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Como expresamos en la primera parte de esta serie de artículos vinculados con la seguridad hemisférica, luego del fin de la II Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norte América comienzan a percibir el peligro de que la dominación soviética se extienda a diversas partes del mundo. En consecuencia, la doctrina de contención de la expansión soviética – especialmente en el continente americano – que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de América utilizaron, adoptó diversas características, aunque siempre con el mismo objetivo, es decir, mantener a la región alejada de dicha influencia.Inicialmente, la doctrina de contención, ideada por George F. Kennan (1947) implicaba entre otros supuestos la selección de áreas vitales para la seguridad norteamericana, priorizándolas según su relevancia estratégica, lo cual se vinculaba directamente con los intereses vitales norteamericanos que pudieran verse afectados. Es así que el área comprendida por los países de la comunidad Atlántica, entre ellos los países de América del Sur, fueron seleccionados como una de dichas áreas vitales, la cual debía mantenerse alejada de la influencia soviética.La visión geopolítica expuesta se relacionaba teóricamente con la corriente realista de las relaciones internacionales, para la cual el poder militar adquiría gran importancia. La doctrina diseñada por Kennan, consideraba que la contención de la amenaza comunista se debía encontrar desvinculada de toda valoración concerniente con la organización política interna de los estados que integraban la esfera de influencia norteamericana, por lo cual dicho aspecto era ajeno a la consideración de la política exterior estadounidense.En consecuencia, la doctrina de contención ideada sobre estas bases, propugnaba la concepción del equilibrio de poder en las relaciones internacionales, así como la del poder militar.Durante la década de los años setenta, la estrategia de contención desarrollada por la administración del Presidente Richard Nixon, retomó algunos de los lineamientos originales desarrollados por George Kennan, entre otros como manifiesta Gaddis (1982) en la necesidad de "(.) dejar de lado esfuerzos, como un asunto de vital interés nacional, [vinculados con] el cambio de la naturaleza interna de otras sociedades." (pp.278).El mismo autor expone que la tolerancia desarrollada por el gobierno del Presidente Nixon vis a vis las diferencias ideológicas con la Unión Soviética, eran en cierta forma contradictorias, especialmente al compararlas con la reducida flexibilidad del gobierno norteamericano en tolerar movimientos marxistas en otras regiones del mundo, como en el caso de Chile. Esto se debía a una forma de "perceptual lag" (pp. 287), según el cual la tolerancia de procesos políticos en la zona de influencia de los Estados Unidos, que produjeran cambios que alteraran el equilibrio de poder, creando un nuevo status quo diverso al existente, era de por sí negativo.En esta concepción estratégica los aspectos psicológicos vinculados con la percepción y la apariencia de debilidad o fortaleza, jugaban un rol de relevancia; en consecuencia, los efectos políticos no queridos que determinados actos podían provocar, emitiendo signos que podían ser interpretados como de debilidad, constituía un elemento de consideración en el contexto del orden mundial de la Guerra Fría.La estrategia de detente, diseñada por el gobierno del presidente Richard Nixon (1969 – 1974) y su asesor Henry Kissinger (1951 -1977), implicaba establecer negociaciones con la Unión Soviética a los efectos de construir un orden mundial estable, en la medida de las circunstancias. Es por ello que en julio de 1969, la administración Nixon estableció las bases de su accionar político internacional en el contexto mundial de bipolaridad ideológica, partiendo de las siguientes proposiciones: a) respeto de las obligaciones contraídas en los tratados acordados; b) protección de naciones aliadas o de aquellas cuya supervivencia se considerara vital para la seguridad de los Estados Unidos, ante amenazas a la libertad; c) en caso de agresión, asistencia militar y económica en concordancia con los acuerdos suscritos, propendiendo a que la nación agredida o amenazada asumiera su propia responsabilidad en su defensa.Algunos aspectos de la estrategia aludida estuvieron asociados con la realización de acciones encubiertas como método de política exterior, lo que ha sido reconocido expresamente con posterioridad. En el continente americano, el caso paradigmático lo constituye Chile, en donde la acción encubierta tuvo como objetivo evitar la elección presidencial de Salvador Allende, y luego de su elección, buscando desestabilizar el régimen.Este aspecto de la política exterior de la administración Nixon hacia la región fue objeto de crítica, conjuntamente con el tema de la protección de los derechos humanos. Según expresa Gaddis (1982) "La administración Nixon - como casi todos sus predecesores de la post guerra- eran claramente más tolerantes del autoritarismo de derecha que de izquierda" (pp.341), por lo que el tema de las violaciones a los derechos humanos no constituía un asunto de interés para la Casa Blanca, mientras lo fuera en países que estuvieran "(…) en el lado derecho de la guerra fría" (pp.341).Las características aludidas que adoptó la conducción de la política exterior de los Estados Unidos de la administración Nixon, a través de gestiones secretas ejecutadas en