Suchergebnisse

Spanish political parties are highly dependent on credit institutions with the resulting risks, in terms of interference in shaping the political will. The absence of any limit on bank indebtedness remains the main problem in the area of financing political parties. In 2015, the Organic Act 8/2007 of 4th July, on the financing of political parties was reformed to prohibit banks from making total or partial debt forgiveness to political parties (art. 4.4). On the contrary, no provision is made in this regard for regulating the offence of illegal financing of political parties (art. 304 bis Criminal Code) despite the conception of these condonations as covert donations. This suggest that for the legislator, the dependence of political parties on credit institutions over other economic and power groups, is preferable. ; Los partidos políticos españoles presentan una gran dependencia con respecto a las entidades de crédito con los consiguientes riesgos que ello comporta, en términos de injerencia en la conformación de la voluntad política. La ausencia de límite alguno en cuanto al endeudamiento bancario sigue representando el principal problema en el ámbito de la financiación de los partidos políticos. En el 2015 se procedió a reforma la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos a efectos de prohibir a los bancos efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos (art. 4.4). Por el contrario, ninguna previsión se contiene, a este respecto, en la regulación del delito de financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis del Código Penal) pese a la conceptuación, de estas condonaciones, como donaciones encubiertas. De ello parece inferirse que, para el legislador, es preferible la dependencia de los partidos políticos respecto de los bancos sobre otros grupos económicos y de poder.

Criminalidade organizada e económica : perspetivas jurídica, política e criminológica / [coordenação de] Cândido da Agra, Fernando Torrão. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2018. - ISBN 9789896402198. - P. 309-334. ; Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento democrático del Estado. Sin embargo, la financiación ilegal de partidos es una constante en las democracias y una de las manifestaciones más graves de la corrupción política. Por ello, el legislador optó por su tipificación autónoma en la reforma operada, en el Código Penal, por la LO 1/2015, de 30 de marzo (art. 304 bis). Ciertamente, la configuración de un delito de financiación ilegal de los partidos conlleva una protección reforzada de la función constitucional que desempeñan los partidos políticos en tanto que vehículos a través de los que canalizar la manifestación de la voluntad popular sin ninguna interferencia externa. Pese a lo loable de esta iniciativa, su articulación es altamente deficiente al no contemplar una amplia gama de situaciones que pueden dañar de forma grave el bien jurídico tutelado por el tipo penal. ; Political parties play a basic role in the democratic functioning of the State. However, illegal party funding is a constant in democracies and one of the most serious manifestations of political corruption. The Spanish legislator opted, in 2015, to regulate it autonomously (art. 304 bis). Certainly, the regulation of a crime of illegal financing of political parties carries a protection reinforced of the constitutional function that the political parties recover while vehicles across which to canalize the manifestation of the popular will without any external interference. In spite of the laudable of this initiative, its legal regulation is highly deficient on not having contemplated a wide range of situations which can damage of serious form the protected legal right by this crime.

27 Páginas ; El 25 de octubre de 2012 fue aprobada la Directiva 2012/29/UE del Par- lamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Esta Directiva se aplica en relación con los delitos penales cometidos en la Unión y con los procesos penales que tienen lugar en la Unión y su objetivo es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales. La regulación de los derechos de las víctimas que se contiene en la Directiva 2012/29/UE tiene carácter mínimo, de tal manera que los Estados miembro pueden articular de forma más amplia su contenido con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección a todas las víctimas o a tipologías concretas. Nuestro estudio se circunscribirá, no obstante, a los catalogados como derechos básicos de la víctima en el marco del proceso penal propiamente dicho. ; Directive 2012/29 / EU of the European Parliament and the Council of October 25, 2012 establishes minimum standards concerning the rights, support and protection of those who are victims of crime. It applies to criminal offenses committed within the European Union, as well as criminal proceedings taking place in the EU, and aims to ensure victims of crime receive adequate information, support and protection and are able to participate in criminal proceedings. The regulation on the rights of victims contained in Directive 2012/29 / EU is minimal, thereby allowing Member States to articulate its content more broadly, so as to provide a higher degree of protection to all victims or to victims of specific types of crime. This study is, however, limited to what are categorized as the basic rights of the victim within the framework of the criminal proceeding itself.

