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La importancia de contar con una obligación democrática institucionalizada a nivel regional se ha ido incrementando en distintas partes del mundo.
En América Latina, los mecanismos de protección de la democracia previstos en sus organismos regionales han resultado esenciales para la profundización de la democratización, en tanto impulsan una agenda común y evitan que la interpretación e implementación a nivel local de los compromisos asumidos por cada Estado dependan exclusivamente de la voluntad de los respectivos gobiernos.
No obstante, del análisis de los distintos mecanismos de protección regional encontramos que no todos comparten la misma definición de democracia, y que son también esencialmente de naturaleza política, lo que ha determinado que las evaluaciones democráticas hayan estado signadas por la selectividad, ambigüedad y las divergencias de apreciación sobre hechos similares, pudiendo afectar la credibilidad de alguno de los sistemas instituidos.
En el presente trabajo se describen por tanto los principales mecanismos regionales del continente y se hace una evaluación comparativa de cada proceso, su normativa, su efectividad, su posible politización, marcando las fortalezas y debilidades de cada uno de cara a la defensa de una "democracia" que cada cual determina con mayor o menor precisión.

El ISSN corresponde a la versión electrónica del documento ; La Unión Europea y el MERCOSUR comparten la preocupación por establecer mecanismos que aseguren la ejecución de las decisiones jurisdiccionales de sus tribunales comunitarios. Sin embargo, cada proceso ha instrumentado diferentes formas de sanción y distintos procedimientos para procurar dicha ejecución, los cuales se inscriben respectivamente dentro de la lógica del derecho comunitario o del derecho internacional público en el que se enmarcan ambas jurisdicciones. El presente artículo describe, analiza, compara y valora las normas y procedimientos establecidos en la Unión Europea y en el MERCOSUR para los casos de inejecución, por parte de los Estados miembros, de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o de los laudos de los Tribunales del MERCOSUR que declaran un incumplimiento de las obligaciones asumidas por dichos Estados en el marco de sus respectivos procesos de integración regional.

En este trabajo se aborda la crisis venezolana (2016-2020) desde la perspectiva del derecho internacional. Para ello, se estudian diversos hitos de particular impacto a nivel internacional, sus consecuencias y el derecho aplicable a cada uno. El ordenamiento democrático de Venezuela, la legalidad del desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó, las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y las múltiples instancias de presión externa, son las aristas más importantes del análisis, en donde gravita fundamentalmente este estudio. Se concluye, entre otras, que el gobierno actual de Venezuela no es un régimen democrático, que el reconocimiento de Juan Guaidó no es jurídicamente sostenible, que el Estado venezolano es responsable por las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por sus cuerpos de seguridad en contra de la población civil y que las medidas de coerción unilateral, fundamentalmente el embargo económico ejercido por Estados Unidos, contravienen normas internacionales incluidas en la Carta de las Naciones Unidas. ; This work deals with the Venezuelan crisis (2016-2020) from the perspective of international law. For this, various milestones of particular impact at the international level, their consequences, and the applicable law to each one are studied. The democratic order of Venezuela, the legality of the recognition withdraw of the government of Nicolás Maduro, the international recognition of the government of Juan Guaidó, the human rights violations by the Venezuelan security forces, and the multiple instances of external pressure are the most important topics of analysis, where this study fundamentally gravitates. It is concluded, among others, that the current government of Venezuela does not configure a democratic system, that the recognition of Juan Guaidó is not legally sustainable, that the Venezuelan State is responsible for the systematic human rights violations committed by its security forces against of the civilian population, and that unilateral coercion measures, fundamentally the economic embargo exercised by the United States, contravenes international rules included in the United Nations Charter. ; Instituto de Integración Latinoamericana

This work deals with the Venezuelan crisis (2016-2020) from the perspective of international law. For this, various milestones of particular impact at the international level, their consequences, and the applicable law to each one are studied. The democratic order of Venezuela, the legality of the recognition withdraw of the government of Nicolás Maduro, the international recognition of the government of Juan Guaidó, the human rights violations by the Venezuelan security forces, and the multiple instances of external pressure are the most important topics of analysis, where this study fundamentally gravitates. It is concluded, among others, that the current government of Venezuela does not configure a democratic system, that the recognition of Juan Guaidó is not legally sustainable, that the Venezuelan State is responsible for the systematic human rights violations committed by its security forces against of the civilian population, and that unilateral coercion measures, fundamentally the economic embargo exercised by the United States, contravenes international rules included in the United Nations Charter. ; En este trabajo se aborda la crisis venezolana (2016-2020) desde la perspectiva del derecho internacional. Para ello, se estudian diversos hitos de particular impacto a nivel internacional, sus consecuencias y el derecho aplicable a cada uno. El ordenamiento democrático de Venezuela, la legalidad del desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó, las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y las múltiples instancias de presión externa, son las aristas más importantes del análisis, en donde gravita fundamentalmente este estudio. Se concluye, entre otras, que el gobierno actual de Venezuela no es un régimen democrático, que el reconocimiento de Juan Guaidó no es jurídicamente sostenible, que el Estado venezolano es responsable por las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por sus cuerpos de seguridad en contra de la población civil y que las medidas de coerción unilateral, fundamentalmente el embargo económico ejercido por Estados Unidos, contravienen normas internacionales incluidas en la Carta de las Naciones Unidas