forma paralela a las desarrolladas en forma abierta, no contribuyó a que la opinión pública de dicho país tuviera una imagen favorable sobre la transparencia de la gestión pública de las relaciones exteriores. Será con la elección del Presidente Jimmy Carter (1977 – 1981) que las percepciones de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos hacia los regímenes dictatoriales de la región cambiarán, en especial en lo concerniente a la protección de los derechos humanos.El regreso a la democraciaLa década de los ochenta se inicia con el conflicto armado de naturaleza convencional más importante para la región, lo que llevaría a su análisis en particular. La Guerra de las Malvinas hizo tambalear la estructura del TIAR, enfrentando a los Estados Unidos al dilema de apoyar a un socio tradicional como lo era Gran Bretaña, frente a un integrante del sistema de seguridad colectivo hemisférico.Sin ingresar al detalle del conflicto, sí es posible decir que aceleró el fin de la dictadura militar argentina. El proceso de re democratización que se inicia en la sub región del cono sur, avanza con diferentes ritmos y formas dadas las características que la represión había adoptado en cada estado. Esto se aprecia especialmente en la manera de afrontar los diversos aspectos que la apertura democrática implicaba, entre ellos, el regreso a la vida institucional de los partidos políticos y de los políticos, aun cuando existieran candidatos vedados de participar en el proceso, así como el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas.Es asimismo un período de reorganización económica del hemisferio, bajo las orientaciones teóricas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para los cuales el objetivo central era la reestructuración de la deuda externa estatal latinoamericana, problemática que llevó a concentrar la atención estratégica de la región en la economía.En este contexto, los Estados Unidos acentúan su estrategia hacia la región de promoción del desarrollo liberal de la economía, introduciendo en la discusión de la agenda regional, la aplicación de las medidas promovidas por el denominado "Consenso de Washington". Algunas de las propuestas de la época efectuadas por Washington se tradujeron en aspectos vinculados con la incorporación de los productos agrícolas a la negociación de la Ronda Uruguay del GATT; al Plan Brady destinado a renegociar la deuda externa de los países de América Latina, así como con la "Iniciativa de las Américas", de creación de una zona de libre comercio, que luego se concretaría en forma reducida con el North America Free Trade Association (NAFTA).Del punto de vista de la política internacional, a finales de la década de los setenta la región había iniciado un proceso de acercamiento entre Brasil y Argentina, tendientes a discutir el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Paraná (Acuerdo Corpus – Itaipú entre Argentina, Brasil y Paraguay en 1979), así como a declarar a la región como una zona de paz, libre de amenaza nuclear (Acuerdos de Mayo entre Argentina y Brasil – 1980).Este proceso concluye en 1985 con la suscripción de la Declaración de Foz de Iguazú, en donde entre otras, se fijan las bases para el proceso de integración que luego devendrá en el MERCOSUR. Los antecedentes relacionados con la creación del MERCOSUR, se inician con el Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE), la suscripción del Acta de Amistad Argentina – Brasileña: Democracia, Paz y Desarrollo y la firma de veinticuatro protocolos sectoriales. En 1988, se firma el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo (TICD) entre los Presidentes Raúl Alfonsín de Argentina y José Sarney de Brasil; así como el Acta de Alvorada, suscrita en Brasilia, donde se incorpora Uruguay al proceso de integración, proceso que concluye en 1991 con el Tratado de Asunción constitutivo del MERCOSUR, al que también ingresa el Paraguay.En dicho contexto, el proceso de democratización regional se profundiza en la búsqueda de una institucionalidad consagrada bajo la forma de tratados internacionales que se adoptan en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Este proceso se refleja asimismo, en las iniciativas de reformas a instaurarse en la Organización de Estados Americanos, buscando concretar una concepción de seguridad acorde con el nuevo orden que se encontraba desarrollando. La aprobación de diversos tratados concernientes a la protección de los derechos humanos y el control de armamentos, en el ámbito de la OEA, intentará llenar el vacío normativo que el período de la Guerra Fría había provocado.En lo concerniente a la profundización del proceso de democratización en el ámbito de la seguridad, el mismo se manifiesta principalmente en la idea de construir y reforzar el control civil y político de las fuerzas armadas, así como la adecuación de los presupuestos militares a una realidad económica de restricción del gasto estatal.Finalmente, todo este proceso de acercamiento regional iniciado con el proceso de integración comercial y reafirmación normativa provoca un cambio en la cultura predominante, ya que el "Otro" comienza a apreciarse desde una cultura lockeana dejándose de lado las características que predominaron durante la Guerra Fría.María Beatriz Otero es Doctora en Derecho Universidad de la República Doctorado en Relaciones Internacionales Universidad del Salvador en Buenos Aires (en curso)Maestría en Políticas de Seguridad NacionalUniversidad Nacional de Defensa - Washington DC, USA.

