, widespread sexual violence, directed predominantly against Tutsi women, occurred in every prefecture. Thousands of women were raped on the streets, at checkpoints, in cultivated plots, in or near government buildings, hospitals, churches, and other places where they sought sanctuary. Women were held individually and in groups as sexual slaves for the purpose of rape. They were raped to death using sharp sticks or other objects. Their dead bodies were often left naked, bloody, and spread-eagled in public view. The hate propaganda before and during the genocide fuelled the sexual violence by demonizing Tutsi women's sexuality. Given the evidence and the crimes that the ICTR is tasked with prosecuting, virtually every defendant coming before this international court should be charged and convicted, where appropriate, for his role in perpetrating these acts, or for command responsibility in not preventing the acts of subordinates. Yet on the tenth anniversary of the Rwandan genocide, the ICTR had handed down 21 sentences: 18 convictions and 3 acquittals. An overwhelming 790 per cent of those judgements contained no rape convictions. More disturbingly, there were double the number of acquittals for rape than there were rape convictions. No rape charges were even brought by the Prosecutor's Office in 770 per cent of those adjudicated cases. If the trend continues, full and fair justice for women victims of the Rwandan genocide appears increasingly unlikely before the ICTR. This paper is based on interviews with Rwandan rape survivors, including some who have testified as witnesses before the ICTR. The first part is an examination of the dismal record of the ICTR Prosecutor's Office in investigating and prosecuting sexual violence crimes. The past decade reveals a lack of political will at the senior management level to integrate sexual violence crimes into a consistently followed prosecution strategy.

En este documento se analiza la justicia internacional desde la perspectiva de las mujeres sobrevivientes de violaciones cometidas durante el genocidio en Rwanda y se exponen las oportunidades que en el último decenio se han desperdiciado en los juicios por violencia sexual ante el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR). Durante el genocidio en Rwanda, en todas las prefecturas del país se desató una violencia sexual generalizada principalmente en contra de las mujeres tutsi. Miles de mujeres fueron violadas en las calles, en los puntos de control instalados en las carreteras, en sembradíos, o bien dentro o cerca de edificios del gobierno, hospitales, iglesias y otros lugares donde buscaron refugio. Las mujeres fueron sometidas, individualmente y en grupo, a la esclavitud sexual con el propósito de violarlas. Eran violadas con palos punzantes u otros objetos, hasta causarles la muerte. Luego sus cuerpos fueron abandonados, por lo general desnudos, ensangrentados, los brazos y piernas extendidos, expuestos a la vista de todos. La propaganda de odio que se emprendiera antes y durante el genocidio alimentó la violencia sexual mediante la satanización de la sexualidad de las mujeres tutsi. A la luz de las pruebas y los delitos que el TPIR debe conocer, prácticamente todos los que han de comparecer ante este tribunal internacional deberían ser imputados y condenados, según corresponda, por su papel en la ejecución de estos actos, o por su responsabilidad como líderes por no prevenir las acciones de sus subordinados. Sin embargo, a 10 años de haberse cometido el genocidio en Rwanda, el TPIR ha dictado 21 sentencias: 18 condenas y 3 absoluciones. El 90 por ciento de estos fallos no incluyó ninguna condena por violación. Lo que resulta todavía más perturbador es que el número de absoluciones por violación fue el doble de las condenas por el mismo delito. La Fiscalía ni siquiera presentó cargos de violación en el 70 por ciento de los casos adjudicados. De continuar esta tendencia, será cada vez mayor la probabilidad de que no se haga plena justicia a las mujeres víctimas del genocidio en Rwanda ante el TPIR. Este documento se basa en entrevistas con sobrevivientes de violaciones en Rwanda, entre ellas algunas de las mujeres que atestiguaron ante el TPIR. En la primera parte se examinan los funestos antecedentes del fiscal del TPIR en la investigación y enjuiciamiento de las violaciones sexuales. Los 10 años transcurridos revelan una falta de voluntad política a nivel de los altos directivos para integrar los delitos de violación sexual en una estrategia de enjuiciamiento estable y constante. Diversos