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Durante el año 2020 la agenda global de desarrollo se alimentó de una exponencial dinámica de cooperación internacional, que se acompañó de distintos actos de competencia entre múltiples entes para enfrentar a la COVID-19. Esta circunstancia distrajo esfuerzos dedicados a la atención de la Agenda 2030 y sus ODS, los cuales se suman a las víctimas de la pandemia.

Al inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto estableció que la política exterior se basaría en la cooperación internacional para el desarrollo (cid). El objetivo de este artículo es analizar las características de orden institucional y fácticas más definitorias de la cid ejercida durante esa administración, poniendo énfasis en el papel de la Amexcid como la instancia responsable de coordinar esta actividad. El artículo concluye que, en los respectivos contextos nacional e internacional –entendidos como factores estructurales de la cid– que oscilaron de lo favorable a lo convulso, la cid del sexenio 2012-2018 se caracterizó por alentadores avances, aunque también por una falta de solidez que dificultó que se constituyera en un activo de la política exterior, conforme a las expectativas despertadas.

The Mexican Law of International Development Cooperation (lidc) was published in 2011 with the purpose of reinforcing the institutional framework and developing a State policy as an activity that is inherent to foreign policy. From an institutional perspective, this paper examines some key aspects of Mexican cooperation that were developed in 2011-2014, with an emphasis on the current status of the lidc implementation. It is argued that during Felipe Calderon's administration the utter applicability of the Mexican lidc was not politically supported, thus frustrating the expectations concerning the development of a State policy on this matter. President Enrique Peña Nieto's current administration has made some progress in this direction, but it is also far from fully complying with the lidc and this has slowed down the institutionalization process of international development cooperation. ; En el año 2011 entró en vigor la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México cuyo objetivo es reforzar la institucionalidad y configurar una política de Estado sobre esta actividad inherente a la política exterior. Desde una perspectiva institucionalista, en este artículo se analizan aspectos clave de la cooperación mexicana desarrollados entre 2011 y 2014, haciendo énfasis en el estado actual de la puesta en marcha del contenido de la citada ley. Se concluye que durante el gobierno de Felipe Calderón no se respaldó políticamente la plena vigencia de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México, frustrando así las expectativas generadas respecto a la conformación de una política de Estado en la materia. Por su parte, la actual gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, si bien ha realizado avances en este sentido, también dista de atender cabalmente la citada normativa, ralentizando el proceso de institucionalización de la cooperación internacional para el desarrollo.

En el año 2011 entró en vigor la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México (LCID) cuyo objetivo es reforzar la institucionalidad y configurar una política de Estado sobre esta actividad inherente a la política exterior. Desde una perspectiva institucionalista, en este artículo se analizan aspectos clave de la cooperación mexicana desarrollados entre 2011 y 2014, haciendo énfasis en el estado actual de la puesta en marcha del contenido de la citada ley. Se concluye que durante el gobierno de Felipe Calderón no se respaldó políticamente la plena vigencia de la LCID, frustrando así las expectativas generadas respecto a la conformación de una política de Estado en la materia. Por su parte, la actual gestión del presidente Enrique Peña Nieto, si bien ha realizado avances en este sentido, también dista de atender cabalmente la citada normativa, ralentizando el proceso de institucionalización de la cooperación internacional para el desarrollo.

Al término de la contención bipolar, los países del Norte establecieron por consenso que la democracia y los derechos humanos serían objetivos prioritarios de la cooperación internacional para el desarrollo. Sin embargo, a casi dos décadas de aquellas declaraciones y compromisos, estos objetivos no constituyen elementos relevantes de la agenda internacional, ya que prevalecen intereses políticos, económicos y de seguridad respecto de ambos valores. Este trabajo analiza dicha situación recurriendo a la experiencia estadounidense y a la de la Unión Europea en la materia. Asimismo, se incluye algunas recomendaciones para que la cooperación internacional sea capaz de promover la protección e impulso de sendos objetivos en terceros países.

Ante el establecimiento del inacabado nuevo orden mundial, la cooperación internacional al desarrollo se ha transformado radicalmente. Un ejemplo de ello es que la condicionalidad política de la cooperación, entendida como un instrumento de persuasión ejercido por el donante (como las sanciones a la ayuda internacional), cuyo objetivo es que el receptor se comporte como lo estipule el primero, ha adoptado las reformas estructurales, así como la promoción de la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno como sus principales ejes temáticos. Esta investigación mediante consideraciones teóricas, históricas, jurídicas y prácticas, analiza el papel de la condicionalidad política de la cooperación, a través del estudio de su evolución histórica, sus objetivos, su eficacia, los efectos generados tras su instrumentación, así como las razones que explican la incapacidad de las sanciones a la ayuda para constituirse como una estrategia viable de desarrollo.En este trabajo se concluye que la condicionalidad ha servido a tres propósitos: a) como una medida de presión (no siempre coercitiva) para que los países del Sur instauren las reformas económicas solicitadas por el Norte; b) para promover la democracia y los derechos humanos, si bien en aras de fomentar las condiciones de vida de los ciudadanos del Sur, también para consolidar al principal objetivo actual de la agenda internacional: el sistema político-ideológico neoliberal, que en principio requiere de la práctica de ambos valores para su aplicación; y c) para practicar discrecionalmente este recurso de poder, a fin de mantener líneas de presión y coerción por parte de algunos donantes hacia algunos países del Sur, sin que el impulso al desarrollo ocupe el sitio que en principio le debería corresponder.

Explores evolution of international financing and foreign investments in context of the International Conference on Financing for Development held Mar. 18-22, 2002 in Monterrey, Mexico. Summary in English.

AbstractSince the governments of Chile, Colombia, Mexico, and Peru inaugurated a new Latin American integration mechanism, the Pacific Alliance, in 2011, the bloc has recorded both encouraging and disappointing results, depending on the evolution of the Alliance's main five aspects—political, economic, institutional, cooperative, and societal linkages. Although economic integration did not advance at the expected pace, owing to the abolition of a Mexican visa for Peru and Colombia, between 2011 and 2019, there has been a significant increase in social exchanges of nationals of the four countries, which included activities such as tourism, education, business trips, and others of similar nature (the Pacific Alliance's fifth element). Yet, despite these developments, scholars did not attempt to examine the societal linkage within the bloc, referred to in this article as the "fifth element" of the Pacific Alliance. To narrow the gap, this article examines the path of the Alliance toward deep integration by identifying the effect of strengthening social interactions, using a transnationalist framework and paying particular attention to the changing patterns of individual trips over more than 10 years of the Alliance's existence.