Continuando con esta serie de artículos destinados al análisis de la seguridad en el continente americano (Parte I y Parte II), trataremos en el presente el rol de la Organización de Estados Americanos en la misma.La caída del régimen soviético produjo un nuevo orden mundial cuyas características iniciales afirmaron la unipolaridad norteamericana, sin embargo el fin del conflicto bipolar ideológico característico de la Guerra Fría produjo la aparición de nuevas amenazas a la estabilidad y seguridad mundial.En el contexto histórico referido, las amenazas que surgieron dieron lugar a una nueva estructura de la Organización de Estados Americanos, que se adaptó a lo que los analistas estratégicos, en especial los norteamericanos, comienzan a denominar como las "nuevas amenazas".Estas nuevas amenazas a la seguridad, se caracterizaron por ser de naturaleza diversa a la convencional militar que caracterizó el período de la Guerra Fría, siendo su característica principal la desvinculación con el actor estatal.Es así que se comienza a discutir el rol de las organizaciones de narcotráfico en el continente y su vinculación con la financiación de grupos terroristas, en especial en Colombia. Junto con este tipo de organizaciones, la delincuencia organizada transnacional es analizada como otra nueva amenaza que hace peligrar la seguridad de los Estados.En la década de los años noventa se inicia un proceso de adecuación de la estructura institucional de la OEA, a los efectos de contemplar esta nueva realidad de la seguridad internacional. Es así que se crea la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD – 1986), la Comisión Especial de Seguridad de la OEA (1991), se inicia un proceso de reuniones presidenciales denominadas Cumbres de las Américas (1994), así como de conferencias de Ministros de Defensa de las Américas (1995) de reunión periódica. En 1999, se crea el Comité Interamericano contra el Terrorismo y se discute la reforma del Colegio Interamericano de Defensa (1995 – 1996) a los efectos de contemplar estas nuevas prioridades.Seguridad regionalConceptualmente en 1994 se introduce en el análisis teórico de la seguridad regional, el vínculo de la misma con el desarrollo humano, concepto elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y expuesto en su informe sobre el Desarrollo Humano "Nuevas dimensiones de la Seguridad Humana". Esta concepción teórica se encuentra estrechamente vinculada con la percepción del citado organismo de dejar de lado un concepto de seguridad relacionado con el poderío militar y la utilización de armas nucleares, pasando a las consideraciones vinculadas con el desarrollo humano y sus implicancias a la seguridad.El informe identifica las áreas desde donde pueden surgir amenazas a la seguridad humana, como las vinculadas con la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la de la salud, ambiental, personal, de la comunidad y política. Esta visión, tendrá su influencia en las perspectivas de seguridad de los Estados y se verá especialmente consagrada en la década siguiente, cuando se busque ajustar los instrumentos regionales a los desafíos de un orden desestabilizado por el terrorismo.Si bien, como dijimos, en la década de los ochenta la seguridad continental se enfrenta a lo que se denominan nuevas amenazas, no es sin la existencia de ciertas rispideces que las Fuerzas Armadas de la región afrontan la intervención en problemáticas como las del narcotráfico, que consideran de competencia policial. La visión norteamericana de imposición de dicha percepción de seguridad que busca la implicancia de las mismas en la lucha contra la inseguridad ocasionada por la delincuencia organizada, narcotráfico y demás, produce diferentes reacciones regionales, si bien es posible afirmar que las estructuras de la región se adaptan a estos nuevos requerimientos.El inicio del siglo XXILos atentados terroristas llevados a cabo por Al Qaeda en territorio norteamericano profundizan los cambios que en el orden mundial se apreciaban a fines del siglo XX. Estos ataques terroristas ponen a prueba el funcionamiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el cual durante la Guerra de las Malvinas había ya sufrido un embate que dividió las opiniones continentales.Los atentados terroristas de 2001 en territorio norteamericano provocan la solidaridad de los países de la región con los Estados Unidos, si bien desde el punto de vista legal, en lo concerniente a la jurisdicción del TIAR, la situación