Directive 2012/29 / EU of the European Parliament and the Council of October 25, 2012 establishes minimum standards concerning the rights, support and protection of those who are victims of crime. It applies to cri- minal offenses committed within the European Union, as well as criminal proceedings taking place in the EU, and aims to ensure victims of crime receive adequate information, support and protection and are able to par- ticipate in criminal proceedings. The regulation on the rights of victims contained in Directive 2012/29 / EU is minimal, thereby allowing Mem- ber States to articulate its content more broadly, so as to provide a higher degree of protection to all victims or to victims of specific types of crime. This study is, however, limited to what are categorized as the basic rights of the victim within the framework of the criminal proceeding itself. ; El 25 de octubre de 2012 fue aprobada la Directiva 2012/29/UE del Par- lamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Esta Directiva se aplica en relación con los delitos penales cometidos en la Unión y con los procesos penales que tienen lugar en la Unión y su objetivo es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales. La regulación de los derechos de las víctimas que se contiene en la Directiva 2012/29/UE tiene carácter mínimo, de tal manera que los Estados miembro pueden articular de forma más amplia su contenido con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección a todas las víctimas o a tipologías concretas. Nuestro estudio se circunscribirá, no obstante, a los catalogados como derechos básicos de la víctima en el marco del proceso penal propiamente dicho. ; No dia 25 de outubro de 2012, foi aprovada a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, pela qual são estabelecidas normas mínimas sobre os direitos, o apoio e a proteção das vítimas de delitos. Essa Diretiva se aplica com relação aos delitos penais cometidos na União Europeia e com os processos penais que acontecem nela, e seu objetivo é garantir que as vítimas de delitos recebam informação, apoio e proteção adequados e que possam participar de processos penais. A regulação dos direitos das vítimas contidos na Diretiva 2012/29/UE tem caráter míni- mo de tal maneira que os Estados-membro podem articular de forma mais ampla seu conteúdo a fim de proporcionar um nível mais elevado de pro- teção a todas as vítimas ou a tipologias concretas. Contudo, nosso estudo se circunscreverá aos catalogados como direitos básicos da vítima no âm- bito do processo penal propriamente dito.

En el presente trabajo se analiza el régimen estatal de ayudas a las víctimas de terrorismo. Éste se encuentra regulado, actualmente, por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y por su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre. En el marco de este régimen distinguimos tres tipos de ayudas –ordinarias, extraordinarias y el abono por el Estado de la responsabilidad civil fijada en sentencia– que responden a distintas necesidades.

En este artículo se analiza, de forma exhaustiva, el sistema español de reparación pública de las víctimas de delitos, regulado en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Los estudios muestran como, en la mayoría de los casos, las mujeres víctimas de violencia de género son madres que conviven con sus hijos menores de edad en el momento en que se producen las agresiones, convirtiéndose éstos últimos, por tanto, en víctimas de este ambiente de violencia. Lo alarmante de esta realidad radica en la relevancia que, en la interiorización de determinados patrones de funcionamiento social, las investigaciones otorgan al hecho de haber estado expuesto durante la infancia y adolescencia a actos de violencia de género ("transmisión intergeneracional de la violencia"). En atención a ello, el legislador español ha agravado la pena prevista para los tipos básicos de violencia de género, en su mitad superior, cuando su comisión tenga lugar, entre otras circunstancias, en "presencia de menores". El carácter indeterminado de esta cláusula exige la realización de un análisis jurisprudencial a efectos de clarificar cuáles son los criterios utilizados para su aplicación ; The studies show that, in most cases, the victims of gender violence have offspring and they share the family home with children at the time of the aggression, consequently they are at least indirect victims of the violent environment. This one is a worrying reality in relation to the relevancy that, in the internalization of certain pattern of social behavior, the researches give to the fact of having been exposed to acts of gender violence during childhood and adolescence ("intergenerational transmission of violence"). In response to this, the Spanish legislator has aggravated the sanction of the basic gender violence crimes when their commission takes place, among other circumstances, in "presence of minors". The indeterminate character of this clause demands an analysis of the case-law in order to clarify which are the criteria used for its application

[Resumen] Es preciso revisar los cometidos de los alumnos y de los profesores en el marco de la enseñanza universitaria, para la mejora de la calidad del aprendizaje en el marco del EEES. Este trabajo apuesta por una docencia más participativa y dinámica en el ámbito del Derecho penal, basada en estrategias y técnicas de enseñanza que promuevan la participación, cooperación y desarrollo de actitudes y valores democráticos. ; [Abstract] It is necessary to adapt the classic roles of students and teaching staff in order to improve the quality of learning process in the context of European Space for higher education. This paper defends the introduction of interactive and dynamic learning methods in the field of Penal Law, based on strategies and techniques that promote participation, cooperation and development of democratic attitudes and values.