Suchergebnisse

Este trabajo explora teóricamente la relación existente en México entre seguridad pública, como variable dependiente, y los instrumentos por los cuales se obtiene: participación ciudadana y acción gubernamental, como variables independientes. Se consi- deran también los conceptos democráticos de coto vedado y ámbito de negociación. Se analizan dos escenarios hipotéticos: uno en que el Estado no cumple con el objetivo de proporcionar seguridad pública, y otro en que sí lo cumple. Se muestra que la relación de las variables es distinta en cada caso, ya que existe una curva de indiferencia en la que a veces el ciudadano obtiene la misma satisfacción y pierde interés por uno u otro instrumento, pues la utilidad que esto podría representarle es la misma en cualquiera de los casos.

El iuspositivismo indica que debe existir sanción ante la omisión de conductas ordenadas y las tesis iusnaturalistas indican que lo justo ante una obligación es que se sancione su incumplimiento. De acuerdo con el mandato constitucional, el voto es una obligación, por tanto, debe existir una sanción para su no cumplimiento. Sin embargo, en México no existe tal sanción y se sufre de un alto índice de pasividad electoral (no solamente de abstencionismo electoral, que es una especie del género pasividad democrática), por ello, como una manera de solucionar el problema, se propone la tesis consistente en aplicar la sanción que con justicia debería corresponder para el caso de incumplimiento de la obligación de emitir el voto, lo anterior con base en los fundamentos del iusnaturalismo traducidos en juicio democrático, y con ello incluso satisfacer las categorías de prudencia, templanza y paz.

El objetivo general es analizar la educación jurídica democrática en la univer- sidad pública para determinar su grado de aplicación; lo anterior se justifica considerando la importancia que tiene la universidad pública como elemento indispensable en la formación de ciudadanos que se deben insertar en una dinámica social que incluye involucrarse en la política estatal. La universi- dad ha sido, y debe seguir siendo, la formadora por excelencia y por tradición de hombres aptos política y socialmente, de individuos que sean capaces de involucrarse en su Estado. El beneficio que se espera obtener del análisis pre- tendido es hacia la universidad pública y su democracia cuya connotación no debe ser solamente en relación con la forma de gobierno y finalmente hacia la propia sociedad que recibe el producto terminal de la máxima casa de estudios. Por ello, se revisa si son aplicables los postulados de Dewey respecto a la educación jurídica democrática en la universidad pública y se considera que sí son aplicables, ya que proponen procesos de educación destinados a la formación de ciudadanos con habilidades y capacidades ex profeso, y la universidad pública tiene como objetivo la formación humanística de los in- dividuos y de los ciudadanos insertos en un ámbito estatal.

Se presenta una concepción del juicio democrático basada en algunas de las posturas iusnaturalistas vertidas en las obras: La república y Las leyes de Platón, Ética de Aristóteles, Tratado de la ley de Tomás de Aquino, La ciudad de Dios de San Agustín, El espíritu de las leyes de Montesquieu y El contrato social de Rousseau. Se argumenta que la existencia y funcionamiento del Juicio Democrático Lato Sensu (JDLS) en su vertiente no jurisdiccional tienen su fundamento en tales posturas de derecho natural, específicamente en las categorías de prudencia, templanza, justicia ⎯y su antagónico: la injusticia⎯, la paz y la felicidad, con lo que también se aportan los elementos para una futura investigación de la ley democrática y la ley de la democracia y sobre un instrumento social para mejorar su práctica.

Se da por hecho que un Estado es "constitucional", porque tiene uncuerpo normativo que establece la estructura de gobierno, que reconocecomo objetivo primordial los derechos humanos y que expresamecanismos de control del poder a favor del pueblo. Sin embargo, sinun entramado democrático, las normas no garantizan que sus fines secumplan. México ha tenido diversas reformas constitucionales que nohan logrado cumplir su cometido. En este contexto, el trabajo alude quela crisis institucional, económica y de derechos humanos en México no sesolucionará con reformas, sino mediante una reorientación de los actoresimplicados en los sectores políticos, administrativos y de administraciónde justicia. Asimismo, como aporte, el artículo propone nuevas líneas deacción para mejorar la gobernanza con bases y objetivos participativos;que hagan realidad las disposiciones jurídicas, económicas y políticasde la Constitución. ; CONACYT (CB/156846)

Este artículo es producto de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual es desarrollado por el Cuerpo Académico "Estudios Constitucionales" de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. ; Este trabajo pretende sostener la importancia que tiene la participación de la ciudadanía en las actividades eminentemente públicas y de gobierno, específicamente como un órgano o elemento regulador de esa actividad, el cual se instrumenta a través de la observación de los ciudadanos como sector social y como ente jurídico y político que puede –y debe- llevar a cabo la vigilancia de las gestiones realizadas en el gobierno por los funcionarios públicos. Se pone de manifiesto que la democracia en México requiere no solamente de reforzar su sistema de elecciones, sino que también es importante respetarle a la ciudadanía su poder de observación traducido en vigilancia, supervisión y sanción de toda aquella actividad pública realizada por el gobierno. ; CONACYT (CB/156846)

resultado de la primera revolución social del siglo XX fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que plasmó las aspiraciones de toda una nación, marcando el rumbo de nuestro país hacia la democracia. Gracias a la Carta Magna hoy tenemos garantizados amplios derechos y podemos ejercer plenamente nuestras libertades. Celebro que la Universidad Autónoma del Estado de México conmemore los cien años de nuestra Constitución con la publicación de este libro, elaborado por un grupo multidisciplinario de investigadores, pertenecientes a diversas instituciones educativas del país, que analizan los diferentes artículos de la Constitución de 1917, desde los ámbitos histórico, filosófico, jurídico, educativo y social. Para el Gobierno del Estado de México, un libro conmemorativo de nuestra Carta Magna es invitación a reflexionar sobre las características de nuestras instituciones, así como la conveniencia de mantener o reformar sus artículos para continuar respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. En cada propuesta de este libro, desde sus respectivos campos de estudio, los autores analizan los retos de la sociedad actual; además en su lectura e interpretación demuestran que los 136 artículos no son letra muerta, siguen vigentes.