presentaba algunas dificultades.La principal se vinculaba con la antigua discusión que a nivel internacional en el ámbito de la ONU y luego en la OEA se había dado con relación a lograr una definición jurídica del concepto de "ataque armado" y de "agresión". En los hechos, los atentados terroristas por las características materiales de las cuales Al Qaeda había tomado ventajas, configuraba un enfrentamiento asimétrico frente a las capacidades militares convencionales norteamericanas, por lo que se dificultaba su inclusión dentro del concepto jurídico de ataque armado, poniendo en discusión la puesta en funcionamiento del TIAR.Por otra parte, los atentados referidos reafirmaron las previsiones estratégicas norteamericanas que en el ámbito académico de la seguridad se habían comenzado a discutir luego de la caída del muro de Berlín. Estos análisis estratégicos ya apreciaban el peligro que para los Estados Unidos y su poderío militar representaban las amenazas de naturaleza asimétrica, especialmente a través de la acción de grupos terroristas. En consecuencia, la potencia dominante se enfrenta a la amenaza terrorista que busca llevar a cabo acciones sacando provecho de las debilidades que la estructura democrática del país presenta, llevando a cabo atentados de alto impacto en la sociedad ya sea por el número de víctimas afectadas como por lo que provoca en la opinión pública norteamericana y mundial.La amenaza terrorista altera en cierta forma diversos aspectos de la vida democrática de los Estados Unidos, que construye una nueva estructura de seguridad que lo defienda de la misma. La estrategia denominada "guerra contra el terror" formulada por el Presidente George Bush hijo, será consecuencia directa de estos cambios en la visión de la seguridad internacional.Entre los aspectos delineados en la misma, se establecía la necesidad de contar con el mayor número de redes de cooperación internacional, para lo cual se buscó lograr el mayor número de aliados estratégicos que colaboraran en la lucha contra el terrorismo.Como consecuencia de este contexto internacional, en la OEA se inicia un proceso de cambio de las definiciones estratégicas de seguridad, comenzándose a priorizar el terrorismo internacional y las conexiones de éste con el lavado de dinero, el tráfico de armas y el peligro representado por las armas de destrucción masiva, químicas o bacteriológicas en poder de organizaciones terroristas.La Resolución 23/Res.1/01 "Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo" de la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, efectuada el 21 de septiembre de 2001, encomendó al Consejo Permanente de la OEA la elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo, la que fue aprobada por Resolución de la Asamblea General 1840 el 3 de junio de 2002.La citada Convención reconoce la urgencia de fortalecer y "establecer nuevas formas de cooperación regional contra el terrorismo con el objeto de erradicarlo", reconociendo la importancia del sistema jurídico internacional en la lucha contra el mismo. Se acentúa en la referida Convención la necesidad de que los Estados partes promuevan programas de cooperación técnica y capacitación a nivel nacional, bilateral subregional y regional, para fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas, propiciando la más amplia cooperación en el ámbito del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).Además de actualizar los instrumentos jurídicos para atacar al terrorismo, se promueve la adopción de otras acciones, por ello la Segunda Cumbre Presidencial de las Américas dispone la realización de una reunión de grupo de expertos en seguridad a los efectos de que realicen un análisis estratégico de la seguridad hemisférica, con la finalidad de efectuar recomendaciones a una Conferencia Especial sobre Seguridad.Los expertos reunidos en la ciudad de Miami en febrero de 2003 emiten una declaración denominada el Consenso de Miami, el cual básicamente reafirma la importancia de las Medidas de Confianza Mutua que ya se venían considerando desde el año 1995, como parte de la arquitectura flexible de un nuevo sistema de seguridad para las Américas, para enfrentar además de las amenazas tradicionales, las denominadas "nuevas amenazas", a las cuales se les adicionan como conceptos estratégicos el de las preocupaciones y los desafíos a la seguridad.En la Declaración del Consenso, se reconoce que existe una concepción nueva de la seguridad, de carácter multidimensional, por