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This submission proposes that Criminal Policy decisions (legislation, judicial rulings and Government regulation) can achieve a certain degree of stability. Stability renders the decision making process reasonable, by virtue of its modality of rational argumentation guided by principies, rules, exceptions and "meta-rules". This stability makes possible comprehension, consensus, rational critical analysis, and the gradual improvement of the decisions.

Desde 1995 el legislador considera el encubrimiento como un delito contra la Administración de Justicia. Se interrumpe así la previsión de los códigos penales españoles, que lo definían como una forma de responsabilidad junto a la participación. La traslación a la parte especial del Código Penal no determina, sin embargo, cuál sea el fin que dé razón de la existencia de esta previsión legislativa, y permita una interpretación conjunta con el delito de receptación. Plantea además innumerables cuestiones. Entre otras: la de su naturaleza dogmática, la relación con el hecho previo, la diferencia con la participación en el delito mismo. Éstas y otras cuestiones son abordadas en esta obra. En ella se revisan las tesis que vinculaban el encubrimiento, tanto con la participación, como con la Administración de Justicia: y se concluye con una propuesta de construcción de los delitos de encubrimiento y la recepción como preceptos que vienen a garantizar la eficacia de las normas penales en cada caso infringidas.