factores han dificultado los procesos, entre otros, las investigaciones inadecuadas, la aplicación de una metodología de indagación inapropiada y la falta de capacitación del personal. Algunos casos han continuado sin acusaciones de violación, a pesar de que en algunos de ellos el fiscal tenía en su poder pruebas fehacientes del delito. En un número considerable de casos, los cargos por violación se han agregado tardíamente como enmiendas, en lugar de formar parte integral de la estrategia de enjuiciamiento. Los abogados principales de la fiscalía siguen teniendo interpretaciones y opiniones divergentes y hasta contradictorias sobre la responsabilidad legal de la violencia contra las mujeres y sobre el enfoque legal que han de adoptar en la corte. La segunda parte del documento se basa en las voces de los testigos de las violaciones, incluidas algunas de las mujeres que atestiguaron ante el TPIR. En esta parte se revela la profunda decepción y frustración de las víctimas de las violaciones frente al proceso de justicia internacional. Las mujeres de Rwanda explican lo que en su opinión ha sido el fracaso del tribunal, que no sólo les ha negado justicia, sino también agudizado el sufrimiento que continúan padeciendo. En el documento se destacan algunas de las deficiencias del proceso (el cual se ha estructurado sin considerar la necesidad de brindar una atención y una protección óptimas a las víctimas de violación), como la carencia de información y seguimiento y la falta de una explicación completa por parte de la fiscalía sobre los posibles riesgos. En la corte, por lo general como consecuencia de la conducción de juicios conjuntos con múltiples acusados, las víctimas de violación se enfrentan a un ambiente hostil en el que se ven sometidas a contrainterrogatorios prolongados y repetitivos, a lo cual se suma la renuencia de algunos jueces a limitar el período de repreguntas. Debido a una falta de preparación adecuada, algunas víctimas de violación se han sentido humilladas y apenadas al momento de presentar su testimonio porque no se les advirtió que tendrían que hablar explícitamente sobre partes de su cuerpo o sobre actos sexuales. Luego de los juicios, las víctimas de violación con frecuencia observan que, a pesar de la prometida anonimidad, regresan a sus hogares para enterarse de que se ha revelado su identidad como víctimas de violación, tras lo cual se ven sujetas a amenazas y represalias. Luego de una década de existencia, resulta desalentador ver cuán poca justicia el Tribunal Penal Internacional para Rwanda ha podido llevar a las víctimas de la violencia sexual. En esta era de justicia internacional, deben desplegarse esfuerzos concertados para aprender de las experiencias de las víctimas de violación en Rwanda y asegurarse de que las Naciones Unidas no continúe en deuda con las víctimas de violación. Este análisis de la justicia internacional a través de los ojos de las víctimas de violación revela la urgente necesidad de velar, como cuestión prioritaria, por que los tribunales penales internacionales no pasen por alto los crímenes de violencia sexual ni permitan la conducción de un proceso judicial que margina, deshumaniza y degrada a las víctimas de violación. ; This paper offers an examination of international justice from the perspective of rape survivors from the Rwandan genocide, and exposes the squandered opportunities that have characterized sexual violence prosecutions over the past decade at the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Throughout the Rwandan genocide, widespread sexual violence, directed predominantly against Tutsi women, occurred in every prefecture. Thousands of women were raped on the streets, at checkpoints, in cultivated plots, in or near government buildings, hospitals, churches, and other places where they sought sanctuary. Women were held individually and in groups as sexual slaves for the purpose of rape. They were raped to death using sharp sticks or other objects. Their dead bodies were often left naked, bloody and spread-eagled in public view. The hate propaganda before and during the genocide fuelled the sexual violence by demonizing Tutsi women's sexuality. Given the evidence and the crimes that the ICTR is tasked with prosecuting, virtually every defendant coming before this international court should be charged and convicted, where appropriate, for his role in perpetrating these acts, or for command responsibility in not preventing the acts of subordinates. Yet on the tenth anniversary of the Rwandan genocide, the ICTR had handed down 