lo que "deben desarrollarse nuevos mecanismos a fin de abordar las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la paz y la seguridad hemisféricas, de conformidad con las condiciones geográfica, política, social, cultural y económica de cada país o subregión" (Declaración de Bridgetown, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 2002).Entre las medidas de confianza mutua que se elaboran se proveen una serie de recomendaciones de actividades destinadas al intercambio de información, transparencia y cooperación, para así disminuir la desconfianza entre los países. La mayoría de los países del Cono Sur se resistieron a considerar que la seguridad continental podía equipararse en igual forma, manifestando que cada país tenía realidades diversas, por lo que era necesario reconocer diversas prioridades estratégicas.Esto condujo a que se introdujera no solo el concepto de seguridad multidimensional que considera a la seguridad como un concepto flexible que abarca consideraciones de índoles sociales como la pobreza, sino también a que se consideraran otras amenazas no convencionales como preocupaciones y desafíos con diverso grado de riesgo. Sin embargo, los cambios que se han producido en la seguridad hemisférica han dejado fuera de la discusión la problemática vinculada con la vigencia del TIAR en un contexto mundial y regional diverso al que fue creado.La OEA si bien se adaptó a los nuevos desafíos que en materia de seguridad se presentaron luego del fin de la Guerra Fría, aún no ha logrado concretar la adecuación de la alianza estratégica militar que se consagró, en otra realidad internacional, bajo la forma jurídica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.En la actualidad, nuevos desafíos se presentan para el funcionamiento de la OEA, entre ellos la creación en el ámbito de la UNASUR del Consejo de Defensa Sudamericano, que consagra el tratamiento de temas de seguridad para el Cono Sur y que será tratado en otro artículo.*Doctora en Derecho Universidad de la República Doctorado en Relaciones Internacionales Universidad del Salvador en Buenos Aires (en curso) Maestría en Políticas de Seguridad Nacional Universidad Nacional de Defensa – Washington DC, USA.

IntroducciónIntentaremos en el presente artículo, sintetizar algunas de las concepciones estratégicas que han influido sobre la manera en que la seguridad en el hemisferio se ha organizado.A partir de la conclusión de la II Guerra Mundial, la posición estratégica de los Estados Unidos hacia la región buscó consolidar a la misma como su zona de influencia y por ende como zona segura frente a la posible intervención de potencias extra continentales.El fin de dicho conflicto mundial trajo consigo un nuevo escenario mundial, en el que se comienza a delinear como amenaza el conflicto ideológico con la URRSS. Es así que en el año 1947 se suscribe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que establecerá la estructura continental de seguridad, en el contexto de la Organización de Estados Americanos.Este sistema de seguridad continental irá complementándose y evolucionando a lo largo del tiempo con órganos como la Junta Interamericana de Defensa, las reuniones de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Aéreas, el intercambio de formación de fuerzas militares especialmente con los Estados Unidos, los tratados de intercambio de material bélico que fueron suscriptos por los Estados Unidos en especial luego de la Guerra de Corea, los ejercicios militares conjuntos, las Conferencias de Ministros de Defensa, las Declaraciones de Seguridad, las Medidas de Confianza Mutua y la creación del Comité Interamericano contra el Terrorismo.Desafíos a la seguridad continentalLa estructura continental consagrada en el TIAR, sufre su primer desafío con la Guerra de las Malvinas, durante la cual se pone a prueba dicho tratado, especialmente para los Estados Unidos, quien debe considerar apoyar a un tradicional socio estratégico como Gran Bretaña o bien a Argentina como integrante del sistema interamericano de defensa.Nuevamente es puesto a prueba el sistema en el año 2001 con los atentados terroristas en territorio norteamericano, que consolidan el cambio que en materia de seguridad se venía delineando en el escenario mundial al producirse el fin de la Guerra Fría.En dicha oportunidad, la Reunión de Cancilleres convocada a los efectos de analizar la aplicación del TIAR emite la Resolución 24/Res.1/01 del 21 de setiembre de 2001, la que