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The right to education constitutes a significant area for the work with migrant children, as it includes many possibilities for inclusion and social cohesion in host societies. In the Latin American context there is no common operational structure linked to the exercise and guaranteeing of this right. In this framework, the aim of this article is to analyse, in comparative terms, the legislative and political mechanisms that guarantee the right to education for migrant boys, girls and adolescents in Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica and Colombia. Through a documentary analysis of international conventions, laws and policies, it was found that although there are common principles on an ethical level, in political terms there is a considerable difference in the way the right to education is approached, which can have consequences when it is fully applied. ; El derecho a la educación constituye un campo significativo para el trabajo con la infancia migrante, dado que ahí se juega buena parte de las posibilidades de inclusión y cohesión social en las sociedades de acogida. En el contexto latinoamericano no existe una estructura operativa común vinculada al ejercicio y garantía de este derecho. En ese marco, el objetivo de este artículo es analizar en términos comparativos los mecanismos legislativos y políticos que aseguran el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia. A través de análisis documental de convenciones internacionales, leyes y políticas se pudo constatar que si bien se comparten principios comunes que operan desde lo ético, en términos políticos existe una considerable diferencia en la forma en que se aborda el derecho a la educación, lo que puede traer consecuencias al momento de su plena aplicabilidad.

A partir de una caracterización de población inmigrante realizada en cuatro regiones de Chile, se analiza el perfil de las personas inmigradas y sus niveles de acceso al sistema de salud. A partir de este diagnóstico, se presentan las principales problemáticas que afecta a la población migrante en cuanto a acceso al sistema público.Se visualiza como la imposibilidad de acceder al sistema privado de salud vigente, al no cumplir los requisitos exigidos y la condición migratoria de algunos sectores, ha hecho aumentar proporcionalmente el acceso a la salud pública de este colectivo. La metodología del estudio consistió en un análisis mixto: cuantitativo (a partir del estudio de datos secundarios de la encuesta Casen 2013 y la ex Ficha de Protección Social del gobierno chileno) y cualitativo (desarrollo de cuatro focus group y 45 entrevistas en cuatro regiones de este país). Los resultados indican que las barreras de inclusión al sistema de salud de inmigrantes son estructurales, sociales y personales. Asimismo los programas sanitarios no poseen mecanismos de divulgación específicos orientados a este colectivo, lo que les obstaculiza el acceso por falta de información y no sólo por barreras administrativas y legales. La estructura de sistema chileno de salud al ser de carácter mixto y combinar lo público-privado, centra el acceso a través del pago (ya sea por cotizaciones o por pago directo) lo que implica que las personas deben estar trabajando o disponer de las condiciones económicas mínimas para poder solventarlo. Si bien existe una cobertura básica que cubre a las personas extranjeras, los prejuicios del funcionariado de salud obstaculizan su acceso. También se constató que el temor de la población inmigrante en situación de ingreso irregular al país limita su asistencia al sistema sanitario por temor a la deportación.

A propósito del aumento de la matrícula de niñas y niños de origen extranjero en el sistema educativo chileno, es objetivo de este artículo analizar la relación entre las necesidades de formación docente en el ámbito de la interculturalidad y la violencia hacia la niñez migrante con miras hacia una educación antirracista. Se presentan resultados de un estudio realizado en dos regiones del país: Metropolitana y Valparaíso. A través de una metodología cualitativa, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a docentes y profesionales que atienden a población escolar migrante. Se concluye que existen discursos que reconocen las problemáticas de racismo y discriminación que sufre esta población, así como otros relatos que lo niegan o minimizan jerarquizando las nacionalidades del estudiantado migrante. También se constata una imperiosa necesidad de Formación Inicial Docente que se desprenda de una política pública promotora de un currículo actualizado en el que la diversidad cultural sea un valor, a la vez que la categoría de infancia se reconozca como un eje de desigualdad prioritario y la acogida sea vista como un punto de partida. En el actual escenario, surgen variados conflictos de convivencia que requieren ser gestionados desde paradigmas amigables con la infancia migrante y metodologías que reconozcan sus derechos y permitan garantizar una verdadera inclusión en nuestro país.