21 sentences: 18 convictions and 3 acquittals. An overwhelming 90 per cent of those judgements contained no rape convictions. More disturbingly, there were double the number of acquittals for rape than there were rape convictions. No rape charges were even brought by the Prosecutor's Office in 70 per cent of those adjudicated cases. If the trend continues, full and fair justice for women victims of the Rwandan genocide appears increasingly unlikely before the ICTR. This paper is based on interviews with Rwandan rape survivors, including some who have testified as witnesses before the ICTR. The first part is an examination of the dismal record of the ICTR Prosecutor's Office in investigating and prosecuting sexual violence crimes. The past decade reveals a lack of political will at the senior management level to integrate sexual violence crimes into a consistently followed prosecution strategy. Prosecutions have been hampered by inadequate investigations, the use of inappropriate investigating methodology, and a lack of training for staff. Some cases have moved forward without rape charges, sometimes even when the prosecutor is in possession of strong evidence. In a significant proportion of the cases, rape charges have been added belatedly as amendments, rather than being made an integral part of the prosecution strategy. Trial team leaders continue to have differing, and even contradictory, interpretations of legal responsibility for the violence against women and opinions on what legal approaches to adopt in the courtroom. The second part of the paper is based on the voices of the rape witnesses, including some who have testified before the ICTR. It reveals the deep disappointment and frustration of rape victims with the international justice process. Rwandan women articulate what they see as the failure of this court, which not only denies them justice, but exacerbates the suffering they continue to experience. This paper highlights some of the hortcomings in the process, which is structured without regard to providing optimal care and protection to rape victims, including a lack of information and follow-up, and the lack of full disclosure by the Prosecutor's Office on the possible risks. In the courtroom, often as a result of joint trials with multiple defendants, rape victims find the environment hostile as they are subjected to repeated and lengthy cross-examinations, coupled with a reluctance on the part of some judges to limit excessive cross-examination. Because of a lack of adequate preparation, some rape victims have felt humiliated and embarrassed on the stand because they were not warned that they would have to speak explicitly about sexual parts or acts. Following trial, rape victims often find that despite the promised anonymity, they return home to find their identity revealed as rape victims, and are subject to threats and reprisals. After a decade of existence, it is discouraging to see how little justice the ICTR has delivered to the victims of sexual violence. In this era of international justice, concerted efforts must be made to learn from the experiences of the Rwandan rape victims to ensure that the United Nations does not continue to short-change rape victims. Looking at international justice through the eyes of rape victims points to an urgent need to better ensure, as a priority, that international criminal courts neither overlook sexual violence crimes nor allow a judicial process that marginalizes, dehumanizes or demeans rape victims. ; L'auteur, qui porte sur la justice internationale le regard de celles qui ont survécu à un viol pendant le génocide rwandais, dénonce ici les occasions manquées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) de poursuivre les violences sexuelles au cours des dix dernières années. Pendant tout le génocide rwandais, toutes les préfectures ont été le théâtre de violences sexuelles généralisées, dirigées le plus souvent contre des femmes tutsies. Des milliers de femmes ont été violées dans les rues, aux postes de contrôle, dans les champs, à l'intérieur ou à proximité de bâtiments publics, d'hôpitaux, d'églises et d'autres endroits où elles cherchaient refuge. Des femmes ont été détenues, seules et en groupes, comme esclaves sexuelles, pour être violées. Elles ont été violées à mort, à l'aide de bâtons pointus ou d'autres objets. Leurs corps ont été souvent abandonnés nus, ensanglantés, les bras et jambes écartés, exposés à la vue de tous. La propagande de haine avant et pendant le génocide a alimenté la violence sexuelle en diabolisant