expresa que "los ataques terroristas contra los Estados Unidos de América son ataques contra todos los Estados Americanos" y que "todos los Estados Parte del Tratado de Río deberán brindar asistencia recíproca efectiva para enfrentar tales ataques y la amenaza de ataques similares contra cualquier Estado americano y para mantener la paz y la seguridad del continente", disponiendo que "los Estados Partes prestarán asistencia y apoyo adicional a Estados Unidos y entre sí, según corresponda, en relación con los ataques del 11 de setiembre y a fin de prevenir futuros actos terroristas".Posteriormente, la Comisión de Seguimiento de la Vigésima Cuarta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (TIAR) emitió una Resolución con fecha 16 de octubre de 2001, en la que tomando en cuenta la Resolución 24 citada, resuelve "que las medidas que están siendo aplicadas por los Estados Unidos y otros Estados, en ejercicio de su derecho inmanente a la legítima defensa individual y colectiva, cuentan con el pleno apoyo de los Estados Parte del Tratado de Río" ratificando los mismos su disposición a prestar asistencia y apoyo a los Estados Unidos y entre sí, tomando en consideración el TIAR y para "prevenir y evitar futuros ataques armados por terroristas".El proceso de cambio iniciado en la década de los noventa con el fin de la Guerra Fría y el proceso de reafirmación democrática que se procesa en el continente sudamericano, introduce en la agenda de seguridad hemisférica la consideración de temas como la discusión del control de las fuerzas armadas por el poder político, la readecuación presupuestal de las mismas, así como la aparición de las "nuevas amenazas" (narcotráfico, organizaciones delictivas transnacionales, terrorismo).Si bien, es recién a partir de los atentados de Al Qaeda que se comienza a acentuar esta última, así como sus conexiones con otros delitos como el lavado de dinero, la estructura de la OEA se adapta a la nueva percepción estratégica con la creación del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), así como la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.Otro aspecto de la problemática de seguridad en el ámbito de la OEA que se comenzó a delinear a finales de la década de los noventa se relaciona con la necesidad de que los problemas de seguridad fuesen evaluados según las propias particularidades de cada Estado. Esta posición se enfrentó a la postura sostenida mayoritariamente por Estados Unidos, que pretendía una solución unívoca aplicable a todos los Estados por igual, en un escenario estratégico común.Cambio de enfoqueEn el año 2003, se emite la Declaración de Seguridad Hemisférica, que consagra la concepción de seguridad multidimensional, así como la necesidad de diferenciar entre amenazas, riesgos y preocupaciones, a los efectos de introducir matices en los análisis de seguridad, así como en la búsqueda de soluciones a los mismos. La construcción de la seguridad hemisférica introduce, bajo esta orientación, los lineamientos teóricos del constructivismo, al considerar aspectos sociales tales como la pobreza, las falencias en la educación y la salud públicas; es decir, los causantes de una brecha de desigualdad social sin rival en el mundo.Los países latinoamericanos, especialmente los del sur del continente, entendían que estos factores sociales debían ser considerados al momento de discutir sobre seguridad continental, enfrentándose así a la posición estadounidense de alineación a la teoría realista de las relaciones internacionales, lo que generó, inevitablemente, dificultades en el entendimiento entre las partes.Si bien con posterioridad a la finalización de la Guerra Fría las fuerzas armadas regionales, en especial las del cono sur, habían demostrado cierta resistencia a ingresar en la lucha contra el narcotráfico en primer lugar y luego contra el terrorismo, todas adaptaron sus estructuras para ello, hecho que demuestra la influencia de la posición estadounidense al momento de apreciar la seguridad continental.El ingreso al siglo XXI trae aparejados otros cambios. En primer lugar la orientación política de los gobiernos que comienzan a ser electos en la región, lo que transforma además su visión geo estratégica. La búsqueda por consolidar un bloque de actuación regional que se proyecte a nivel internacional es una estrategia promovida por el Gobierno brasileño de "Lula" Da Silva primero y continuado luego por el de Dilma Rousseff. Esto se consagra especialmente con la creación de la UNASUR y en el año 2009 con el Consejo de Defensa Sudamericano, el cual trabaja sobre determinados ejes temáticos que buscan concluir en la formación de una identidad de defensa regional.Algunos de los ejes sobre los que el Consejo define sus Planes de Acción se vinculan con la capacitación de personal militar y civil, la realización de estudios estratégicos, la elaboración de una base de datos de fortalezas y debilidades de las industrias militares que la región pueda tener o eventualmente desarrollar, así como elaborar una metodología propia de medición del gasto militar.La necesidad de contar con definiciones estratégicas comunes a los países que integran el Consejo, ha formado parte de la discusión que en dicho ámbito se ha llevado a cabo, resultando en la elaboración de un documento primario de acercamiento al tema. Este documento formulado por el Centro de Estudios Estratégicos del CDS, cuya sede se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, toma como base la posición política de contar con una perspectiva estratégica regional con definiciones conceptuales de seguridad y defensa comunes buscando la proyección de una comunidad de seguridad sudamericana.Una visión que persisteFinalmente, es necesario reconocer que, si bien existe la intención de evolucionar a una posición más afín a la figura kantiana de la seguridad, en que el rol del Otro es construido bajo la figura del "amigo", aún se mantienen nociones que adhieren a la posición del "rival", de acuerdo a la teoría expuesta por Alexander Wendt en su obra sobre la teoría social de las relaciones internacionales.Las nociones de soberanía e integridad territorial mantienen su importancia en el discurso estratégico, lo que demuestra la dificultad para que las culturas políticas de nuestros Estados se aparten de las mismas, no existiendo un germen como el que dio pie a la concepción de política exterior y de defensa común de la Unión Europea. María Beatriz Otero es Doctora en Derecho Universidad de la República Doctorado en Relaciones Internacionales Universidad del Salvador en Buenos Aires (en curso)Maestría en Políticas de Seguridad NacionalUniversidad Nacional de Defensa - Washington DC, USA.

First, I would like to thank the members of the Scholarship Committee of IALL for giving me the opportunity to attend the IALL annual meeting celebrated in Domenico di Fiesole, Italy, last September. Our library has a limited budget for travel. We participate in the annual conferences of the American Association of Law Libraries, which uses almost our entire travel budget. In recent years, the opportunities for participating in good conferences are greater but our budget continues to be the same. That is why I think that the grants given by IALL to new attendants are a great way to encourage librarians to participate in professional development opportunities and should be promoted continually.

Partiendo del concepto de seguridad humana como garante de los Derechos Humanos, aceptado a nivel mundial y, aunado a que Colombia, al ser signataria de varios instrumentos internacionales de protección y garantía de los mismos en el contexto de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano -organismos que desarrollan las variables de la seguridad humana- está obligada a garantizar su cumplimiento, centramos el objetivo de este ensayo en el análisis sobre la aplicación y cobertura integral en el país frente a cada una de las variables que intervienen en el concepto de seguridad humana. La falta de cobertura integral de los Derechos Humanos puede identificarse como una amenaza para Colombia en el contexto internacional, situación que puede traer consigo el rechazo dentro de la comunidad internacional y la aplicación de medidas o sanciones ante la ausencia de protección y garantía de las variables de la seguridad humana.
Lo anterior, precisa que el país observe un mayor énfasis frente al desarrollo social dentro de las políticas de seguridad que se adelantan a través de planes y proyectos que garanticen el cumplimiento y cobertura de la seguridad humana e integre, desarrolle y aplique dentro de tal concepto, nuevos modelos y estrategias de seguridad. Todo esto para avanzar y atender de manera integral los componentes de la seguridad humana y responder de manera efectiva a la garantía de los derechos de los individuos como personas, dando una respuesta garantista a esta nueva doctrina dentro del contexto nacional y como sujeto del Derecho Internacional.