la sexualité des femmes tutsies. Etant donné les preuves et les crimes que le TPIR est chargé de poursuivre, pratiquement tous les accusés déférés devant cette juridiction internationale devraient être inculpés et déclarés coupables, le cas échéant, pour avoir eux-mêmes perpétré ces actes ou, s'ils étaient à des postes de commandement, pour n'avoir pas empêché leurs subordonnés de les commettre. Pourtant, à la date du dixième anniversaire du génocide rwandais, le TPIR avait rendu 21 jugements: 18 condamnations et 3 acquittements; 90 pour cent de ces jugements ne contenaient aucune condamnation pour viol. Plus troublant encore, les acquittements pour viol ont été deux fois plus nombreux que les condamnations prononcées pour ce chef d'inculpation. Dans 70 pour cent des affaires jugées, le viol ne figure même pas parmi les charges retenues par le Bureau du Procureur. Plus cette tendance se poursuit, plus s'amenuisent les chances de voir le TPIR accorder pleinement satisfaction aux femmes victimes du génocide rwandais. Ce document repose sur des interviews de Rwandaises qui ont survécu au viol et dont certaines ont témoigné devant le TPIR. Dans la première partie, l'auteur, qui examine ce qu'a fait le Bureau du Procureur du TPIR pour instruire et poursuivre les crimes de violence sexuelle, dresse un triste bilan. Les dix dernières années révèlent un manque de volonté politique au niveau le plus élevé de l'administration, qui renâcle à intégrer les crimes de violence sexuelle dans une stratégie de poursuites cohérente. L'insuffisance des enquêtes menées, l'emploi de méthodes d'investigation inappropriées et le manque de formation du personnel ont été autant de pierres d'achoppement à l'engagement de poursuites. Certains dossiers ont avancé sans que le viol figure parmi les chefs d'accusation, alors même que le procureur détenait de solides preuves. Dans une proportion non négligeable des affaires, le viol a été ajouté tardivement sous forme d'amendement à l'acte d'accusation, mais sans faire partie intégrante de la stratégie du ministère public. Les chefs des équipes spécialisées dans les procès continuent d'avoir des interprétations divergentes et même contradictoires de la responsabilité légale des violences commises contre les femmes, et des opinions différentes sur la méthode d'approche qu'il convient d'adopter dans la salle d'audience. La seconde partie du document donne la parole aux témoins des viols, dont certain(e)s ont témoigné devant le TPIR. Elle révèle l'amertume des victimes de viol, profondément déçues par la justice internationale. Les femmes rwandaises expriment ce qu'elles perçoivent comme un manquement de ce tribunal, qui non seulement leur dénie la justice mais exacerbe encore la souffrance qu'elles continuent d'éprouver. Ce document met en évidence quelques-unes des carences du processus, qui se déroule sans que l'on pense à apporter aux victimes de viol une assistance et une protection optimales, qui devraient inclure information et suivi, et sans que le Bureau du Procureur ne les avertisse de manière circonstanciée des risques qu'elles peuvent encourir. Comme souvent les procès sont communs à de nombreux accusés, les victimes de viol jugent hostile l'environnement de la salle d'audience, où elles sont soumises à des contre-interrogatoires longs et répétitifs, d'autant que certains juges sont réticents à limiter les excès en la matière. Insuffisamment préparées, certaines victimes de viol se sont senties humiliées et gênées à la barre des témoins car on ne les avait pas averties qu'elles devraient parler explicitement de certains actes ou organes sexuels. Après le procès, il arrive souvent que, de retour chez elles, elles découvrent que, malgré la promesse d'anonymat qui leur a été faite, leur identité de victimes de viol est connue et qu'elles fassent l'objet de menaces et de représailles. Au bout de dix ans d'existence, il est décourageant de voir le peu de justice que le TPIR a rendu aux victimes de violences sexuelles. En cette ère de justice internationale, des efforts concertés doivent être faits pour tirer les leçons des expériences des victimes de viol au Rwanda afin que celles-ci ne soient plus mises à mal à l'avenir par les Nations Unies. Si l'on porte sur la justice internationale le regard des victimes de viol, on s'aperçoit qu'il est impératif de mieux veiller, avant toutes choses, à ce que les juridictions pénales internationales ne négligent pas les crimes de violence sexuelle et ne laissent plus aucun procès marginaliser, déshumaniser ou humilier les victimes de viol.