This paper analyzes the curricular transformations of the Adult Secondary Education (ASE) in Argentina, from 1968 to the present. A documentary analysis of (N = 32) official texts provided by the Ministry of Education and an inductive characterization is carried out, allowing the identification and description of four stages characterized by strong political, social and economic changes. Each stage describes the ESA's institutional objectives, the target population, the social and economic context, and its differences with other stages. The results indicate that at the beginning (stage 1), ASE was proposed to develop comprehensive adult education, based on the analysis of the adult students' needs. Curricular transformations, as a result of laws such as statereform and the transfer of education services to jurisdictions and the National Education Law, led the ASE to assume new responsibilities away from the purposes which it was created for. ; Se analizan las transformaciones curriculares en la Educación Secundaria de Adultos (ESA) en Argentina, desde 1968. Se realiza un análisis documental de (N=32) textos oficiales, obtenidos del Ministerio de Educación. Se realiza una categorización inductiva de los documentos que identifica y describe 4 etapas caracterizadas por fuertes cambios políticos, sociales y económicos. En cada etapa se describen los objetivos institucionales de la ESA, la población a la que está dirigida, el contexto socio-económico, y las diferencias con las demás etapas. Los resultados indican que en su origen (etapa 1), la ESA proponía la formación integral al adulto a partir del análisis de sus necesidades. Las trasformaciones curriculares, producto de leyes como la de reforma del estado, la de transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones y la Ley de Educación Nacional, condujeron a la ESA a asumir nuevas responsabilidades alejadas de los fines por la que fue creada.

Internet sigue reconfigurando un nuevo espacio de comunicación y de nuevas oportunidades para la divulgación científica. La prensa nacional ha sabido converger hacia el entorno digitalizado. Este entorno ofrece una mayor notoriedad a los temas relacionados con el hallazgo de los planetas extrasolares. Se demuestra que estos objetos planetarios son los protagonistas de los grandes descubrimientos realizados en Astronomía en la última década del siglo XX, desde que se publicase en la prensa el primero hasta los más de 4000 planetas extrasolares descubiertos en la actualidad. Los medios de comunicación, en su labor de difundir estos acontecimientos astronómicos, han desarrollado su capacidad para dar una mayor cobertura informativa. Este trabajo estudia la evolución de las piezas informativas sobre exoplanetas publicadas en los periódicos ABC y EL MUNDO en sus ediciones impresas, desde el año 1990 hasta el 2014, y compara esta cobertura informativa con la que se ha contabilizado en las publicaciones de las ediciones digitales de estos mismos medios sobre los planetas extrasolares, desde 2001 hasta 2018.

In this paper, we study the elements of public discourse where affectivity is used as a communicative strategy. In particular, we focus on the analysis ofaffect through intonation in a two-candidate Spanish electoral debate, with two objectives in mind: (i) to measure the speaker's involvement in his/her speech and in the speech event (the debate), thus establishing a link between certain intonation signals and the speaker's degree of involvement, and (ii) to compare the results with the news appeared in the media, reflecting the perceptions and opinions on who of the two candidates "won the debate". Our research is based on previous studies on emotion in language, such as Janney (1996), but also using our own model of study, which we have applied to the study of political discourse (Nieto y Otero, 2012). The methodology used has consisted in the analysis of the linguistic manifestations of affect found in the openings of each of the candidates' interventions; for the acoustic analysis we have examined three parameters –fundamental frequency, intensity and vocalic duration–, pursuing the initial hypothesis on whether it is possible to find correlations between the two. ; En este trabajo, estudiamos los elementos del discurso público en los que la afectividad se manifiesta como una estrategia comunicativa. En particular, noscentramos en el análisis de la afectividad en un debate electoral tanto a través de la entonación como de los recursos verbales, con dos objetivos: (i) medir la vinculación del hablante en el evento comunicativo (el debate), al establecer un nexo entre entonación y vinculación afectiva del hablante en el discurso, y (ii) comparar los resultados obtenidos con las noticias aparecidas en los medios de comunicación en los días posteriores al debate, y que reflejan las percepciones u opiniones sobre quién "ganó el debate". El marco teórico de la investigación toma los modelos propuestos sobre el estudio de la afectividad (Janney, 1996), así como nuestro propio modelo, aplicado al estudio del discurso político (Nieto y Otero, 2012). La metodología utilizada para el trabajo ha consistido en el análisis de los inicios de las intervenciones de los dos candidatos en el debate, desde el punto de vista de los parámetros acústicos –frecuencia fundamental, intensidad y duración vocálica– y de los recursos verbales desde la perspectiva de las estrategias de comunicación afectiva, planteando la hipótesis de si es posible hallar correlaciones entre unos y otros recursos.